lunes, 27 de diciembre de 2010

Incumple México orden de la CIDH sobre caso Campo Algodonero: ONG

Sólo se ha colocado la primera piedra de un monumento a las víctimas; la obra, parada


El organismo señaló que debe castigarse a funcionarios judiciales por negligencia, indemnizar a familiares, abrir página de Internet para dar seguimiento a casos similares y revisar protocolo



Una de las ofrendas florales depositadas en el acto efectuado el 10 de diciembre para demandar que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Campo Algodonero, donde en noviembre de 2001 fueron hallados ocho cuerpos de mujeres asesinadas-Foto Rubén Villalpando

Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada

Ciudad Juárez, Chih., 26 de diciembre. Autoridades investigadoras federales y estatales no han avanzado para cumplir la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 10 de diciembre de 2009 sobre los asesinatos de mujeres perpetrados en el paraje Campo Algodonero de esta localidad, y ni siquiera han concluido las investigaciones sobre el hallazgo de ocho cuerpos, los días 8 y 9 de noviembre de 2001, aseguraron las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Comisión para la Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y Justicia para Nuestras Hijas.

La CIDH ordenó a los gobiernos federal y estatal construir un monumento en memoria de las víctimas, investigar sus asesinatos y castigar a los responsables, así como a las autoridades que han sido omisas en la indagatoria, indemnizar a familiares de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como abrir y mantener una página de Internet sobre desapariciones de mujeres desaparecidas, así como revisar el Protocolo Alba, que obliga a investigar casos similares. La resolución deberá cumplirse antes del 20 de diciembre de 2012.

En un documento entregado a La Jornada por Emilia González Tercero, afiliada a la Cosyddhac, se recuerda que, además de Esmeralda Herrera, de 15 años de edad, desaparecida el 29 de octubre de 2001; Claudia Ivette González, de 20 años, desaparecida el 10 de octubre de 2001, y de Laura Berenice Ramos, de 17 años de edad, vista por última vez el 21 de septiembre de 2001, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) , hoy denominada Fiscalía General del Estado, “dio otros nombres” de víctimas del Campo Algodonero.

La PGJE sostuvo que los otros cinco cuerpos eran de Guadalupe Luna de la Rosa, de 19 años de edad, con reporte de desaparición del 30 de septiembre de 2000; María de los Ángeles Acosta Ramírez, de 19 años, ausente desde el 25 de abril de 2001; Mayra Juliana Reyes, de 17 años, desaparecida en junio de 2001; Verónica Martínez Hernández, de 18 años, a quien se vio viva por última vez el 19 de octubre de 2000, y Bárbara Araceli Martínez, de 20, con reporte de desaparición del 26 de diciembre de 2000.

El pasado 10 de diciembre, Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como Laura Carrera Lugo, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, colocaron la primera piedra de un mausoleo para las víctimas en el Campo Algodonero. Dieciséis días después, no se han iniciado los trabajos para cumplir esta disposición de la CIDH.
El 17 de junio de 2007 familiares de las mujeres halladas en el Campo Algodonero denunciaron a 25 funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia estatal y a dos jueces penales por negligencia en las indagatorias.

Hasta la fecha se ha detenido a nueve personas por los asesinatos, pero siete han sido declaradas inocentes, entre ellos Gustavo González, alias La Foca, quien murió en prisión en circunstancias no aclaradas, y Víctor García Uribe, El Cerillo, liberado hace dos años.

También fueron detenidos y arraigados en abril de 2003 Miguel Ángel Vázquez Villegas, Hernando Valles Contreras, Fidel Pérez Bernardina y Javier García Chihuahua, alias El Canario, sospechosos de matar mujeres para extraerles órganos. Todos salieron libres 90 días después.

Édgar Álvarez Cruz estuvo implicado en feminicidios junto con Alejandro Delgado Valles, alias El Cala, por Francisco Granados de la Paz, quien hace tres años confesó ante autoridades de Estados Unidos que participó en al menos 17 homicidios, entre ellos los ocho del Campo Algodonero.

Pese a estas acusaciones, el año pasado el juez octavo de lo penal, Armando Jiménez Santoyo, declaró inocente a El Cala.

Sólo continúan en prisión Édgar Álvarez y Francisco Granados, éste en Estados Unidos, por delitos contra la salud y por violar leyes migratorias.

Ha habido cuatro muertes relacionadas con este caso. Uno de los fallecidos es el egipcio naturalizado estadunidense Abdel Latif Sharif, alias El Egipcio, quien fue el primer condenado por los feminicidios de Juárez, como presunto autor intelectual. Se le detuvo en 1995, fue sentenciado a 30 años de prisión y murió en 2006.

En 2002 falleció en prisión Gustavo González, La Foca, en una cirugía de hernia. Su abogado, Mario Escobedo Anaya, fue asesinado en 2002, presuntamente confundido con un narcotraficante. Sergio Dante Almaraz fue ultimado en 2005. Éste afirmó que los ocho cuerpos del Campo Algodonero estuvieron congelados antes de que los tiraran en el paraje.

sábado, 25 de diciembre de 2010

Cada 24 horas de este año una mujer fue asesinada en Chihuahua

Concluye 2010 con la misma violencia que inició

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 24 dic. 10 (CIMAC).- El año 2010 termina como inició: con el asesinato de una activista por los derechos humanos…

 
El 4 de enero Josefina Reyes, defensora de Derechos Humanos (DH), fue asesinada con arma de fuego y el pasado 16 de diciembre Marisela Escobedo Ortiz murió por la misma causa a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Durante este año, cada 24 horas una mujer ha sido asesinada en esa entidad federativa, por razones principalmente vinculadas al hecho de ser mujer. “Una cifra sin precedentes” según han dicho las organizaciones de la sociedad civil, quienes afirman que la mayoría de los casos han quedado impunes.

Al hacer un balance anual, la mesa Red de Mujeres de Ciudad Juárez, sostiene que la “lucha” que el gobierno federal ha emprendido contra el crimen organizado ha invisibilizado el feminicidio y fomentado más la impunidad, al minimizar los asesinatos dolosos contra mujeres culpándolas ahora de pertenecer a las bandas delictivas.

 
Si bien este año inició con una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el feminicidio de las tres jóvenes (de 8) encontradas en el campo algodonero de Ciudad Juárez, los avances en materia de violencia fueron pocos.

En el primer año de la sentencia, el Estado mexicano ha simulado su cumplimiento, dice la Red mesa de Mujeres, y continúa sin garantizar los DH de las mujeres tanto de Ciudad Juárez como de las del resto del país.

“La simulación se consolida y hace creer que sólo son afectados quienes están vinculados con el crimen organizado, pero en la realidad quienes se encuentran en alto riesgo, no son sólo las mujeres jóvenes y pobres, ahora también sus madres que exigen justicia y las defensoras que las acompañan”, dice la Red.

 
SENTENCIAS POR VIOLENCIA SEXUAL

Por primera vez, este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por violencia sexual. En octubre pasado, la Corte interamericana lo responsabilizó por la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo cometida por militares.

La importancia de esta sentencia, de acuerdo con Abel Barrera, director del Centro de DH de la Montaña (Tlachinollan), uno de los peticionarios del caso ante el sistema interamericano, radica en que el Estado mexicano deberá reformar el sistema de justicia militar para evitar que en el futuro las violaciones a DH cometidas por militares se sigan investigando en el fuero militar, ya que éste fue el responsable de violar el derecho de ambas indígenas a vivir una vida libre de violencia.

VIOLENCIA LLEGA A REFUGIOS

Este año la violencia también llegó al lugar donde se supone, las mujeres se protegen de sus agresores: a los refugios para mujeres víctimas de violencia.

El 9 de junio de 2010, con el pretexto de buscar a una menor de edad, 14 policías, seis de ellos con armas de alto poder, irrumpieron en el refugio “Sin Violencia”, ubicado en Ciudad Juárez, amedrentando a las mujeres que ahí se encontraban y amenazando al personal que labora en él.

 
Pese a las solicitudes de organizaciones civiles para que el refugio fuera reubicado y los agresores, a quienes se reconoció, fueran sancionados, la administración del gobernador José Reyes Baeza concluyó sin castigo a quienes ingresaron en el refugio y sin la reubicación de éste.

Otro refugio que también perdió su secrecía, fue el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), de Cancún, dirigido por la activista y periodista Lydia Cacho.

 
De acuerdo con el testimonio de la periodista, el 31 de mayo, policías municipales intentaron ingresar por la fuerza al CIAM con la intención de evitar que la esposa de uno de ellos, y sus hijos, recibieran ayuda psicológica y legal después de ser violentados por él.

 
Con tres sentencias en su contra por violencia, una por razones de género, y dos por violencia sexual, el Estado mexicano culmina el año con una serie de pendientes para asegurar a las mujeres el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, el principal es la elaboración de protocolos de investigación de casos de asesinatos de mujeres y capacitación de funcionarios públicos.

 
Pese a ello, de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados de la república, de los cuales 890 fueron definidos como feminicidio, según información del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).


10/GTR/LGL/LR

viernes, 17 de diciembre de 2010

MANIFESTAMOS NUESTRA INDIGNACIÓN Y PROFUNDO DOLOR ANTE EL ASESINATO DE LA COMPAÑERA MARISELA ESCOBEDO ORTIZ

A PESAR DE LOS CLAROS MENSAJES QUE NOS DEJA EL ASESINATO DE LA COMPAÑERA MARISELA, ESTE HECHO INDIGNANTE NO NOS DETENDRÁ. SEGUIREMOS ESTA LUCHA DE MANERA INCANSABLE. SU ESPÍRITU DECISIVO, SU ENERGÍA PARA DEFENDER EL CASO DE SU HIJA, SU FIRMEZA DE CARÁCTER Y DEMÁS CUALIDADES QUE LA HICIERON UNA GRAN DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, SERÁN NUESTRA GUÍA Y EJEMPLO PARA CONTINUAR EL CAMINO POR LA JUSTICIA Y LA VERDAD.LA MUERTE DE LA COMPAÑERA NOS DEJA EN LA MAS PROFUNDA TRISTEZA, PERO A LA VEZ NOS IMPULSA A TRABAJAR CON MAS FUERZA POR LOGRAR NUESTROS PROPÓSITOS, QUE ERAN LOS SUYOS.

CON ESTE LAMENTABLE HECHO QUE NUNCA DEBIÓ OCURRIR, NUESTROS GOBIERNOS DEBEN ASUMIR SU RESPONSABILIDAD PUES TAMBIÉN PARA ELLOS HAY MENSAJES CONTUNDENTES.

AQUÍ ESTA CLARO QUE ANTE LA INCAPACIDAD Y DESINTERÉS POR PARTE DE QUIENES DEBEN PONER SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA, CUALQUIERA PUEDE COMETER ESTE TIPO DE ACTOS CON LA MAYOR IMPUNIDAD. QUEDA DEMOSTRADO QUE CADA VEZ MAS LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS RESULTA EL MAYOR RIESGO DE PERDER LA VIDA EN MANOS DE GENTE QUE SE ESCUDA EN UN ESTADO EN DECADENCIA DONDE PREDOMINAN LA CRIMINALIDAD Y EL DESGOBIERNO, Y LA FALTA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.AUN ABATIDAS POR ESTE TERRIBLE SUCESO, REITERAMOS EN MEMORIA DE MARISELA NUESTRO FIRME COMPROMISO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

NO PARAREMOS!!! JUSTICIA!!!

ESTE HA SIDO EL RECLAMO QUE NOS ACOMPAÑA EN TODAS NUESTRAS ACCIONES, Y AHORA CON MAS CONTUNDENCIA, CON MAYOR ÉNFASIS, CON TODO NUESTRO DOLOR GRITAREMOS POR ELLA Y POR TODAS LAS MUJERES QUE HAN SIDO ASESINADAS.

BASTA YA!!! NO MAS FEMINICIDIO!!! JUSTICIA PARA TODAS!!!

MARISELA ORTIZ RIVERA,
COFUNDADORA DE
NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA. A.C.

jueves, 16 de diciembre de 2010

Presentan propuesta de Protocolo para investigar feminicidio

Aporte de UNIFEM al cumplimiento por sentencia de Campo Algodonero

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF 15 dic 10 (CIMAC).- Con el objetivo de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en México, la oficina regional del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM, por sus siglas en inglés), presentó la: “Propuesta de Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio”.

Ana Güezmez García, directora de UNIFEM, para México, América Central Cuba y República Dominicana, afirmó que México encabeza la lista de países de la región en asesinatos de mujeres, por lo que esperan esta propuesta sea un instrumento valioso para los mecanismos y organizaciones de derechos humanos (DH), que dan seguimiento y monitorean la actuación de los Estados para garantizar el ejercicio de los DH de las mujeres.

La implementación de un instrumento de esta naturaleza permitiría sistematizar procedimientos, evitar que haya omisiones por parte de los funcionarios públicos encargados de investigar los asesinatos de mujeres y que actúen de manera diligente, pues hasta ahora las investigaciones de asesinatos de mujeres, han quedado en un contexto de impunidad.

Agregó que la propuesta ofrece una serie de elementos para abordar los asesinatos de mujeres desde la perspectiva del feminicidio, y propone, entre varios elementos, una guía práctica para la integración de la averiguación previa así como una metodología para la investigación del feminicidio.

Hay varias razones que sustentan la necesidad de contar con un protocolo de esta naturaleza, que se hacen patentes en el caso de “Campo Algodonero”, por el cual México fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ya que a lo largo de la sentencia se observan una serie de problemas estructurales relacionados con la impartición de justicia y la impunidad que rodean los asesinatos de mujeres.

Ana Güezmez, indicó que erradicar este flagelo, además de ser una prioridad para México, también lo es para América Latina y el Caribe, ya que en la mayoría de estos países, las mujeres padecen la violencia, por lo que también se encuentran en el proceso de generar este tipo de mecanismos, tal es el caso de la tipificación del feminicidio, y generar protocolos que permitan cerrar la puerta a la impunidad.

“La violencia contra las mujeres y las niñas no es inevitable persiste porque se permite, pero estamos convencidas de que la violencia puede ser erradicada”, enfatizó.

Por su parte Patricia Olamendi Torres, consultora independiente, y creadora de la propuesta, señaló que ésta es una propuesta estrictamente pericial, para demostrar científicamente que lo que decimos respecto a los asesinatos de las mujeres es real.

Para ello, en la propuesta se indica que en una investigación de este tipo se debe analizar el entorno social, las condiciones que generan la desigualdad y discriminación hacia las mujeres.

Esto es algo que perfectamente podemos documentar, para demostrar que las muertes de las mujeres tienen un componente de discriminación general, “en una sociedad donde seguimos siendo consideradas desiguales. La misoginia se puede demostrar”.

De igual manera, Olamendi Torres, agregó que entre los perfiles de personalidad de víctima, victimario, las condiciones son fundamentales, es decir “qué condiciones llevan a un hombre a cometer un homicidio contra una mujer y cuáles son sus creencias con respecto a las mujeres, lo que nos parece fundamental demostrar”.

Es decir, lo que buscamos en este instrumento es que quede claro lo que tiene que investigar un perito, un ministerio público, por lo que nos parece que es un instrumento técnico que cada estado tendrá que adecuar.

Sin embargo, la especialista advirtió que mientras no se modifiquen las leyes locales en términos “de qué es homicidio” y no se tipifique el feminicidio, no se aplicará de la manera correcta.

“Si se realiza lo anterior y se lleva acabo la investigación como lo indica la propuesta el resultado será estupendo aseguró Olamendi Torres.

10/GT/LGL

sábado, 11 de diciembre de 2010

Injusticia hacia asesinadas, ‘un caldo de cultivo para inseguridad que vive Juárez’

Gabriela Minjáres/Sandra Rodríguez/Rocío Gallegos/Araly Castañón

A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Mexicano por las violaciones a los derechos humanos de mujeres localizadas muertas en el campo algodonero en noviembre de 2001, organizaciones civiles destacaron que la impunidad y la simulación no sólo prevalecen, sino que han sido caldo de cultivo para la violencia generalizada que se vive en la ciudad.

“Que la violencia contra las mujeres, el feminicidio en Juárez y las desapariciones de mujeres no se les haya hecho caso, que no haya habido justicia para todas estas familias, ha sido un factor importante, un caldo de cultivo, para que hoy día tengamos una violencia generalizada”, aseguró ayer a través de un posicionamiento la Red Mesa de Mujeres, integrada por 10 organizaciones locales.

Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red, atribuyó a esta desatención de los tres niveles y estructuras de gobierno que la violencia se haya expandido y alcanzado ahora a los niños, jóvenes, estudiantes, maestros, médicos, migrantes, personas diversas, obreros y hasta periodistas.

“Esta situación que nosotras como movimiento de mujeres denunciamos por cerca de 20 años y que como sociedad no atendimos en términos de una presión más importante y pública es lo que hoy nos entiende con este agravamiento y violación de los derechos humanos en términos históricos”, agregó en el marco del evento denominado “Exigimos resultados: Campo Algodonero y Estrategia Todos Somos Juárez”.

Indemnizaron

sólo a 3 familias

Pese a que la sentencia de la CIDH obliga al Estado mexicano a reconocer su “responsabilidad internacional” por las violaciones a los derechos de las mujeres del campo algodonero, el pago de indemnizaciones se hizo sólo a las tres familias que impulsaron la denuncia y dejó fuera a las de las otras asesinadas e identificadas en el mismo hecho.

Lo anterior fue expuesto ayer por Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien acudió ayer a esta ciudad para presentar el primer informe de avances en el cumplimiento de la sentencia dictada por la CIDH hace un año.

Ahí, el funcionario fue cuestionado por la falta de apoyo del gobierno mexicano a las familias de las otras víctimas –que no participaron en la denuncia ante el organismo internacional–, a lo que respondió de manera insistente que sólo se estaba cumpliendo con lo que indicaba la sentencia.

La visita obedeció al primer año de la sentencia dictada por la CIDH luego de que diversas organizaciones y las familias de tres de las ocho víctimas del campo algodonero acusaron al Estado Mexicano de tener una “responsabilidad internacional” en la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Los cuerpos de las tres fueron encontrados en el mencionado predio ubicado en la esquina de Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, el 6 de noviembre de 2001. En el mismo terreno, un día después, se encontraron los cadáveres de otras cinco jovencitas, cuatro de las cuales fueron identificadas como María Rocina Galicia Meraz, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís y Merlin Elizabeth Rodríguez Sáenz.

Arranca construcción

La edificación del Centro de Justicia para Mujeres, el cual brindará atención integral en los delitos de género, inició ayer con la colocación de la primera piedra del inmueble, que se espera quede concluido durante el 2011.

Además, se anunció que se hará un parque memorial a las mujeres que fueron víctimas en el campo algodonero.

Lo anterior se dio en el marco de las acciones emprendidas por el Estado Mexicano a un año de la sentencia de la CIDH sobre el caso del campo algodonero. Algunas de ellas, como el parque, debieron ya estar concluidas. (Con información de Gabriela Minjáres, Sandra Rodríguez, Rocío Gallegos y Araly Castañón)

Para el memorial, el Municipio donará un predio de 8 mil metros cuadrados, obra que estará entregada el año que entra, el 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, dio a conocer el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora.

viernes, 10 de diciembre de 2010

Documentos sobre el feminicidio de Ciudad Juárez

Martí Caussa
Viento Sur

El próximo 10 de diciembre el gobierno mexicano debe hacer un informe sobre su cumplimento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hecha pública el 10/12/2009, que condenaba al estado de México por no garantizar la vida y la integridad de las mujeres de Ciudad Juárez. Era la primera vez que un tribunal americano condenaba a un estado por violar los derechos humanos y por discriminación de género y condición social.

El motivo de la condena fueron los asesinatos del Campo Algodonero, cuya descripción, realizada durante las sesiones de la CIDH, puede encontrarse en la página de Amnistía Internacional:

Lo que sigue es un extracto de la misma:

Los cuerpos de dos niñas y una joven mujer, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, fueron descubiertos en un antiguo campo algodonero en Ciudad Juárez el 6 y 7 de Noviembre del 2001 junto con los cuerpos de cinco otras jóvenes mujeres. Al menos cinco de las víctimas tenían menos de 18 años de edad. Sus familias habían denunciado su desaparición en 2000 y 2001. Uno de los cuerpos nunca fue correctamente identificado.

En 1993 había comenzado un patrón de secuestros, violaciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. De manera sistemática, las autoridades no tomaron en serio estos crímenes, señalando a menudo que las víctimas tenían la culpa por los crímenes cometidos en su contra y tratando a los familiares con desprecio. Pocos de los autores de estos crímenes fueron llevados a la justicia, lo que creó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres.

El caso del Campo Algodonero se hizo famoso al ejemplificar la manera en que las autoridades municipales, estatales y federales discriminaron a las mujeres víctimas de asesinatos así como a sus familias, se equivocaron al identificar los cuerpos y no lograron recoger pruebas forenses fiables ni llevar a cabo investigaciones eficaces. En cambio, recurrieron a numerosas prácticas irregulares, incluida la tortura, para obtener confesiones y fabricar casos – uno de los que fueron condenados al principio apeló más tarde con éxito y fue liberado.

Tras protestas nacionales e internacionales ante este patrón de asesinatos de mujeres e impunidad conocido como “feminicidio”, los gobiernos federal y estatal tomaron algunas medidas para mejorar los procedimientos de prevención e investigación, sin embargo en muchos casos los responsables de los asesinatos, incluido aquel de las tres víctimas del Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, no han sido llevados a juicio.

A pesar de haber identificado a al menos 177 funcionarios estatales posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres asesinadas en la ciudad, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno de ellos. No se han proporcionado reparaciones completas por los crímenes a muchos de los familiares de las víctimas, incluida una falta de reconocimiento adecuado del no cumplimiento por parte del Estado en respetar, proteger y cumplir sus derechos y los derechos de sus familiares asesinadas según las leyes internacionales sobre derechos humanos.

La sentencia de la CIDH puede leerse en la siguiente página:

Se trata de un extenso documento de 167 páginas donde, a parte de los razonamientos jurídicos y del análisis de los tres asesinatos que se juzgan, se hace una extensa descripción de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, se indica que el término de feminicidio es adecuado para calificar los asesinatos del Campo Algodonero y entienda que algunos o muchos de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez “puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer”. A continuación se reproducen algunos extractos:

117. El Informe de la Relatora de la CIDH resalta que aunque Ciudad Juárez se ha caracterizado por un pronunciado aumento de los crímenes contra mujeres y hombres83 (supra párr. 108), el aumento en lo referente a las mujeres “es anómalo en varios aspectos”, ya que: i) en 1993 se incrementaron notablemente los asesinatos de mujeres84, ii) los coeficientes de homicidios de mujeres se duplicaron en relación con los de los hombres85, y iii) el índice de homicidios correspondiente a mujeres en Ciudad Juárez es desproporcionadamente mayor que el de ciudades fronterizas en circunstancias análogas86. Por su parte, el Estado proporcionó prueba referente a que Ciudad Juárez ocupaba en el 2006 el cuarto lugar en homicidios de mujeres entre ciudades mexicanas87.
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1.3. Víctimas

122. En primer lugar, la Comisión y los representantes alegaron que las víctimas eran mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad, estudiantes o trabajadoras de maquilas o de tiendas u otras empresas locales, y que algunas vivían en Ciudad Juárez desde hacía relativamente poco tiempo. El Estado no se pronunció al respecto.

123. Los alegatos de los demandantes encontraron sustento en diversos informes de entidades nacionales e internacionales que establecen que las víctimas de los homicidios parecen ser predominantemente mujeres jóvenes98, incluyendo niñas99, trabajadoras –sobretodo de maquilas-100, de escasos recursos101, estudiantes102 o migrantes103.

1.4. Modalidad

124. En segundo lugar, la Comisión y los representantes alegaron que un número considerable de los homicidios presentaron signos de violencia sexual. Según un informe de la Fiscalía Especial, algunos de los homicidios y las desapariciones desde 1993 “han presentado características y/o patrones conductuales similares”104.

125. Diversos informes establecen los siguientes factores en común en varios de los homicidios: las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio105, sus familiares denuncian su desaparición106 y luego de días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos107 con signos de violencia, incluyendo violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones108.

126. En cuanto a las características sexuales de los homicidios, el Estado alegó que según cifras del año 2004, alrededor del 26% de los homicidios obedecía a actos de índole sexual violento
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143. En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión “homicidio de mujer por razones de género”, también conocido como feminicidio.

144. Para efectos de este caso, la Corte considera que, teniendo en cuenta la prueba y argumentación sobre prueba obrante en el expediente, no es necesario ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del presente caso. Por esta razón, se referirá a los casos de Ciudad Juárez como homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o muchos de éstos puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer.
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1.8. Conclusiones de la Corte

164. De todo lo expuesto anteriormente, la Corte concluye que desde 1993 existe en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, más allá de las cifras, sobre las cuales la Corte observa no existe firmeza, es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. En este sentido, cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual los que presentan mayores niveles de impunidad.

En los primeros días de noviembre del presente año una Comisión Internacional se desplazó a México para investigar los avances en el cumplimiento de la sentencia de la CIDH. La revista Proceso, en el número 1776 del 14/11/2010 publica un artículo de Gloria Leticia Díaz, titulado Feminicidios: crímenes discriminados en el que se da cuenta de los problemas detectados. A continuación se reproducen unos extractos:

…/.. las integrantes de la misión alertan de la gravedad de la violencia contra la mujer y manifiestan su preocupación por la lentitud para atender la sentencia de la Corte Interamericana por los feminicidios en Ciudad Juárez.

“En México este fenómeno y la violencia contra las mujeres ha quedado oculto frente a la batalla contra el narcotráfico; hay un desprecio institucional por la vida de las mujeres y, por tanto, se niega la realidad”, afirma Victoria de Pablo, integrante de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española…/..

Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte y perito ante la Corte Interamericana para el caso “campo algodonero”, afirma que hay evidencia de que los crímenes contra las mujeres se han incrementado, especialmente en Ciudad Juárez:

“De 1993 a 2007, teníamos registro de 500 niñas y mujeres asesinadas; de 2008 a octubre de 2010 ya eran 567 más. Sin embargo, el gobierno se niega a aceptar que haya feminicidios y adjudican esas muertes a ajustes de cuentas entre el narcotráfico, con lo que se desentienden de su responsabilidad de investigar.”…/..

Marta Eugenia Solano Arias, representante del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (del que depende la misión que visitó México) manifiesta su preocupación porque a casi un año de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, “no hay visos ni señales del Estado mexicano de intentar cumplirla; oímos hablar a funcionarios que nos decían: “eso no es mi competencia”, y al final no sabemos a quién le corresponde cumplir”…/..

Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), aporta números: de enero de 2009 a junio de 2010, en 18 estados mexicanos se cometieron mil 768 asesinatos de mujeres. De ellos, en mil 74 los patrones corresponden a feminicidios (homicidios de mujeres como resultado de la discriminación de género) y ocurrieron en 13 entidades, pero sólo se dictaron 40 sentencias.

En los casos de feminicidio las víctimas fueron arrojadas en la vía pública, sus edades iban de 11 a 30 años, tenían huellas de abuso y fueron ejecutadas por estrangulamiento, quemaduras o con arma punzocortante.

Además de Chihuahua, donde se registraron 245 crímenes de ese tipo, en las 13 entidades de las que el OCNF tuvo información para ese mismo periodo las de mayor incidencia son el Estado de México (309), Quintana Roo (204), Sinaloa (125), Tamaulipas (103), Jalisco (88) y Veracruz (82).

En el Estado de México, de acuerdo con el OCNF, entre 2005 y 2010 se cometieron 900 homicidios dolosos de mujeres; de éstos, en 57% se desconoce al responsable, en tanto que en 37% el autor fue un familiar, conocido o pareja de la víctima. Además, en la entidad se tienen 99 víctimas no identificadas, lo que para Estrada podría significar que eran migrantes centroamericanas.

Otra entidad con números alarmantes es Jalisco: según datos de la procuraduría estatal, en el último año y medio ha habido 187 mujeres desaparecidas con edades de entre 11 y 17 años…/..

En entrevista, Karla Michelle Salas Ramírez, representante legal de las familias de las víctimas del caso “campo algodonero”, detalla las dificultades para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, de cuyos avances el gobierno federal tiene que rendir un informe el próximo 10 de diciembre: el gobierno de Chihuahua no ha publicado la sentencia, la Fevimtra se ha negado a atraer las investigaciones de los casos de desaparición y homicidio de las mujeres localizadas en el campo algodonero en 2001, no se ha sancionado a los funcionarios públicos que obstaculizaron el esclarecimiento de los crímenes y no se ha investigado ni castigado a quienes hostigan a los familiares de las víctimas.

Otros puntos de la sentencia se refieren a la construcción de “un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez” y el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado en las muertes de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González.

“Alejandro Negrín (director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE) informó a David Peña, mi compañero en la defensa de los familiares de las víctimas, que el memorial –que pedimos estuviera en el campo algodonero al que se refiere el caso– no se iba a construir porque es propiedad privada y no se han puesto de acuerdo qué mecanismo seguir para edificarlo, sobre todo porque el gobierno no acepta nuestra exigencia de que se incluyan los nombres de más de mil mujeres que han sido asesinadas de 1993, cuando se denunció el fenómeno, a la fecha.

El gobierno se resiste a que Ciudad Juárez quede marcada no sólo por la violencia producto del narcotráfico sino por los feminicidios. El memorial sería para el gobierno de Calderón el muro de la vergüenza”, dice Salas.

En cuanto a la disculpa pública a la que está obligado el Estado mexicano, agrega la abogada, “se prepara un evento encabezado por Calderón al que se pretende llevar a familiares de las víctimas del campo algodonero” y a deudos de Rosendo Radilla, líder campesino desaparecido por el Ejército en Guerrero durante la guerra sucia y por cuyo caso la Corte Interamericana también condenó a México (Proceso 1706 y 1729).

A menos de 30 días de que se cumpla el plazo para que el gobierno federal rinda su informe sobre el cumplimiento de la sentencia sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, el único avance concreto es la tramitación de indemnizaciones para los familiares de las tres víctimas por parte de la Comisión Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer (Conavim), apunta Salas Ramírez…/..

Los 3 documentos anteriores de los cuales hemos reproducido extractos, creemos que ofrecen una descripción bastante fidedigna de la violencia pasada y presente contra las mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo el retrato más fiel y profundo del horror de los feminicidios de esta ciudad mexicana se encuentra en una obra de ficción: la novela 2666, obra póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño.

Siguiendo la estela del novelista Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas y del cineasta Francis Ford Coppola en Apocalypse Now, Roberto Bolaño consigue describir el horror ocultado de una época (la de la globalización) a partir de una manifestación paradigmática, en este caso, los crímenes de la ciudad mexicana de Santa Teresa, el nombre literario de Ciudad Juárez. Esta ciudad juega el mismo papel que Congo en la novela de Conrad y Vietnam en la película de Coppola. El propio Bolaño señaló que en su novela había un centro físico y un centro oculto. El primero es, sin duda, Ciudad Juárez, donde convergen todas las historias. Sobre el centro oculto sólo dejó pistas. Una de ellas el propio título, con la marca del diablo (666), el señor del infierno. Otra la cita de Baudelaire al inicio del libro: “Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento”. El mismo centro oculto que sugerían el Kurtz de Conrad y el de Coppola cuando exclamaban: ¡El horror! ¡El horror!

Roberto Bolaño había pensado editar su obra en 5 libros diferentes y los editores, con acierto, la han editado en un solo libro. Que no es de lectura fácil, ni igualmente logrado en todas sus partes. No en vano Bolaño hace decir a uno de sus personajes que prefiere las obras ambiciosas, aunque imperfectas (como Moby Dick o El Proceso), a las redondas y perfectas (como Bartleby, el escribiente o La metamorfosis). Por añadidura la novela inicia su andadura por el “desierto de aburrimiento” para ir avanzando, capítulo a capítulo, hasta el centro del “oasis de horror” y, finalmente, sugerirnos que todo “oasis” ha tenido su precedente. Todo ello en una prosa muy bella que, a lo largo de más de mil páginas, nos hace emocionar, comprender y disfrutar.

Los interesados en la vida y la obra de Roberto Bolaño pueden consultar la siguiente página web:

De ella hemos extraído la siguiente biografía:

Una existencia trashumante

Escritor nacido en Santiago de Chile, Bolaño ha llevado una existencia bastante trashumante. A los 15 años estaba viviendo en México, donde comenzó a trabajar como periodista y se hizo trotskista. En el 73 regresó a su país y pudo presenciar el golpe militar. Se alistó en la resistencia y terminó preso. Unos amigos detectives de la adolescencia lo reconocieron y lograron que a los ocho días abandonase la cárcel. Se fue a El Salvador: conoció al poeta Roque Dalton y a sus asesinos. En el 77 se instaló en España, donde ejerció (también en Francia y otros países) una diversidad de oficios: lavaplatos, camarero, vigilante nocturno, basurero, descargador de barcos, vendimiador. Hasta que, en los 80, pudo sustentarse ganando concursos literarios.

A fines de los años 90 la suerte empezó a estar de su lado: Los detectives salvajes (1999) obtuvo el premio Herralde y el Rómulo Gallegos, considerado el Nobel de Latinoamérica. Es autor de las novelas, La pista de hielo (1993), La literatura nazi en América (1996), Estrella distante (1996), Amuleto (1999), Monsieur Pain (1999), Nocturno de Chile (2000), Una novelita lumpen (2002) y 2666 (2004), ésta última póstuma; los libros de relatos Llamadas telefónicas (1997), Putas asesinas (2001) y El gaucho insufrible (2003) y los poemarios Los perros románticos (2000) y Tres (2000). También escribió Amberes (2002), que recoge varios textos del autor y Entre paréntesis (2004), un recopilatorio de artículos, conferencias y otros textos publicados en varios medios de comunicación. Murió el 14 de julio del 2003 a consecuencia de una insuficiencia hepática.

Realizarán organismos civiles foro sobre el campo algodonero

Ante la insuficiente respuesta del Estado mexicano y con el propósito de realizar un balance del caso ?del campo algodonero?, organismos de la sociedad civil organizan un foro con el cual propondrán acciones sobre la situación de Juárez.

Debido a que mañana 10 de diciembre se vence el plazo en que el gobierno debería de cumplir con acciones determinadas por la sentencia de la Corte Interamericana, los organismos convocan a dos eventos, uno realizado en el Colegio de la Frontera Norte y otro en la plaza frente a Catedral.

"Invitamos a todas las personas, grupos, organizaciones que quieran sumarse a un balance de fin de año de la situación de Juárez. Este balance es también por la insuficiente respuesta de los tres niveles de gobierno para investigar, resolver y garantizar una vida buena para las personas que habitamos Juárez", señalaron los organismos.

Los eventos darán inicio en el Colef en punto de las 10 de la mañana y hasta las 12 del medio día, mientras que de 12 a tres de la tarde se realizará en la plaza de armas.

Los convocantes son organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos, comités ciudadanos, médicos y catedráticas.

Hubo más de mil 700 feminicidios en México

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reveló que 532 fueron cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua

Laura Toribio MÉXICO, 08 de Diciembre.- En un año y medio -de enero de 2009 a junio de 2010, al menos mil 728 mujeres fueron asesinadas en 18 entidades del país. En Chihuahua ocurrieron 532 homicidios, 355 tan sólo en Ciudad Juárez.

Mientras en el Estado de México, en cinco años, del 2005 al 2010, se perpetraron 922 asesinatos de mujeres.

La mayoría de estos homicidios se concentran en 10 municipios entidad: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Iztapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. Casi la mitad de las víctimas tenían entre los 11 y 30 años de edad.

En Jalisco, en tanto, entre enero de 2009 y agosto de 2010 la procuraduría de la entidad tiene el reporte de 385 niñas y mujeres desaparecidas. El 66 por ciento tenían entre 10 y 17 años.

Estos datos se desprenden del reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Cifras que ponen sobre la mesa que en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México existen alarmantes niveles de violencia en contra de las mujeres.

En el informe el Estado de México es señalado como un caso paradigmático en contra de la violencia hacía las mujeres por lo que las organizaciones piden que se declare ya un estado de alerta.

Aprobar este mecanismo contemplado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia implicaría una situación emergencia inmediata para que se proteja la vida de las mujeres por parte de todas las secretarías de estado, en esta caso las secretarias del Estado de México.

Un estado, en el que acuerdo con las organizaciones hasta hoy, se desconoce quién asesinó al 56.72 por ciento víctimas de los últimos cinco años.

Un estado en el que 99 cuerpos ni siquiera han sido identificados. Un estado en donde las mujeres cada vez son asesinadas con mayor violencia: mueren a causa de traumatismos craneoencefálicos, heridas punzocortantes o asfixia por uso excesivo de la fuerza.

Siguen autoridades sin cumplir sentencia sobre campo algodonero


A un año de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos en al menos tres de los feminicidios del Campo Algodonero, las autoridades municipal, estatal y federal no han dado total cumplimiento a los resolutivos.

Ante esa situación familires de las víctimas y organizaciones que las representan solicitarán hoy a la Corte realizar una nueva audiencia de supervisión y "sentar de nueva cuenta al Estado mexicano en el banquillo de los acusados".

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Cedimac–red ciudadana de no violencia, a través de sus voceros señalaron que durante este primer año el Estado mexicano debió reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Monreal, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en noviembre del 2001.

Otra de las peticiones era investigar a los servidores públicos responsables de que esos crímenes se mantengan aún impunes, además de publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los tres niveles de gobierno.

Elaborar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y crear un Banco Nacional de Información genética.

Entre las peticiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca también el realizar un acto público donde el Estado reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

La organizaciones denunciaron, lo que llamaron un nuevo acto de simulación, que el pasado 8 de diciembre les informaron a las familias González, Monreal, Monárrez y a sus representantes, que los gobiernos local y federal realizarán un evento para "reconocer la responsabilidad internacional del Estado" y colocar la primera piedra del Monumento en memoria de las víctimas.

"Este acto evidentemente fue organizado "al vapor" ya que el gobierno mexicano debe informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 10 de diciembre las acciones realizadas para cumplir la sentencia", señalaron.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades a las familias, este acto no será público ni lo encabezará el Gobernador del Estado de Chihuahua ni el Presidente de la República, quien por información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no acudiría al evento ante la inseguridad que se vive en la Ciudad y por el temor de una manifestación en su contra.

Por otra parte, en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio, indicaron.

 
Ante esa postura las familais y las organizaciones resolvieron no asistir a dicho evento, solicitar la CoIDH una una audiencia de supervisión, ante el incumplimiento a la sentencia.

Además solicitarán a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados que informe a la CoIDH sobre el proceso de ejecución de la Sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento y exijir a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, al Presidente de la República, al Gobernador de Chihuahua y al presidente Municipal de Ciudad Juárez el cumplimiento de la Sentencia.

jueves, 9 de diciembre de 2010

Con colocar una piedra, simularán cumplir sentencia de CoIDH

A un año de Campo Algodonero en Ciudad Juárez

De la redacción

México, D.F 9 dic 10 (CIMAC).- A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sentenció al Estado mexicano por el caso “Campo Algodonero”, y ante la nula disposición de los gobiernos local y federal para darle cumplimiento, las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, solicitarán a la Corte que realice una audiencia de supervisión.

En un comunicado de prensa, las familias de las víctimas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) de Ciudad Juárez, Chihuahua, evidenciaron que hasta hoy la condena no se ha cumplido y tampoco nadie ha sido sancionado por los asesinatos de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette.

Denunciaron que mañana 10 de diciembre al cumplirse un año de la sentencia, cuando el gobierno mexicano debería de informar a la CoIDH sobre las acciones realizadas para cumplirla, los gobiernos local y federal pretenden realizar un acto para “reconocer la responsabilidad internacional del Estado” y colocar la primera piedra del monumento en memoria de las víctimas.

Sin embargo, este no cumplirá con lo que establece la sentencia ya que, “no será público ni lo encabezará el gobernador del Estado de Chihuahua y tampoco Felipe Calderón, debido a la inseguridad que se vive en Ciudad Juárez y por el temor de una manifestación en su contra”.

A esta simulación, se añade que en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal “colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio, tal y como lo establece la sentencia”.

Cabe destacar que para el evento se incluyó la participación de las familias Monreal, Monárrez y González sin consultarlas previamente, por lo que afirmaron no acudirán al acto porque consideran que esto contradice el espíritu y lo establecido en la sentencia, pues no será un acto reparador para las familias y la sociedad mexicana.

AUDIENCIA DE SUPERVISIÓN A LA CoIDH

Las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, informaron que solicitarán a la CoIDH realice una Audiencia de supervisión, por la nula disposición de los gobiernos local y federal para dar cabal cumplimiento a la sentencia.

Solicitarán a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados informe a la Corte sobre el proceso de ejecución de la sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento.

Igualmente, que exija a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, a Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, y al presidente Municipal de Ciudad Juárez Héctor Murguía Lardizábal, el cumplimiento de la Sentencia.

Cabe recordar que en la sentencia de la CoIDH, se acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.

Si bien en su sentencia, la Corte no reconoce el término feminicidio, sí reconoce que en México existen los asesinatos por motivos de género, es decir se asesina a las mujeres por el sólo hecho de serlo, Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres.

De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, durante este primer año, el Estado mexicano debió: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes.

Investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua.

Crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; crear un Banco Nacional de Información genética; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

10/GTR/LR/LGL

Primer aniversario de la Sentencia de “Campo Algodonero”

BOLETIN DE PRENSA

Atención jefes de información, Organizaciones de la Sociedad Civil, corresponsales internacionales

El 10 de diciembre primer aniversario de la Sentencia de “Campo Algodonero”, no habrá monumento en memoria de mujeres víctimas de violencia de género.

Se rechaza el acto que los gobiernos local y federal pretenden realizar para reconocer su responsabilidad internacional y se exige que sea el Presidente Calderón quien lleve a cabo dicho acto

Las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, solicitarán a la CoIDH realice una Audiencia de supervisión y siente nuevamente al Estado mexicano en el banquillo de los acusados.

El día 10 de diciembre se cumple el primer aniversario de la publicación de la Sentencia de “Campo Algodonero”, la cual responsabiliza a las autoridades del Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Tres casos entre miles de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en esta entidad y en el resto del país, sobre lo que la UNIFEM informó el pasado 25 de noviembre que de 135 países sin guerra, México encabeza el primer lugar en feminicidios, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en su boletín No. 109/10 del 5 de noviembre pasado su“…preocupación por la situación de derechos humanos en México[…] así como por la persistencia de la violencia contra las mujeres, que incluye torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y doméstica, así como la situación de impunidad generalizada que rodea estos casos. La CIDH hará un seguimiento especial a la situación en México en los próximos meses…”

De acuerdo a la Sentencia de la CoIDH, durante este primer año, el Estado mexicano debió: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes; investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; crear un Banco Nacional de Información genética; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

Sin embargo, los gobiernos federal, estatal y municipal no han dado cumplimiento cabal a ninguno de los resolutivos. Asimismo, como un nuevo acto de simulación, el pasado 8 de diciembre se informó a las familias González, Monreal, Monárrez y a sus representantes, que los gobiernos local y federal realizarán un evento para “reconocer la responsabilidad internacional del Estado” y colocar la primera piedra del Monumento en memoria de las víctimas, incluyendo la participación de las familias Monreal, Monárrez y González en la agenda de su evento sin consultarlas previamente.

Este acto evidentemente fue organizado “al vapor” ya que el gobierno mexicano debe informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 10 de diciembre las acciones realizadas para cumplir la sentencia.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, este acto no será público ni lo encabezará el Gobernador del Estado de Chihuahua ni el Presidente de la República, quien por información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no acudiría al evento ante la inseguridad que se vive en la Ciudad y por el temor de una manifestación en su contra.

Por otra parte, en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio.

Ante estos hechos, las familias Herrera Monreal, Ramos Monárrez, González y las organizaciones que las representan informamos a la opinión pública que:

1. No acudiremos al acto planeado por los gobiernos local y federal, ya que contradice el espíritu y lo establecido en la Sentencia, pues no será un acto reparador para las familias y la sociedad mexicana.

2. Solicitaremos a la CoIDH la realización de una audiencia de supervisión, ante la nula disposición de los gobiernos local y federal para dar cabal cumplimiento a la sentencia.

3. Solicitaremos a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados que:

-Informe a la CoIDH sobre el proceso de ejecución de la Sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento.

- Exija a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, al Presidente de la República, al Gobernador de Chihuahua y al presidente Municipal de Ciudad Juárez el cumplimiento de la Sentencia.

Atte.

Asociación Nacional de Abogados democraticos

CEDIMAC

Red Ciudadana De No Violencia y Dignidad Humana

Denuncian ONG a Estado mexicano por falta de atención a feminicidios

Lo acusan de violaciones a los derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, quien en febrero de 2004 fue asesinada por su esposo a pesar de haber denunciado previamente violencia intrafamiliar

Organizaciones de derechos humanos pidieron a la Secretaría de Gobernación, una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México, ya que ha sido demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por impunidad en un caso de feminicidio en la entidad.

En la actualidad la lucha contra el narcotráfico, la violencia extrema y el ambiente generalizado de inseguridad que se vive en el país, han llevado al Estado mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres, a pesar de que éstos se han incrementado en los últimos años.

 
Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 1,728 feminicidios en sólo 18 estados del país.

Las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C, consideraron, mediante un comunicado que es lamentable que a 17 años de haberse reconocido esta problemática, el Estado mexicano no cuente con información precisa de la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

 
Ello, a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, en su artículo 7° transitorio mandata la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

No obstante lo anterior, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través de la información proporcionada por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la obtenida en las recientes comparecencias de Procuradores estatales ante la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados y los resultados del monitoreo realizado, revelan que en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Estado de México existen alarmantes niveles de violencia contra las mujeres.

 
Sin soslayar que hay estados en los que las autoridades no proporcionaron suficiente información para analizar la problemática del feminicidio, como Quintana Roo, Chiapas y Baja California, entre otros; en los cuales es uegente se declare una alerta de violencia de género.

La existencia de un contexto de impunidad y permisibilidad estatal en el que el Estado de México violenta los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses y de toda mujer que transita por su territorio, ha llevado a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio a solicitar ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación, una declaratoria de alerta de violencia de género por violencia feminicida en el Estado de México, mecanismo previsto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 
Lo anterior con el objeto de que se conforme un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para que investigue y se tomen acciones urgentes para erradicar la violencia feminicida.

Los hallazgos, dicen en el comunicado, demuestran que existe un patrón sistemático de violencia contra las mujeres en el Estado de México, el cual no está siendo atendido debidamente por parte de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, pues de los 922 homicidios de mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010, destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72 por ciento de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida, pareja, familiar o vecino, la autoridad conoce la identidad del victimario, contrario a esta información, las autoridades han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.

La información proporcionada por la Procuraduría demuestra la existencia de un contexto de impunidad y permisibilidad del estado en el que las graves deficiencias en las investigaciones son consecuencia también, de un patrón de discriminación contra las mujeres.

Ejemplo de esto lo constituye el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, mujer asesinada en febrero de 2004 por su esposo y su cuñado, quien a pesar de haber denunciado previamente violencia intrafamiliar y de tener a sus menores hijos como testigos presenciales de los hechos, su caso se encuentra en la impunidad por las irregularidades que desde el inicio de la investigación permitieron la valoración deficiente de tres magistrados de una sala penal en el Estado de México.

 
Por lo anterior, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. junto con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. denunciaron nuevamente al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

miércoles, 8 de diciembre de 2010

Ser joven y ser mujer en Ciudad Juárez, es un doble riesgo

No tenemos ni nuestro derecho a transitar por las calles

Por Gladis Torres Ruiz, enviada

Cd. Juárez, Chih. 7 dic. 10 (CIMAC).- Frente a los asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes y pobres en Ciudad Juárez, que se documentan desde 1993, las jóvenes de la entidad viven con el miedo de convertirse en víctimas de feminicidio. “Ya no podemos salir a divertirnos, pero sí unirnos para exigir justicia”.

Entrevistadas por Cimacnoticias, mujeres integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que forman parte del área de jóvenes de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, afirman que ser joven y ser mujer en esta ciudad las coloca en un doble riesgo, “no hay lugar seguro para las jóvenes, hasta la universidad han llegado las balaceras”.

Itzel, indica que “salir en Juárez a divertirse es como practicar un deporte extremo”; ya que no hay condiciones para que las mujeres jóvenes puedan estar en las calles, ir a un bar o antro a divertirte.

“Siempre hay temor de que algo pueda suceder, no solamente por parte de los llamados ‘sicarios’; también por las fuerzas federales es decir la policía federal y los militares que andan aquí realizando redadas. Las jóvenes son acosadas sexualmente y víctimas de tocamientos”.

La joven universitaria, relata que muchos de los integrantes de las fuerzas federales salen en sus días de descanso, y se contactan con alguna joven y la enamoran, bajo esa premisa, algunas de ellas han sido raptadas, “es rapto porque se las llevan a sus hoteles y ahí las han tenido por días”.

Itzel reflexiona y afirma que en Ciudad Juárez, hay una situación de guerra, donde las mujeres son parte del botín, éste es un ejemplo muy claro... “las calles, son una opción que para nosotras esta muy limitada”.

“Hay mayor vulnerabilidad de las mujeres y menos libertades para transitar, a pesar de que es uno de nuestros derechos fundamentales, que esta plasmado en la Constitución que vemos más inseguridad y violencia yo lo vivo de esa forma”, señala.

Ante la imposibilidad de salir a los centros públicos de diversión, Itzel cuenta que las y los jóvenes han optado por reunirse en otro tipo de espacios, tales como sus propias casas en las cuales no sólo tratan de convivir, y divertirse también reflexionan sobre lo que pasa en su ciudad.

Para Ileana, activista e integrante de la comunidad universitaria, señala que en la entidad, a la condición de vulnerabilidad de ser mujer se le agrega el ser joven.

“La juventud se esta viviendo de manera muy distinta, a muchas chavas ya no las dejan salir de su casa, mientras que las prácticas de violencia siguen en aumento, la violación a sus derechos, el acoso sexual, todo sigue en aumento por la impunidad que priva en este lugar”.

Ileana señala que en la entidad hay mujeres que viven en condiciones de pobreza y desigualdad, y ahora por la violencia las que tenían acceso a la educación ya no van a la escuela. “Por la inseguridad, sus madres no las dejan salir solas”.

Puedes estar en los espacios públicos, pero estás con miedo, la joven afirma que hay mujeres que dicen, que es “una adrenalina salir a la calle”, y si lo es, “pero pues tienes que seguir saliendo tenemos que estar afuera, es nuestra casa nuestra ciudad”.

Para Yazmín la realidad que vive todos los días en la entidad no es muy diferente de las dos jóvenes que participan realizando activismo a favor de erradicar la violencia contra las mujeres y el feminicidio en Ciudad Juárez.

Integrante de la red defensoras comunitarias, señala que ella se dedica a hacer entrevistas en las colonias marginadas de la ciudad, para prevenir hechos de violencia, además de que pega comunicados en las calles de las mujeres desaparecidas.

Yazmín, afirma que “como joven me da mucho miedo, porque en una ocasión casi me robaban iba caminando rumbo a mi trabajo y un muchacho se me acercó y me iba agarrar, yo salí corriendo y un señor de una sastrería me ayudó. Esperé hasta que se fue el muchacho y salí. Es un miedo que no se puede explicar”.

10/GTR/LR/LGL

domingo, 5 de diciembre de 2010

Las víctimas alzan la voz contra el feminicidio

Activistas reclaman que los gobiernos se impliquen contra los asesinatos de género

Las cifras de mujeres asesinadas diariamente en Ciudad Juárez (México) dieron la voz de alarma en Latinoamérica sobre los llamados "feminicidios". Los expertos calculan que en 14 años han muerto 1.060 mujeres en esta localidad mexicana. Y lo peor de todo es que los crímenes contra las mujeres se siguen cometiendo con total impunidad.

 
En Guatemala, donde cada año mueren asesinadas más de 700 mujeres, se dio un paso importante en la lucha contra la violencia de género hace dos años. El Parlamento aprobó por unanimidad una ley que establece penas de hasta 50 años de prisión a quienes asesinen a mujeres por el simple hecho de serlo. Aun así, las asociaciones feministas consideran que todavía queda mucho camino por recorrer, ya que el Estado no pone en marcha todos los mecanismos necesarios para frenar "el machismo institucional".

 
Aunque las estadísticas sobre feminicidios siguen silenciadas o minimizadas por las autoridades gubernamentales, las pocas cifras que salen a la luz dan cuenta del progresivo ascenso de las torturas y los asesinatos de mujeres simplemente por motivos de género.

 
La violencia machista se diluye entre la crisis alimentaria, el narcotráfico y la corrupción que sufren muchos países latinoamericanos. Colombia, Guatemala, México, Honduras y El Salvador son los que registran más muertes violentas de mujeres.

 
Ante la impunidad de estos asesinatos, las activistas latinoamericanas reclaman que el feminicidio esté contemplado dentro del Código Penal de todos los países, ya que constituye un "crimen motivado por el odio a las mujeres".

En Ciudad Juárez, las madres de las desaparecidas tenemos que investigar

A 17 años de que en esa localidad se registraron los primeros casos de mujeres asesinadas y desaparecidas, continúan los mismos prejuicios de funcionarios y desinterés en buscarlas.


Cimacnoticias: Periodismo con perspectiva de género.
En Ciudad Juárez, cada 29 horas una mujer es asesinada. En 2008 se documentaron 87 asesinatos de mujeres, en 2009, 164, mientras que de enero al 3 de noviembre de 2010, la cifra es de 271 víctimas.

 
En lo que va de 2010 se han registrado 26 mujeres desaparecidas, un incremento con relación a 2008, cuando sólo hubo 18, y 2009 con 22, informó Imelda Marrufo Nava, representante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

 
Organizaciones feministas han documentado cómo durante más de una década los restos de las mujeres son hallados por transeúntes al cabo de unos días o años después, mientras en otras ocasiones las mujeres nunca son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino o paradero.

En los últimos años, México ha venido acumulando recomendaciones vinculadas a los derechos humanos de las mujeres; durante el régimen de Vicente Fox (2000-2006), 20 mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, visitaron el país dando como resultado más de 500 recomendaciones.

Para 2009, el mecanismo denominado Examen Periódico Universal (EPU) generó 91 recomendaciones, de las cuales sólo 83 fueron aceptadas. Sólo en el tema de derechos de las mujeres, México acumuló 140 de 2000-2006, a las que se suman 16 del EPU que el gobierno aceptó en 2009. Ciudad Juárez reúne más de 50 recomendaciones, señala el libro: “Informe del Seguimiento de la CEDAW”.

 
A estas recomendaciones, se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la que condenó al Estado mexicano por el feminicidio en “Campo Algodonero”; la cual a un año de emitida, sigue sin cumplirse.

En busca de justicia y de sus hijas

El 23 de febrero de este año, Idali Juache Luna, de 19 años de edad, desapareció del estacionamiento del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez. Su madre, Norma Luna, vive buscándola los días en que la profunda depresión que la aqueja se lo permite.

 
“He conocido a muchas madres que viven lo mismo que yo”. La gran mayoría no cree en la autoridad, ya que hasta el momento no han encontrado a alguna de las chicas desaparecidas.

Denuncia que las autoridades locales han sido omisas en el caso de su hija y de las demás jóvenes desaparecidas, afirma que no le dan ninguna respuesta. Nosotras vamos y preguntamos y ellos también nos preguntan “qué sabemos”, “que si no nos han hablado”.

 
Griselda Morua López, tenía 16 años de edad, cuando desapareció en los alrededores de las vías del tren de Ciudad Juárez, una zona en donde ya han desaparecido otras mujeres o que fueron encontradas muertas. A pesar de que su madre Consuelo Morua informó a las autoridades dónde podría estar, hasta el momento sigue ausente.

 
En diciembre de 2009, la vio en un bar ubicado en la avenida Juárez. “Al mirarla me paralicé y no supe que hacer, ella también me vio y sin ningún gesto se alejó”.

 
Consuelo acudió a la Unidad Especial de Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Subprocuraduría de Justicia, zona norte de Ciudad Juárez donde en abril denunció la desaparición de su hija, para informar en dónde y cómo la había visto; sin embargo, las autoridades no actuaron en el momento.

 
“Todavía no hay ningún avance, les informé dónde podría estar mi hija y estando a tiempo no hicieron nada, después de un año y medio apenas empezaron las indagatorias”, señaló.

Los agentes ministeriales no investigan, somos nosotras las madres y familiares de las mujeres desaparecidas quienes tenemos que investigar, “las autoridades saben pero sólo lo que les decimos las familias”, denunció Morua López.

 
Imelda Marrufo Nava informó que ante la falta de información sobre la búsqueda de sus hijas y la desesperación por encontrarlas, las familias se exponen a buscarlas ellas mismas.

 
Por las noches andan en la zona de bares, y en la de tolerancia, para tratar de verlas; los hombres de la familia entran para tratar de identificar a su familiar, exponiéndose ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos y en estas zonas los índices de delincuencia son altos.

 
También por la violencia, el transporte público deja de funcionar a las 10 de la noche y la mayoría de las madres y familias de las mujeres corren los riesgos, “se les puede ver a las salidas de los bares para ver si sale o entra su hija”, indicó Marrufo Nava.

En la sentencia emitida por la CoIDH, el 10 de diciembre de 2010, en la disposición.10, se ordena a México crear una página electrónica sobre mujeres desaparecidas desde 1993 en Chihuahua. Hasta el momento la página es inexistente

La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, publicó una página en su sitio; sin embargo, en opinión de las OSC y de las madres de las víctimas, no cumple de manera cabal con lo dispuesto por la Corte.

Aún quedan pendientes 14 disposiciones entre los que se encuentra el que México debe investigar y sancionar a los funcionarios acusados de irregularidades y a los responsables de los hostigamientos contra familiares de las víctimas.

 
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Gladis Torres Ruiz, enviada