martes, 7 de febrero de 2012

Norma Andrade se va de México

"Aun cuando me duela mucho, lo voy a tener que hacer. Somos muchos los activistas que hemos sido atacados", afirmó la activista mexicana en entrevista con Milenio TV.


  • Norma Andrade es madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en febrero de 2001, y de Malú García, directora del grupo “Nuestras hijas de regreso a casa”, quien está exiliada en el Distrito Federal por amenazas. Foto: Archivo Vanguardia

Hoy, la activista Norma Andrade anunció que dejará el país tras haber sufrido un segundo ataque la semana pasada, sin embargo, no especificó donde se refugiará.

“Aun cuando me duela mucho, lo voy a tener que hacer. Somos muchos los activistas que hemos sido atacados”, afirmó la activista mexicana en entrevista con Milenio TV.

Además, agregó que al momento del segundo ataque -perpetrado afuera de su nuevo domicilio en el Distrito Federal- no contaba con protección, ya que las medidas cautelares fueron dictadas a su hija.

“Quiero pensar que es por desestabilizar su gobierno, ahorita no sabemos de dónde viene la cosa”, comentó la activista.

El viernes 3 de febrero, la activista fue agredida con un cuchillo afuera de su domicilio en el DF, donde permanecía bajo protección de las autoridades capitalinas.

El domingo 5 de febrero, la presidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa abandonó el hospital donde era atendida, luego de la agresión que sufrió.

Norma Andrade es madre de Lilia Alejandra García Andrade, joven asesinada en febrero de 2001, y de Malú García, directora del grupo “Nuestras hijas de regreso a casa”, quien está exiliada en el Distrito Federal por amenazas.

El pasado 3 de diciembre, Norma Andrade, fue atacada a balazos. Unos días después del ataque, Andrade pidió al gobernador de Chihuahua, César Duarte, que la ayudara a salir de Ciudad Juárez porque temía por su vida y la de sus hijos.

Con información de Milenio y Agencias

Pronunciamiento por el ataque en el Distrito Federal contra la luchadora contra los feminicidios Norma Andrade




Desde la Coordinadora Nacional Contra la Militarización (CONACOM) repudiamos y exigimos que se investigue, castigue a los responsables y garantice la seguridad de Norma Esther Andrade (Fundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” ), ya que el 3 de febrero a las 8:00 hrs. sufrió un ataque con arma blanca cuando salía de su domicilio, ubicado al sur de la Ciudad de México, para dejar a su nieta a la escuela.
Este atentado se suma al ataque de que fue víctima Norma Andrade el pasado 2 de diciembre del 2011, cuando un hombre le disparó a quemarropa al salir de su domicilio en Ciudad Juárez resultando gravemente herida. Norma tuvo que ser hospitalizada para luego ser dada de alta del hospital en malas condiciones, por presión de los criminales y la indiferencia cómplice de las autoridades, y cambiar su domicilio a la Ciudad de México.
A un mes del primer atentado contra la vida de la activista contra los feminicidios, el ataque que sufrió la semana pasada viene a demostrar que las autoridades tanto federales como locales no tienen intención alguna de proteger la vida de la luchadora social. La situación de Norma Andrade, aunada a la de la familia Reyes Salazar, es la prueba de que el gobierno mexicano no cumple con las sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos, pero sobre todo, da cuenta del ambiente de persecución que se vive en todo el país contra toda persona u organización que se oponga a las políticas del gobierno.
El atentado se vive en un ambiente de militarización y terror contra la población generalizado en todo el país. En México, las fuerzas armadas, la Policía Federal y los grupos paramilitares violan de forma sistemática los derechos más fundamentales como la vida, integridad física, derecho a la manifestación.
El año pasado concluyó con una ola de asesinatos de luchadores sociales que, además de seguir impunes, no han cesado. Desde el asesinato por parte de la Policía Federal en Guerrero de los normalistas Alexis Herrera, Gabriel Echeverría y Edgar Espíritu, los asesinatos perpetrados contra Susana Chávez y familiares de Josefina Reyes Salazár, el asesinato del activista Carlos Cuevas, los comuneros de Ostula Pedro Leyva y José Trinidad —por nombrar algunas de las tantas muertes que asolan la comunidad de Ostula—, hasta los asesinatos y desapariciones forzadas de miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad como Nepomuceno Moreno, la actriz Julia Marichal y los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista.
El cese de la supuesta “Guerra contra el Narcotráfico” y del asesinato de luchadores sociales, así como la derogación de la Ley de Seguridad Nacional que equipara las acciones de los luchadores sociales a acciones delictivas, están lejos de ser parte de la agenda de los gobiernos, tanto locales como federales, preocupados ahora por escalar los peldaños electorales con tal de perpetuarse en el poder y continuar con los ataques a las garantías de los mexicanos, desde la vida hasta la salud y el empleo.
Es por eso que, para frenar esta guerra y poner un alto a los asesinatos y la pobreza, es urgente que salgamos miles a las calles a repudiar las causas de la violencia, como lo hacen en otras partes del mundo cientos de miles de personas que ha decidido tomar en sus manos el rumbo de sus condiciones de vida.
Ahora Norma requiere de nuestra solidaridad: trabajadores de la ciudad y el campo, a estudiantes y población en general, a todas las organizaciones sociales, apoyemos a salvaguardar la integridad física de Norma Andrade y toda su familia, luchemos contra la guerra y el ambiente de violencia, luchemos por una vida digna.


¡Toda nuestra solidaridad con Nuestras Hijas de Regreso a Casa!
¡Alto al feminicidio! Basta de impunidad.
¡Alto a la militarización! Fuera ejército de las calles.

Anuncia activista Norma Andrade que dejará el país


La activista Norma Andrade abandonará el país tras segundo atentado. Archivo La Jornada

No especificó en qué nación se refugiará, luego de haber sido atacada en Ciudad Juárez y en el Distrito Federal.
AFP
Publicado: 07/02/2012 12:37

México, DF. La activista mexicana de derechos humanos Norma Andrade, oriunda de violenta Ciudad Juárez, anunció este martes que abandonará el país tras sufrir un segundo ataque el viernes en la capital de México.
"Aun cuando me duela mucho, lo voy a tener que hacer", dijo Andrade al canal de noticias Milenio en referencia a su decisión de irse, aunque no especificó en qué país se refugiaría.
"Somos muchos los activistas que hemos sido atacados", añadió la mujer, que se volvió activista en 2001 luego de que su hija Alejandra García, de 17 años y madre de dos niños, fue secuestrada por presuntos narcotraficantes y asesinada en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
Andrade, de 52 años, fue una de las fundadoras y copresidía la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, creada por familiares de jóvenes asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.
La activista ha denunciado la existencia de una red de trata de mujeres ligada al cártel de Juárez.
En los años noventa y hasta 2003, más de 400 mujeres fueron asesinadas en esa ciudad de 1.3 millones de habitantes, en casos considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como 'feminicidios': asesinatos cuyo común denominador era que las víctimas eran atacadas por ser mujeres.
Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha denunciado que en Ciudad Juárez se siguen registrando casos de asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes.
Tras sufrir un primer atentado a balazos el 2 diciembre en Ciudad Juárez, Andrade se había trasladado a la capital mexicana, donde el viernes un sujeto la atacó con un cuchillo cuando llevaba a su nieta a la escuela, provocándole una herida en el cuello.
La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales condenaron ese segundo ataque contra Andrade, recordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había pedido protección especial del gobierno mexicano para la activista.
Al menos 27 defensores de derechos humanos fueron asesinados desde 2005 en México, según un informe de julio de 2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Un triste riepilogo

Ciudad Juárez,il doppio crimine contro le donne.

 

Nel 1983, un decennio prima che questa città acquistasse notorietà internazionale per la storia dei femminicidi e della sparizione delle donne, la società juarense fu scossa dal caso di Cynthia Liliana González Rivero, una bambina sequestrata, violentata e assassinata, con particolare sadismo.


L'ufficio della Procura Generale dello Stato, a capo del quale vi era Toribio Porras Villegas, volle chiudere il caso sbrigativamente ed accusò Lucas Juárez Lozano, operaio edile,del delitto senza che vi fossero prove concrete. Lucas Juárez Lozano fu condannato a 35 anni di carcere sulla base di una sola testimonianza fatta sotto pressione e tortura.


La stampa e la cittadinanza di Juarez si convinsero che si trattava di un "capro espiatorio". Nel 1986 il governatore del PRI,Fernando Baeza Meléndez ordinò l'indulto per Juárez Lozano. Tra l'opinione pubblica prevalse l'idea che i veri responsabili fossero "diversi giovani", figli di personaggi influenti in politica e in economia di Ciudad Juárez.


Nessunò li indagò. Il giudice che condannò Juárez Lozano era José Chávez Aragón.Per i suoi buoni servizi, ascese a giudice della Seconda Camera Penale e divenne tra il 2004 e il 2007,presidente della Corte Suprema dello Stato di Chihuahua.


La catena di impunità iniziata nel 1993 è arrivata fino al 2010 con il caso di Rubí Marisol Freyre, una ragazza di 17 anni, assassinata a Chihuahua nel 2008. L'ombra del giudice Chávez Aragón era presente in questo omicidio.


Nel maggio del 2010 i giudici Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez e Rafael Baudib Jurado, quest'ultimo protetto da Chávez Aragón, lasciarono libero il reo confesso dell'assassinio di Rubì,Rafael Barraza Bocanegra.


" E come se avessero ucciso due volte mia figlia" affermò Marisela Escobedo quando ebbe notizia della scarcerazione dell'ex fidanzato della figlia. Marisela Escobedo non fidandosi della Procura di Stato investigò per proprio conto, trovando e dichiarando l'indirizzo di Barraza Bocanegra a Fresnillo, Zacatecas.


Accusò la magistratura, la procuratrice statale Patricia González e il governatore César Duarte di far parte di una rete di complicità che protegge i veri colpevoli dei femminicidi.


Diede vita inoltre ad una protesta senza precedenti contro il Palazzo del Governo di Chihuahua. Fu lì che il 17 dicembre del 2010, un uomo le sparò a bruciapelo in testa. Il video dell'esecuzione ha fatto il giro del mondo.


Sei mesi dopo l'assassinio di Marisela, la sua memoria stringe una società castigata dalla paura e dall'impunità. " mai avrei immaginato che avrei dovuto consegnare ai figli, il corpo di una madre. E' stata la prima volta in dieci anni" dichiarò Norma Ledezma, durante l'iniziativa il Dialogo per la Pace, guidata da Javier Sicilia,che sosteneva i familiari delle vittime, davanti a Felipe Calderón, il 23 giugno del 2011, in Castillo de Chapultepec.


La figlia di Ledezma, Paloma Angélica Escobar Ledezma, scomparve a soli 16 anni nel marzo del 2002. Lavorava come operaia nella fabbrica ( maquiladora) Aerotec e studiava alla scuola di informatica,Ecco.


Una settimana dopo, il suo corpo fu trovato in un torrente vicino alla strada di Aldana. Accusarono l'ex fidanzato Vicente Cárdenas Anchondo. Ma le prove sembravano fabbricate per incolparlo.


Gli attivisti dei diritti umani, così come i parenti delle vittime dell'ondata di violenza che affligge il Messico, sanno bene che in due decenni di femminicidi a Ciudad Juárez, l'impunità e la costruzione di colpevoli sono una costante.


Lunedì scorso, Ledezma ha annunciato che " davanti all'indolenza dello Stato e dell'insensibilità di fronte al nostro dolore" il caso della figlia arriverà davanti alla Corte Interamericana dei Diritti Umani.


Cifre nere e falsi colpevoli.


La fabbricazione di colpevoli va di pari passo con l'aumento dei femminicidi e sparizione di donne. Dal 1° gennaio del 1993 al 30 giugno del 2010 sono 887 le vittime del femminicidio a Ciudad Juárez, secondo il computo della ricercatrice del Collegio della Frontiera Nord, Julia Monárrez, che ha monitorato in modo tempestivo i casi. L'associazione Nuestras Hijas de Regreso a Casa enumera 42 giovani donne scomparse solo tra il 2008 e il 2009.


Da una ricerca emerografica ,Norma Ledezma, ha dichiarato che nel primo semestre del 2011 sono stati commessi 187 femminicidi nello Stato,di cui 117 a Ciudad Juárez.


Il caso più documentato di fabbricazione di un colpevole è quello di Edgar Alvarez Cruz, un operaio edile, migrante messicano che viveva a Denver, Colorado e al quale furono attribuiti in un primo momento, più di 100 crimini, poi solo 17 ed ora solo l'omicidio di Mayra Juliana Reyes Solís, una delle vittime del campo Algodonero.


Nel rapporto non v'è alcuna prova concreta che lo colleghi a Reyes Solís, ma solo la testimonianza di Jose Francisco Granados de la Paz, un detenuto con problemi di dipendenza e depressione cronica, rinchiuso ad Almoloya.


Nell'agosto del 2006, l'ambasciatore statunietense Antonio Garza avallò la versione che Alvarez Cruz fosse il responsabile di oltre cento crimini e coinvolse il governo degli Stati Uniti nella costruzione di un colpevole nei femminicidi di Juárez.


Dal 2006, Alvarez Cruz resta in carcere a Ciudad Juárez, per scontare una pena di 26 anni, pur essendo stato assolto in primo grado dalla giudice Catalina Ochoa Contreras,la stessa del caso di Rubi Marisol. Il pubblico ministero si è appellato e un'altra giudice Flor Mireya Aguilar l'ha condannato.


" Sono stato condannato per ordine della procuratrice Patricia González”,accusa Alvarez Cruz, intervistato nel carcere di Ciudad Juárez. A sua volta, la moglie María Teresa Peinado Portillo, ha dichiarato che l'ex pm nei casi di femminicidio, Connie Velarde, la psicologa Karina Muriel e il comandante Vidal Barraza minacciarono Edgar Alvarez perché si dichiarasse colpevole.


Intervistata María Teresa Peinado ha dichiarato: " Nessuna delle madri delle vittime accusa Edgar. La mamma di Mayra ( una delle donne trovate morte nel campo di Algodero) la signora Gloria Solis, ha dichiarato che non crede alle indagini che hanno portato alla colpevolezza di mio marito". María Teresa sostiene che le accuse contro il marito sono prive di fondamento, perché quando Mayra fu assassinata, Edgar Alvarez viveva a Denver , in Colorado, ed è comprovato dai pagamenti a lui effettuati come muratore.


"Mi hanno molestata l'ex procuratora Patricia González e la giudice Flor Rocío Munguía González. Sono stata controllata 24 ore al giorno. L'assistente procuratora,María del Pilar Pérez de la Fuente è arrivata a dirmi che Edgar viaggiava da Denver per tutta la notte per commettere i femminicidi a Ciudad Juárez”,racconta María Teresa.
L'interesse a tenere Edgar Alvarez in prigione non è un interesse da poco. Il governo di Chihuahua aveva bisogno di attribuire i femminicidi di Campo Algodonero.


Nel novembre del 2001 in questo terreno abbandonato furono ritrovati otto scheletri, lasciati alle intemperie, fuori dall'Associazione delle Maquiladoras, in una delle zone più frequentate di Ciudad Juárez, a pochi metri dal consolato nordamericano. Secondo gli esperti, la scoperta del campo di algodonero si è trasformata nel caso più emblematico del modus operandi dei femminicidi di almeno 94 donne.


Le autorità coinvolsero come presunti colpevoli alcuni autisti che soprannominarono la Banda degli Autisti. Nel luglio del 2005 è stato rilasciato Víctor García, El Cerillo, che fu accusato insieme a Gustavo González Meza, La Foca, di essere responsabile dei crimini commessi nel campo di algodonero. Alla fine si è provato che sia El Cerillo che La Foca furono torturati affinché si incolpassero. La Foca è stata ucciso in carcere,mentre Víctor García è tornato libero grazie al sostegno delle madri delle vittime del Campo Algodonero.


Accuse


Per quasi due decenni sono stati costruiti molti " capri espiatori" come l'Egiziano, Gli Autisti ed ora Edgar Alvarez, il quale è accusato di far parte della Banda del Carro Rojo (Macchina Rossa),perché si presume che viaggiasse con questo mezzo per commettere gli omicidi.
Torturati, assassinati o rilasciati tardivamente, alla fine tutti questi casi confermano una costante a Ciudad Juárez.
Tra il 1995 e il 1996, quando si commisero svariati crimini con il maggiore sadismo nella storia degli assassini seriali di Juárez, le autorità si inventarono una storia per coinvolgere un cittadino di origine egiziana.


Uno di questi femminicidi è stato quello di Silvia Irene Rivera Morales, giovane studentessa di 17 anni scomparsa il 17 luglio del 1995. La madre,Ramona Morales, denunciò la scomparsa al Pubblico Ministero, ma le autorità le dissero che " forse, sua figlia è con il suo ragazzo o sarà con una sua amica".


Il 9 settembre dello stesso anno, il corpo di Silvia fu trovato insieme a quello di Olga Alicia Carrillo e Rosario García Leal in un terreno abbandonato del Lotto Bravo. I tre corpi presentavano segni di violenza e tortura. L'autopsia rivelò morsi ed amputazioni della mano sinistra e parziale amputazione del capezzolo.
Nella sua testimonianza davanti all'Alto Commissario per i Diritti Umani dell'ONU, nel novembre del 2003,la madre Ramona Morales dichiarò che " gli investigatori trovarono poi un colpevole. L'Egiziano, Latif Sharif Sharif, che era già detenuto per altri presunti omicidi di donne" l'Egiziano fu incolpato di più di sei brutali femminicidi avvenuti in quegli anni.
Tuttavia le prove erano molto deboli: si basavano sulla testimonianza di una persona che aveva sentito gridare il nome di Silvia dall'Egiziano; che l'agenda della ragazza riportava una annotazione con la lettera Sha che "presumibilmente" era l'abbreviazione di Sharif, secondo quanto dissero i funzionari ministeriali.


Un altro caso emblematico è quello di Lilia Alejandra García Andrade. Scomparve il 14 febbraio del 2001 mentre attraversava le strade Ejército Nacional e Carretera Panamericana, una delle zone più frequentate di Ciudad Juárez. Aveva 17 anni, operaia in una maquiladora ( fabbrica) ed era madre di due bambini.


Il giorno dopo,15 febbraio, Norma Andrade mamma di Lilia Alejandra presentò una denuncia per scomparsa. Sei giorni dopo il corpo di Lilia fu trovato in un lotto abbandonatovicino al centro commerciale Soriana. Nuda dalla vita in giù, i segni di torture e violenza sessuale erano evidenti. Le autorità respinsero i dati forniti dall'FBI degli Stati Uniti che indicava la possibile presenza dei narcotrafficanti nella zona dove fu ritrovato il corpo.


Le autorità ministeriali hanno "nascosto" o "confuso" corpi, come ad esempio quello di Verónica Martínez, in modo che la costruzione di un qualche colpevole non si alterasse. Per cinque anni la procura sostenne che uno degli scheletri trovatinel campo di algodonero fosse della Martinez.


Tuttavia,l'indagine preliminare 26449/02 rileva che il corpo di questa ragazza fu trovato realmente nell'asse viale Gabriele, davanti alla fabbrica R.K.A. vicino agli uffici della procura speciale per i femminicidi. Neppure la sua famiglia conosceva il luogo dove fu ritrovata Verónica Martínez. Lo scopo di questo occultamento posto dalle autorità era quello di evitare che la colpevolezza di de La Foca de El Cerillo venisse a cadere.


Sentenza del Campo Algodonero


La scoperta di otto scheletri nel terreno abbandonato conosciuto con il nome di Campo Algodonero, il 6 novembre del 2001,scosse l'opinione pubblica nazionale ed internazionale. La cittadinanza di Juarez notò che il terreno era confinante con il ranch di Jaime Bermúdez Cuarón conosciuto come " il padre dell'industria maquiladora di Juarez" uno dei personaggi che hanno sostenuto Francisco Barrio nell'elezione per la presidenza del Comune,appartenente al PAN (il maggior partito della destra messicana)nel 1983. Il Campo si trova davanti agli uffici dell'Associazione Maquiladora di Ciudad Juarez, un emblema dello sviluppo industriale degli anni Ottanta e ad un centinaio di metri dal consolato statunitense.


Nel novembre del 2001 governava l'esponente del PRI (altro partito di destra)Patricio Martínez. All'interno della procura statale si ipotizzò che la scoperta costituiva un "morbido messaggio" del Cartello di Juarez al governo di Martínez. La ragione: avrebbe appoggiato il soggiorno di Joaquín “El Chapo” Guzmán,che si nascondeva tra le montagne di Chihuahua,dopo la sua spettacolare fuga dalla prigione di Puente Grande, Jalisco.




Le indagini della procura di Stato nel caso di campo algodonero sono la grande prova della negligenza ufficiale e di fabbricazione di colpevoli, secondo il rapporto di Amnesty International,messicana: dieci anni di Sparizioni e Femminicidi a Ciudad Juárez a Chihuahua, pubblicato nell'agosto del 2003.
Questo rapporto è stata la più dura documentazione sulla " inefficienza, negligenza e incapacità delle autorità messicane" nell'investigare le sparizioni e i femminicidi di bambine e giovani donne nella frontiera chihuauense.Il rapporto documentò fino a 370 omicidi di donne di Juarez.


Sei anni più tardi nel novembre del 2009, la Corte Interamericana emise la sentenza " González e le altre contro gli Stati Uniti del Messico" meglio conosciuta come il caso di Campo Algodonero. La sentenza si è basata su tre degli otto degli scheletri ritrovati: Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González ed Esmeralda Herrera Monreal.


La sentenza ordinò 25 misure in materia di risarcimento alle vittime ed ai suoi familiari e fissò un tempo da sei mesi a tre anni, affinché i diversi livelli dello Stato messicano adottassero le seguenti risoluzioni:


Risoluzione 12: Indagare e punire i responsabili materiali e i mandanti della scomparsa, abusi e privazione della vita delle giovani.


Risoluzione 13: Indagare e punire i funzionari pubblici che commisero irregolarità nelle indagini.


Risoluzione 14: Indagare e punire i funzionari pubblici che minacciarono e vessarono le famiglie Monárrez ed Herrera”.


Risoluzione 24: Lo Stato deve offrire aiuto medico, psicologico o psichiatrico gratuito alle vittime.


Un rapporto preliminare sul rispetto di tale sentenza,elaborato il 30 maggio del 2011 e indirizzato a Pablo Saavedra Alesandri, Segretario della Corte Interamericana dei Diritti Umani avverte che " ad un anno dalla sentenza solo una Risoluzione è stata rispettata: la numero 25 relativa all'indennizzo".
Per quanto riguarda l'indagine e la punizione dei funzionari accusati di irregolarità, il rapporto avverte che la Procura Generale di Chihuahua ha appena iniziato un procedimento per la responsabilità amministrativa contro " sei dipendenti pubblici" e " in due casi gli ufficiali sono stati esonerati, mentre in altri due casi, si è adottata l'interdizione per un anno dalle pubbliche funzioni e di due anni per una funzionaria".


Il Rapporto al quale ha avuto accesso il quotidiano 'Proceso' accusa: "le autorità statali non hanno un chiaro impegno né intenzione di indagare e punire questi funzionari pubblici che hanno violato i diritti umani delle vittime e dei loro familiari". Ha inoltre chiesto di punire 36 funzionari , ma " nessuno di loro ha o ha avuto relazione con le indagini e le violazioni in questo caso".


Per l'Associazione Nazionale dei Giuristi Democratici, la Rete Cittadini di No Violenza e Dignità Umana e il Centro per lo Sviluppo Integrale della Donna, organismi che hanno elaborato questo rapporto è importante che la Corte Interamericana " analizzi la reale intenzione dello Stato (messicano) per la conformità " alla sentenza e soprattutto " la superficialità e la mancanza di serietà con le quali viene presentata l'informazione" legata alla Risoluzione 13.


Peggio ancora, queste associazioni avvertono che " non esiste nessuna diligenza che porti a nuove linee di indagini" in particolare ai veri responsabili dei femminicidi di queste tre ragazze. Sono soltanto un campione dei quasi 900 crimini in due decenni.


Una continua impunità


Lo studio più recente dal titolo " Sistema di Informazione Geografica del Femminicidio" a Ciudad Juárez, realizzato dai ricercator* Julia Monárrez e Luis Cervera avverte che tra il 2006 e il 2008, la crescita dei femminicidi è stata del 584 per cento: sono passati da 19 del 2006 al 111 nel 2008.


Tra il primo gennaio del 1993 e il 30 giugno del 2010 si contano un totale di 887 vittime di cui è stata possibile la localizzazione solamente per 656 di esse. La maggior parte dei crimini sono stati commessi nel Centro storico di Ciudad Juárez “ che presenta una combinazione e partecipazione di luoghi e persone che sono bersagli di questa violenza generata dalla criminalità organizzata" .


Dal 1993 al 2010, la regione è passata da un tasso di 5,19 femminicidi ogni 100mila abitanti ad un tasso medio di 7,79 femminicidi ogni 100mila abitanti. Tuttavia, nel 2008, l'anno più violento, si arrivò a 26,68 femminicidi ogni 100mila abitanti.


Una delle scoperte statistiche più inquietanti di questa ricerca è la registrazione dei casi di femminicidi di " bambine al di sotto dei 6 anni", mentre 41 vittime aveva 17 anni un anno prima della maggiore età. L'età media degli 887 casi è di 26 anni.


Lo studio della Monárrez rileva che 91 vittime " hanno ricevuto 210 diverse aggressioni, tra le quali lo stupro e strangolamenti, così come lo strappo del capezzolo a morsi. Tra il 2008 e il 2010 più del 50.6% dei femminicidi sono stati commessi con armi da fuoco.


Una delle prime conclusioni delle indagini è che dal 2008 si registra a Ciudad Juárez " il maggior numero di omicidi di uomini e donne". Dal 1993 la città " occupa l'attenzione degli organismi internazionali dei diritti umani per la grave e impunita problematica del femminicidio".
Tuttavia, la ricerca sostiene che " esistono altre forme di violenza e altre vittime che rimangono invisibili: le/i giovan* che si trovano coinvolti nella violenza giovanile e le bambine e bambini vittime di abuso emotivo, psicologico, fisico,sessuale ed economico".


E' questo il contesto peggiore della storia dei femminicidi e impunità che lungi dal diminuire, aumentano a Ciudad Juárez.









(traduzione di Lia Di Peri)




AI; DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS APUÑALADA EN SU CASA

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
pidiendo que se proporcione protección efectiva a Norma Andrade, su familia y sus colegas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, conforme a sus propios deseos;
pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre el ataque sufrido por Norma Andrade en su casa.
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS APUÑALADA EN SU CASA
El 3 de febrero, Norma Andrade fue atacada con un cuchillo por un desconocido en su casa de Ciudad de México. Existe hondo temor por su seguridad, y por la de sus familiares y colegas.
Norma Andrade es una de las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización mexicana que lucha contra la impunidad por los secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. El 3 de febrero, hacia las nueve de la mañana, fue atacada en su casa de Ciudad de México. Según los informes, estaba con sus nietos cuando acudió a abrir la puerta a un desconocido que llamaba. El hombre la atacó con un cuchillo. Norma Andrade sufrió un corte en la mejilla, pero consiguió defenderse antes de que el atacante huyera. Su estado es estable, y recibió el alta hospitalaria la tarde del 4 de febrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha pedido a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad y la integridad física de Norma Andrade, y que tome medidas para asegurar que no es atacada de nuevo. Las autoridades locales del Distrito Federal están proporcionando, según los informes, protección a Norma y su familia las 24 horas del día, pero las autoridades nacionales no se están coordinando con ellas, lo que hace dudar de que esta protección sea efectiva. Las autoridades nacionales no protegieron a Norma Andrade de este ataque, pese a las medidas de protección que se ordenaron después de un ataque anterior, perpetrado el 2 de diciembre de 2011, en el que un hombre armado disparó cinco veces contra Norma ante la casa en la que ésta vivía anteriormente, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Norma sigue temiendo por su vida.
Tras el ataque de diciembre, Norma recibió durante varios días tratamiento en el hospital por sus lesiones. El hospital le dio el alta tras recibir amenazas anónimas de muerte contra su personal si seguían proporcionándole tratamiento. Tras ser trasladada temporalmente a un hotel, Norma dejó la ciudad ante el temor por su seguridad y la de su familia. Buscó refugio en Ciudad de México, donde le proporcionaron alojamiento y cierta protección. Este nuevo ataque parece formar parte de una campaña contra Norma Andrade. Amnistía Internacional cree que esta mujer corre peligro inminente y debe recibir protección efectiva, incluso en el hospital en el que recibe tratamiento.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
pidiendo que se proporcione protección efectiva a Norma Andrade, su familia y sus colegas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, conforme a sus propios deseos;
pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre el ataque sufrido por Norma Andrade en su casa.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 19 DE MARZO DE 2012, A:
Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez México D.F., C.P.06600 México
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario
Marisela Morales Ibáñez
Fiscal General de la República Av. Paseo de la Reforma 211-213 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500 México
Correo-e.: mmoralesi@pgr.gob.mx
Tratamiento: Sra. Fiscal General
Y copia a:
Nuestras Hijas de Regreso a Casa
Correo-e.: nuestras_hijas@yahoo.com.mx
Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:
- Nombre- -Dirección 1- -Dirección 2- -Dirección 3- Fax -Número fax- Correo-e. -Dirección correo-e.- Tratamiento -Tratamiento-
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la segunda actualización de AU 349/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/i...
INFORMACIón ADICIONAL
Norma Esther Andrade es una de las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC), creada en 2001 tras una serie de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez que las autoridades no previnieron ni investigaron adecuadamente.
Al igual que otras integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, ella y su familia han recibido numerosas amenazas desde junio de 2002. Malú García Andrade, directora de NHRC, presentó una denuncia oficial ante las autoridades federales el 30 de septiembre de 2011 tras haber recibido una llamada telefónica amenazadora. Unos días después, recibió un mensaje en el que le advertían de que su familia y ella disponían de 12 horas para dejar la ciudad o, de lo contrario, morirían. Desde 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares en favor de cuatro miembros de NHRC, en las que se pide a las autoridades mexicanas que garanticen su protección.
Amnistía Internacional emitió en diciembre de 2011 dos acciones urgentes después de que Norma Andrade fuera atacada y herida de gravedad en Ciudad Juárez: AU: 349/11 Índice: AMR 41/080/2011; más información sobre AU 349/11 Índice: AMR 41/082/2011 México.
Nombre: Norma Andrade
Sexo h/m Femenino
Más información sobre AU: 349/11 Índice: AMR 41/008/2012 Fecha de emisión: 6 de febrero de 2012