sábado, 12 de diciembre de 2009

Fallo de CIDH contra el Estado reivindica: madre de muerta en Juárez


La sentencia es histórica, obliga a México a indagar, atender a las víctimas y castigar: abogada.

México, DF. "No podía quedarme de brazos cruzados ante la muerte de mi hija. La condena es una buena noticia para las familias, me siento reivindicada", dijo a IPS, con los ojos anegados de lágrimas, Irma Monreal, cuya hija Esmeralda Herrera apareció asesinada en noviembre de 2001 en la norteña Ciudad Juárez.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), culpó al Estado mexicano de violentar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal al no investigar adecuadamente y violar la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas.

La resolución inapelable, tomada por el tribunal continental compuesto por seis magistrados, se refiere a la desaparición y posterior asesinato de Herrera, de 15 años, Claudia González, de 20, y Berenice Ramos, de 17. Sus cuerpos aparecieron, junto a los de otras cinco mujeres, el 5 de noviembre de 2001 en un terreno baldío conocido como "campo algodonero", en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

"La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa", cita el fallo de 167 páginas de extensión emitido el 16 de noviembre, pero sólo notificado en la víspera tanto a las acusadoras como al Estado.

"El Tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso", prosigue el expediente.

"Es una sentencia histórica, porque se condena al Estado, lo obliga a investigar, a atender a las víctimas y castigar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes", señaló a IPS Michelle Salas, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y representante legal de los familiares de las jóvenes ultimadas.

La Corte, con sede en San José de Costa Rica y encabezada por la jurista chilena Cecilia Medina, ordenó a México pagar 145 mil 500 dólares a los parientes de Herrera, 134 mil a los de González y 140 mil 500 a los de Ramos por conceptos de indemnización, reparaciones, gastos procesales y otros.

Además, las autoridades tendrán que investigar adecuadamente los casos, efectuar un acto público para las víctimas, erigir un monumento en su memoria y crear un sitio electrónico con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en el norteño estado de Chihuahua, donde está Juárez, desde 1993 a la fecha.

Conocidos como "las muertas de Juárez", se trata de más de 300 mujeres ultimadas entre 1993 y 2003 en esa urbe, casos en su mayoría todavía impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.

En 2003, la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana difundió un informe especial sobre esos asesinatos y expuso los casos de 263 asesinadas y 4.587 desaparecidas desde 1993. Acusó a autoridades estatales y municipales de graves omisiones en la investigación de esos expedientes.

"Lo de Ciudad Juárez puso en la mesa de discusión algo que no ocurría solamente en la ciudad, sino que se extrapolaba a todo el país. La sentencia obliga a que se investiga, se persiga y se sancione a esta forma de violencia extrema contra las mujeres", comentó a IPS Julia Monárrez, académica de El Colegio de la Frontera Norte, y quien fungió de perito en el caso ante la Corte por parte de las acusadoras.

En marzo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también parte de la OEA, recibió tres peticiones individuales separadas que acusaban al Estado mexicano de violar los derechos humanos de González, Ramos y Herrera.

La Comisión, asentada en Washington, decidió aceptar esas solicitudes para su análisis y determinar si procedía elevar los casos a la Corte, lo cual ocurrió finalmente en noviembre de 2007.

El juicio contra México comenzó el 27 de abril en la filial de la Corte en Santiago de Chile. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer respaldaron legalmente a las víctimas.

"Nuestra lucha ha sido muy larga y no ha quedado en vano. Es una pena que hayamos tenido que recurrir a otro gobierno para lograr lo que por tanto tiempo hemos luchado", dijo Monreal, madre de cuatro hijos y tres hijas y quien se dedica a limpiar casas en Ciudad Juárez.

La Corte considera, indica el documento, que el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. "Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer", añade.

Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez, son escenario de violentos enfrentamientos entre mafias que se disputan el jugoso mercado estadounidense de drogas ilícitas. Sólo el jueves, al menos seis mujeres fueron asesinadas en esa zona, con las cuales esa estadística se elevó a 140 en el año, según recuentos extraoficiales.

En un escueto comunicado, la Secretaría (ministerio) de Gobernación indicó que "el gobierno de México estudiará detenidamente la sentencia y llevará a cabo los esfuerzos necesarios para su cumplimiento".

En el seguimiento al cumplimiento del dictamen, los familiares de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales se encontrarán con un viejo conocido poco apreciado: el procurador (fiscal) general de la República, Arturo Chávez.

Aunque no estuvo vinculado con la pesquisa de los casos de Herrera, González y Ramos, el funcionario, quien asumió el puesto en septiembre, fue procurador de Justicia entre 1996 y 1998 en Chihuahua y estuvo a cargo de varios expedientes de asesinatos de mujeres.

La Corte de San José lo acusó en 1998 de obstruir la investigación. Similar señalamiento emanó en 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ello se suma un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de octubre de 2003, en el cual un grupo de expertos señaló graves irregularidades en el esclarecimiento de esos casos.

"Es preocupante que Chávez, quien se ha beneficiado de la impunidad, sea quien tenga que ver con una parte del cumplimiento de la sentencia", sostuvo Salas.

Hace tres años, las entidades sociales presentaron una demanda ante la fiscalía de Chihuahua en contra de 25 servidores públicos vinculados con las pesquisas de los asesinatos de las tres jóvenes, querella que no ha sido resuelta.

Las organizaciones detrás del "caso del campo algodonero" planean integrar el año próximo un comité de expertos mexicano y extranjeros para supervisar el apego del Estado mexicano al veredicto de la Corte Interamericana de Justicia, la cual revisará cada año la marcha de ese cumplimiento.

"La sentencia puede servir para mejorar la rendición de cuentas de todo el aparato de impartición de justicia", dictaminó Monárrez.

Salas no descartó que más casos de los llamados feminicidio alcancen el seno de la Corte Interamericana. "Es la puerta de entrada al acceso a la justicia", agregó.

Este tribunal desechó la solicitud de la parte acusadora de instituir el 6 de noviembre de cada año como "Día nacional en memoria de las víctimas del feminicidio".

Fallo de Corte Interamericana por feminicidios en Juárez


Diana Washington Valdez / El Paso Times

Las autoridades mexicanas fracasaron en investigar adecuadamente los asesinatos cometidos en contra de tres jovencitas en Juárez, en franco desacato a los tratados internacionales suscritos por México, coincidieron jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El tribunal emitió un informe de 167 páginas el jueves pasado, en donde establece sus conclusiones y la sentencia correspondiente.

Con base a tales tratados, el gobierno de la República Mexicana tiene obligación de acatar las sanciones y no puede apelar el dictamen.

Igualmente, los jueces de la Corte consideraron que México omitió el proteger a las víctimas Claudia Ivette González, Esmeralda Monreal Herrera y Laura Berenice Ramos, tres de las ocho víctimas cuyos cadáveres fueron descubiertos en un campo algodonero en noviembre del 2001, frente a la sede de la Asociación de Maquiladoras, al norte de Juárez.

Entre otros aspectos, la Corte dictaminó que el gobierno mexicano debe aceptar públicamente su responsabilidad en tales acontecimientos, publicar la sentencia correspondiente en los expedientes oficiales y erigir un monumento en memoria de las víctimas.

Asimismo, las autoridades deben investigar los asesinatos y presentar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de esos homicidios.

Desde el principio, se cometieron innumerables anomalías en el campo algodonero, señaló Óscar Máynez, en ese entonces jefe de los Servicios Periciales de la Sub Procuraduría de Justicia de


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Chihuahua en Juárez, quien dimitió a su cargo cuando sus superiores le ordenaron "sembrar" evidencias en contra de dos hombres inocentes, acusados de los ocho homicidios.
Este caso no tiene precedente alguno. Se trata de la primera vez donde un tribunal de talle internacional falla en contra de México en lo concerniente a denuncias por violación a los derechos humanos y, además, se trata del primer dictamen judicial de esa instancia en donde se reconocen los asesinatos por género, en donde las mujeres son asesinadas precisamente por ser del sexo femenino.

La Corte Interamericana por los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos y cuyos objetivos consiste en aplicar e interpretar la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros tratados.

Diana Washington Valdez puede ser localizada en dvaldez@elpasotimes.com; 546-6140.

Enlaces sobre la sentencia de la CoIDH

Enlaces de las notas publicadas después de la rueda de prensa con motivo de dar a conocer la Sentencia de la CoIDH para el Estado Mexicano, misma que se realizo en el DF el día de ayer por los abogados Lic. Peña, Lic. Karla, Lic. Héctor y Sra. Irma madre de una de las victimas.

http://videos.eluniversal.com.mx/n_videos/showVideo.php?id=16635

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/11/index.php?section=politica&article=003n2pol

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/oportunidad_historica_de_hacer_justicia_por_feminicidios/805622
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/fallo_de_cidh_debe_conducir_a_reformas:_inmujeres/805792
http://impreso.milenio.com/node/8687161

NOTA: los siguientes videos de youtube todos son diferentes bajenlos para que los vean con calma...

http://www.youtube.com/watch?v=Jl5sYKJMaLA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vCxEr2PseEA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=IiDQkzIXLMM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Cwc839mW2IY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=iUse13dKFm8&feature=related

Ciudad Juárez llega a 140 feminicidios este año


Seis mujeres, tres de ellas menores, y un hombre fueron asesinados en dos puntos Chihuahua, el más violento del país, informaron este jueves autoridades estatales.

En lo que va de año han sido asesinadas 140 mujeres en Ciudad Juárez, la localidad con el índice general de homicidios más alto del país.

El primer hallazgo tuvo lugar la noche del miércoles en la fronteriza Ciudad Juárez, donde la policía recibió el aviso de que "dentro de una vivienda (...) habían encontrado cuatro mujeres sin vida con balazos en la cabeza", informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Los cadáveres, que estaban en tres habitaciones del inmueble, fueron identificados por familiares como una mujer de 30 años, sus hijas de 14 y 12 y una amiga de la madre, describió el organismo.

Por otra parte, los cuerpos sin vida de dos mujeres de 23 y 17 años y de un hombre de 23 fueron encontrados el miércoles en una camioneta en la carretera que une a Camargo y Ojinaga, informó la Procuraduría estatal.

Al parecer, un comando armado acribilló el vehículo, donde otra mujer fue herida de gravedad.

En todo México fueron asesinadas más de 450 mujeres y niñas en el primer semestre de 2009, más de la mitad de ellas en los estados del norte, según un informe de ONG's basado en reportes policiales.

Exigen ONG la destitución del procurador

Mariana Norandi y Miroslava Breach
Reportera y corresponsal
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres calificaron de “histórica“ la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre tres feminicidios en Ciudad Juárez, pero advirtieron que ese fallo no marca el final de un juicio, sino el principio de una lucha contra la impunidad.

Consideraron que, en cumplimiento de dicha resolución, el gobierno mexicano debe separar de su cargo al actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez, por sus omisiones en los crímenes de género en dicha ciudad fronteriza durante su gestión como procurador en Chihuahua.

La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, Alma Gómez Caballero, advirtió que el fallo obliga a las autoridades mexicanas y, en particular, a las de Chihuahua a investigar y sancionar omisiones y la negligencia en que incurrieron los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de efectuar las pesquisas sobre los feminicidios, específicamente los ex titulares de la Procuraduría General de Justicia de la entidad Arturo González Rascón y Jesús José Solís Silva, resaltó.

“La sentencia señala que tienen que ser removidos todos los obstáculos de hecho y de derecho, y una parte importante de cómo se va a implementar ese fallo pasa por la Procuraduría General de la República, ya que el actual titular de la dependencia tuvo participación importante en las omisiones del caso”, sostuvo Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.
El fallo, una “inyección de vitaminas”

A su vez, la coordinadora del organismo Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, consideró que el fallo de la CIDH “es una inyección de vitaminas”, pero sólo el primer paso porque hay muchos casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez por aclarar. Mencionó, entre ellos, el de su hija Paloma Angélica Escobar –en proceso de ser admitido en la Corte Interamericana–, el de Minerva Teresa Torres Avendaño y el de Silvia Arce, esta última desaparecida.

Gómez Caballero subrayó que la CIDH ratifica lo que han denunciado los familiares de las víctimas y múltiples organizaciones pro derechos humanos durante años, como negligencia, omisiones y maltrato, tanto en la etapa de denuncia por desapariciones como durante las indagatorias de los feminicidios.

Ocho años de maltrato en Chihuahua

Emir Olivares Alonso

Durante ocho años “las autoridades de Chihuahua y las federales me pisotearon y humillaron. No atendieron mis ruegos de justicia ni fueron sensibles con el dolor de una madre por la pérdida de su hija”, manifestó Irma Monreal, madre de Esmeralda, una de las tres mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez.

En entrevista, confió en que tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado mexicano por violación a los derechos humanos de tres mujeres asesinadas en esa ciudad, “los deudos por fin accedamos a la justicia, aunque la vida de nuestras hijas no hay quién la devuelva”.

Indicó: “Felipe Calderón jamás se ha interesado ni ha dado la cara por ese crimen”.

Cuando Esmeralda desapareció tenía 15 años. “Salió de la casa de una señora donde hacía la limpieza. Desapareció a las 16 horas del 28 de octubre de 2001. De inmediato acudí a la Procuraduría General de Justicia (del estado), pero me dijeron que no la podían dar por desaparecida sino hasta 72 horas después, que mejor la buscara con el novio y las amigas, porque seguramente era igual que todas. Les dije que no, que no tenía novio ni amigas. Sólo me respondieron que la conocía dentro de casa, pero que no fuera de ella.”

Fueron cuatro años de incertidumbre, hasta que le informaron que uno de los ocho cuerpos que se encontraron en noviembre 2001 en un campo algodonero era el de su hija. No conforme con la pérdida de la joven, policías judiciales del estado golpearon a su hijo Adrián, quien tuvo una discusión con autoridades de Chihuahua debido a que no se procuraba justicia.
“Son tantas cosas, tanto nos ha lastimado el gobierno. No se conformó con la pérdida de una niña muy querida, sino que todavía pisotearon nuestros derechos como madre y familiares. El gobierno no se ha tomado la molestia de saber e involucrarse en esto. Lo único que he pedido en estos ocho años es que el crimen de mi niña no quede impune.”

Aseguró que el trato que se da a los familiares de mujeres asesinadas en Chihuahua “es de lo peor. Si pides datos te dicen que compres el periódico, porque ahí está la información. Inclusive, cuando detuvieron a dos jóvenes como presuntos responsables –confesaron su presunta responsabilidad bajo tortura; uno murió en prisión y el otro fue absuelto– me dijeron que qué más quería si ya estaban los culpables”.

Tras ocho años buscando justicia, Monreal ve una esperanza en el fallo de la CIDH. “Son ocho años de dolor y una herida que no cierra.”

Zulema, hermana de Esmeralda, quien ahora tiene 18 años, aseveró que vivir en Ciudad Juárez “causa miedo, porque ahora la situación es peor, pues al día hay entre 15 y 20 muertos. Ahorita sólo de la escuela a la casa, y no más. Los jóvenes no podemos salir a divertirnos, y si lo hacemos es bajo riesgo propio”.

Confió en que las autoridades acatarán la resolución del tribunal internacional. “Han sido muchos años de espera, de ver cómo se fue mi hermana favorita y cómo luchaba mi mamá.”

Histórico, el fallo de la CIDH sobre tres feminicidios en México: abogados

Abre la oportunidad para que el Estado cambie estructuras que permiten la impunidad


Protesta de integrantes de organizaciones no gubernamentales contra los asesinatos de mujeres y la impunidad en Ciudad Juárez, Chihuahua-Foto María Luisa Severiano/archivo

Emir Olivares Alonso

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala al Estado mexicano como responsable de violaciones a las garantías básicas de tres víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, es “una decisión histórica” porque obligará al Estado a modificar las estructuras gubernamental, legislativa y judicial, consideraron familiares y abogados de las agraviadas.

En conferencia de prensa informaron que tras dicha sentencia todos los delitos contra mujeres que se cometan en el país deberán ser vistos desde una óptica de respeto a los derechos humanos y de género, como resolvió la CIDH. “La atención de casos de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas no será tratada de aquí en adelante de la misma manera.”

David Peña, abogado del caso ante la CIDH, subrayó que la decisión del organismo panamericano representa “una oportunidad histórica para que el Estado mexicano modifique conductas y estructuras que han permitido la impunidad, con el fin de que esos hechos no vuelvan a presentarse”.

El jueves pasado la CIDH resolvió que el Estado mexicano es responsable de violar las garantías a la vida; la integridad y libertad personales; el acceso a la justicia y la protección judicial, así como los derechos del niño en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera, tres de las ocho mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en 2001 en un campo algodonero de esa ciudad fronteriza.

Durante la conferencia se anunció que el año próximo se impulsará la creación de un comité que estará integrado por personalidades nacionales e internacionales, el cual tendrá como objetivo vigilar el pleno cumplimiento del fallo, el cual ordena al Estado mexicano, entre otras cosas, reparar el daño a los deudos, reconocer públicamente que vulneró garantías fundamentales, modificar leyes y estructuras para atender delitos de género, investigar el asesinato de Ramos, Herrera y González, y las omisiones en que incurrieron diversos funcionarios públicos.
María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, subrayó que ese tipo de ilícitos no son un fenómeno exclusivo de Chihuahua, sino en todo el país. Informó que sólo en el primer semestre de este año se reportaron 459 asesinatos de mujeres en 15 entidades. De esos la mayoría están impunes, pues sólo en dos por ciento han sido sancionados los responsables y en 20 por ciento hay consignaciones.

Agregó que las cifras son alarmantes, pues en 2008 hubo más de 700 homicidios de mujeres y niñas en 12 estados, y en 2007, mil. Además, en Ciudad Juárez se han reportado alrededor de 750 víctimas de feminicidios de 1996 a 2007.

“El Estado aún tiene cuentas pendientes con muchas mujeres. La resolución de la Corte señala que el feminicidio no es un mito, como planteó el ex presidente Vicente Fox, sino una realidad”, expuso Estrada.

Peña dijo que de enero de 2008 a la fecha, en Ciudad Juárez han desaparecido 33 menores de edad y tres mujeres.

Michell Salas, defensora de las víctimas e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sentenció que el Estado mexicano no ha hecho mucho en el tema. “Las acciones contra el feminicidio han costado caras al país, pero las autoridades lo han atendido desde una perspectiva equivocada. Se deja de lado la visión de género. Basta de simulaciones, de que el Estado afirme que hay dinero, comisiones y una ley (para prevenir la violencia contra la mujer). Pese a todo, las mujeres de este país continúan siendo asesinadas.”