miércoles, 30 de noviembre de 2011

Madre de Juárez se entera por Facebook de la muerte de su hija desaparecida en 2008

Por Guadalupe Lizárraga

Foto: Dario Presencia
LOS ÁNGELES.- Ernestina Enríquez se enteró por Facebook que su hija yacía en la morgue desde 2008, el año que desapareció en Ciudad Juárez. Adriana Sarmiento Enríquez tenía 15 años cuando su madre la vio por última vez. Después de reportarla como desaparecida, en casi cuatro años, ninguna autoridad le informó que su hija estaba muerta en las instalaciones del servicio forense local. “De la fiscalía nadie me ha hablado, nadie. Yo todo esto lo sé por el Facebook, por la fiscalía no sé nada”, dijo en entrevista.
La información empezó a circular en las redes a primera hora con el reporte de Los Ángeles Press, y fue leída en España por el periodista, Javier Juárez, activista e investigador de los casos de desaparecidas en México. Ernestina se sorprendió de la llamada del reportero para preguntarle cómo se encontraba. Fue cuando soltó un llanto de dolor. “¿Qué me tienas que decir, Javier?” Y el reportero le pidió que revisara la red.
El consuelo para Ernestina no llega, a pesar de que podría pensarse como un descanso emocional al menos saber dónde está su hija, después de años de incertidumbre. “Tengo mucho coraje”, dice soltando apenas las palabras para contenerse. “Las noticias que sean, pero que no me la detengan, y se han hecho pendejos todo este tiempo”, explica el por qué de su insistencia a las autoridades para que no le mintieran, que ella preferíasaber de su hija en cualquier circunstancia.
La fiscalía del estado de Chihuahua conoció la información también desde tempranas horas, pero ningún funcionario llamó a Ernestina. Fue Norma Ledesma, madre de otra víctima, quien se comunicó por la tarde, para indicarle que necesitaban hablar con ella. Ahí supo Ernestina que la información de las redes era verídica, y que las autoridades habían retenido todo ese tiempo el cuerpo de su hija y le habían omitido información.
“El cuerpo de Adriana Sarmiento se encontraba en la morgue desde 2009”, confirmó oficialmente la representante de la fiscalía que en el mismo día viajó desde Chihuahua a Ciudad Juárez, un tramo de 366 kilómetros, para informar, ahora sí con premura, a la madre sobre el destino de su hija.
Ernestina, sin quebrarse y con un tono severo, dijo a la funcionaria:
–“Me la van a entregar”.
–“Ya estaban por hablarle”, respondió la fiscal. “Pero sólo era el cuerpo de Adriana”.
–“Porqué no nos habían informado? ¿Por qué no informan a la población que encontraron un cuerpo, si todas las madres
estamos pendientes?”
–“Porque ellos son nuevos, hay mucha gente nueva en la fiscalía”.
–“Y los demás cuerpos?”
–“Adriana no estaba en una fosa, la encontraron en un camino. No hay otros 15 cuerpos como dicen.”
Ernestina cuenta que, más o menos, así fue el tiroteo lingüístico entre la fiscal y ella. Dice con firmeza que la funcionaria se defendió, pero no pudo con ella. “Con mi garganta de drenaje, les dije todo lo que sentía. Todo lo que pensaba de ellos, lo que eran y lo que les hacían a las madres con sus mentiras. Y ella me alegaba una cosa, y a mí me habían dicho otra muy distinta. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué las quieren? ¿Qué les quitan?” Un largo suspiro.
“Yo me siento burlada”, exclama con agotamiento y su voz se escucha deseosa de un abrazo protector. “Es una burla el monumento en el Campo Algodonero. Es una burla…”.

AUDIO DE ERNESTINA ENRIQUEZ (da click al enlace para escucharlo)

martes, 29 de noviembre de 2011

Mujeres "guardadas" en la morgue de Juárez

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ANGELES.- “Tardaron mucho en decidirse, y en entregarla”, dijo en los pasillos de la fiscalía del Estado, una funcionaria pública para referirse al cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida en Ciudad Juárez, el 18 de enero de 2008. Las autoridades locales habían retenido el cadáver de la joven en las instalaciones del Servicio Médico Forense “desde hace tiempo”, sin informar con precisión cuánto, y porqué no habían informado a sus familiares.

Adriana tenía 15 años cuando fue secuestrada. Ella y su amiga Griselda regresaban de la Preparatoria Allende, con rumbo a su casa, en un autobús de la ruta Juárez-Zaragoza. Griselda bajó dos cuadras antes de llegar al centro de la ciudad, donde aún vive. Adriana continuaba sola, como todos los días, dos cuadras más en el mismo autobús por la avenida Miguel Ahumada, y caminaría una cuadra por la calle Francisco Javier Mina, para tomar un segundo autobús hacia la colonia Mariano Escobedo, donde vivía con sus padres. A su casa nunca llegó. Y en ese tramo, donde habría estado sola unos 12 minutos antes de tomar el segundo transporte, desaparecieron otras tres jóvenes en diferentes fechas, dos de ellas asesinadas y retenidas en la morgue, y otra identificada en una audiencia de televisión en Los Ángeles, California, sin dar con su paradero.

La madre de Sarmiento publicó en diferentes sitios digitales la desaparición de su hija y la ayudaron a pegar miles de pesquisas por el centro de la ciudad. Sin embargo, estaba totalmente destrozada por el dolor, y no pudo continuar con el resto de las madres que se han organizaban para seguir buscando a sus hijas.

Adriana Sarmiento
Cadáveres guardados por años

“El cuerpo de Adriana Sarmiento pudo haber sido retenido en la morgue por un año o más”, señaló una fuente oficial que guardamos su anonimato por seguridad. Así fue el caso de Hilda Gabriela Rivas Campos, de 16 años, desaparecida en febrero de 2008 y asesinada ese mismo año. Su cadáver lo encontraron en el Kilómetro 57 del Valle de Juárez, y fue retenido en la morgue durante tres años hasta que las autoridades decidieron notificar a su madre, el 27 de septiembre de 2011, alegando “que tenían que hacer la prueba de ADN y compararlas con las muestras que dan los familiares de las víctimas”.

Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, esperó mucho menos para que las autoridades notificaran y entregaran el cadáver de su hija. Mónica desapareció en enero de 2011 y tenía 18 años. Su cuerpo también fue localizado en el Kilómetro 57, a los días de haber sido asesinada y lo entregaron nueve meses después, junto con el de Hilda Gabriela, el mismo 27 de septiembre, en una conferencia de prensa organizada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a la que Carmen Castillo prefirió no asistir.

También han sido “guardados” siete cadáveres de mujeres sin identificar y sin informar oficialmente a la opinión pública, que fueron encontrados en Loma Blanca, del Valle de Juárez. Se desconoce el tiempo y las circunstancias por las que las guardan en la morgue, pese a que las madres de las desaparecidas están en constante búsqueda de sus hijas y preguntando a la Fiscalía por los avances de las investigaciones.

El cuerpo de Jazmín Villa Esparza es otro de los que se encuentra en la morgue. Ella desapareció el 3 octubre de 2010, de 13 años de edad. Fue encontrada sin vida en el poblado de San Agustín, según afirmó la fuente oficial a Los Ángeles Press, sin que se sepa con precisión desde cuándo está en las instalaciones del servicio forense.

Su madre, Isela Esparza Morales, reclamaba a la Fiscalía del Estado, en febrero de 2011, que “a su hija no la buscaban”, que “a nadie le importaba, porque no se había hecho un solo rastreo”. Sin embargo, no recibió ayuda ni información alguna sobre el avance de la investigación, y el cuerpo de su hija podría haber estado ya desde entonces en la morgue.

15 cadáveres más

Recientemente, encontraron otros quince cadáveres de mujeres, enterrados en una misma fosa, en el Valle de Juárez. Esta información tampoco la han querido dar oficialmente las autoridades y todavía se desconoce el lugar exacto donde fueron encontrados. Los cuerpos, retenidos en el Servicio Médico Forense, algunos se encuentran con ropa y otros completamente desnudos. Las edades oscilan entre los 17 y los 20 años. Son cuerpos con rastros de violencia, de sadismo, algunos mutilados.

“Van a buscar la manera de cómo entregarlos”, señala la fuente, “pero parecería que retienen los cadáveres con dolo, como si no quisieran entregarlos. Quizá por no sembrar el terror, pero es la misma historia desde 1993, nada ha cambiado”, lamenta.

De 26 cadáveres de mujeres que han sido retenidos en la morgue, incluyendo el de Adriana Sarmiento, ya han sido identificados y entregados dos a sus familiares, el de Hilda Gabriela Rivas y el de Mónica Liliana Delgado, encontrados en el Kilómetro 75. Otro cadáver ha sido identificado como Jazmín Villa Esparza, encontrado en San Agustín, y no ha sido notificado a su madre. Hay siete cadáveres sin identificar que fueron encontrados en Loma Blanca, y otros 15 más, también sin identificar, encontrados en el Valle de Juárez, sin precisar el poblado.

La Fiscalía General del Estado tiene muchas respuestas que dar a las madres de Juárez. Por lo pronto, las preguntas se quedan en el aire, ¿dónde las encontraron? ¿Cuánto tiempo llevaban enterradas? ¿Cuánto tiempo llevan en la morgue? ¿Por qué ocultan las autoridades la información? ¿Por qué desaparecen pistas? ¿Quiénes eran en vida estos cuerpos masacrados?

sábado, 26 de noviembre de 2011

En Chihuahua reportan 273 asesinadas durante este año


Día de la no violencia contra la mujer
 
  • Marchas y mítines en varias entidades para reclamar justicia
Rubén Villalpando, Silvia Chávez González y Elio Henríquez
Corresponsales
Periódico La Jornada
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizaron marchas de protesta y actos oficiales en diferentes estados. En Chihuahua, una de las entidades con mayor registro de feminicidios, organizaciones de la sociedad civil informaron que en lo que va del año han desaparecido 94 mujeres –la mayoría de ellas adolescentes–, 60 de ellas en Ciudad Juárez. En el mismo lapso 273 han perdido la vida en un marco de violencia, la mayoría a balazos.

Los reportes de extravío o ausencia de mujeres elaborados por la Fiscalía General de Chihuahua, dan cuenta que de enero de 2008 a agosto de 2011, suman 212 las mujeres y niñas desaparecidas en el estado, la mayoría de ellas en Ciudad Juárez. 30 casos corresponden al 2008; 34 al 2009; 54, en 2010; y 94, en 2011 y solamente 13 (el 6 por ciento de casos que se denuncian) han sido encontradas.

Uno de los casos emblemáticos de desaparición que mencionaron las ONG es el de Nitzia Paola y Rocío Alvarado, primas, quienes vivían en Ciudad Juárez y fueron a visitar a sus familiares en el ejido Benito Juárez, donde fueron víctimas de desaparición forzada el 29 de diciembre de 2009 presuntamente a manos de miembros del Ejército.

Las organizaciones recordaron a luchadoras sociales como Esther Chávez e Irma Campos, que fueron activistas por los derechos de las mujeres. En Juárez y Chihuahua los familiares de las desaparecidas realizaron diversas actividades para exigir la presentación con vida de sus hijas e investigaciones a fondo.

En Tlalnepantla, el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, rechazó que dicha entidad ocupe el primer lugar en el índice nacional de femenicidios. En realidad ocupa el sitio 17 o 18 en homicidios violentos de mujeres, y su gobierno reconoce la problemática e invierte recursos públicos en su atención, pues no hacerlo sería demagogia, advirtió el mandatario durante un foro en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dijo que su gobierno pondera la seguridad del sector y que alista la apertura de cinco albergues de atención a mujeres víctimas de violencia.

Anunció que para atender el fenómeno social, prepara una estrategia integral: durante 2012 dispondrá de un presupuesto de mil millones de pesos para proyectos que protejan los derechos y libertades de las mujeres mexiquenses. Recordó que en marzo de este año entró en funciones la Subprocuraduría Especializada en Delitos contra Mujeres, que atendió 49 casos y 41 de ellos están resueltos.

El encuentro fue realizado en el Teatro Bicentenario de Tlalnepantla, hacia donde fueron trasladadas cientos de mujeres de todo el estado de México. Muchas de ellas salieron de sus comunidades a las cuatro de la madrugada y esperaron varias horas para presenciar el foro.

Arturo Ugalde Meneses, alcalde de Tlalnepantla, dio a conocer estadísticas de ONG que refieren que 85 por ciento de personas encuestadas cree que en México se les pega mucho o algo a nuestras mujeres, cosa que parece no estar demasiado lejos de la realidad si, según algunas estimaciones oficiales, 67 por ciento de mujeres de más de 15 años de edad ha padecido alguna expresión de violencia de su pareja, en espacios comunitarios, laborales, familiares o escolares.

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, más de cien mujeres pertenecientes a organizaciones de la otra campaña, marcharon por la ciudad como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Acompañadas por algunos varones y vestidas con sus trajes regionales, las mujeres, la mayoría indígenas, partieron de la zona sur de la ciudad a las 11 horas y después de caminar cerca de una hora llegaron a la plaza Catedral, donde realizaron un mitin.

Estamos cansadas de que se nos trate como si fuéramos objetos, como si no estuviéramos en el siglo XXI, comentaron. En la plaza Catedral colocaron cartulinas con dibujos realizados por niños, alusivos a la naturaleza y a los derechos de las mujeres.

lunes, 21 de noviembre de 2011

BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!!! MARCHA ESTE 25 DE NOVIEMBRE!!!

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Hora
Viernes, 25 de noviembre · 16:00 - 19:00

Lugar
Del Ángel de la Independencia al Zócalo del DF
 
El 25 de noviembre de 1960 Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las «mariposas», fueron asesinadas en República Dominicana por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En homenaje a ellas se conmemora el Día Internacional de Lucha Contra la Violencia a la Mujer, fue establecido en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia en el año 1981.

Este 25 de nov. es la primera movilización impulsa la Coordinadora Nacional Contra la Militarización tras su nacimiento el pasado 13 de nov., esta debe ser una de las primeras acciones coordinadas que empuje un movimiento nacional en las calles contra la militarización y como una de las banderas principales la lucha contra la violencia a las mujeres y el feminicidio.

domingo, 20 de noviembre de 2011

In Juarez, women just disappear

Al Jazeera visits the border city where more than 800 women have been murdered in a wave of gender violence.

Attacks on women have been lumped into general drug violence in Juarez [GALLO/GETTY]
Juarez - Two days after Christmas, Jazmin Salazar Ponce went downtown in Juarez, Mexico, to apply for a job. She never came home.
"She was just 17. She wasn’t a partier. She always came home until now," said Concepcion Ponce, Jazmin’s mother, her lips quivering.
"I went to the authorities and filed a police report. I put up posters, and called all her friends. My girl would only go to church and come home," Ponce said.
The story of young women who simply disappear is all too common in this border city, but in the last two years, gendered violence has been drawn into the broader blood pool in Mexico’s murder capital. A grisly drug war has claimed at least 7,800 lives in the city since 2008.
But femicides, or targeted attacks on women represent something different from the killings affecting all residents, activists say.
'International shame'
The Mexican government does not keep official statistics on these femicides, says Flor Cuevas, a member of the Chihuahua State Human Rights Commission.
"There is a negative attitude from government towards the problem," Cuevas said during an interview in her Juarez office. "Femicides must be covered up, as they are an international shame."
El Diario newspaper, the most respected daily in this city of about 1.2 million, has estimated that 878 women were killed between 1993 and 2010, although activists think the figure is far higher and well into the thousands.
Jazmine Ponce went missing while going to apply for a job she had seen advertisied at a "very nice boot store", her mother said.
Many of the young women who disappeared in the 1990s worked in Juarez’s infamous maquiladoras, factories paying a minimum wage of about $5 per day in a city where housing and food costs are not much less than in the US.
Alejandra Garcia Andrade left for work in a maquiladora fabricating plastics on February 14, 2001. She never returned. "Every day, she had to cross a field in the desert to get to the bus to come home," said her mother, Norma Andrade.
On February 21, police found her body, left in a field with the wounds of physical assault and rape. "The police said she was lucky,” Andrade said, crying during an interview at her small home. "She was only agonising for six days."
Many causes
After her daughter's murder, Norma Andrade became an activist for women's rights in the city, and started drawing attention to the cases of other missing girls. She thinks her daughter was killed as part of a gang initiation. "The heads of this criminal organisation wanted new members to do this, so they can say ‘now your hands are dirty; you won’t rat on us now'."
She holds this belief because of a phone call that came to emergency services two days before police found her daughter's body. A witness saw a naked woman fitting Alejandra's description running away from two men. They grabbed her and threw her in a car, the witness told emergency services.
Security services published the car's license plate number. The owner was linked to a TV repair shop, where Andrade believes her daughter was held. After spending days watching the shop, Andrade concluded the place was a front for a drug gang in "late night smuggling" and other illicit activities. Elements within the security forces in Juarez are frequently linked to various drug cartels.
When they discuss the murders, police tend to favour the idea that a serial killer is prowling the streets of Juarez, acting alone to murder and rape women. Several people, including Abdel Latif Sharif, an engineer who worked at one of the maquiladora plants, along with former bus drivers for factories, have been charged with committing murders. But activists do not entirely buy that explanation.
"It isn't just about one or two killers, the causes are diverse," said Malu Garcia Andrade, a human rights activist and sister of Alejandra Garcia Andrade. A climate of impunity and machismo, teamed with widespread violence and a large population of women deemed disposable by the city's power brokers all contribute to making the situation worse.
"To justify their inefficiencies and corruption, police try to discredit the [missing or murdered] woman, saying she was like a prostitute, a drug addict or a gangster," said Norma Andrade.
Police problems
In 1999, Arturo González Rascon, the then Chihuahua attorney general, blamed murder victims for dressing provocatively and thus encouraging men to abuse them. But the institutional rot runs deeper than comments from powerful individuals, activists say.
Alicia Duarte quit her post in the attorney general's office as Special Prosecutor for Attention to Crimes Related to Acts of Violence Against Women three years ago "out of shame for belonging to a corrupt system of justice".
Police forensics in Juarez, and the city’s broader justice system, have been slammed by rights groups like Amnesty International. After visiting the scenes of four separate shootings in the span of a week, Al Jazeera never saw a police forensics team scouring for DNA evidence or searching for finger prints. It seems there is no CSI Juarez.
Drug violence has worsened in Juarez since Felipe Calderon, Mexico's president, declared an all-out assault on drug cartels in 2006. Since then, the profile of missing women may have changed.
In the 1990s, a high proportion seemed to work in maquiladoras with many arriving from Veracruz and other impoverished region's in Mexico’s south. But as the drug war worsenes, a larger number of young and attractive middle class women have disappeared from stable homes. Jazmin Salazar Ponce fits this new profile and some believe women like her are being trafficked into prostitution, perhaps being forced to serve the new narco elite.
"The difference between femicide and the rest of the drug war is the way in which the girl is killed," said Malu Garcia Andrade. "Women are kidnapped, tortured, raped, then murdered. The drug violence is extortion, robberies and murder."
Celebrity activists
For some, the murder of women is a branding opportunity. Last year, the international cosmetics firm MAC had to discontinue a make-up line, offering products named "Quinceanera" (Sweet 15), "Juarez" and "Pueblo fantasma" (Ghost Town), seemingly referencing femicides for profit and outraging women’s groups.
Protests against the impunity with which women are murdered in Mexico has sparked an international outcry. Movie star Jennifer Lopez starred in the film Bordertown about a journalist sent to investigate the killings, while author Jane Fonda, actress Salma Hayek and play-write Eve Ensler have joined protests in Juarez.
In December 2009, the Inter-American Court of Human Rights slammed Mexico, initiating sanctions against the country for: "The impunity … gender-based violence, which in turn feeds women’s sense of insecurity and their abiding mistrust of the administration of [the] justice system."
Reyes Baeza, the governor of Chihuahua State where Juarez is located, once condemned international attention focused on the killings, accusing activists of tarnishing the city’s public image.
But smearing the image of Mexico’s murder capital does not worry Norma Andrade or other women’s rights campaigners, who have relentlessly organised protests and memorials regardless of the attention paid by famous feminists. Protests seemed to reach their peak prior to 2006 and the all-out declaration of war on the cartels that turned Juarez from a violent city into one of the world’s most dangerous.
Most average citizens are now too scared to go out into the streets, let alone to attend a political protest, as total war sweeps across the city.
When celebrity appearances and official institutions fail, mothers take a bleak view of justice in a city devouring its young women. "You can just beg," said Malu Garcia Andrade, "that within this drug war, these killers and rapists get shot."
Follow Chris Arsenault On Twitter: @AJEchris

sábado, 19 de noviembre de 2011

Estallan asesinatos contra mujeres en cuatro estados

  • Pobreza y violencia intrafamiliar, relación estrecha
  • Mientras seis entidades federativas han publicado el reglamento para la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los homicidios dolosos siguen imparables

Octava y última parte

VER REPORTAJE COMPLETO

La incidencia de asesinatos contra mujeres en el Estado de Chihuahua se ha desatado, y se centraliza en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Parral y Creel, así como en las zonas Alta y Baja de la Sierra Tarahumara (en comunidades indígenas). En 2005, la Entidad reportó 61 homicidios dolosos; en 2006, 54 y en 2007, 58; sin embargo, el año pasado se registraron 187 casos, de acuerdo con Sergio Rafael Facio Guzmán, director de la Unidad de Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Hay un incremento importante en los asesinatos en Chihuahua”, argumenta Luisa Fernanda Camberos Revilla, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, “pero el impacto también es por la actividad de la delincuencia organizada. Ahora las mujeres que están relacionadas con narcos o delincuentes se han visto afectadas por vivir con ellos bajo amenaza, según me cuentan mujeres que están presas; también hay algunas que se dedican a esta actividad y terminan siendo ejecutadas por el crimen organizado. Hay una mezcla de los conocidos feminicidios (asesinato de una niña/mujer donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, misoginia, control y sexismo) con hechos de la delincuencia organizada”.

La funcionaria estatal recalca que el consumo de alcohol y drogas es un factor importante en la violencia hacia la mujer: “Los hombres se vuelven ‘locos’ y terminan matando a sus parejas. Este problema va en aumento, sobre todo en zonas indígenas. Las mujeres piden nuestro apoyo para salir de la violencia, una denuncia que anteriormente no ocurría por sus usos y costumbres. En 2008, una indígena estaba secuestrada por su pareja en el Municipio de Bocoyna; vivía amarrada en su casa, pero se pudo liberar por una denuncia de vecinos. Otra mujer terminó, presuntamente, suicidándose en la (Sierra) Tarahumara por las agresiones de su esposo. Una encuesta entre indígenas destaca que entre sus principales necesidades es una prioridad estudiar, el poder hablar sin miedo y no ser lastimadas”.

El Estado de Quintana Roo también muestra un incremento considerable en los últimos dos años: en 2007, 36 mujeres fueron asesinadas, pero en 2008 la cifra se duplicó (64). En Coahuila, el aumento fue de 14 a 26 homicidios dolosos en las mismas anualidades. En Veracruz, de 62 a 96 casos.

La violencia hacia las mujeres no respeta clases sociales y se agudiza en las familias que viven en la pobreza. Esta condición, mezclada con bajos índices de escolaridad, violencia intrafamiliar y celos, conduce a homicidios dolosos contra mujeres, refieren especialistas.

En 2008, Chihuahua reportó 187 crímenes de este tipo, colocándose por encima del Estado de México (176) —a pesar de que éste duplica la tasa poblacional—. Veracruz registró 96 casos; el Distrito Federal: 92; Jalisco: 57, y Chiapas: 45, con base en información de las procuradurías estatales de Justicia.

En otra arista, el Estado de México se mantiene a la cabeza en la lista de mujeres asesinadas en el país, en el periodo 2005-2008, con 573 casos. Le siguen Distrito Federal, con 427; Chihuahua: 360; Veracruz: 282; Chiapas: 275; Jalisco: 214 y Quintana Roo: 141. Autoridades de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, Durango, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur mostraron opacidad para entregar estadísticas.

La desaparición de mujeres también preocupa a las asociaciones civiles en defensa de los derechos humanos. Entre los años 2000 y 2008, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua informó de cinco mil 778 casos:
  • 2000: 790
  • 2001: 534
  • 2002: 627
  • 2003: 462
  • 2004: 300
  • 2005: 572
  • 2006: 943
  • 2007: 809
  • 2008: 741
  •  
De la estadística de 2008, la Procuraduría aclara que “se contabilizaron víctimas y puede haber más de una en cada caso”.

Si bien las denuncias por violencia intrafamiliar, lesiones y abuso sexual aumentan con rapidez en la estadística de las procuradurías estatales, las delaciones por mujeres desaparecidas se incrementan silenciosamente en Chihuahua, Estado de México y Distrito Federal. La fiscalía de esta última Entidad reporta cuatro mil 188 casos en el periodo 2000-2007, mientras que en el Estado de México se documentan 877 en el mismo periodo. En Jalisco no hay información de este delito.

La violencia contra las mujeres continúa imparable en el país. Más de seis mil mujeres cayeron a manos de asesinos entre 1999 y 2005; cuatro víctimas por día en promedio, revela la Investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, elaborada para sustentar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el estudio, a cargo de la Comisión Especial de Feminicidios de la pasada LIX Legislatura federal, más de mil 200 mujeres fueron asesinadas tan sólo en 2004. Las políticas públicas de la Federación, estados y municipios son “insuficientes para controlar esta problemática”, afirma el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (integrado por 42 asociaciones civiles), que entre enero de 2006 y agosto de 2007 registró mil 931 homicidios dolosos contra mujeres en México.

Los problemas pasionales lideran la estadística, pues los agresores suelen terminar con la vida de sus parejas sentimentales y sus hijos o hijastros. Y es que en promedio, en el ámbito nivel nacional, “cada día durante los últimos 30 años son asesinados dos menores de 14 años”, revela la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “El 70% de la violencia contra niños y adolescentes tiene lugar en el entorno familiar”.

186 menores de edad fueron asesinados en Chihuahua en 2007 y 2008: de 56 homicidios en 2007, la cifra se disparó a 130 el año pasado. En el mismo periodo, en el Estado de México se registraron 173 casos; en Chiapas, 150; Distrito Federal, 88; Guanajuato, 56, y Jalisco, 54. La estadística incluye recién nacidos.

Estados que no proporcionaron información:

Funcionarios de las procuradurías estatales de Justicia negaron las estadísticas de homicidios dolosos contra mujeres en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, Durango, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur.

Las entidades federativas en mención no cuentan con sistemas electrónicos de solicitudes de información, como la plataforma Infomex o sistemas internos, para la obtención de información por internet. En 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el 20 de julio de 2007 se reformó el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las modificaciones, la Federación, los estados y el Distrito Federal deben contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso a distancia de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este decreto, a más tardar en julio de 2009. Lo anterior significa que las entidades federativas tienen alrededor de dos meses para contar con sistemas electrónicos de solicitudes de información que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas; de lo contrario, violentarán la Constitución.

Incumplen gobernadores en protección a la mujer


La Cámara de Diputados aprobó en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la coordinación entre Federación, estados y municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Los principios rectores son igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, respeto a la dignidad humana, no discriminación y libertad. No obstante, legisladores se negaron a tipificar el delito de feminicidio, que va en aumento.

Uno de los argumentos es que “puede prestarse a mucha confusión porque ya existe un delito genérico de homicidio. Para no romper con el equilibrio del Derecho Penal, el homicidio es suficiente. Enrarecer el tipo penal con el feminicidio podría llevarlo a una letra muerta”, enfatiza Gustavo González Hernández, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Jalisco.

En contraparte, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), explica que hay un proceso de discusión nacional de la conveniencia de establecer este tipo penal, es decir, incorporarlo como una categoría donde se especifican elementos de un homicidio a mujeres por razones de género.

La ley fue aprobada el 19 de diciembre de 2006 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2007, por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pero el reglamento fue publicado con retraso hasta el 11 de marzo de 2008 (debía expedirse en abril de 2007). El artículo octavo transitorio precisa que “en un marco de coordinación, las legislaturas de los estados promoverán las reformas necesarias en la legislación local, dentro de un término de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley”. Al respecto, las 32 legislaturas estatales ya aprobaron las leyes, pero solamente seis han publicado los respectivos reglamentos para la entrada en vigor. El Estado de Querétaro, por ejemplo, aprobó la ley en 2008, pero el gobernador Francisco Garrido Patrón aún no ordena la publicación del reglamento. En la misma situación se encuentran 25 estados, mientras la violencia contra las mujeres recrudece. “Es necesario acelerar el paso porque sólo seis entidades federativas (Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y Distrito Federal) cuentan con el reglamento de dichas legislaciones, y sin éste las leyes no dejan de ser pura demagogia”, asevera Navarrete Gutiérrez.

El Banco Nacional de Datos —para conocer la realidad de la violencia hacia la mujer— también continúa pendiente, cuando debía estar listo desde marzo de 2008. Al respecto, Rocío García Gaytán, titular del INMujeres, asegura que este año estará terminado, aunque no hay fecha para conocer las primeras estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), por su parte, no registra homicidios por género y causa. Vía Ley Federal de Transparencia, la institución turnó las cifras totales de homicidios dolosos y culposos en México, durante el periodo 2000-2006: “Nueve mil 034” casos. Pero en una segunda solicitud se le pidió desglosar la estadística y contestó: “Se resuelve la inexistencia de la información”.

Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, apunta que “la promulgación de la ley da un enorme paso hacia adelante porque pusimos de una vez y para siempre, espero, la responsabilidad pública del Estado en su erradicación (de la violencia hacia la mujer)”; no obstante, alienta a no bajar la guardia: “Si el Estado no responde, las mujeres deben buscar espacios para que reaccione”, menciona la especialista al cuestionársele sobre un caso paradigmático ocurrido en 2007 en Jalisco: la tapatía Iris Angélica Martínez Larios pidió auxilio en varias ocasiones a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá (dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara) para salir de la extrema violencia intrafamiliar emanada de su concubino, Manuel González Álvarez; sin embargo, hicieron caso omiso y el agresor asesinó a balazos a tres hijos de Iris Angélica (17, cuatro y tres años de edad) y a la madre de ella (68 años)… después se suicidó. Iris Angélica sobrevivió a un impacto de bala en el estómago, mientras las autoridades municipales se resisten a reparar el daño pese a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El alcalde de Tonalá, Agustín Ordóñez, se niega a indemnizar y rechaza ofrecer una disculpa pública a la agraviada. Condiciona la indemnización a que Martínez Larios comparezca ante los funcionarios que le negaron apoyo, que se enfrente de nuevo a ellos, pero no garantiza el cumplimiento de este punto de la recomendación. La disculpa pública, argumenta, no será posible porque los hechos no ocurrieron durante su administración como primer edil.

Iris Angélica tenía una relación estable con Manuel González Álvarez (ella venía de un divorcio detonado por la infidelidad y maltrato de su ex marido). Todo cambió a finales de 2004. Ambos perdieron el trabajo. La pobreza detonó inseguridad y celos en Manuel, quien protagonizó uno de los crímenes más impactantes en Jalisco. Iris Angélica sigue en el desamparo de las autoridades.

“Es un momento delicado que puede catapultarnos hacia atrás, pero al mismo tiempo puede romper las barreras y llevar a la erradicación de la violencia. Todo cambio social se lleva tiempo. Hay que abrir las puertas de la justicia a las mujeres”, asevera sobre el tema Pérez Duarte y Noroña, quien renunció a la fiscalía luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desconocieron la relación directa del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario Kamel Nacif Borge (“El rey de la mezclilla”) en la investigación por las violaciones y actos de tortura infligidos a la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, además de las redes pederastas en México.

Encerradas bajo llave


Más de 300 mil mujeres en México son prisioneras de la autoridad patriarcal. Encerradas bajo llave por sus esposos, concubinos o padres (en orden de importancia), enfrentan todo tipo de violencia, incluso graves lesiones físicas que culminan en homicidio. La cifra resulta del registro de llamadas telefónicas de víctimas en la Red Nacional de Refugios. Las comunidades indígenas de Apizaco, Tlaxcala; Mérida, Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; Huejutla, Hidalgo; Cuetzalan, Puebla; Juchitán, Oaxaca; Tapachula y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y diversas poblaciones del Estado de México, por mencionar algunas, constituyen un “foco rojo”.

“Están en etapa crítica por enfrentar una serie de barreras que impide a las mujeres acceder a la protección y atención especializada”, subraya Margarita Guillé Toledo, presidenta de la red, quien reconoce que en México la cantidad de mujeres inmersas en extrema violencia es superior al registro del organismo.

La falta de detección de violencia, la carencia de infraestructura, el uso de lenguas no habladas por los prestadores de servicios y la diversidad religiosa detonan que mujeres, hijas e hijos sean violados, discapacitados, lesionados y afectados en su desarrollo y en el patrimonio familiar a causa de la violencia doméstica, subraya un estudio de la Red Nacional de Refugios, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres enfatiza que en 50 municipios del país habitan indígenas en total desamparo. Coincide que estas comunidades están inmersas en la pobreza.

La red registra 60 refugios para mujeres violentadas, repartidos en 29 entidades federativas. 36 de estos centros son operados por la sociedad civil organizada y 24 por autoridades. Sólo Baja California Sur, Guerrero y Nayarit carecen de sitios de protección que brindan atención especializada e interdisciplinaria para mujeres y sus hijos en situación de extrema violencia familiar, sexual o trata, por un periodo de tres meses promedio. Las instalaciones previenen y protegen de las consecuencias de la violencia: discapacidad, mutilación, pérdida irremediable de la salud mental, lesiones y padecimientos mal atendidos, suicidio y homicidio. Durante la estancia de “máxima seguridad” se brinda atención médica, psicológica, orientación y acompañamiento legal. Hay casos en los que la permanencia se prolonga, dependiendo del peligro en que se encuentran las víctimas.

Cada año, la red beneficia a 15 mil mujeres y a sus hijos. Existen refugios con capacidad de atención para dos mil 800 mujeres en un mismo momento, pero hay una demanda para proteger a más de 300 mil víctimas.

La madre de Tereso, el adolescente wixárika que murió en la miseria en enero pasado en el Hospital Civil de Guadalajara, necesitaba ser protegida de su esposo, Felipe López González, con quien vivía en la población de Cañón de Tlaxcala, Tuxpan de Bolaños, Jalisco, pero no logró escapar con vida de la violencia intrafamiliar.

El gobierno tradicional, el Ayuntamiento de Bolaños, el Ministerio Público de San Martín de Bolaños y el Gobierno de Jalisco tienen una deuda pendiente: no hay resultados de la averiguación previa del presunto asesinato (la encontraron colgada en un árbol), mientras cuatro hermanos de Tereso, todos menores de edad, continúan en la casa del agresor ante el desamparo de las autoridades.

A la Dirección de Comunicación Social del DIF Jalisco se le solicitó una entrevista para que emitiera su postura de por qué el Estado no interviene en la protección de la familia en comunidades indígenas; sin embargo, no hay una respuesta de la dependencia. La insistencia para una declaración se desvaneció en el silencio de las autoridades. Ésa es la defensa que brinda el Estado a la familia. Salir de la miseria y de la violencia intrafamiliar es una quimera.

viernes, 18 de noviembre de 2011

Feminicidio del Campo Algodonero: 10 años después

Por: Virginia Dellavalle

La pregunta que me hice durante el estudio de mi tesis y mientras que escribo éste artículo es algo de cuestionamiento personal: ¿Qué puedo escribir yo sobre Ciudad Juárez? ¿Qué puede decir (y saber) una ciudadana Italiana en Inglaterra sobre Ciudad Juárez sin haber siquiera visitado dicha ciudad alguna vez;¿Qué puedo decirle a jóvenes Mexicanos que leerán este artículo? ¿Qué mensaje les puedo pasar?
Podría empezar por contarles el gran interés internacional que existe por lo que pasa en su país, pero eso ya lo saben. ¿Que en México no se está implementando la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) respecto de los feminicidios ocurridos en el estado de Chihuahua? Creo que esto no lo saben todos y los que lo sepan se preguntarán porqué una italiana viene a decírselos y no mejor ésta observa su propia casa y examina los problemas de su país. Créanme que lo hago, y entre ellos existe uno muy importante: el feminista. Mientras sigo haciéndome éstas preguntas para encontrar la forma de hablarles a los mexicanos de sus propios retos sin caer en lo demasiado obvio, por casualidad encontré en internet una foto de la Mole Antonelliana, el edificio más prominente de Turín, mi ciudad natal, con la proyección de la bandera rosa del “Ni una más”, símbolo de la lucha contra el feminicidio. Entonces, recordé que el caso de Ciudad Juárez llegó a todo el mundo y comprendo que los derechos humanos son un movimiento universal.


El 6 y 7 Noviembre de 2001 se encontraron (por casualidad) los cuerpos de 8 mujeres en un viejo campo algodonero abandonado de Ciudad Juárez. Tiradas y abandonadas a la intemperie, las mujeres, jóvenes y adolescentes, fueron torturadas sexualmente. La denuncia de su desaparición se había realizado en meses anteriores por sus familiares. El 6 de Noviembre se celebra ahora el día de erradicación del feminicidio. A 10 años de éstos hechos, las madres y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas aún buscan que se les haga justicia y se les reparen sus daños.

En diciembre del 2009 la CIDH declaró que México es cómplice del feminicidio del Campo Algodonero (nombre con el cual se hizo famoso el caso a nivel mundial). La corte determinó que México violó los derechos humanos de las víctimas, señalando que la principal causa del feminicidio es la discriminación de género contra las mujeres y ordenó medidas específicas para garantizar la no repetición de los hechos. Sin embargo, según la juez ad hoc mexicana que participó en la decisión, Rosa María Álvarez González, México no ha cumplido con la sentencia en ningún aspecto.

La CIDH había encontrado denuncias sobre feminicidio en casos anteriores (alrededor de 450) por lo que reconoció un patrón de conducta sistemático de violación a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez. México solía calificar públicamente los hechos como graves pero, consideraba los casos de manera aislada, debido al clima de delincuencia organizada, pobreza, o la cultura violenta típica de las fronteras. Alegaba que su responsabilidad internacional no surgía en virtud de que los agentes del estado mexicano no habían cometido directamente los crímenes. El sistema de protección de derechos humanos y la jurisprudencia de la CIDH van más allá: el Estado mexicano tiene la responsabilidad de investigar y prevenir violaciones sistemáticas de derechos humanos (ver el caso de Velázquez Rodríguez en Honduras). Por lo tanto, el patrón era visible y México tenía conocimiento (y por ende, responsabilidad de prevención) al menos desde 1998, año en que fue publicado un informe de la Comision Nacional de Derechos Humanos sobre el tema.

Pero, ¿qué es el feminicidio? Esté siguiendo una categoría largamente inexplorada, tiene causas políticas, sociales y culturales que permiten la violencia, y hasta tratan de justificarla. Es obvio que no todo asesinato de mujeres es feminicidio, y éste término parece indicar al mismo tiempo un crimen, un fenómeno y una motivación: asesinato por razón de ser mujer. Los feminicidios también se caracterizan por su brutalidad, misoginia, violencia sexual, tortura y mutilación, lo cual refleja una cultura específica que como un iceberg de violencia hacia la mujer va emergiendo: el feminicidio es la punta, y mucha más violencia (la invisible) ocurre, en la esfera pública y privada. Aunado a ello, existe un elemento más, la impunidad. En este sentido, el feminicidio es político porque requiere la complicidad del Estado, y se manifiesta por omisión: la impunidad “normaliza” la violencia hacia la mujer. En mi estudio pude observar una cierta continuidad en el caso latinoamericano y existen casos parecidos ocurriendo en otros países y en número mayor pero con menor atención mediática respecto de los de México. En Guatemala, por ejemplo, se estima que 2,000 mujeres han sido asesinadas desde 2002.

Además de la responsabilidad del Estado sobre éste tema es importante considerar la reacción de la comunidad empresarial (nacional e internacional). Cada vez es más notorio como se unen los derechos humanos y la responsabilidad social de las empresas. Se habla mucho de la responsabilidad social de las corporaciones y multinacionales que subscriben a políticas que presentan a sus consumidores. Sin embargo, en Ciudad Juárez dicha responsabilidad parece ser un concepto vacío y la única política es de indiferencia hacia sus trabajadoras. No obstante, presentar ese tipo de alegaciones es muy difícil para los grupos de mujeres activistas de Ciudad Juárez que conocen la importancia de la industria maquiladora para su economía familiar.


Desde 2006, se lanzó una campaña de negación del feminicidio, sobre todo por la Asociación de Maquiladoras, ubicada justo frente al campo algodonero en cuestión. Claudia Ivette González, desapareció después haber sido despedida de su trabajo por llegar unos minutos tarde. El mismo destino tocó a decenas de mujeres desaparecidas. La maquiladora en cuestión, una multinacional, se limitó a comentar que los hechos no ocurrieron adentro de la maquiladora.

La mujer de la industria maquiladora es un símbolo del feminicidio porque es fácil de estigmatizar por los medios y las autoridades. Representan la más absoluta vulnerabilidad, y están conscientes del peligro que representa moverse en una ciudad como Ciudad Juárez, debido a sus horarios de trabajo, las rutas por donde se mueven, la falta de infraestructura, de hogares seguros, y de seguridad pública, factores que sumados las exponen al riesgo de un ataque diariamente -y no por ser “niñas extraviadas” que “deciden salir cuando llueve mojándose- (tal como las describió el Fiscal Arturo González), sino, más bien, querer salir adelante (como la recuerdan sus familiares).

El feminicidio o “Las Muertas de Juárez”, como también se ha hecho famoso el caso, se conocen gracias a la labor de grupos locales de mujeres, madres y activistas que no obstante amenazas y dificultades luchan por justicia. Esto es evidente por la manera en que solo 3 de las víctimas han llevado el caso hasta la CIDH. Mientras estudiaba mi tesis observé la legislación (por ejemplo, la Ley de Acceso del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia del Estado de Chihuahua de 2007 contiene una definición completa de violencia feminicida), los programas de prevención y de alerta; leí sobre las ideas de las feministas mexicanas y el trabajo de las activistas, por lo que no puedo evitar pensar que México ya tiene todas las herramientas que necesita para enfrentar éste problema y así brindar un mensaje positivo. Que éste décimo aniversario sirva para recordar a las víctimas y sea una ocasión única para levantar la voz y decirnos “Ni una más”.

JOIN es una plataforma de expresión y opinión para todas las personas, por lo que este artículo representa sólo la voz de uno de nuestros colaboradores y no necesariamente refleja nuestra posición, punto de vista u opinión

Reportan 1,235 asesinatos de mujeres en año y medio

ONG documenta también 3 mil 282 desapariciones forzadas

El fenómeno delictivo se concentra en ocho entidades, incluidas DF, Oaxaca y Sonora.
 
En México se vive una situación de violencia similar a la de naciones en guerra, y aun cuando las autoridades han tratado de “ocultar datos”, en 18 meses ocurrieron mil 235 feminicidios y 3 mil 282 desapariciones forzosas con fines de trata y esclavitud sexual, según un informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

María de la Luz Estrada, coordinadora del organismo, explicó que la violencia se ha agravado a partir de la lucha que sostiene el gobierno federal contra las organizaciones criminales.

En el informe titulado “Por el acceso a la justicia para las mujeres: 2010-2011” se señala que los mil 235 feminicidios ocurrieron en las siguientes entidades: 322 en el Estado de México, 168 en Sinaloa, 169 en Tamaulipas, 142 en Jalisco, 138 en Nuevo León (donde se reporta un incremento de 122 por ciento), 125 en Distrito Federal, 102 en Oaxaca y 71 en Sonora.

El organismo indicó que “41 por ciento de las víctimas tenía entre 11 y 30 años de edad; 35 por ciento entre 31 y 50, y 13 por ciento más de 50 años de edad.

“Se trata de mujeres asesinadas brutalmente, y lo lamentable es que las más vulnerables son adolescentes, jóvenes, escolares y trabajadoras”, dijo Estrada, también integrante de Católicas por el Derecho Decidir.

Las estadísticas revelan que de los mil 235 feminicidios, 25 por ciento se atribuye al crimen organizado, ejecuciones y delincuentes; en 23 por ciento de los casos se desconoce el motivo y 9 por ciento se relaciona con problemas con la pareja o conflicto con familiares.

En compañía de organizaciones que forman parte de la Misión Internacional “Por el acceso a la justicia para las mujeres: 2010-2011”, que abarcó Guatemala, Honduras, El Salvador y México, Estrada reconoció que las autoridades se han dado a la tarea de “falsear” y “ocultar” información sobre el problema.

Indicó que llamarán a Amnistía Internacional para que emplace a la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República a crear una base de datos certera, atender expedientes rezagados y resolver las investigaciones.

“Los motivos por los que las mujeres son asesinadas cobran gran relevancia en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, debido a que las autoridades tienden a considerar que las muertes de mujeres, con características específicas como el uso de la violencia, son porque forman parte de las células del hampa, a pesar de que eso no queda demostrado en las investigaciones”, puntualizó.

Las autoridades, dijo, sólo han resuelto 10 por ciento de casos en términos generales y en 90 por ciento desconocen al agresor.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Se escuda gobierno en lucha anticrimen para no investigar feminicidios: ONG

Los casos se han incrementado de manera “alarmante” en 18 meses, pues hay unos 4 mil 517, informaron en el informe "Una mirada al feminicidio en México 2010-2011".

Elizabeth Velasco C.
Publicado: 17/11/2011 13:41
México, DF. El gobierno mexicano y autoridades estatales se han escudado en el combate al crimen organizado y en la militarización del país para “esconder”y no investigar los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres que se han incrementado de manera “alarmante” en 18 meses, lapso en que se han registrado conservadoramente unos 4 mil 517 casos, informaron María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), e integrantes de la Misión Internacional “Por el acceso a la justicia para las mujeres”.

Al presentar el informe "Una mirada al feminicidio en México 2010-2011", Estrada destacó que en el lapso de referencia se registraron mil 235 feminicidios y al menos 3 mil 282 mujeres desaparecidas en menos de 10 estados del país.

Estrada precisó que debido al subregistro de los casos en las agencias del ministerio público y a que en las leyes locales no tienen la figura de “desaparecida”,las cifras son parciales y no reflejan la problemática real.

En el estado de México, destacó, se registraron 320 presuntos feminicidios; 168 en Sinaloa, 169 en Tamaulipas, 142 en Jalisco, 138 en Nuevo León, 125 en el Distrito Federal, 102 en Oaxaca y 71 en Sonora. Del total de víctimas, 41 por ciento tenían entre 11 y 30 años de edad; 35 por ciento de 31 a 50 años, y 13 por ciento más de 50 años.

Asimismo, de enero de 2010 a junio de este año hubo un total de 3 mil 282 mujeres desaparecidas en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Hidalgo, estado de México, Sinaloa, Coahuila y Veracruz. De estos casos se desconoce, en su mayoría, si fueron encontradas con vida o no.
Dado que el estado de México no tiene un diagnóstico sobre las desapariciones, la OCNF obtuvo los datos por medio de la Ley de Acceso a la Información.

En el caso de Veracruz, advirtieron que tan sólo en una década esa asociación ha registrado más de 5 mil desapariciones, pero la autoridad sólo reconoce 149.

“Veracruz es la entidad con mayor prevalencia de mujeres desaparecidas, con 19 mujeres por cada 100 mil, seguida de Quintana Roo con 17, Nuevo León con 16 y Chihuahua con 14.

“En el primer semestre de 2011, el estado de Chihuahua es la entidad con mayor prevalencia de mujeres desaparecidas, con 17 casos por cada mil habitantes, seguida por Quintana Roo con 11 y Jalisco con cinco”.

En rueda de prensa, a la que asistieron Mercedes Ruiz, secretaria general de la Asociación de investigación y especialización sobre temas iberoamericanos en España; Isabel Valriveras, consejera del Consejo General de Abogacía Española; Julia Monárrez, del Colegio de la Frontera Norte; María Eugenia Solís, integrante de la Alianza Internacional de Feministas que Monitorea la Corte Penal Internacional, advirtieron de la gravedad de la violencia contra las mujeres en México. Similar, incluso, a la que se observa en los países en estado de guerra.

Pese a que esta ola de violencia está en aumento, hay omisión por parte de las autoridades para realizar las investigaciones, indicaron.

Una muestra es que la titular de la PGR, Maricela Morales, les canceló una cita que ya tenían programada, y las autoridades de la Secretaría de Gobernación (SG), que ya había hecho compromisos sobre el tema en otros encuentros, les cancelaron una hora antes de la reunión, a causa de la muerte de su ex titular Francisco Blake Mora.

Recuerda La Chichi Indignada a las más de 300 mujeres asesinadas en el 2011

 
Por: Sarahí Aguirre | 17-Nov-2011 12:52
 
Un pequeño grupo de mujeres se presentó este día frente al Palacio de Gobierno, justo a un lado de la Cruz de Clavos, para manifestarse y expresar el dolor de la sociedad chihuahuense y mexicana en general por la violencia e inseguridad que las mujeres sufren en este país.

Estas mujeres manifestaron estar adheridas al movimiento de La Chihi Indignada, el cual tiene manifestaciones de indignación en todo el país por la inseguridad que viven las mujeres.

En particular, en Chihuahua se asesina en promedio a una mujer por día; en lo que va del año van más de 300 mujeres. Para recordarlas, a través de un megáfono se leyeron sus nombres en voz alta, así como sus edades y la manera en la que fueron encontradas muertas, cómo murieron, cómo fue que desaparecieron o la última vez que fueron vistas.

“Juntamos muchísimas hojas con muchísimos nombres… casi un libro. Todas ellas tienen una identidad y por cada mujer muerta o desaparecida hay una familia y amigos que sufren su pérdida y exigen justicia. Ésta es una pequeña manera de demostrar que hay mucho dolor”, expresó Aurora Acosta, estudiante de antropología y participante de este movimiento.

La Chichi Indignada es una red nacional de mujeres jóvenes indignadas por la grave situación de violencia hacia las mujeres, jóvenes y niños que se vive en México. Manifiestan ser una red de mujeres para mujeres, pero incluyente del apoyo y solidaridad de hombres conscientes.

"Nuestro propósito es contribuir a visibilizar, documentar y denunciar los problemas y las heridas que nos duelen: el feminicidio, la trata de personas, los secuestros, asesinatos, desapariciones, agresiones y hostigamiento sexuales contra las mujeres. También nos preocupa evidenciar y denunciar la violencia estructural y sistemática que padecemos las mujeres de todos los ámbitos socioeconómicos y culturales y la falta de garantía de nuestros derechos humanos, aunadas las discriminaciones por razones de preferencia sexual, edad, discapacidad, etnia, lengua, clase, nivel de escolaridad, ideología y condiciones de salud".

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Donne di Sabbia (Mujeres de Arena) - Italia



In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne lo spettacolo Donne di sabbia va in scena a Caselle Torinese (24/11), a Torino (25/11) e a Imola (26/11).

Vi chiediamo di diffondere questa comunicazione ai vostri amici e vi invitiamo a visitare il sito

www.donnedisabbia.com
 

Alleghiamo le locandine delle tre repliche e la locandina delle iniziative organizzate dalle Officine Corsare di Torino per questa Giornata contro la violenza sulle donne.

Grazie.

Donne di sabbia

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Becar a un niño del Proyecto la esperanza cuesta de 2 a 5 mil pesos semestrales ¿Quieres contribuir?



Liderado por Norma Andrade y la Mtra. Marisela Ortíz, el Proyecto la Esperanza es producto de la solidaridad civil, razón por la cuál Becas por la Paz contribuye en la recaudación de fondos para contribuir a que estos niños tengan una oportunidad de superar el shock postraumático en compañía de profesionales.
¡Y necesitamos voluntarios!

Las Becas por la Paz van dirigidas a niños, niñas, adolescentes y algunos jóvenes cuya madre fue asesinada o desaparecida y son gestionadas directamente por la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa y, en su nombre, Marisela Ortiz.

Becar a un niño cuesta de 2 a 5 mil pesos. ¿Quieres contribuir? ¡Toda donación en bienvenida! Para contribuir, puedes dar clic aquí Envíanos todas tus dudas y comentarios y por favor, haz circular esta información.

Porque contribuir a la construcción de la paz en México es cosa de todos,
Becas por la Paz

Monument for women in Juarez, Mexico, image - Diana Washington Blog


Photo of the new memorial in Juarez, Chihuahua, Mexico, constructed by the Mexican government in memory of the girls and women whose bodies were found in the "cotton field" parcel in 2001, was officially dedicated on Nov. 7. A Juarez activist said the project cost a million dollars. The eight murders have not been solved.

Memorial en Juárez-Helguera

Sensibilidad ante feminicidios-Fisgón

martes, 8 de noviembre de 2011

“Ni olvido, ni perdón”, reviran víctimas de feminicidio al Estado mexicano

En acto oficial en Campo Algodonero, familias demandan justicia


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 7 nov 11 (CIMAC).- Madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, rechazaron las disculpas ofrecidas por autoridades federales y estatales durante un acto hoy en el predio conocido como Campo Algodonero, para honrar la memoria de las víctimas y que fue ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano.

Esta mañana se realizó un acto público en Juárez en memoria de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, quienes fueron encontradas sin vida en ese predio en 2001. Por este caso la CoIDH sentenció a México por violaciones a los Derechos Humanos (DH) en noviembre de 2009.

En la sentencia la Corte ordenó al Estado mexicano realizar un acto de “reconocimiento de responsabilidad internacional”, y erigir un monumento en memoria de las mujeres asesinadas y desaparecidas desde 1993 en Ciudad Juárez.

El evento oficial se llevó a cabo sin el memorial listo, sin la presencia de autoridades de alto nivel y con el descontento de organizaciones civiles por los DH de las mujeres.

En entrevista desde la ciudad fronteriza, Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres, una de las organizaciones presentes, acusó que el acto fue una simulación para dar cumplimiento a la sentencia de la CoIDH.

Criticó la ausencia de funcionarios de alto nivel de los tres poderes de gobierno y la fahta de avances en las investigaciones de los tres casos de feminicidio.

La activista enfatizó que desde hace dos años que se dictó la sentencia no hay avances en las investigaciones de los crímenes, “situación que continuará mientras se siga generando la simulación”.

Del 1 de enero al 3 de octubre de este año, la Red Mesa de Mujeres ha documentado 171 casos de feminicidio y actualmente apoya las pesquisas de dos desapariciones ocurridas entre junio y julio pasados: la de una adolescente de 17 años y la de una joven de 19.

“Estas familias acusan que (las autoridades) no quieren localizar a sus hijas asesinadas como ocurrió en los tres casos de Campo Algodonero”, aseguró la defensora de DH, quien criticó que este acto debió ser televisado a nivel nacional para que se evidenciaran las deficiencias del Estado.

Cecilia Espinosa detalló que en la ceremonia celebrada en Campo Algodonero –donde hace 10 años fueron encontrados ocho cuerpos–, ubicado en la avenida Ejército Nacional esquina con avenida Paseo de la Victoria, activistas, amigos y familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio se negaron a perdonar al Estado mexicano.

La sentencia de la CoIDH contempla tres de los ocho casos de feminicidio. Los asesinatos de María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia, y otra mujer aún no identificada no entraron en la resolución. No obstante, la familia de Merlín asistió al evento para manifestar su repudio.

PURO SEGUNDÓN

Estuvieron presentes Dilcya García, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Sara Irene Herrerías, procuradora social de Atención a las Víctimas del Delito.

Además participaron otros funcionarios estatales y locales, pero no estuvieron Felipe Calderón ni el gobernador de Chihuahua, César Duarte. José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, una joven de 19 años desaparecida desde 2009, dijo que ese acto no fue de justicia para su hija, ni para las hijas de las demás madres y padres presentes.

El Comité de Madres y Padres de Hijas Desaparecidas también se presentó para criticar la impunidad y la falta de sanción para los responsables de los casos de feminicidio, y para exigir que sus hijas aparezcan con vida. Asistieron madres de otras mujeres desaparecidas, quienes reclamaron que sus hijas también sean nombradas en el memorial.

El Instituto Chihuahuense de la Mujer informó que para la construcción del memorial, que aún no está listo y se prevé se concluya en 2012, la Conavim aportó 14 millones de pesos (mdp) y el gobierno del estado aportó 6 mdp. Se adelantó que la artista Verónica Leiton realizará la escultura conmemorativa.

11/AGM/RMB/LGL

El gobierno pide perdón de trámite por feminicidios

Familiares de las víctimas que fueron halladas en un lote conocido como campo algodonero, en Ciudad Juárez, muestran su inconformidad y desesperanza por la forma en que los gobiernos federal, estatal y municipal dieron trámite a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el lugar se inauguró ayer un monumento memorial. Los discursos oficiales fueron interrumpidos por gritos en los que se reclamaba justicia y se remarcaba la negligencia para abordar las desapariciones y asesinatos de mujeres Foto Alejandro Bringas

El Estado mexicano pide perdón por los feminicidios; acto de simulación: deudos

  • Ni Calderón ni Blake asisitieron a la presentación del memorial por las víctimas
  • Se cumplieron 10 años de que fueron encontrados ocho cuerpos en el campo algodonero
 
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 8 de noviembre de 2011, p. 16
 
Ciudad Juárez, Chih., 7 de noviembre. Al cumplirse 10 años de que fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres en el campo algodonero y en medio de reclamos y abucheos de familiares de las víctimas se inauguró el monumento memorial que ordenó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, pidió perdón por estos crímenes y reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por omisiones que derivaron en violaciones a los derechos de las víctimas. Por el incumplimiento a investigar y garantizar el derecho a las víctimas, por violentar su acceso a la justicia y protección, el Estado reconoce su responsabilidad.

La intervención del funcionario, así como la de Graciela Ortiz, secretaria de Gobierno de Chihuahua, y la de Héctor Arcelús, secretario del municipio, fueron interrumpidas por los gritos de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas que reclamaban justicia.

Los deudos los llamaron mentirosos y corearon consignas de ni una mas o vivas se las llevaron, vivas las queremos, y a pesar de todo los funcionarios siguieron con los discursos que traían preparados.

Los familiares de las víctimas cuyos nombres quedaron inscritos en el memorial no acudieron, por considerar que el Estado mexicano ha incumplido con la sentencia internacional, incluido el monumento que deben erigir y que sólo fue presentado de manera parcial.

Ante la ausencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa o del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para pedir perdón, señalaron que ni en eso le dieron importancia a este acto.

Antes de iniciar su discurso para reconocer la responsabilidad del Estado, como ordenó el fallo de la CIDH, Felipe Zamora solicitó un minuto de silencio por las víctimas de feminicidio y desaparecidas.

El funcionario dijo que desde el inicio de la indagatoria del caso del campo algodonero, hubo negligencia, ya que no recabaron las pruebas suficientes y eso retrasó la indagatoria.

No se cuenta con la identidad de los responsables, además de que los deudos no fueron informados de las indagatorias, dijo.

Reconoció que las autoridades de los tres niveles violaron los derechos humanos, ya que incumplieron con la responsabilidad de proteger a las víctimas y familiares, los cuales sufrieron acoso.

Por su parte, la Red Ciudadana por la No Violencia y Dignidad Humana, en la que participan las familias de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda, por cuyas muertes fue condenado el Estado mexicano en la CIDH, dio a conocer que no acudió a la develación del memorial levantado en el campo algodonero.

La decisión fue por la negativa a incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993 y cuando menos hasta el año 2006, como ordenó el tribunal internacional en su sentencia del 10 de en diciembre de 2009.

En un documento difundido por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC, Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, afirman que los artículos 16 y 17 de esta resolución establecen que el Estado mexicano deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, el cual debe realizarse en la misma ceremonia que se devele el monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

En virtud de que el resolutivo 17 de la sentencia –agrega el texto– precisa que el monumento es en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez y no únicamente para las víctimas del caso, existe un acuerdo suscrito entre el subsecretario de de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, las familias y sus representantes para diseñar un mecanismo que incorpore los nombres de todas las víctimas desde 1993 hasta 2006.

Sin embargo, denuncian, “el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, ha ignorado dicho acuerdo y se ha negado a que los nombres de todas las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez sean incluidas en el memorial, a pesar de que las organizaciones representantes de las familias han proporcionado la información e iniciado un proceso de consulta con las familias de las víctimas”.

El pronunciamiento señala por otra parte que, a pesar de las manifestaciones reiteradas del presidente Felipe Calderón y del secretario de Gobernación, Francisco Blake, de que se cumplirá la sentencia del campo algodonero, en los hechos no hay ningún esfuerzo por ejecutar el mandato de la CIDH a cabalidad y las diversas acciones que han hecho públicas no acatan integralmente la resolución, sino simulan su cumplimiento.

Pendientes 12 resolutivos

Hasta la fecha, de los 13 resolutivos dictados por el tribunal internacional, el Estado mexicano únicamente ha dado cumplimiento a uno de ellos.

Recordaron que Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y Claudia Ivette González, de 19, fueron reportadas en fechas distintas por sus madres como desaparecidas, pero las autoridades nunca hicieron algún esfuerzo por localizarlas. Sus cuerpos sin vida, junto con los de otras cinco jóvenes, fueron localizados en un lote conocido como campo algodonero, los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

Ante la negligencia de las autoridades, las señoras Irma Monreal, Benita Monárrez y Josefina González, madres de las tres jóvenes, decidieron acudir ante la CIDH y, después de ocho años de litigio, el día 10 de diciembre de 2009 fue notificada la sentencia contra el Estado mexicano.

jueves, 3 de noviembre de 2011

Colocan altar especial para madres e hijas asesinadas


Hérika Martínez Prado
Norte

2011-11-03
04:00:13

Con un tradicional altar de muertos, integrantes de la agrupación Nuestras Hijas de Regreso a Casa recordaron ayer a sus madres e hijas asesinadas en la ciudad.

Ropa, flores, bebidas, dulces y comida fueron colocados junto a sus fotografías en el altar que realizaron los 29 integrantes del proyecto La Esperanza.

"Cada año montamos el altar de muertos para recordar a las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, participan sus familias, amigos y compañeros de escuela", comentó José Eduardo Rosales, coordinador del proyecto.

José Ángel Morales Pérez de 20 años de edad acudió este año junto a su esposa y su hija de dos años de edad, a poner el altar a su madre asesinada.

"Mi mamá era Érika Pérez Escobedo, de 23 años de edad. A ella la encontraron muerta en septiembre del 2002", comentó.

Junto a los hijos de otras mujeres víctimas de la violencia en la ciudad, José Ángel colocó cigarros y comida para su mamá.

"Cada año hacemos el altar de muertos, ponemos sus fotos, tratamos de elaborar todo lo que les gustaba. Mi mamá era muy alegre, le gustaba mucho la música de Marco Antonio Solís, la música de banda, y siempre fumaba su cigarrito y tomaba su Coca-Cola", recordó.

Con apenas 11 años de edad, José y su hermana de entonces cinco años quedaron huérfanos en el 2002, y desde entonces fueron apoyados por Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

"Primero, al saber que de la muerte tu mamá es difícil, caes en una depresión, pero la maestra Marisela "Ortíz- nos ha apoyado bastante. Cuando pasó estuvimos en terapias psicológicas, ella nos visitaba, nos animaba, nos decía que siguiéramos adelante, y eso fue algo importante para poder superar la perdida", aseguró.

Eventos como la realización del altar de muertos ayuda a los hijos y familiares de las víctimas a superar la perdida de una mejor manera, afirmó quien actualmente da clases de música a los niños y adolescentes del grupo.

"Hemos visto un cambio muy grande, ellos siguen estudiando, se está trabajando para darles otras alternativas y alejarlos de los riesgos juveniles que actualmente prevalecen en la ciudad", comentó el coordinador del grupo mientras los familiares terminaban de colocar las fotografías sobre el altar.

También se colocó el uniforme color verde que utilizaba Alejandra García Andrade cuando era comandante de la escolta en la Secundaria número 8368, junto a su fotografía con la leyenda "Justicia", misma exigencia que la de los familiares de Silvia Elena Rivera, quien fue asesinada el siete de junio de 1995.

martes, 1 de noviembre de 2011

Indignación en Chihuahua: nuestras desaparecidas


El registro masivo de personas desaparecidas en nuestro país coincide con el momento histórico que el presidente Felipe Calderón denominó “La guerra contra el narcotráfico”. Desde el inicio de su periodo presidencial hasta diciembre del 2010, se reporta que más de 5 mil personas se “esfumaron” en México: según la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 79% de las personas desaparecidas son hombres y el resto mujeres. En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado reportó a la organización Justicia Para Nuestras Hijas que 107 mujeres desaparecieron en la entidad del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.
Frente a esta problemática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó, tras uno de los múltiples resolutivos de la sentencia del caso Campo Algodonero, que en cuanto sea reportada la desaparición de una mujer o una niña, es obligación del gobierno federal, estatal y municipal activar el Protocolo Alba, que consiste en buscar a la desaparecida de manera coordinada entre las instancias, haciendo visible su ausencia para intentar recuperarla, ya que se considera que entre más tiempo permanezca desaparecida una mujer, es más probable que ocurra un feminicidio. Durante todo el 2010, el Protocolo Alba solamente fue activado en dos ocasiones: en la desaparición de Yanira Frayre (de 15 años) y en la de Jesica Leticia Peña (de 16 años); por desgracia ambas jóvenes de Ciudad Juárez continúan desaparecidas.
En la capital del estado, uno de los casos emblemáticos es el de Pamela Leticia Portillo Hernández, quien desapareció junto con un elemento del Ejército Mexicano. En este suceso, según la evidencia, participaron policías estatales. Hace ya más de un año que desapareció Pamela. Su mamá, Lourdes Hernández, la ha buscado desde las primeras horas que siguieron a su desaparición. Yo la conocí en julio del 2010, y desde entonces varias organizaciones y grupos de mujeres la hemos acompañado en todo el proceso de su búsqueda, cada una desde su espacio y en la medida de sus posibilidades; desde mujeres que trabajan directamente con los sistemas de justicia, hasta las que salimos a la calle con Lourdes a buscar a Pamela.
Un rápido recuento de lo ocurrido desde su desaparición podría ser el siguiente:

Ella cumplió 24 años, sus hijas pasaron de grado en la escuela y cumplieron años, su familia pasó Navidad y año nuevo sin ella, su mamá le escribió un poema por el 10 de mayo; hubo cambio de gobernador en Chihuahua, Susana Chávez fue una más –una nueva víctima de feminicidio–, dejó de existir la unidad policiaca CIPOL, asesinaron al hermano de la ex procuradora de Chihuahua, asesinaron en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua a la señora Maricela Escobedo: una mamá que pedía justicia por el asesinato de su hija. En medio de esta violencia que afecta a cada familia y al colectivo, yo preguntaría ¿por qué no ocuparnos del derecho a la vida de quienes ya nacimos, en lugar de debatir el derecho a la vida de los no nacidos?
Como si las desapariciones y la falta de oportunidades para vivir una vida digna no fueran suficientes, en nuestra entidad, en lo que va del 2011 han sido asesinadas de forma violenta 2,572 personas –1,571 en Ciudad Juárez y 549 en la capital; el resto en comunidades serranas y rurales. Hay que tomar en cuenta que no se está registrando la cifra negra de las zonas alejadas de las urbes, y que estos datos tampoco fueron parte del informe de nuestro gobernador César Duarte Jáquez. En dicho informe, afirmó que la violencia disminuía notablemente, pero en 2010 asesinaron a 4,080 personas: no hay tal disminución de personas asesinadas ni de la violencia generalizada (Información Procesada). Ni los feminicidios, ni los asesinatos en general, ni las desapariciones fueron temas relevantes en el informe del gobernador.

Por ello, en la capital de Chihuahua, un grupo de ciudadanos y ciudadanas estamos emprendiendo una campaña de concientización para hacer visibles las múltiples desapariciones que ocurren en nuestro Estado y en nuestro país. Nosotras somos conscientes de que nadie desaparece, y por desgracia también sabemos que los gobiernos muestran muy poco interés en que nuestros y nuestras desaparecidas regresen, como lo demuestra la ineficacia de las instancias encargadas de buscarlas y encontrarlas.

El domingo pasado, 15 de octubre, salimos a expresar nuestro sagrado derecho a la indignación. En Chihuahua nos reunimos en la plaza que muchos hemos nombrado “Ni Una Más” (también conocida como Plaza del Ángel). Ahí, una de las consignas más fuertes llamaba a más ciudadanas y ciudadanos a sumarse a la búsqueda de nuestras gentes y a reclamar “¡No más desaparecidos y desaparecidas!”. Tras el evento, el objetivo de quienes estamos al lado de sus familias, y de quienes salimos a la calle a buscar a nuestros desaparecidos, sigue siendo el mismo: mantener en la memoria colectiva a quienes un día ya no regresaron y de quienes no sabemos nada, pues sabemos que no podemos ni debemos darnos el lujo de olvidar a nuestra gente.

Es fundamental tener en claro que si permitimos que desaparezcan, no sólo las desaparecen a ellas; también desaparecen nuestros derechos. Patricia Ariza, en su visita a Guanajuato en julio de este año dijo: “hay que aprovechar las crisis para buscar cambios sociales…hay que salir con miedo, pero hay que salir”. Evidentemente estamos en una crisis, y creo que la manera de vencer el miedo es salir en una colectividad. Hay que hacernos notar y oír, hay que ejercer ese sagrado derecho a la indignación alzando la voz y acompañándonos los unos a los otros en esta crisis que estamos viviendo.

Informacion adicional

  • Autor/a:Linda Flores
  • NAR:
  • Biografía:Antropóloga social, profesora universitaria e investigadora de archivos históricos. Acompaña solidariamente a mujeres en situación de violencia. Fundó el grupo Diálogo y Acción Ciudadana