sábado, 24 de marzo de 2012

Cifras de feminicidios sin investigar alarman a las madres con hijas desaparecidas en Juárez

24 de marzo del 2012
Fotocomposición: Miguel Valdez, Diseñador Gráfico, México, DF.
Por Guadalupe Lizárraga
CIUDAD JUÁREZ, México.- El 27 de febrero de 2012, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo ante un grupo de madres de desaparecidas en Ciudad Juárez, que tenían cinco cuerpos de mujeres guardados en la morgue. Agregó que “no eran del Comité”. Se refería al Comité de Madres y familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez, organismo civil que ha estado atento a la entrega de osamentas por parte de las autoridades con la esperanza de que no sean sus hijas.
El Comité de Madres ha sostenido varias reuniones con las autoridades de la fiscalía de Chihuahua para exigir la búsqueda de hijas adolescentes secuestradas. Y, por segunda ocasión, el gobernador ha atendido a este grupo de madres. En la primera, lo obligaron a darle el pésame a María García, quien velaba a su hija frente a las instalaciones de la fiscalía como forma de protesta por la indiferencia ante el secuestro masivo de las jóvenes. Ahora, al igual que sus antecesores, después de prometer que se harían las investigaciones, dio la cifra de las osamentas retenidas en la morgue.
La información del gobernador, sin embargo, no fue precisa y, horas más tarde, las autoridades de la fiscalía dijeron que “las antropólogas argentinas” habían dejado 39 cuerpos en un cuarto del Servicio Mexicano Forense (Semefo) de la ciudad. El gobernador se había equivocado. No eran cinco, sino 39 cuerpos en espera de ser identificados.
Quince días después, para el 16 de marzo, la información se había difuminado hasta las antropólogas forenses aludidas, y la fiscalía se vio obligada a corregir de nuevo la cifra. No eran 39, sino 51 cuerpos guardados en el Semefo. El Equipo Argentino de Antropólogas Forenses (EAAF), integrado por quince especialistas y liderado por Marcela Doretti, a través de su reporte escrito, corrigió a la fiscalía que sus antropólogas dejaron 75 cuerpos en 2009: 51 con perfil genético, 12 cuerpos desarticulados encontrados en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otros 12 en un anfiteatro antiguo del Hospital General. A estos 75 cuerpos en proceso de análisis, sumaron 33 más que fueron plenamente identificados por el equipo de forenses y que las autoridades han ido entregados paulatinamente desde 2008 a la fecha. Dejaron la base genética de ADN y corresponde a la fiscalía buscar a quién pertenecen.
Olga Esparza, madre de Mónica Janet Alanis, desaparecida el 26 de marzo de 2009 Foto: Javier Juárez
Los impactos del dolor en la salud de las madres
La desgarradora sorpresa para las madres con hijas desaparecidas ha ido en aumento como el número de cuerpos femeninos guardados en la morgue. La angustia y el dolor, en algunas madres, se empieza a manifestar en el deterioro de su salud, con enfermedades como anemia, tumores cancerígenos, fragilidad emocional, diabetes, depresión y estrés, entre otras. Uno de los casos más recientes ha sido el de María García, quien recientemente ha sepultado a su hija Jéssica Leticia Peña García, desaparecida desde el 29 de mayo de 2010 y entregada como restos óseos el 24 de febrero de este año. María fue ingresada al hospital e intervenida quirúrgicamente, y ahora se encuentra en recuperación.
Otro caso es el de la señora Norma Laguna, madre de Idalí Juache, desaparecida el 23 de febrero de 2010, sin rastro de ella hasta ahora. Norma ha sido víctima de extorsiones por información sobre su hija y está seriamente delicada de salud.
El caso de Bertha García también estremece. Ella es madre de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida a los 18 años de edad, el 6 de enero de 2009. La ilusión de Bertha y de su otra hija Sara, creció al obtener evidencia de que Brenda estaba viva en mayo de 2011, en Los Ángeles, California. Al realizar la investigación este medio, se le informó que las evidencias habían sido obtenidas en abril y julio de 2009. Y pese a que no ha perdido la esperanza de que su hija se encuentre con vida, los vaivenes emocionales, la angustia y el miedo por ella, no dejan de oprimirle fuertemente el corazón.
Bertha, junto con su hija Sara, han sido llamadas varias por las autoridades de la fiscalía para que revisen las prendas que han encontrado con las osamentas. Al ver las prendas, el dolor vuelve a intensificarse y a cortarles la respiración, mientras se exigen así mismas recordar qué cinto llevaba su hija, de qué color era el broche con el que prendía su pelo, o la falda que llevaba puesta el día que la vieron por última vez.
“Hay 143 cuerpos femeninos guardados en la morgue de Juárez”
Una nueva cifra espeluznante en menos de una semana provocó estupefacción entre las madres. La fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, les confirmó públicamente en reunión con otras autoridades que “había 143 cuerpos en la morgue de Juárez, todos femeninos y la mayoría adolescentes”. El tiempo corrió en cámara lenta sin que nadie dijera nada.
El silencio fue cortado de tajo por la voz de la fiscal que las volvió a realidad: “¿Querían transparencia? ¡Pues ahí está!”. Ya es una cifra oficial: Son 41 cuerpos por muerte natural. Otros 49, por muerte violenta. Tres cuerpos, por muerte indeterminada. Y 29, en estudio.
Pero a las madres no les resultaron las cuentas. El total que da la fiscal son 122, y hay 21 cuerpos que no se sabe nada de ellos, no hay ninguna información que identifique la causa de sus muertes ni mucho menos quiénes eran en vida. Sólo se sabe que eran mujeres y jóvenes. Y las madres lanzan preguntas al aire, entre dientes, con miedo, con indignación, atónitas todavía.
¿Se incluye a las 75 que ya fueron identificadas por las antropólogas argentinas? ¿O esas son aparte? ¿Qué significa de “muerte natural” en una adolescente desaparecida? ¿Cuál es la diferencia con la “muerte indeterminada”? ¿Por qué el gobernador dijo que sólo eran cinco al principio? ¿Cómo van a hacer para entregar todos esos cuerpos? La fiscal sólo respondió a esta última pregunta: “Vamos a volver a la investigación que en eso estaba. Además, tenemos el mejor laboratorio de genética”.
“El acopio de jovencitas”
Francisca Galván Segura, representante jurídica del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, cuestiona que no hay ninguna línea de investigación sobre los culpables. “No queremos que nada más estén dándonos cifras de muertes. Hasta ahora no hay ningún responsable por el crimen contra esas jovencitas”. Pero, “además, –abunda– tampoco hay una política de prevención para evitar más feminicidios. Las jóvenes siguen desapareciendo y ni tampoco se está buscando la manera efectiva para que todos esos cuerpos regresen a sus familias”.
Galván explica que el centro de Ciudad Juárez se ha convertido “en el acopio de jovencitas”. Hay un patrón que siguen los criminales, “y la situación está así desde hace veinte años”, señala. “Sabemos que si atienden la zona del centro, para prevenir a las mujeres, los criminales pueden operar en otra zona, pero al menos ya se hizo algo en donde ha sido un problema por mucho tiempo”, dice.
Para la nueva Fiscalía de género se nombraron 51 policías ministeriales y agentes del Ministerio Público para operar en las cuatro zonas de Juárez. A cargo de esta dependencia se encuentra el fiscal Ernesto Jáuregui. Sin embargo, Galván Segura, considera que por la magnitud del problema y la ineficiencia deberían contratarse a investigadores judiciales internacionales expertos en criminología.
–“Traer a expertos internacionales es mucho dinero”, respondió uno de los fiscales.
–“¿Qué es mucho dinero?”, refutó Galván, “si México es uno de los países con más violaciones de derechos humanos y en este problema el estado no ha hecho absolutamente nada?”.
Si el Protocolo Alba funcionara…
La asesora jurídica, Francisca Galván, comenta que en muchos casos es un error poner un reporte de desaparecida a la víctima, “porque puede salir contraproducente”. Retrasa la búsqueda de las jóvenes hasta 48 o 72 horas, “que en esos momentos resultan vitales para ellas”. Observó que el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda rápida de niñas y mujeres, nunca ha operado con eficiencia.
Ya la organización de derechos humanos de mujeres de Chihuahua (Cedehm) denunció que de 2005 a 2010 sólo se había activado sólo en 31 ocasiones, en todo el estado, y sin ningún resultado favorable. Galván Segura recuerda que en el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, de 15 años de edad, secuestrada el 18 de enero de 2008, fue asesinada a los tres días de su secuestros. Según la información de la fiscalía a la madre, encontraron el cuerpo de la joven el 5 de noviembre de 2009, y lo retuvieron en la morgue hasta el 30 de noviembre de 2011. Con la operación eficiente del Protocolo ALBA, en la que también participan militares, Adriana Sarmiento, y muchas de las niñas, deberían de estar vivas.

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martes, 20 de marzo de 2012

«Han asesinado a 1.400 niñas y mujeres»

 
Diana Washington Valdez Periodista experta en crímenes de Ciudad Juárez
 
«Desaparecen a todas horas del día: cuando van a la escuela, cuando cambian de autobús o van a hacer recados para su familia»
 
Diana Washington Valdez es escritora, periodista del diario El Paso Times y catedrática en El Paso ( Texas). Pero sobre todo, una luchadora contra el feminicidio que existe en Ciudad Juárez (México), desde principios de los años noventa. Estos días ha recorrido Asturias dando a conocer los datos y la situación de esta ciudad, donde ya se han encontrado 1.400 mujeres torturadas y asesinas, más las que están en paradero desconocido. La Casa de Cultura Marta Portal de Nava acogió el pasado viernes su charla titulada 'Crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, México', además de la exposición fotográfica de Leticia Huergo 'Por seis mil cruces rosadas', que permanecerá abierta hasta el 30 de abril.
 
-Los crímenes comenzaron en los años noventa. ¿Cómo lo vive actualmente la población de Ciudad Juárez?
 
-Existe un estado de crisis por el miedo, la ansiedad y la violencia; aparte del tremendo número de feminicidios. Ciudad Juárez es una zona de combate, conflicto y de guerra, ya que se encuentran los cárteles de la droga, que pelean por hacerse con determinados territorios, y en muchos de estos lugares de lucha se han encontrado fosas con mujeres torturadas y asesinadas.
 
-¿Y las familias de las mujeres asesinadas?
 
-Es muy complicado, porque en la actualidad existen menos voces que puedan representar a las familias de las víctimas, como ha pasado con las activistas, que debido a las amenazas y los asesinatos, se han visto obligadas a exiliarse de su país, y ellas son un gran apoyo para las víctimas.
 
-¿Reciben alguna ayuda del estado o de la comunidad internacional?
 
-Las autoridades mexicanas dicen que aportan y tienen programas de ayuda para estas familias si lo piden. Pero cuando hablamos con los familiares dicen que no, que difícilmente pueden conseguir algún servicio de terapia psicológica, que mucha gente lo necesita por todo el ambiente de Ciudad Juárez. Aparte de los feminicidios estamos llegando a número muy elevados de asesinatos.
 
-¿Qué cifras se barajan de asesinatos a mujeres?
 
-Desde 1993, ya se han asesinado a más de 1.400 niñas y mujeres jóvenes. En mi primera visita a España, en el año 2006, se habían matado a más de 430. Este número no incluye a las desaparecidas, de las cuales no conocemos las cifras. Desaparecen todo el tiempo del centro, a plena luz del día, a cualquier hora y nadie ve nada. El centro de la ciudad, en muchas ocasiones, es la última vez en la que se las ve con vida, luego aparecen en las fosas.
 
-¿Existen estadísticas sobre el periodo de tiempo en el que se secuestra a una mujer hasta que se la mata?
 
-No, depende de cada víctima. De la fosa más reciente, que se encontró hace una semana, acaban de identificar a tres de los nueve cadáveres de mujeres. Una de las chicas había desaparecido en 2009 y otra en 2010. Esto indica que las matan en diferentes etapas, en algún lugar escondido, y luego tiran los cadáveres a un punto concreto. Estos sitios que llamamos fosas se encuentran en terrenos en disputas entre los cárteles de la droga, pelean principalmente por ser los dueños del área en el que se está construyendo un nuevo puente internacional, que servirá para pasar la droga.
 
-¿Cuál es el perfil de esas mujeres?
 
-Son relativamente jóvenes y de familias muy humildes, nunca hay ni una fémina de una familia pudiente. Estamos investigando cinco líneas de actuación, que las autoridades conocen. La primera es la aparición de dos asesinos en serie por lo menos; la segunda, un grupo de hombres poderosos que asesinan a mujeres; la tercera, narcotraficantes de menor rango que asesinan a mujeres; cuatro, dos pandillas peligrosas que, como rito de iniciación, piden que se mate a mujeres y la última, los imitadores que aprovechan la situación.
 
-¿Hay investigaciones a nivel internacional que ayuden a las autoridades locales?
 
-La FBI, la ONU, todo el mundo ha ofrecido ayuda a los investigadores y han aportado asesoría personal y tiempo. En el caso de la línea de investigación de asesinos en serie, el FBI también lo apuntó, pero el gobierno mexicano decidió rechazar esta investigación, porque no les parece adecuada; consideran que en México no existen asesinos de este tipo, sino que la mayoría de la violencia se da entre la familia.
 
-¿Qué espera de esta visita?
 
-Difundir el mensaje para que no se deje en el olvido, porque desde mi llegada a España hace una semana se han multiplicado los casos. Para mí es impresionante, lo que está pasando no es cualquier cosa. Hay que pensar que la desaparecida puede ser nuestra madre, hermana o hija. Mi objetivo es difundir y presionar al gobierno mexicano para que cumpla con su deber.
 
-¿Nadie ve nada, ni los ciudadanos, las autoridades o el gobierno?
 
-No, ocurre año tras año tras año. Hay muchos intereses creados, como el crimen organizado que impera en Ciudad Juárez y esa es la excusa que el Gobierno utiliza para decir que ahora no se puede hacer nada, porque los cárteles luchan por la droga. Pero cuando eso termine, qué va a pasar, porque antes de los cárteles ocurría el feminicidio igual. Ocurre por el abuso de poder.
 
-¿Qué medidas de protección toman las jóvenes?
 
-Desaparecen a todas las horas del día, cuando hay luz, cuando van a la escuela, cambian de autobús o van a hacer recados para su familia. En el centro hay mucha vigilancia y policía, pero nadie ve nada. Entre los casos de mujeres que han sobrevivido al ataque, declaran que se les ofrecía un puesto de trabajo o dinero para acabar los estudios, ellas son de familias humildes y buscan facilidades en la vida, pero cuando llegan a la cita las amarran, les ponen cinta en la boca y luego aparecen en las fosas.

domingo, 18 de marzo de 2012

Madres de Ciudad Juárez buscan a hijas desaparecidas

 

Un grupo de madres de mujeres secuestradas o asesinadas durante una protesta frente a la Fiscalía en Ciudad Juárez (Foto de archivo).
Un grupo de madres de mujeres secuestradas o asesinadas durante una protesta frente a la Fiscalía en Ciudad Juárez (Foto de archivo).
Alejandro Bringas / EFE

AFP

Las madres de la población mexicana de Ciudad Juárez buscan en el desierto o en la morgue a sus hijas desaparecidas o secuestradas, una situación que recuerda la tragedia vivida en los años noventa, que dejó entre sus habitantes, heridas aún no cicatrizadas.

El desierto del Valle de Juárez, un conjunto de pueblos agrícolas situados a las afueras de la ciudad, fronteriza con EEUU, se ha convertido en un cementerio clandestino de mujeres asesinadas y en lo que va de año se han encontrado al menos 13 cuerpos.

El pasado 7 de febrero, agentes de la Fiscalía General de Chihuahua realizaron un rastreo tras una llamada anónima que alertaba del hallazgo de restos humanos en el suroeste del poblado de San Ignacio, un pequeño municipio dentro del Valle de Juárez.

Las autoridades encontraron los restos de cuatro jóvenes mujeres, algunas desaparecidas desde 2010. Días más tarde se hallaron los restos de otras cinco personas en distintas zonas del mismo poblado.

“En lo que va del 2012 han sido encontrados 9 cuerpos, es decir, restos óseos pertenecientes a nueve cuerpos y hay tres cuerpos probables más, pero de estos no estamos seguros si son de jovencitas también”, dijo el portavoz de la Fiscalía, Carlos González.

“De estos nueve cuerpos confirmados, los familiares han ya identificado a cuatro. Los demás siguen sin identificar”, agregó. A todos ellos se añade un cadáver encontrado en las últimas horas.

El periodista español Javier Juárez, quien ha cubierto los feminicidios en Ciudad Juárez desde hace varios años, afirma que los grupos dedicados al secuestro de mujeres jóvenes han elegido esta zona por el hermetismo que mantienen los residentes.

“Es una zona que ha sido controlada por narcotraficantes, es un lugar muy hermético y difícil de acceder. En nuestras investigaciones hemos encontrado incluso una casa de seguridad donde presuntamente se mantiene cautivas a las mujeres secuestradas”, dijo Juárez a Efe.

Para Imelda Marrufo, coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, dedicada a apoyar a las madres con hijas asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez, esta es una situación que “lamentablemente” se veía venir.

“En los últimos años la situación de violencia criminalizada había opacado la de la violencia contra las mujeres. Este nuevo capítulo nos confirma una situación que estábamos previendo que podría suceder”, explicó.

En la década de los noventa Ciudad Juárez vivió una etapa tenebrosa en la que desaparecieron centenares de jóvenes y adolescentes, muchas de ellas aún en paradero desconocido. Ahora, para algunos, el panorama puede ser peor.

“La situación actual es aún más grave de la que ocurrió en la década de los 90”, afirmó Juárez.

“En los últimos cuatro años -añadió- hemos visto la desaparición de cerca de 200 adolescentes, según nuestros datos. Las autoridades dan una cifra mucho menor, pero entre el conteo paralelo de las familias y de nosotros, hablamos de entre 160 y 200”.

El 23 de febrero pasado, María García, madre de Jessica Peña, desaparecida en 2010, recibió una llamada de la fiscalía: su hija había estado en la morgue desde aquel año y necesitaban que la identificara.

La indignación de la mujer, que llevaba dos años buscando a su hija, la llevó a velar los restos de Jessica frente a las instalaciones de la Fiscalía para exigir una disculpa del gobernador y una explicación.

“Hay cuerpos que han permanecido hasta 3 años en la morgue”, denuncia Marrufo, para añadir que ello les causó gran “indignación” porque mientras las madres “buscaban día y noche a sus hijas, los restos ya estaban en la morgue escondidos”.

La Fiscalía de Chihuahua afirma trabajar de cerca con los padres de familia y organizaciones civiles para evitar que los cuerpos queden “olvidados” en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

“Lamentablemente se han ido entregando restos óseos de acuerdo a como se van dando las identificaciones. Pero para esto hemos estado muy de cerca con los padres y organizaciones”, comentó González.

“Incluso hace un mes se entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un listado con una base de datos genética para cruzar información y agilizar la entrega e identificación”, agregó.

Para las madres, la entrega de los restos de sus hijas asesinadas les ha dejado un sentimiento ambivalente: por un lado, alivio, porque la búsqueda ha terminado y, por otro, la certeza de que sus hijas fueron asesinadas.

Para otras madres sigue la tragedia: desde 1993 siguen abiertos 116 casos de mujeres desaparecidas, según datos de la Fiscalía, pero el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas cree que pueden llegar a 200.

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2012/03/14/1152573/madres-de-ciudad-juarez-buscan.html#storylink=cpy

Identifican a 33 muertas de Ciudad Juárez

Mercedes Doretti, integrante del equipo, informó que también tienen el registro genético de otros 50 cuerpos que no han sido identificados. Foto: AP

Mercedes Doretti, integrante del equipo, informó que también tienen el registro genético de otros 50 cuerpos que no han sido identificados.
03 de marzo de 2012Foto: AP


Daniela Rea


Ciudad de México.- El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los cuerpos de 33 víctimas de feminicidio localizados entre 1993 y 2005 en Chihuahua, con una técnica que no había sido utilizada: el cruce de información de cuerpos no identificados y denuncias de desaparecidas.

En entrevista Mercedes Doretti, integrante del equipo, informó que también tienen el registro genético de otros 50 cuerpos que no han sido identificados porque no coinciden con las denuncias por desaparición presentadas en la entidad hasta el 2009.

"La metodología consistió en cruzar la información de todas las desapariciones de mujeres de Chihuahua desde 1993 hasta el 2009 con todos los restos femeninos no identificados recuperados en Ciudad Juárez y en Chihuahua", refirió.

Por ello, urgió a la Fiscalía de Chihuahua a que envíe esa información a otras procuradurías e incluso a Centroamérica.

Hace unos días, Ricardo Jaramillo, director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, acusó al equipo argentino de dejar inconcluso el trabajo de identificación.

Sin embargo, con documentos sellados de recibido por la entonces Procuradora Patricia González, el Equipo demostró que entregó en tiempo y forma el perfil genético.

Doretti recordó que desde 2007 sugirió al Gobierno estatal un plan para que familiares de mujeres desaparecidas en el norte del País acudieran a la entidad para corroborar los datos genéticos.

En 2005, la Procuraduría de Chihuahua los contrató para analizar los restos de 30 mujeres.

El trabajo del equipo argentino, conformado por 15 especialistas entre patólogos, antropólogos, genetistas, arqueólogos, una maestra, una socióloga y abogados de México, Argentina, Portugal, Colombia, y Estados Unidos, no fue nada sencillo.

Luego de una ardua búsqueda en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez y en el C4 de Chihuahua, de revisar los libros en cementerios locales, así como la Osteoteca y la Sala de Embalsamamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciudad Juárez, el equipo argentino localizó otros 50 cuerpos.

Recolectaron información, cruzaron los datos genéticos, antropológicos y los antecedentes de cada caso. Lograron lo que la entonces Procuraduría no pudo en más de una década: darles nombre a las mujeres asesinadas en esa ciudad fronteriza.

"El EAAF identificó 33 de estos restos femeninos y excluyó tres identificaciones oficiales, estas últimas correspondientes al Campo Algodonero. En los 33 casos, los restos fueron devueltos a sus familiares y los dictámenes fueron entregados a las autoridades correspondientes", dijo Doretti.

Apenas en octubre del 2010, al Equipo aún le quedaban 50 cuerpos por reconocer, pero ya había agotado todas las vías posibles para identificarlos. Por ello, ahora insisten en el llamado urgente a la Fiscalía para darle nombre a esas 50 mujeres.

viernes, 16 de marzo de 2012

Redes de trata, detrás de feminicidio en Chihuahua

Fiscalía ignora esa línea de investigación: JNH



Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 14 mar 12 (CIMAC).- Tan sólo en el primer trimestre de este año han sido asesinadas 60 mujeres en el estado de Chihuahua, mientras que las redes de tratantes de personas operan ante la inacción de autoridades estatales y federales, denunció la organización Justicia para Nuestras Hijas (JNH).

La agrupación defensora de Derechos Humanos (DH) señaló que niñas y jóvenes desaparecidas entre 2009 y 2011 en Ciudad Juárez coinciden en la edad, nivel socioeconómico y lugar donde fueron vistas por última vez, con las cinco jóvenes encontradas muertas e identificadas a fines del año pasado y principios de 2012 en el predio conocido como Práxedis Guerrero, en el Valle de Juárez.

La directora de JNH, Norma Ledezma, dijo a Cimacnoticias que las jóvenes desaparecidas en esos años pudieron haber sido victimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

“Las redes de trata no las hace un grupito de chamaquitos inexpertos, pobres de barrio; esto es de gente de mucho poder político y económico”, advirtió.

La organización pionera en documentar el feminicidio en la entidad ha realizado una investigación hemerográfica, a partir de la revisión diaria de periódicos, para dimensionar el problema de los asesinatos y desapariciones de mujeres en esa entidad.

Ledezma precisó que la investigación hemerográfica, el hecho de ser coadyuvantes en muchos casos de asesinadas y el conocer el patrón de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, las llevan a deducir que una o varias bandas delictivas son las que se están llevando a las jóvenes.

“No lo podemos comprobar, pero sí podemos determinar que es una o varias bandas de la delincuencia organizada que se las están llevando para supuestos fines de prostitución”, recalcó.

La activista destacó que los restos de cinco mujeres encontrados en Práxedis Guerrero “podrían ser la punta de la madeja que muestre que estamos frente a un caso paradigmático (de violencia contra las mujeres)”.

Norma Ledezma precisó que desde que se encontró en ese lugar el cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez, quien estudiaba preparatoria y desapareció en 2008, la Fiscalía General de Chihuahua siguió localizando más restos en Práxedis Guerrero.

La fundadora de JNH aseguró que desde septiembre de 2010 su organización alertó a las autoridades –entre ellas la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)– que Adriana podría haber sido víctima de las redes de trata. Pero el caso nunca se investigó.

“Desafortunadamente fue hasta el hallazgo de Adriana que se desencadenó la identificación de estas jovencitas, de los que aún hay restos sin identificar”, lamentó.

El pasado 28 de febrero el gobernador de Chihuahua, César Duarte, informó a madres y familiares de jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez que en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la localidad sólo están los restos de cinco mujeres, cuyas identidades se darán a conocer a fines de abril.

BUROCRACIA JUDICIAL

La madre de Paloma Angélica Escobar Ledesma, joven de 16 años desaparecida y asesinada en 2002, afirmó que “la Fiscalía tiene conocimiento de que existen estas redes de trata de personas en el estado de Chihuahua”.

Sin embargo, explicó Ledezma, la autoridad local se lava las manos diciendo que es un delito federal y por tanto el caso es competencia de la Procuraduría General de la República (PGR).

Agregó que para que la PGR atraiga un caso de trata se requiere que el Ministerio Publico local “compruebe” que efectivamente se trata de ese delito. Luego la PGR le pide al MP una serie de “requisitos enormes” para comprobar un caso de trata, pero “muchas veces hay cosas que no se pueden comprobar”, acotó la dirigente de JNH.

También señaló que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, debería investigar los casos sin esperar a que las madres se lo soliciten.

Aunque, recordó, en otras indagaciones en las que ha participado Fevimtra en Chihuahua su actuación ha sido “mediocre”. “Para que (Fevimtra) tome un caso presentado por JNH u otra organización te piden una serie de requisitos interminables; creo que la colaboración debería ser sin condiciones”, exigió la activista.

12/GTR/RMB

jueves, 15 de marzo de 2012

LA INJUSTICIA PASIVA

LA INJUSTICIA PASIVA

Para Francisca Galván Segura

El 23 de febrero de este año, en la ciudad de Chihuahua, el Estado mexicano dio inicio a un acto de justicia, pidió perdón y reconoció su responsabilidad por el feminicidio de la joven Paloma Angélica Escobar Ledezma. En este Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, cuyo objetivo fue cumplir con la petición hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de gobernación: Alejandro Poiré, reconoció, entre otras fallas, que en el caso de Paloma el Estado había violado los derechos de las garantías judiciales, los Derechos del Niño, además de que ella no había recibido la protección de la ley y la integridad personal. En este evento, también estuvo presente el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien del mismo modo pidió perdón a familiares de la joven Paloma Angélica y declaró:

La injusticia pasiva es quizá la peor de las injusticias porque a la injusticia de un delito le sigue la injusticia pasiva de una autoridad que no actúa y no atiende con atingencia a las víctimas, así como la indiferencia civil y la apatía gubernamental, que ve asuntos o expedientes y deja de ver a seres humanos con dolor que claman justicia (Gómez Trejo, 2012).

Paradójicamente, frente a este acto de reparación de injusticia del feminicidio, al día siguiente, tres madres de Ciudad Juárez con hijas desaparecidas fueron notificadas que Jessica Leticia Peña García, de 15 años desaparecida desde el 29 Mayo de 2010, Lizbeth Avilés García, de 17 años de edad, con desaparición desde el 21 de abril de 2009 y Andrea Guerrero Venzor, de 15, desaparecida desde el 17 de agosto de 2010, habían sido finalmente encontradas; sin embargo, sus cadáveres formaban parte de la masacre feminicida en contra de niñas y jóvenes mujeres cometida por asesinos cubiertos con toda impunidad, desde hace dos décadas y que ningún orden de gobierno tiene la voluntad política de investigar, sancionar y erradicar.

La Sra. María García Reynosa, madre de Jessica Leticia Peña García, decidió velar los restos de su hija en la explanada de la Procuraduría, y exponer su dolor públicamente hasta que se presentara el gobernador, le diera el pésame y reconociera que la justicia no existió para ella ni para decenas de madres y padres que se encuentran en la misma situación de abandono ante la desaparición sus hijas. El gobernador acudió el día 27 e hizo una serie de compromisos derivados de las demandas y exigencias que le hicieron el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas. Entre esos compromisos destaca la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, misma que atenderá y dará un seguimiento junto con familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, a todos y cada uno de los casos de jóvenes desaparecidas.

Ante el más de centenar de niñas y jóvenes desaparecidas en esta ciudad y que sus dolientes familiares las reclaman con vida, es necesario reconocer por parte de los tres ordenes de gobierno, que esta violencia terminal contra las mujeres es una problemática social de graves dimensiones. Que sólo se terminará cuando se desarrolle una política de Estado que tenga como objetivo: el respeto a la vida de las mujeres y en especial y de manera emergente el bienestar de un segmento femenino de la población que es vulnerable a ser desaparecido para después encontrar sus cadáveres prácticamente irreconocibles. Solo presentando a los agresores y sancionándolos se mandará un mensaje claro de que esto no puede seguir sucediendo.

Frente a esta masacre, el Estado –y en primer lugar el estado de Chihuahua- puede optar por no hacer nada como en el pasado, presentar chivos expiatorios o buscar las alternativas que lleven a la presentación de los asesinos ante familiares de víctimas y la sociedad y erradicar este crimen contra la humanidad de las mujeres fronterizas, de las mujeres de otros estados del país, y de países centroamericanos.

Igualmente, es menester que el gobierno de Chihuahua explique a familiares de víctimas en qué consistirán las acciones que se van a tomar para: en primer lugar encontrar a sus hijas. Pero, también es necesario que la sociedad sepamos cuáles son las medidas, acciones y estrategias que una verdadera Política de Estado de Seguridad Ciudadana para las mujeres va a delinear en el corto, mediano y largo plazo para que no sigan desapareciendo mujeres: ya sea para la trata de personas y la esclavitud sexual, pero también para ser víctimas de un feminicidio sexual sistemático y organizado que tiene como antecedente las víctimas encontradas en: Lote Bravo, Lomas de Poleo y Campo Algodonero, entre otros sitios.

La ciudadanía requiere recuperar el Estado de derecho que se encuentra ausente desde hace ya largos años con acciones concretas que recuperen el derecho a la vida en esta ciudad. Más allá de las recompensas ofrecidas diferencialmente, el pago de los ataúdes o el traslado de los cadáveres a otros estados del país, el gobierno de Chihuahua debe evaluar sus capacidades para otorgar justicia, y si encuentra limitantes, debe acudir a instancias internacionales que le apoyen para eliminar de una vez para siempre esta violencia sistémica en contra de jóvenes marginalmente económicas.

Si bien, el Instituto Chihuahuense de la Mujer ha emprendido una campaña en contra de la desaparición de niñas y mujeres. Urge que el gobierno municipal y el gobierno estatal hagan otras campañas informando lo que está sucediendo. La prevención es parte de los deberes de las alcaldías y en Ciudad Juárez ésta esta ausente. En una política de Estado que privilegie el valor de la vida, se requiere que toda la ciudadanía sepa que la vida de todos y cada uno de los y las que vivimos en esta ciudad es importante, que al faltar un miembro familiar por razones de violencia, se disminuye el valor ciudadano de la comunidad.

Al mismo tiempo, el gobierno, tal como se ha comprometido, debe atender de manera integral a todos los y las familiares de víctimas de desaparición. En este sistema de injusticia pasiva, todos ellos han gastado los pocos recursos económicos con los cuales contaban para encontrar con vida a sus hijas, han perdido sus empleos y se han desgastado física, psicológica y emocionalmente.

Frente a la gran atrocidad que vivimos, frente al atrincheramiento de la sociedad con sus calles enrejadas y la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia, el Estado debe ir desarticulando los cotos de injusticia pasiva y retomar el valor de la vida, el gobierno debe actuar, debe atender con toda celeridad a las víctimas y a las víctimas potenciales, está obligado a mandar mensajes claros y contundentes a toda la ciudadanía de que la violencia y el quebranto de la ley no se van a permitir. Sólo así las voces de dolor que claman justicia enfrentarán la injusticia pasiva y no tendrán que esperar a recibir un perdón rezagado.

Daniel Gómez Trejo, “Poiré y César Duarte piden perdón por feminicidios”, Argonméxico.com http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16568:poire-y-cesar-duarte-piden-perdon-por-feminicidios-&catid=112:estados&Itemid=367

Julia Monárrez Fragoso es profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. JuárezDialoga la ha invitado a colaborar por su trabajo como investigadora, así como por su compromiso social desde la academia y en lo personal. Para JuárezDialoga sin duda es importante tenerle como colaboradora ya que posibilita a los lectorxs comprender esta ciudad desde una perspectiva de género. Julia ha publicado diversos artículos y libros académicos. Recientemente publicó junto con los también académicos del COLEF, Rodolfo Rubio Salas y Luis Cervera Gómez, el libro “Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez”. COLEF y Miguel Ángel Porrúa, 2010.

Estado mexicano, cómplice de violencia de género



El Estado mexicano no cumplió sus compromisos de garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, combatir la impunidad de la violencia de género y prevenir esos hechos, concluyó un informe elaborado por un grupo de organizaciones para las Naciones Unidas.

El documento "El gobierno de México miente" fue realizado por siete organizaciones no gubernamentales (ONG), para ser analizado en julio por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y en él se cataloga de "parcial" el cumplimiento por el país de los requerimientos de ese organismo.

El texto, al que tuvo acceso adelantado IPS, opera como un "contrainforme" de las ONG defensoras de los derechos de las mujeres, con respecto al que presentará el gobierno ante el Comité durante su 52 periodo de sesiones, que tendrá lugar del 9 al 27 de julio y que examinará la situación de México y de otros siete países.

El Comité de 23 expertas y expertos independientes se ocupa del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

"Las autoridades no han cumplido con su deber de actuar con debida diligencia para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, quienes deben de sortear una serie de obstáculos normativos y de hecho luego de sufrir discriminación y violencia", cita el también llamado "informe sombra" de las ONG.

El documento aborda, entre otros aspectos, la violencia contra mujeres periodistas, el impacto de género de la militarizada lucha de las fuerzas del Estado contra las mafias del tráfico de drogas y la trata de mujeres, adolescentes y niñas.

El Comité planteó en noviembre una serie de preguntas al Estado mexicano sobre asuntos como la armonización legislativa federal, estadual y municipal con la Cedaw, los mecanismos para presentar demandas judiciales vinculadas a derechos de las mujeres, la participación política femenina y las medidas contra la violencia de género y la trata.

"La violencia se ha recrudecido cada día. Sabemos de la situación de diferencia salarial, de diferentes oportunidades y, en una situación de conflicto social como la que se vive, aumentan esas diferencias", indicó a IPS la directora de Arthemisas por la Equidad, Irma Ochoa.

La organización opera en el nororiental estado de Nuevo León y es una de las signatarias del informe, que resalta entre sus preocupaciones el desatado fenómeno de los feminicidios, como se denominan los asesinatos de mujeres por razones de género.

El estudio "Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009", elaborado por ONU Mujeres, el gobierno y el parlamento, aseguró que en el país se cometieron en ese lapso 34.176 homicidios de mujeres y que los feminicidios aumentaron desde 2005.

María Castañeda, coordinadora de proyectos de la ONG Equis: Justicia para las Mujeres, dijo a IPS que tampoco en el acceso a los tribunales hay buenas noticias para las mexicanas.

Equis analizó 35 sentencias dictadas en México entre 2003 y 2012, dentro de la iniciativa del Observatorio de Sentencias Judiciales, que opera en siete países latinoamericanos desde 2007 y es parte de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género.

"Hemos encontrado actitudes discriminatorias de los jueces, especialmente el uso de estereotipos. Hemos encontrado que solo un fallo utiliza o menciona un estándar internacional de derechos humanos. Ninguna de las sentencias analizadas menciona la ley general", explicó.

Castañeda también destacó que "no se valora el testimonio de la (mujer) víctima, especialmente en casos de violación, y que hay deficiencia en investigar y otorgar medidas de protección", enfatizó.

El acceso de la justicia en el continente será el foco de una audiencia dentro del 144 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tendrá lugar del 19 al 30 de este mes en su sede en Washington.

Este acceso "para las mujeres se ve comprometido debido a la inexistencia de medidas que respondan a las necesidades específicas de las mujeres", destaca el "informe sombra" de la sociedad civil mexicana.

Las ONG criticaron la inexistencia de mecanismos de vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 y de un sistema de seguimiento y evaluación de resultados e impacto.

Muestras de esta ausencia son los programas nacionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Derechos Humanos para el periodo 2009-2012, que carecen de esquemas de medición.

"La ley es letra muerta. Hay una situación de impunidad que abona la violencia. Por eso, queremos que el Comité haga recomendaciones para que se elimine la violencia en contra de las mujeres y que baje la incidencia de esos delitos", planteó Ochoa.

En enero, Arthemisas y otras ONG solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior), la emisión de una alerta de género en Nuevo León.

Pero esa petición fue rechazada en febrero, por lo que las activistas presentaron a inicios de marzo un amparo contra esa resolución.

Ninguna solicitud de alerta, figura establecida por la ley general, ha prosperado, a pesar de que varias organizaciones la pidieron en 2008 para el sureño estado de Oaxaca, al año siguiente para la central región de Guanajuato y en 2010 para el estado de México, próximo la capital.

La única buena noticia en este aspecto se produjo en este último estado el 27 de febrero, cuando varias organizaciones humanitarias lograron un amparo de un juez federal, lo que finalmente abre la posibilidad de investigar penalmente allí los casos de feminicidio.

"En los últimos años se ha invertido mucho en presupuestos y en la creación de instituciones y los resultados son muy pocos", criticó Castañeda, cuya organización estudió cuatro entidades relacionadas con derechos de las mujeres.

Las siete organizaciones autoras del informe alternativo insisten en la creación de bancos nacionales de datos sobre casos de violencia contra las mujeres y sobre las órdenes de protección hacia ellas.

El "reporte sombra" concluye en que "las muertes violentas contra las mujeres en México reflejan un fenómeno generalizado y tolerado por el Estado, creando un ambiente de permisividad por parte de las autoridades ante dichos crímenes".

En sus sesiones de julio, el Comité examinará también los casos de Bahamas, Bulgaria, Guyana, Indonesia, Jamaica, Nueva Zelanda y Samoa.

Las madres de Ciudad Juárez buscan a sus hijas en el desierto… o en la morgue

Ciudad Juárez (México), 14 mar (EFE).- Las madres de la población mexicana de Ciudad Juárez buscan en el desierto o en la morgue a sus hijas desaparecidas o secuestradas, una situación que recuerda la tragedia vivida en los años noventa, que dejó entre sus habitantes heridas aún no cicatrizadas.

El desierto del Valle de Juárez, un conjunto de pueblos agrícolas situados a las afueras de la ciudad, fronteriza con EE.UU., se ha convertido en un cementerio clandestino de mujeres asesinadas y en lo que va de año se han encontrado al menos 13 cuerpos.

El pasado 7 de febrero, agentes de la Fiscalía General de Chihuahua realizaron un rastreo tras una llamada anónima que alertaba del hallazgo de restos humanos en el suroeste del poblado de San Ignacio, un pequeño municipio dentro del Valle de Juárez.

Las autoridades encontraron los restos de cuatro jóvenes mujeres, algunas desaparecidas desde 2010. Días más tarde se hallaron los restos de otras cinco personas en distintas zonas del mismo poblado.

“En lo que va del 2012 han sido encontrados 9 cuerpos, es decir, restos óseos pertenecientes a nueve cuerpos y hay tres cuerpos probables más, pero de estos no estamos seguros si son de jovencitas también”, dijo el portavoz de la Fiscalía, Carlos González.

“De estos nueve cuerpos confirmados, los familiares han ya identificado a cuatro. Los demás siguen sin identificar”, agregó. A todos ellos se añade un cadáver encontrado en las últimas horas.

El periodista español Javier Juárez, quien ha cubierto los feminicidios en Ciudad Juárez desde hace varios años, afirma que los grupos dedicados al secuestro de mujeres jóvenes han elegido esta zona por el hermetismo que mantienen los residentes.

“Es una zona que ha sido controlada por narcotraficantes, es un lugar muy hermético y difícil de acceder. En nuestras investigaciones hemos encontrado incluso una casa de seguridad donde presuntamente se mantiene cautivas a las mujeres secuestradas”, dijo Juárez a Efe.

Para Imelda Marrufo, coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, dedicada a apoyar a las madres con hijas asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez, esta es una situación que “lamentablemente” se veía venir.

“En los últimos años la situación de violencia criminalizada había opacado la de la violencia contra las mujeres. Este nuevo capítulo nos confirma una situación que estábamos previendo que podría suceder”, explicó.

En la década de los noventa Ciudad Juárez vivió una etapa tenebrosa en la que desaparecieron centenares de jóvenes y adolescentes, muchas de ellas aún en paradero desconocido. Ahora, para algunos, el panorama puede ser peor.

“La situación actual es aún más grave de la que ocurrió en la década de los 90″, afirmó Juárez.

“En los últimos cuatro años -añadió- hemos visto la desaparición de cerca de 200 adolescentes, según nuestros datos. Las autoridades dan una cifra mucho menor, pero entre el conteo paralelo de las familias y de nosotros, hablamos de entre 160 y 200″.

El 23 de febrero pasado, María García, madre de Jessica Peña, desaparecida en 2010, recibió una llamada de la fiscalía: su hija había estado en la morgue desde aquel año y necesitaban que la identificara.
La indignación de la mujer, que llevaba dos años buscando a su hija, la llevó a velar los restos de Jessica frente a las instalaciones de la Fiscalía para exigir una disculpa del gobernador y una explicación.

“Hay cuerpos que han permanecido hasta 3 años en la morgue”, denuncia Marrufo, para añadir que ello les causó gran “indignación” porque mientras las madres “buscaban día y noche a sus hijas, los restos ya estaban en la morgue escondidos”.

La Fiscalía de Chihuahua afirma trabajar de cerca con los padres de familia y organizaciones civiles para evitar que los cuerpos queden “olvidados” en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

“Lamentablemente se han ido entregando restos óseos de acuerdo a como se van dando las identificaciones. Pero para esto hemos estado muy de cerca con los padres y organizaciones”, comentó González.

“Incluso hace un mes se entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un listado con una base de datos genética para cruzar información y agilizar la entrega e identificación”, agregó.

Para las madres, la entrega de los restos de sus hijas asesinadas les ha dejado un sentimiento ambivalente: por un lado, alivio, porque la búsqueda ha terminado y, por otro, la certeza de que sus hijas fueron asesinadas.

Para otras madres sigue la tragedia: desde 1993 siguen abiertos 116 casos de mujeres desaparecidas, según datos de la Fiscalía, pero el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas cree que pueden llegar a 200. EFE

miércoles, 14 de marzo de 2012

Forenses internacionales opinan sobre las investigaciones de feminicidios en Juárez

Por Guadalupe Lizárraga
LOS ÁNGELES, California.- Para el antropólogo forense de Guatemala, Fredy Peccerelli, en el caso de las osamentas de los feminicidios de Juárez, es más importante revisar que los procedimientos de análisis de ADN sean acreditados de acuerdo a las normas de calidad internacional. Y mencionó que un tiempo razonable para hacer este trabajo forense es de quince días hasta tres meses. “Si el trabajo se lleva más tiempo, hay que dudar de la calidad del procedimiento y considerar la angustia de los familiares”, dijo en entrevista telefónica para Los Ángeles Press.
Respecto al tiempo que la fiscalía de Chihuahua se ha llevado en identificar a las víctimas de feminicidios y en entregar los cuerpos, consideró que si las autoridades se han tardado tanto tiempo es comprensible que los familiares tengan dudas y desconfianza, porque los procedimientos seguramente no son los adecuados “y eso sí puede ser un problema, pese a que cada caso es diferente”.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, en un periodo de tres meses, con todos los elementos necesarios, ha logrado identificar hasta 124 osamentas, como parte de la campaña “Mi nombre no es XX”. La cifra es significativa porque se trata de 124 familias que pudieron recuperar los restos de sus familiares.
En Guatemala, señaló el científico, se han obtenido resultados satisfactorios en un 70 por ciento del total de las osamentas analizadas, y se han recuperado los restos de más de cinco mil víctimas fallecidas durante la dictadura. Pero se calcula que fueron más de 45 mil víctimas de desaparición forzada en este país, entre 1960 y 1996.
El antrópologo, Fredy Peccerelli, ha destacado internacionalmente por documenpar evidencias e identificar a víctimas de desaparición forzada en Guatemala. Junto con la antropóloga Kate Doyle, ha sido galardonado con el segundo premio ALBA/Puffin de Nueva York, por su trabajo contra la impunidad en Latinoamérica.
Exhumación de una fosa común en Comalapa, Chimaltenango a cargo de la antropóloga Kate Doyle. Foto: USAID
Antropólogas argentinas desmienten a la Fiscalía de Chihuahua
“Los crímenes de mujeres en Juárez necesitan ser atendidos por investigadores internacionales. Si las fiscalía insiste en seguir haciéndolo localmente, va directo al fracaso”, habría dicho la antropóloga argentina Marcela Doretti a la representante jurídica del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Juárez, Francisca Galván Segura.
La cuestión principal es que las investigaciones están “demasiado corrompidas”, dijo la antropóloga en entrevista con la asesora jurídica del Comité de Madres. Le explicó que parte de esta corrupción es “el desorden que prevalece en la fiscalía”, y en el Servicio Mexicano Forense (SEMEFO).
Así lo hizo saber en el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregado en dos ocasiones a la Fiscalía de Chihuahua, el 1 de octubre de 2010, y el 11 de diciembre de 2011, un reporte que se ha vuelto público, a raíz de las declaraciones de las autoridades gubernamentales sobre el supuesto abandono de la investigación de las osamentas por parte del equipo de forenses argentinas, “quienes además se fueron sin dejar documento alguno”.
Las antropólogas trabajaron hasta septiembre de 2010, con la identificación de 83 osamentas recuperadas entre 1995 y 2005, de las cuales 33 fueron plenamente identificadas. Del total de las estructuras óseas identificadas, 26 tenían reporte de desaparecidas en Ciudad Juárez, y 7 en la ciudad de Chihuahua.
Doretti señaló que se habían dado a la tarea de reconstruir los cuerpos que no se habían entregado a los familiares porque estaban desarticulados y sin identificar. Y que el resto de las osamentas, 50 cuerpos más fueron identificados como mujeres adolescentes en su mayoría, pero que no lograron su identidad con precisión, porque sólo lograron obtener 195 muestras de familiares con desaparecidas.
Marcela Doretti Foto: Equipo Argentino de Antropología Forense
Huesos tirados en diferentes instalaciones en 2008
Mercedes Doretti fue entrevistada en 2008, por el digital de noticias género Artemisa, respecto a las investigaciones de los cuerpos encontrados en Juárez en ese entonces. Dijo que la recuperación de restos había sido larga y difícil y que el equipo que encabezaba “tuvo que hacer la mayor parte del trabajo como buscar todos los libros del cementerio, de los servicios forenses, ir a las funerarias, al registro civil y conseguir todos los permisos para hacer su labor”.
Entre la información que daría en su informe también señaló que incorporaría el número de restos identificados, las causas de muerte de las mujeres asesinadas, así como una serie de recomendaciones para el gobierno de México. Y ya para esa fecha, Doretti había adelantado el número de cuerpos recuperados, “había un número estimado de 80 restos completos e incompletos, de los cuales, se ha logrado identificar positivamente a 27, y que ya fueron entregados a los familiares”. A la fecha, confirmó que fueron identificados finalmente 33 cuerpos.
El 29 de noviembre de 2011, Los Ángeles Press denunció la existencia de los cuerpos guardados en la morgue desde 2008. Pero la fiscalía negó los hechos, y hostigó a los investigadores, incluyendo a las madres de Juárez por “filtrar” información. De igual manera este medio denunció las mentiras de la fiscalía, así como la manipulación y ocultamiento de las evidencias. Incluso varios medios mexicanos reprodujeron la información, alterándola como si la entrega de los cuerpos hubiese sido una iniciativa de la fiscalía y como resultado de recientes rastreos.
Esta fábrica de mentiras y de corrupción de las investigaciones, ha sido un asunto muy familiar para Doretti, ya que la antropóloga había denunciado, en ese año de 2008, que la documentación oficial de la fiscalía no coincidía con la realidad. Según la fiscalía, los cadáveres encontrados hasta 1997 habían sido enviados a una fosa común. Pero la antropóloga descubrió que había restos de mujeres enterradas con tres años de muerte, es decir, desde el 2005.
El problema de los tiempos para hacer este trabajo forense de reconstruir cuerpos, explicó en ese tiempo Doretti, es que ha sido muy lento, porque los huesos estaban en diferentes lugares, sin orden, sin clasificación, en laderas y algunos tirados. “Fueron sometidos a exámenes y se les dejó sin cráneo, tórax y otras partes perdidas bajo custodia".
Todavía hay 50 mujeres guardadas en la morgue sin que aún se logre saber su identidad. Pudieron haber sido asesinadas entre 1993 y 2005, de acuerdo a las investigaciones de las forenses. Sin embargo las preguntas con respecto a la fiscalía de Chihuahua siguen en el aire.
¿Qué ha hecho la fiscalía, si los resultados de ahora han sido producto del trabajo de las antropólogas argentinas, desde 2004? ¿Por qué la fiscalía ha estado ocultando la información, manipulando las evidencias y promoviendo información falsa o incompleta en los medios mexicanos? ¿Por qué presionan a testigos de feminicidios a que alteren sus declaraciones ante el Ministerio Público, como el caso de Manuel García, quien ayudaba a buscar a su sobrina desaparecida desde 2009, Brenda Berenice Castillo García de 17 años de edad, y colaboraba con Marisela Escobedo, asesinada por pedir justicia para su hija? ¿Por qué las amenazas de muerte?

Lamenta Marisela Ortiz sigan encontrando asesinadas

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10 de marzo de 2012. Pulso/Redacción

CD. JUÁREZ, CHIH.- “Es muy duro ver que el sufrimiento consume a las familias, y que a pesar de las recomendaciones hechas a México por algunas instancias internacionales las niñas y las mujeres en Ciudad Juárez siguen en el mismo riesgo de perder la vida en manos de personas que quizá jamás vamos a saber quiénes son”, lamentó Marisela Ortiz desde algún lugar de Estados Unidos, donde permanece asilada tras las amenazas que ha recibido en su labor como activista en aquella ciudad de Chihuahua.



El día de ha mujer fue diferente para ella. No participó en marchas en Chihuahua o la frontera, no se plantó frente a las autoridades para exigir que se esclarezcan homicidios y desapariciones. Este año, por primera vez, pasó esta fecha escondida en el vecino país, sin poder pisar tierras mexicanas porque ello le representaría la muerte.

Entrevistada vía telefónica para EL UNIVERSAL, Marisela habla de cómo ve el panorama actual en su estado y no da buenas noticias. “Resulta desesperanzador el hecho de que mientras el gobierno ofrece disculpas por los asesinatos de mujeres —ocurridos algunos hace 10 años— se sigan encontrando restos de jovencitas que habían sido reportadas como desaparecidas”.

Marisela Ortiz abandonó su casa y se llevó a su familia el 10 de marzo de 2010, luego de que desconocidos colocaron una manta en la secundaria en la que trabajaba como maestra y la amenazaban con asesinarla junto a sus hijos. Permaneció algunos meses en la Ciudad de México y otros sitios, hasta que recientemente se fue a Estados Unidos como medida de protección.

“Huimos fundamentalmente por el miedo; y no es que antes no lo sintiera, de hecho fueron más de treinta amenazas documentadas ante las autoridades federales las que sufrimos a partir de nuestras demandas de justicia y un alto al feminicidio. Pero en esta ocasión había varias situaciones que incrementaban el riesgo de perder la vida: los recientes asesinatos de otras defensoras; la quema de casas a la familia Reyes; el intento de la misma acción en contra de la compañera María Luisa Andrade un mes antes”.

El inicio en el activismo

Si historia en el activismo inició en 2001, cuando una de sus alumnas fue raptada y posteriormente asesinada. En ese momento se unió a la madre de lo joven, Norma Andrade, y fundaron Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una de las más influyentes organizaciones en favor de los derechos por la seguridad de las mujeres en el país.

Según su perspectiva, las condiciones de violencia contra las mujeres no han cambiado en Chihuahua desde hace 20 años, y el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, tampoco se vislumbró un cambio.

“Lamentablemente las tragedias continúan y los casos no se resuelven, no se aclaran. Las desapariciones de niñas de entre 14 y 18 años de edad continúan, y de hecho registramos un incremento a partir de 2008 que fue creciendo hasta llegar a 400% mas que los años anteriores. Es doloroso y nos causa una tremenda impotencia que a pesar de tantos esfuerzos, denuncias, marchas, la suma de muchas asociaciones y la fuerza de los padres y madres de estas muchachitas desaparecidas. El problema se ve igual que en los años 90”.

De acuerdo con estadísticas de Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de enero de 2010 a junio de 2011 se registraron 159 asesinatos de mujeres en Chihuahua.

En esta entidad, a pesar del alza en el número de muertes, aún no se ha legislado para tipificar el feminicidio y así aumentar las penas a los hombres que por razones de género acaben con la vida de la víctima.

La activista, reprocha la forma en que los distintos órdenes de gobierno han actuado para frenar la violencia de género. “Los constantes asesinatos, las desapariciones en aumento, la impunidad, nos indican que no hay a la fecha una debida actuación por parte de las autoridades, que muchas veces responsabilizan a las propias víctimas o a sus familias de estos hechos de violencia que les arrebata la vida, cuando por derecho debíamos poder transitar sin riesgo alguno. Las familias se quejan de que no se trabaja con la contundencia debida, con la voluntad que se requiere”.

viernes, 9 de marzo de 2012

En México, el Día de la Mujer debería ser una fecha de luto: Norma Andrade

La defensora de los Derechos Humanos -encargada de documentar los feminicidios en Ciudad Juárez- señaló que las mujeres de esta nación no tienen nada que conmemorar.
Así lo señalo Norma Andrade, la dirigente de la agrupación mexicana Nuestras Hijas de Regreso a Casa, encargada de documentar los feminicidios en la mexicana Ciudad Juárez en Chihuahua, al norte de aquel país.

La defensora por los Derechos Humanos, señaló que las mujeres de esta nación no tienen nada que conmemorar.

Enfatizó que es una fecha luctuosa para las madres con hijas asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez y en todo el país.

Conviene recordar que un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en cordinación con la Cámara de los Diputados revelo que de 1985 a 2009, se han registrado 34 mil 176 crímenes en contra de las mujeres de esa nación.

Además, Andrade señalo que la bandera mexicana debería ondear a media asta, como una señal de duelo, mientras no sea localizada cada una de jóvenes desaparecidas.

“Sólo así podrían darse el lujo de colocar la bandera a toda asta” reitero.

La activista, que se había mantenido alejada de los eventos públicos, luego de sufrir un par de atentados en Ciudad Juárez y en la ciudad de México, reapareció en una conferencia de prensa para solicitar a las autoridades la localización de las desparecidas en Ciudad Juárez.

Por otra parte Andrade, admitió temer por su vida al permanecer en México, por tanto evalúa aceptar el asilo humanitario ofrecido por España o Estado Unidos.

Dijo que la decisión no era fácil pues su familia sería desintegrada.

De momento permanece bajo resguardo de la policía local y de la Fiscalía nacional.

Norma Andrade es madre de Lilia Alejandra García Andrade de 17 años, quien fue asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez.

Tras la muerte de su hija, adopto a sus nietos menores, hijos de Lilia Alejandra y fundo la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, encargada de investigar los homicidios de mujeres en Juárez.

El homicidio de Lilia Alejandra aun permanece impune.

jueves, 8 de marzo de 2012

Agentes Federales y Ministeriales inician la busqueda de 3 mujeres muertas en el Valle de Juárez

Inician operativos de rastreo en el Valle de Juárez, a la altura del poblado Juárez y Reforma. Foto: Archivo / El Mexicano


El Mexicano

8 de marzo de 2012

Redacción / El Mexicano

Ciudad Juárez, Chihuahua.-En el marco del día Internacional de la Mujer se recibió el reporte de la muerte de tres mujeres, de nueva cuenta en la zona del Valle de Juárez, por lo que agentes Ministeriales y Federales se trasladaron al lugar a iniciar la búsqueda de los cuerpos.

Alrededor de 30 elementos rastrean la zona del poblado de Juárez y Reforma, del Valle de Juárez, en búsqueda de las mujeres que mencionaron en una llamada anónima recibida por los agentes.

En lugar encontraron ropa con rastros de sangre y será en el transcurso del día que reporten si localizaron algún resto humano.

Identifican a joven asesinada en Juárez

 
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Ciudad Juárez, Chih. La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género identificó, mediante pruebas de ADN, una de las nueve osamentas de mujeres jóvenes localizadas en el valle de Juárez entre enero y febrero de este año. Los restos corresponden a Deysy Ramírez Muñoz, de 16 años, quien fue vista por última vez el 22 julio del 2010 en la zona centro de esta localidad. Así, suman cuatro las osamentas identificadas, pues el 24 de febrero se dio a conocer que tres de las víctimas eran Lizbeth Avilés García, de 17 años, extraviada en el centro de Juárez el 21 de abril de 2009; Jéssica Leticia Peña García, de 15 años, desaparecida el 30 de mayo de 2010, también en el primer cuadro de la ciudad, y Andrea Guerrero Venzor, de 15 años, vista por última vez en agosto de 2010 en la misma zona.

En cinco años, más de 4 mil feminicidios



8. marzo, 2012 Autor: Flor Goche Sociedad
En lo que va de este sexenio al menos 4 mil 419 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en 17 entidades del país, de acuerdo con las procuradurías locales. La Segob se disculpa y reconoce que no han logrado erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante, asegura que hay “esfuerzos” y que han cumplido con el 75 por ciento de la sentencia “Campo Algodonero”. La presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados no está de acuerdo: falta trabajo en materia de capacitación, bancos de información genética, investigación y reparación del daño. Durante este periodo, el Observatorio del Feminicidio ha documentado 3 mil 193 feminicidios. Denuncia que, en la “guerra contra el narcotráfico”, el 25 por ciento de éstos se adjudican al crimen organizado sin previa investigación
 De diciembre de 2006 a enero de 2012, al menos 4 mil 419 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en 17 entidades de la república. Esto, de acuerdo con los informes que las procuradurías locales han rendido a la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados.
 
Se trata de funcionarios que en un acto de “voluntad” respondieron al llamado que les extendió dicha Comisión. El objetivo: dar cuenta de los feminicidios y desapariciones de mujeres a nivel local y seguimiento a los resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras versus México (conocida también como Campo Algodonero), y que se refiere a la “desaparición y ulterior muerte” de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001.
 
Así, se sabe que Aguascalientes y Chiapas registraron, juntos, 89 feminicidios. En tanto, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Guerrero y Guanajuato sumaron 4 mil 330 homicidios dolosos de mujeres.
 
También, que durante la actual administración federal de Felipe Calderón Hinojosa han sido consignados 947 casos, ya sea por feminicidio u homicidio doloso de mujeres, en 12 de estas 17 entidades. En el Estado de México, 236; Michoacán, 163; Sonora, 88; Sinaloa, 84; Guanajuato, 71; Nuevo León, 68; Guerrero, 65; Jalisco, 58; Chiapas, 44; Oaxaca, 38; Tamaulipas, 27; y Aguascalientes, cinco. Tabasco sólo notifica que 48 averiguaciones previas fueron determinadas.
 
Las entidades con más homicidios dolosos de mujeres son Chihuahua, que en  3 años acumuló 796; y el Estado de México, con 686, de 2007 a agosto de 2010.
 
Destaca Sinaloa, que de 2007 a 2010 presentó un incremento del 131 por ciento, al pasar de 48 a 111 homicidios dolosos de mujeres; y Nuevo León, en donde estos crímenes también se dispararon: en 2007 sumaban 24 y en 2010, 78.
 
En San Luis Potosí, el promedio anual de homicidios dolosos de mujeres, en 2005 y 2006, fue de 12; de 2007 a 2011, se incrementó a 34. Al tomar en cuenta los registros de una década (2000-2010), 2008 es el año en que Veracruz sumó más de estos delitos: 85; le sigue 2009, con 75.
 
 
En el caso de Nuevo León, el número de homicidios dolosos de mujeres durante los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón (169) superó en 29 por ciento los que ocurrieron durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (131). Algo similar sucede en Quintana Roo: de 2003 a 2006 registró 96 homicidios dolosos de mujeres y de 2007 a 2011, 445, es decir, 364 por ciento más.
 
La situación en Nuevo León es tal que el 8 de febrero pasado organizaciones de la sociedad civil, como Arthemisas por la Equidad, AC, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se movilizaron, aunque sin éxito, para exigir al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que “emita la alerta de género” en Nuevo León. Arthemisas asegura que en esa entidad los feminicidios se incrementaron en 689 por ciento, de 2010 a 2011. En tanto, el Observatorio “registró un total de 176 asesinatos de mujeres, de enero de 2009 a junio de 2011”.
 
Aguascalientes, Chiapas, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco proporcionaron información relativa a la edad de las víctimas. De los datos de estas procuradurías se desprende que alrededor del 10 por ciento del total de mujeres asesinadas (en esas entidades) eran menores. También, que al menos el 50 por ciento eran jóvenes y adultas de entre 18 y 40 años.
 
Cerca del 30 por ciento, de un total de 1 mil 344 mujeres –las víctimas en Chiapas, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas– se dedicaban al hogar o eran amas de casa. Respecto de la suma de Sonora, Chihuahua, Estado de México y Tamaulipas, alrededor del 30 por ciento eran solteras; y del 20, casadas. Tamaulipas informa que 39 de las 169 mujeres asesinadas en la entidad cursaron estudios de secundaria; 35, de primaria; y 22, de nivel superior.
 
De los 1 mil 264 casos registrados en Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, en 281, como mínimo, existía algún parentesco entre la víctima y el victimario. En 130 de éstos, el asesino es el esposo, cónyuge o concubino.
 
A las características del crimen se refieren Aguascalientes, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas. Juntos suman 2 mil 457 homicidios dolosos de mujeres y feminicidios. En el 50 por ciento de éstos, aproximadamente, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego. Sobre el móvil del crimen, Chihuahua menciona que en 492 casos es la delincuencia organizada. Nuevo León, que en 45, es ejecución; en 29, pasional, y en 28, violencia familiar. Y Tamaulipas que en 13, pasional; en ocho, desavenencias conyugales, y en siete, consecuencia colateral de enfrentamiento entre grupos delincuenciales.
 
 
 
Nuevo León y Chihuahua coinciden en que la vía pública es el lugar en el que comúnmente son encontrados los cuerpos sin vida. En el Estado de México y Tamaulipas, en cambio, es en casas habitación.
 
Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, de la Cámara de Diputados, reconoce el “esfuerzo” realizado por las procuradurías de 17 entidades federativas para entregar la información. Sin embargo, advierte que todavía 15 estados de la república “no dan nada”.
 
A decir de la diputada del Partido de la Revolución Democrática los esfuerzos son insuficientes. Tener datos confiables es “una cuesta arriba”, pues éstos siguen siendo “incompletos y, a veces, hasta inconsistentes”. Por eso, en marzo de este año, la Comisión que preside presentará a la Conferencia de Procuradores y a la Conferencia Nacional de Gobernadores una propuesta “para un registro estandarizado” de feminicidios, de tal manera que la información sea “comparable, sistemática y consistente”.
 
Un ejemplo claro de la inconsistencia y “enorme discrecionalidad” de los datos, que ya es de conocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es el caso de Veracruz: “Entre dos gobiernos ha habido tres procuradores; cada uno nos ha entregado información distinta en muy poco tiempo”, explica Incháustegui.
 
En octubre de 2010, Marco Antonio Ledezma, entonces encargado de la Procuraduría de Veracruz, informó que de 2007 a 2010 se abrieron 206 investigaciones ministeriales por homicidio doloso de mujeres. En mayo de 2011, Amaranta Mónica Castineyra Toledo, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres, aseguró que fueron 219. En tanto, en septiembre de 2011, el exprocurador Reynaldo Escobar indicó, en comparecencia, que en estos cuatro años se registraron 292 denuncias por el mismo delito.
 
De 2010 a la fecha, han comparecido o rendido algún tipo de informe a esta Comisión los siguientes procuradores y exprocuradores: Marco Higuera, de Sinaloa; Miguel Mancera, del Distrito Federal; Alfredo Castillo, del Estado de México; Carlos Zamarripa, de Guanajuato; Alberto López y David Sotelo, de Guerrero; Tomás Coronado, de Jalisco; Jesús Montejano, de Michoacán; Manuel López, de Oaxaca; Abel Murrieta, de Sonora; Gregorio Romero, de Tabasco; Bolívar Hernández, de Tamaulipas; Salvador Mikel y Reynaldo Escobar, de Veracruz; Felipe Muñoz, de Aguascalientes; Víctor Carrancá, de Puebla; Miguel García, de San Luis Potosí; Alicia Fragoso, de Tlaxcala; Gaspar García, de Quintana Roo; Arsenio Durán, de Querétaro; Arturo Nahle, de Zacatecas. También Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua; Miguel Cebreros, coordinador de Averiguaciones Previas de Sinaloa; y las procuradurías de Nuevo León y Chiapas.
 
Quien definitivamente se “ha negado a cooperar” con esta Comisión es Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Baja California. “Desde hace más o menos un año y medio se le ha pedido que venga reiteradas veces; y no [lo hace]. Tiene una serie de barreras tan grades para llegar a él, que nos habla el secretario y el secretario del secretario”, indica Teresa Incháustegui.
 
Incluso, por parte de la Cámara de Diputados hubo un punto de acuerdo para exhortar a dicho procurador. Lamentablemente –continúa la también secretaria de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública– el legislativo federal, “entre tantas limitaciones”, carece de “atribuciones” para obligar a un funcionario local a comparecer, salvo en casos extraordinarios.
 

OCNF: 3 mil 193 feminicidios en cuatro años

 
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2007 a junio de 2011 se han cometido al menos 3 mil 193 feminicidios en 13 entidades (sin contar Chihuahua). De 2007 a junio de 2008, 1 mil 14; de 2009 a junio de 2010, 890; y de 2010 a junio de 2011, 1 mil 235.
 
Se trata, en todos estos casos, de asesinatos en los que la alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres afirma que “el componente de discriminación contra las mujeres está presente”.
 
Durante el último periodo –enero de 2010 a junio de 2011–, el Observatorio logró documentar la problemática de ocho entidades: Estado de México, con 320 feminicidios; Tamaulipas, 169; Sinaloa, 168; Jalisco, 142; Nuevo León, 138; Distrito Federal, 125; Oaxaca, 102; y Sonora, con 71.
 
Su análisis revela que los feminicidios no han disminuido y que en el Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa se han incluso incrementado; que los blancos son mujeres jóvenes en edad reproductiva (41 por ciento entre 11 y 30 años; 35, entre 31 y 50; y 13 por ciento, de más de 50 años); que el 60 por ciento de los casos se encuentran en trámite; y que sólo el 19 por ciento han sido consignados. De éstos últimos, el 4 por ciento ha tenido sentencias.
 
Preocupa al Observatorio uno de sus hallazgos: el hecho de que, a pesar de que las investigaciones se encuentran en proceso, las autoridades adjudican “todos los crímenes que les cuesta trabajo resolver”, en este caso el 25 por ciento de los asesinatos de mujeres, al crimen organizado,ejecuciones y enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
 
Sinaloa, por ejemplo, informó que el 94 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres están vinculados con el crimen organizado, aunque sólo ha consignado el 16 por ciento. Nuevo León atribuye a la delincuencia organizada el 52 por ciento, cuando ha consignado apenas el 30 por ciento. Durante su comparecencia del 23 de agosto de 2011 en la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua, señaló que el móvil en 492 casos –de los 796 que ocurrieron de 2009 a 2011, en esa entidad– es la delincuencia organizada.
 
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del OCNF, lamenta que esta “?guerra contra el narcotráfico” haya incrementado, exacerbado e invisivilizado la violencia contra las mujeres. “Lo que han hecho las autoridades es culpar a las víctimas. Para nosotras es una actitud muy cómoda de exonerarse de su responsabilidad. No es que nosotras digamos que ninguna mujer está implicada; nosotras queremos escuchar información profunda, clara, contundente”.
 
Por otro lado, habla de la metodología que han construido para determinar cuántos feminicidios ocurren en el país. Lo primero es realizar solicitudes de información pública a las procuradurías locales respecto del número de homicidios dolosos de mujeres y sus características.
 
A partir de ahí, analizan 17 variables, entre las que se encuentran: edad, ocupación, estado civil, escolaridad y nivel económico de la víctima; actos violentos anteriores a su ejecución; causa de muerte; motivo del asesinato; objeto o método empleado para tal fin; lugar y forma en que fue encontrado el cuerpo; relación víctima-victimario. Contribuye a su investigación el seguimiento hemerográfico y el litigio de algunos casos.
 
Los obstáculos: la negativa de algunas entidades de proporcionar datos, así como la falta de información completa y de forma continua, por parte de otras.
 
En esta situación se encuentran Chihuahua, que “tramposamente” limita la información: “Solamente nos da números totales; no nos permite caracterizar más a las víctimas”. Otro ejemplo es Tlaxcala, “corredor de trata de blancas”, en donde ni siquiera sirve la investigación hemerográfica, puesto que la prensa no documenta este tipo de casos.
 

Segob: 75 por ciento cumplida la sentencia Campo Algodonero

 
A finales de noviembre de 2011, Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, ofreció disculpas a las mujeres mexicanas, porque el gobierno no ha logrado erradicar la violencia en su contra.
 
En aquella ocasión, en la que emitió la planilla postal con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la funcionaria pidió perdón a todas las mujeres víctimas de violencia, feminicidio, vituperio, violación, insulto y violencia económica.
 
Semanas antes, entre abucheos y reclamos, el ya fallecido Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, también se disculpó por las muertes y desapariciones de mujeres en el país y aceptó la responsabilidad del Estado mexicano por omisiones. Esto ocurrió durante la develación del Monumento en Memoria de las Mujeres Víctimas de Homicidio por razones de género en Ciudad Juárez –resolutivos 16 y 17 de la sentencia del Campo Algodonero–. El funcionario refirió en particular el feminicidio de Claudia González, Esmeralda Monreal y Laura Ramos.
 
Los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil calificaron de “simulación” el acto, pues además el monumento sólo fue presentado parcialmente. Por eso, y por la “negativa de incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993, y cuando menos hasta 2006, como ordenó el tribunal internacional en su sentencia del 10 de diciembre de 2009”, los parientes más cercanos de las víctimas declinaron estar ahí. Faltaron también, aunque por razones distintas –de agenda, de acuerdo con la titular de la Conavim–, el presidente Felipe Calderón; César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua, y Héctor Murguía Lardizábal, presidente municipal de Juárez.
 
A decir de Dilcya García, ésta fue una ceremonia “muy exitosa porque cada quien hizo lo que tenía que hacer”: el gobierno federal, “el acto de reconocimiento mediante un alto funcionario público, pues la sentencia no determina que tenga que ir el presidente”; las víctimas, “adoptar una postura ante esta situación”; y la sociedad civil, “gritar consignas, reprochar y reclamarle al Estado, porque ¿tú te imaginas a las Abuelas de la Plaza de Mayo, en un acto de reconocimiento público por parte del Estado, sentadas, calladas?”.
 
Respecto de la ausencia de los familiares de las víctimas, la encargada de la Conavim aclara que Benita Monárrez, mamá de Laura Ramos, “desde hace años no quiere saber absolutamente nada de nosotros ni de la sentencia Campo Algodonero”, por recomendación de su terapeuta. En cuanto a las “señoras Irma [Monreal Jaime] e Irma [Josefina González Rodríguez]”, mamás de Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, respectivamente, “ellas decidieron apoyar a sus abogados”, quienes “exigían a la Segob poner los nombres de más de 500 víctimas dentro del memorial”.
 
Las autoridades “estamos abiertas a que se pongan todos los nombres que tengan que ir”, asegura Dilcya García. No obstante, explica que no pueden hacerlo sin el consentimiento de las familias, pues “las víctimas no son de nuestra propiedad”, además “porque es un tema muy doloroso; de respeto”. Así, informa que han girado cartas a los familiares, quienes tienen hasta el 8 de marzo próximo, para consentir, por escrito, que los nombres de sus hijas aparezcan en el monumento.
 
 
 —¿El Estado mexicano ha fracasado en el combate a la violencia contra las mujeres, que puede culminar en feminicidio? –se le pregunta a Dilcya García.
 
—Me parece que decir que es un fracaso del gobierno sería muy fuerte. Pero sí creo que es algo que el Estado mexicano todavía no ha logrado soslayar. Y claro que por eso tenemos que pedirles perdón a las mujeres. ¿De quién es la responsabilidad más que de uno (el gobierno)?
 
No obstante, la representante de la Segob asegura que el actual gobierno sí ha emprendido esfuerzos, “que sería muy ingrato no reconocer”.
 
Por ejemplo, la Conavim participó en la elaboración de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y de estadísticas judiciales con perspectiva de género. También en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el Diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, que acredita que la mayoría de las procuradurías “no tienen datos, porque ni siquiera han construido un esfuerzo metodológico”; a finales de 2012, esta instancia y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias presentarán el Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen la violencia contra las mujeres.
 
Para Dilcya García el trabajo más importante está en las entidades, “porque finalmente los feminicidios no ocurren en la federación”. Por eso, durante 2012, prevé visitar cada de una de éstas, en particular a los procuradores y diputados, para apuntalar la tipificación del feminicidio y “el tema de la política y estadística criminal con perspectiva de género”.
 
 
A decir de la funcionaria, el principal reto es que las autoridades locales venzan el “miedo” a “descubrir que, de tantos años que se dejó el asunto, de pronto creció tanto, que algunos estados sienten que si encaran la situación van a encontrar algo por debajo de la alfombra tan terrible que se les va a salir de las manos”.
 
Las entidades en donde “faltaría hacer un trabajo más fino” son Tamaulipas, Guanajuato y Tlaxcala –sin contar a la procuradora, “quien se está rompiendo la cara para sacar estos temas”–. Las más “valientes”: el Distrito Federal, Chihuahua y Baja California.
 
Al cuestionarla respecto del cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero –ya que la Conavim es la encargada de la observancia del derecho internacional y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, derivadas de convenios, acuerdos y tratados internacionales–, Dilcya García asegura que “está muy avanzada: en un 75 por ciento”.
 
Explica que esta Comisión ha trabajado en “uno de los puntos más abandonados: la creación de un modelo de salud específico para familias que han tenido la desgracia de sufrir un feminicidio. El gobierno del estado [Chihuahua] intentó darle cumplimiento a través del Seguro Popular, pero no fue muy exitosa la medida. Entonces estamos buscando crear un modelo de intervención mucho más eficaz que le abone a los recursos federales y locales”.
 
—¿Coincide en que se ha cumplido ya el 75 por ciento de la sentencia Campo Algodonero?
 
—No. Para nada –expresa, tajante, Teresa Incháustegui.
 
Para la diputada federal “hay un avance que no se puede despreciar” en términos de protocolos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los bancos de información genética, “hay como 12 entidades que no tienen ni siquiera cómo identificar cadáveres”; ni con la capacitación: “una cerecita minúscula frente a unpastel del lodo”. Además de que en muchas entidades no se capacita a los forenses y ministeriales, “esta parte no es significativa, ni está en los currículos de certificación, requisitos para la permanencia en el puesto, escalafón o estímulos”.
 
Respecto del desempeño del gobierno de Chihuahua, la perredista señala que se está “dando un giro” porque, por ejemplo, ya se reconoció a los desaparecidos. Pero “en la investigación, en la reparación del daño que plantea la sentencia, todavía no conocemos avances”.
 
  
 
 
 
 
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Fuente: Revista Contralínea 274 / 04 marzo de 2012