domingo, 4 de diciembre de 2011

Mensaje de Marisela Ortiz a nombre de Norma Andrade

NORMA ANDRADE, EN FRANCA RECUPERACIÓN, AGRADECE TODAS LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD PARA CON ELLA, Y PIDE QUE LOS ESFUERZOS SE ENFOQUEN EN HACER RECONOCER A LAS AUTORIDADES QUE EL ATENTADO DONDE RECIBIÓ CINCO BALAZOS EL PASADO DÍA 2 DE DICIEMBRE, NO CORRESPONDE A UN ASALTO COMÚN O "CARJACKING" COMO SE INFORMÓ POR PARTE DE LA FISCALÍA. FUE UN INTENTO DE ASESINATO CONTRA SU PERSONA.

POSICIONAMIENTO SOBRE EL ATENTADO EN CONTRA DE LA DEFENSORA NORMA ESTHER ANDRADE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

HECHOS
El día 02 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 14:00 horas, en el domicilio ubicado en Infonavit Solidaridad, Calle Fernando Pacheco Parra 9031-2, la maestra NORMA ESTHER ANDRADE, sufrido un atentado contra su vida en el momento en que abordaba su camioneta para trasladarse a su trabajo, es esos instantes y estando en compañía de sus 2 nietos menores de edad, un sujeto desconocido se acercó y detonó una arma de fuego en varias ocasiones, impactando en 5 de ellas sobre el cuerpo de la maestra Norma , provocándole heridas en el torso, el hombro derecho y la mano derecha.

Según datos proporcionados por compañeros de trabajo de la escuela primaria “Francisco I. Madero”, en donde labora la maestra NORMA ANDRADE , aproximadamente a las 08:00 horas, sujetos desconocidos hablaron por teléfono a la escuela preguntando “si había llegado a trabajar y a qué hora se presentaría”, y mencionaron que, al terminar la comunicación telefónica este mismo sujeto pregunto si “llegaría a trabajar por la tarde”, ante la negativa de proporcionar información por parte del personal docente, esa persona concluyó diciendo que “estarían esperándola afuera de la escuela”.

NORMA ESTHER ANDRADE es defensora de los derechos humanos de las mujeres desde hace 10 años, y durante casi un lustro fue una de las principales activistas a nivel nacional e internacional en la exigencia de justicia para as víctimas del feminicidio, tras haber sufrido la pérdida de su hija Lilia Alejandra García Andrade asesinada en febrero del 2001.
ANTECEDENTES
El día 14 de febrero de 2001, Lilia Alejandra García Andrade , hija de la maestra NORMA ESTHER ANDRADE, desapareció y su cuerpo fue encontrado el 21 de febrero del mismo año en un lote baldío aledaño a la avenida Paseo Triunfo. Desde el momento de la desaparición de su hija, la maestra NORMA ESTHER ANDRADE inició una lucha en busca de la justicia. Ese mismo año, fundó junto con Marisela Ortiz , la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.” (NHRC).

En el año 2003, la otra hija de Norma, Malú García Andrade , ingresó a la organización y desde esa fecha ha brindado acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas.

Desde la creación de “NHRC”, sus integrantes han recibido 30 actos de amenazas y hostigamientos, mismos que nunca han sido investigados por las autoridades, pese a que en la mayoría se han presentado denuncias. Desde al año 2008, 4 de los integrantes de esa asociación cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ( CIDH).

Desde febrero del año 2011, Marisela Ortiz y Malú García Andrade tuvieron que salir temporalmente de Ciudad Juárez a consecuencia de las amenazas directas de atentar contra su vida.

Cabe mencionar que el 30 de septiembre del 2011, Malú García Andrade presentó otra denuncia ante las autoridades estatales, ya que recibió llamadas telefónicas en su domicilio en las que le mencionaban que “ya la tenían localizada a ella y a su familia.” Días después de estos hechos, golpearon a una persona cercana a Malú y le dijeron que le avisara a su amiga que “le daban doce horas para abandonar la ciudad o de lo contrario asesinarían a sus familiares”. Malú Andrade al denunciar estos hechos ante los Ministerios Públicos Estatal y Federal, solicitó la ampliación de las medidas cautelares para su madre, la maestra NORMA ANDRADE debido al riesgo y a las amenazas que ambas enfrentaban.

Por lo anterior:
EXIGIMOS
  • El esclarecimiento de los hechos a partir de una investigación pronta, expedita y con la debida diligencia, en donde se sancione al o los responsables de este atentado.
  • Se investiguen de manera diligente todos los actos de amenazas y hostigamientos que han sido denunciadas por las integrantes de NHRC.
  • Se brinde protección inmediata y eficaz de todas las personas que integran la organización NHRC, particularmente a la familia Andrade.
  • Los gobiernos federal y estatal establezcan de inmediato un mecanismo que garantice la protección de todas las personas defensoras de los derechos humanos en México.
Feminicidios del Campo Algodonero. Sentencia contra Estado Mexicano

Mensaje de Malú García Andrade

Señor@s:
Como todos ustedes saben el día de ayer un sujetos intentaron asesinar a mi madre NORMA ANDRADE una gran amiga, maestra, mujer, madre, luchadora, un gran ejemplo para mí. Una mujer que ha tratado de luchar por una Verdad y Justicia, una mujer que está tratando de sobrevivir en una ciudad llena de mujeres valientes, solidarias y guerrilleras, pero también llena de dolor, impunidad, feminicidios, desapariciones de mujeres, ejecuciones, secuestros etc.

Es por eso hoy les pido cambien la foto de su perfil poniendo la foto de Norma Andrade y demostrarle a una nación y al mundo entero que no solo se trata de Norma Andrade sino de decenas, centenas, miles y porque no millones de personas exigiendo una Verdad y Justicia por esos miles de asesinatos que han enlutado no solo a nuestros corazones sino también a una nación.


Ladies and gentleman,

As you all know, yesterday some individuals tried to murder my mother NORMA ANDRADE, a great friend, teacher, woman, mother, fighter, a great role model to me. A woman who has tried to struggle ... for Truth and Justice, a woman who is trying to survive in a city full of brave, solidaria women in struggle, but that is also filled with pain, impunity, femicides, disappearances of women, executions, kidnappings, etc.



This is why today I ask that you put the photo of Norma Andrade as your profile picture and show the nation and the entire world that it's not just about Norma Andrade, it's about tens, hundreds, thousands, and, why not, millions of people demanding Truth and Justice for the thousands of murders that have put not only our hearts, but also a nation into mourning. 

Exigen protección para defensora de los derechos humanos

Manifestamos nuestra indignación por el artero ataque contra Norma Andrade, activa defensora de los derechos humanos, quien no ha dejado de pedir justicia para su hija asesinada en 2001. Exigimos a las instancias gubernamentales encargadas de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, de hacer justicia y garantizar el estado de derecho, que se esclarezca este ataque y se garantice la protección a Norma Andrade y Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
 
Preguntamos una vez más cuándo se va a crear un sistema nacional efectivo de protección a defensores de derechos humanos. No queremos más defensores y defensoras atacados y asesinados.

Lucía Melgar y Luciana Ramos Lira

Proteger a Norma Esther Andrade, demanda social en Chihuahua

  • La fundadora de grupo antifeminicidio está hospitalizada tras recibir cinco balazos
  • La CNDH y Amnistía Internacional condenan el ataque; temen que se produzca otro atentado
  • Sepultan los restos de una estudiante de 15 años, quien desapareció en 2008 en Ciudad Juárez
 
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Ciudad Juárez, Chih., 3 de diciembre. Las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, así como organizaciones sociales exigieron al estado de Chihuahua que proteja a Norma Esther Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC), quien está hospitalizada tras recibir cinco balazos el viernes pasado.
 
La exigencia incluye que se dé protección a su familia y a los defensores de garantías individuales en Ciudad Juárez.

La Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos –que agrupa a más de 70 asociaciones de derechos humanos de 22 estados– subrayó que, aunque el ataque sucedió durante un supuesto intento de robo, la agredida ya había recibido varias amenazas de muerte.

Norma Esther Andrade es madre de Lilia Alejandra García, víctima de feminicidio en febrero de 2001, y de María Luisa García, quien tuvo que salir de Ciudad Juárez por amenazas en su contra.

Al enterarse del atentado, María Luisa García declaró vía telefónica que los agresores de su mamá “son los mismos que me amenazaron, ligados directamente al cártel de Juárez”.

En un pronunciamiento, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos anotó: Hemos insistido a las autoridades federales y estatales sobre la situación de riesgo para todas las defensoras y defensores de derechos humanos del país. Los hechos ocurridos ayer (viernes) no son aislados; por tanto, exigen un plan integral y no acciones aisladas.

Demandan investigación

Por separado, Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también condenaron el ataque y no descartaron la posibilidad de otro atentado contra Andrade.

“Es esencial –subrayó la asociación con sede en Londres– que se investigue de forma imparcial y eficaz este incidente, [...] dada la serie de amenazas que ha habido contra Norma Andrade y otras integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.”
En tanto, la Fiscalía General del Estado en la zona norte informó que se investigará la agresión contra Norma Andrade, quien tiene lesiones en tórax y un brazo, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en un comunicado, condenó enérgicamente la agresión.

La fiscalía difundió el relato de Norma Andrade donde detalló que al salir de su domicilio y dirigirse a su auto, un sujeto de aspecto cholo (pandillero) se le acercó y sacó una arma de fuego. Tras un forcejeo el agresor le disparó. Refirió que hace años participó en la fundación de la agrupación NHRC, pero que actualmente no es activista.

Funeral de otra víctima

Por otra parte, organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte informaron que este sábado se efectuó el funeral de Adriana Sarmiento Enríquez, de 15 años, quien desapareció en enero de 2008, cuando se dirigía a la preparatoria, en Ciudad Juárez, y sus restos fueron encontrados en noviembre de 2009.

En julio pasado, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad Juárez obtuvo los resultados de estudios que confirmaban que los restos encontrados dos años antes eran de Adriana. Sin embargo, la instancia ocultó la información. Gracias a una publicación, la familia detectó que los restos se encontraban en el Servicio Médico Forense, y al confrontar a las autoridades, éstas no tuvieron más opción que reconocer que se trataba de Sarmiento Enríquez y que lo sabían desde hacía meses.

Las organizaciones de derechos humanos dijeron que es inadmisible y cruel que el gobierno del estado engañe a las madres que tienen hijas desaparecidas, ocultando sus cuerpos. Para Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, la indignación, la rabia, la tristeza, dolor e impotencia, son algunos de los sentimientos mezclados en la familia de Adriana.

Norma Andrade, delicada; la resguardan federales


La operaron para implantarle un clavo en el hombro donde recibió dos disparos. La Fiscalía estatal todavía indaga si el ataque fue por intento de robo o asesinato. 

Al tiempo en que varias organizaciones solicitaron a las autoridades garantizar la integridad de Norma Andrade y de su familia, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) dio a conocer que el gobierno federal otorgó protección y apoyo médico de manera inmediata a la activista.

La víspera la copresidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue baleada por un desconocido cuando salía de su hogar en Ciudad Juárez. Andrade sufrió al menos tres heridas, un par en el hombro derecho.

Personal del Centro Médico de Especialidades, adonde permanece internada, indicó que debido a una cirugía a la que fue sometida para implantarle un clavo en el hombro donde fue lesionada, el estado de salud de la activista es delicado.

Al respecto, Irene Herrerías, titular de Províctima, señaló en un comunicado que “el gobierno federal le proporcionó seguridad (a Andrade) desde el momento en que ingresó al hospital, para mantenerla a salvo y protegida”.

Precisó que en conjunto con la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación, la Fiscalía Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, así como el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las mujeres, trabaja en tres líneas: garantizar la seguridad de Andrade; otorgarle una atención médica de calidad y proporcionarle apoyo psicológico.

En el documento se indicó incluso que la activista “está al tanto de todas estas acciones y ha aceptado el ofrecimiento que le hizo” Províctima.

Precisamente ayer, a las afueras del hospital donde está internada Andrade se vieron patrullas de la Policía Federal.

Solicitud de la CNDH y AI

Sin embargo, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI) solicitaron a las autoridades estatales y federales que establezcan medidas cautelares para evitar otro ataque a la activista.

En un comunicado, la CNDH pidió al gobierno de Chihuahua garantizar la seguridad e integridad de la profesora, así como de su familia.

“No existe justificación alguna para que se limite el trabajo de los defensores civiles”, puntualizó.

Por su parte, AI condenó los hechos e hizo “un llamado urgente a las autoridades federales y estatales” para que garanticen la seguridad de Norma Andrade y los demás miembros de su familia, incluida María Luisa García Andrade, quien es hija de la víctima y directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Destacó que esta organización “jugó un papel fundamental al llevar ante la Corte Internacional de Derechos Humanos el caso del Campo Algodonero, que resultó en la sentencia de la corte contra el Estado mexicano por el asesinato de mujeres jóvenes encontradas en esa región en 2001”.

Al respecto, la Fiscalía General del estado informó que aún investiga si la agresión cometida en perjuicio de “la femenina” se trató de una tentativa de robo u homicidio.

“Norma Esther Andrade refirió que años atrás fue fundadora de la organización... pero que tiene varios años que no ejerce el activismo social. Comentó que es madre de María Luisa García Andrade, quien sí ejerce el activismo social”, precisó la Fiscalía.

Cártel atacó a activista, dice su familia; CNDH pide protegerla


La copresidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa sigue grave en el hospital

CIUDAD JUÁREZ. “Queremos sacar a mi madre de Chihuahua, el cártel de Juárez está tras nosotras por todo lo que hemos denunciado, ahorita yo estoy fuera y me tengo vigilancia, pero mi madre y mi familia que están allá y corren riesgo y no sabemos cómo ayudarla”, fueron las palabras de Malú García Andrade, hija de Norma Andrade, quien fue atacada a tiros la tarde del viernes y quien recibió cinco impactos de bala que la tienen convaleciente en un hospital del seguro social de la ciudad.
Sobre el ataque, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Chihuahua medidas cautelares a favor de Norma Andrade, quien es una de las fundadoras de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
“Se le pide girar instrucciones con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la víctima, dirigente del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, a fin de evitar que sufra un nuevo atentado. Además, se considera necesario que se proteja a su familia”, se señaló en un comunicado.
Nuestras Hijas de Regreso a Casa es una asociación civil fundada por familiares y amistades de jóvenes desaparecidas o asesinadas en Chihuahua.
Norma Andrade fue atacada en la intersección de las calles Pacheco Parra y Toronja Roja, de la colonia Infonavit Solidaridad, cuando estaba por ingresar a su casa. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal explicó que el incidente se trató de un robo de auto a mano armada, sin embargo, Malú aseguró que la intentaron matar. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, informó ayer que se encuentra en estado “grave, pero fuera de riesgo” en una clínica local.
La Fiscalía anunció el inicio una investigación para esclarecer si la agresión fue por robo o atentado.
“La estaban siguiendo desde temprano. El día del atentado no se presentó a trabajar y varios hombres llegaron a preguntar por ella a la escuela donde da clases, preguntaron cuándo regresaba, dónde vivía y a qué hora salía. Nos advirtieron sus compañeros de trabajo y no le pudimos avisar ”, explicó Malú García.
“Para la Fiscalía es muy fácil escudarse en la inseguridad que se vive en Ciudad Juárez y decir que se trató de un intento de robo, pero las amenazas de antes, el calibre que utilizaron indican otra cosa. No le quitaron ni su bolsa o su cartera, el carro era de modelo antiguo. Además le dispararon a matarla en cinco ocasiones, eso no es un intento de robo”, apuntó la activista social, quien reveló vía telefónica que en estos momentos está refugiada en algún estado del país y recibe protección del gobierno de Chihuahua.
Malú y su madre desde 2010 han recibido amenazas de muerte. En febrero pasado un comando armado incendió su vivienda y les dejó un mensaje para que dejaran de hacer denuncias públicas o les costaría la vida.
Ellas, sin embargo, continuaron con las quejas y exigiendo a las autoridades protección, pero sobre todo avances en los casos de más de 300 jóvenes desaparecidas en el primer cuadro de la ciudad, quienes aseguran fueron raptadas por una banda bien organizada que se dedica a la trata de personas en la región.
“Yo solicité protección al Ministerio Público federal y al estado hace dos meses y medio. Tengo además medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de los derechos humanos, pero son a mi persona nada más, pero solicité también que las medidas se ampliaran a mi mamá, mis sobrinos y mis hijos que se quedaron allá sin protección alguna. Mire ahora lo que pasó”.

El peligro de ser activista en México

La líder feminista Norma Andrade (foto) está grave tras sufrir un intento de homicidio. Días atrás asesinaron a un compañero de Sicilia. El crimen organizado los tiene en la mira y el Gobierno no sabe cómo protegerlos



Andrade es madre de Lilia Alejandra García Andrade, quien fue asesinada en febrero de 2001. También es madre de la directora del grupo "Nuestras hijas de regreso a casa", Malú García, quien se encuentra refugiada en Ciudad de México por amenazas del narcotráfico.
Fue atacada a tiros en la peligrosa Ciudad Juárez cuando abordaba su camioneta para trasladarse al trabajo en compañía de sus dos nietos menores. Un comando se acercó y le disparó en cinco ocasiones, "hiriéndola en el torso, el hombro derecho y la mano derecha", dijo en un comunicado la organización civil "Nuestras hijas de regreso a casa", una ONG en la que Andrade trabajaba. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, indicó que "afortunadamente" Andrade "parece que se encuentra estable".
En principio, la Fiscalía General de Chihuahua, región del norte de México donde se encuentra Ciudad Juárez, atribuyó el ataque a un intento de robo del vehículo. Sin embargo, la Fiscalía anunció este sábado 2 de diciembre que el intento de homicidio "es una línea de investigación" después de que se supiera que la defensora de los derechos humanos había recibido amenazas de muerte durante ese mismo día.
Varios compañeros de trabajo de la escuela primaria donde Andrade es maestra dijeron a EFE que la mañana del viernes 1 un hombre llamó por teléfono y preguntó por la activista y su horario de trabajo. "El personal se negó a proporcionar información sobre su horario y el hombre advirtió que la estarían esperando a la salida", dijo un profesor quien pidió el anonimato.
Por petición de la CEDH, la clínica donde se encuentra Andrade es custodiada por agentes de la Policía Municipal y Estatal. El organismo pidió a las autoridades mayor atención para evitar que la activista sea víctima de un nuevo atentado, y solicitó que se garantice la protección para ella y sus familiares.
En los últimos años varios activistas fueron asesinados por el crimen organizado y otros doce han abandonado el país. El caso más reciente es el de Nepomuceno Moreno Núñez, compañero de lucha del poeta Javier Sicilia, que fue asesinado en el estado de Sonora este miércoles 29 de noviembre. El activista recibió al menos cinco impactos en la cabeza y el costado izquierdo, al ser agredido por un hombre que se acercó a su vehículo.
Otro antecedente es el de Susana Chávez, poeta y activista, creadora del lema "Ni Una Más" para protestar contra los asesinatos de mujeres en la urbe, más de medio millar desde 1993, la gran mayoría impunes. Chávez fue violada, mutilada y asesinada el 11 de enero de este año por tres personas.
Un mes antes perdió la vida Marisela Escobedo frente a la sede del Gobierno de Chihuahua cuando pedía justicia por el homicidio de su hija, cuyo asesino confeso fue liberado por los jueces.
Otro asesinato que sacudió a Ciudad Juárez fue el de Josefina Reyes, ex funconaria izquierdista de un municipio aledaño a Ciudad Juárez y luchadora social durante más de dos décadas, acribillada por un grupo de hombres sobre la carretera rumbo a Valle de Juárez.
En noviembre del 2010, la activista Flor Alicia Gómez, de Justicia para "Nuestras Hijas" y del "Centro Derechos Humanos de las Mujeres", fue violada y asesinada. Finalmente, en septiembre del 2009 Paz Rodríguez Ortiz, fundador de una asociación pro derechos humanos, fue tiroteado mortalmente frente a su esposa.

Exterminio de la disidencia

Norma y Nepomuceno constituían un dolor de cabeza para las autoridades por exigir el esclarecimiento de la muerte de sus hijos: Ambos han sido suprimidos.

Puede representar apenas una gota en el mar de sangre que ha dejado la guerra, pero la cada vez más frecuente desaparición de luchadores sociales y periodistas incómodos a los poderes (legales e ilegales), tiene un muy infortunado efecto para el resto de la sociedad.

Más de 70 periodistas asesinados o desaparecidos y varias docenas de activistas abatidos en 10 años representa una tímida estadística frente a los 50 mil muertos. Pero son justamente los periodistas y los activistas los pocos que siguen denunciando las masacres y pidiendo justicia para las víctimas.

Da la impresión de que los poderes salvajes no cejarán en mantener esa guerra civil en la que están enfrascados, pero ahora parecerían resueltos a eliminar a los que la denuncian.

El viernes pasado balearon a Norma Andrade en Ciudad Juárez y hace una semana asesinaron a Nepomuceno Moreno en Ciudad Obregón. Una madre y un padre que al igual que Isabel Wallace o Alejandro Martí se negaron a aceptar la versión oficial de la desaparición de un hijo. Por desgracia sin la visibilidad y relaciones del empresario y la ahora conferencista. Nepomuceno se había integrado al movimiento de Javier Sicilia, y recorría el país exigiendo castigo para los asesinos de su hijo. Norma había fundado la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y vivía entre amenazas para obligarle a abandonar su lucha.

Imposible conocer en este momento quien está detrás de los sicarios de cada uno de estos dos ataques, pero es preocupante la manera irresponsable, si no es que criminal, en que las autoridades reaccionaron en los dos casos. Pese a que Norma alcanzó a declarar que entregó bolso y llave del auto al ser encañonada, el sicario disparó en cinco ocasiones sin siquiera molestarse en tomar alguna pertenencia de la activista. Eso no impidió que antes aún de cualquier investigación la autoridad local ya hubiese declarado que se había tratado de un simple intento de robo de auto (un carcacha modelo 90). Norma se debate entre la vida y la muerte al cierre de este artículo.

El caso de Nepomuceno es aún más preocupante. La procuraduría de Sonora intentó convencer a la opinión pública de que el asesinato obedecía a presuntas relaciones que padre e hijo fallecidos sostenían con el crimen organizado. Un burdo intento para de alguna forma “justificar” la ejecución del luchador social.

En el mejor de los casos se trata de actitudes cobardes de la autoridad en su intento de despolitizar el asesinato de activistas y presentarlos como meros incidentes atribuibles a la delincuencia común. Y en el peor de los casos, este apresuramiento en descalificar los atentados y satanizar a las víctimas puede ser interpretado como una acción cómplice para encubrir a los verdaderos responsables.

En cualquier caso, no se vale. Asesinar a un padre que pide esclarecer la desaparición de su hijo representa una doble muerte. Acusarlo de pertenecer al crimen organizado para justificar su asesinato, equivale a una triple muerte.

Por desgracia no se trata de hechos aislados. Sólo en Chihuahua en los dos últimos años cinco dirigentes de organizaciones en favor de víctimas de feminicidio han sido abatidos. Hay un claro propósito de descabezar y desmantelar las redes de participación civil que incomodan a los poderes. No muy distinto de lo que sucede en contra de radios comunitarias en zonas indígenas, asesinatos incluidos.

En materia de periodistas, otro gremio que incomoda a los poderosos, los últimos dos años han sido los peores. Las amenazas a medios de comunicación y a reporteros se han generalizado en gran parte del territorio.

Muchas de estas agresiones ya no proceden del crimen organizado sino de la clase política y los aparatos de seguridad. En su último informe la organización internacional Artículo 19 revela que la mayor parte tienen un origen político.

Todo indica que amparados por la impunidad y el éxito que tienen los cárteles de la droga para amedrentar a los medios de comunicación, los políticos y jefes policiacos no ha resistido la tentación. Ellos saben que toda agresión vinculada al crimen organizado simple y sencillamente no será investigada. Basta correr la versión de que el activista social o el periodista tenían alguna relación con el narco para que el delito quede impune. Eso asegura que entrara en el inmenso e irresponsable hoyo negro de los 50 mil muertos que el gobierno de Calderón ha decidido que no tienen que ser investigados porque se trata de ejecuciones entre delincuentes.

Todos aquellos que no aceptan la versión oficial, que exigen el esclarecimiento de algunas de estas muertes están en peligro. Como Norma y Nepomuceno.

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Monumento en el campo algodonero, símbolo de las culpas del Estado en los feminicidios

  • El gobierno pretende desconocer otros cientos de casos, dicen padres de víctimas en Ciudad Juárez
  • El día de la inauguración de ese espacio no acudieron ni Calderón ni el gobernador de Chihuahua
Gloria Muñoz Ramírez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Ciudad Juárez, Chihuahua. Un pedazo del enorme terreno que hace pocos años fue un campo algodonero, actualmente convertido en zona comercial y hotelera, vecina de las oficinas consulares de Estados Unidos, es a partir de hoy el símbolo oficial de las culpas del Estado mexicano en los cientos de feminicidios cometidos en esta ciudad, o simplemente un espacio para que los turistas vengan a tomarse la foto al lado de las muertas de Juárez, como dijeron las madres de las víctimas durante la inauguración del Monumento en Memoria de las Mujeres Víctimas de Homicidio por razones de género en Ciudad Juárez”, que, sin ninguna construcción ni nada, fue presentado en un frío y desairado acto oficial al que los tres niveles de gobierno enviaron representantes de segundo nivel.

El 6 y 7 de noviembre de 2001 –hace 10 años– fueron encontrados en este lugar ocho cuerpos de mujeres asesinadas con claras muestras de tortura sexual. Fue un caso muy sonado que sentó el precedente de una sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado mexicano por violar las garantías de las víctimas y exigió el reconocimiento de su responsabilidad en un acto público.

Los nombres de las asesinadas, a quienes oficialmente se pidió perdón en nombre del gobierno federal, son: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia, y hay una más que aún no es identificada.

¿Y todas las demás? ¿Dónde están, dónde las buscamos? ¿Para qué nos piden perdón y no nos entregan a nuestras hijas con vida?, gritaban decenas de madres y padres de mujeres ultimadas o desaparecidas en las últimas dos décadas. A la inaugu- ración no acudió ninguno de los familiares de las víctimas encontradas en este lugar, pues –declararon en un comunicado– “se trata de un acto más de simulación del gobierno federal, donde se pretende reconocer la responsabilidad del Estado por las víctimas del caso llevado ante la Corte Interamericana y desconocer a los centenares más que han perecido como parte del feminicidio en esta ciudad”.

La simulación –señalaban las madres– salta a la vista, pues ni siquiera presentaron el monumento, sólo una maqueta del mismo, en un espacio revestido de flores a manera de cementerio, cuya inauguración no sólo fue desairada por el presidente Felipe Calderón y el gobernador César Duarte Jáquez. Bueno, ni siquiera el presidente municipal, Héctor Murguía Lardizábal, se presentó en el lugar. La mitad del centenar de sillas colocadas para la ocasión quedaron vacías y el entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro; la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, en representación del gobernador del estado, y el secretario del ayuntamiento local, Héctor Arcelús, tuvieron que enfrentar los abucheos, los gritos de protesta y las infinitas interrupciones a sus discursos. Este fue un acto en el que nadie quería estar: ni los funcionarios ni los familiares de las víctimas.

Los gritos intermitentes de ¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos! y ¡Ni una más! resonaron en el espacio rosado, que tuvo una inversión de 16 millones de pesos, mientras José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una adolescente de 14 años desaparecida el 19 de mayo de 2009 en la colonia Postal, gritaba: “la fiscalía no tiene siquiera servicio de Internet y a nosotros nos dicen que no pueden ir a hacer las investigaciones porque no tienen dinero para la gasolina.

No queremos mausoleos ni que encuentren a nuestras hijas muertas, queremos que se hagan líneas de investigación, y a nuestras hijas las queremos con vida, señaló Castillo, quien interrumpió de frente cada uno de los discursos oficiales.