jueves, 15 de marzo de 2012

LA INJUSTICIA PASIVA

LA INJUSTICIA PASIVA

Para Francisca Galván Segura

El 23 de febrero de este año, en la ciudad de Chihuahua, el Estado mexicano dio inicio a un acto de justicia, pidió perdón y reconoció su responsabilidad por el feminicidio de la joven Paloma Angélica Escobar Ledezma. En este Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, cuyo objetivo fue cumplir con la petición hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de gobernación: Alejandro Poiré, reconoció, entre otras fallas, que en el caso de Paloma el Estado había violado los derechos de las garantías judiciales, los Derechos del Niño, además de que ella no había recibido la protección de la ley y la integridad personal. En este evento, también estuvo presente el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien del mismo modo pidió perdón a familiares de la joven Paloma Angélica y declaró:

La injusticia pasiva es quizá la peor de las injusticias porque a la injusticia de un delito le sigue la injusticia pasiva de una autoridad que no actúa y no atiende con atingencia a las víctimas, así como la indiferencia civil y la apatía gubernamental, que ve asuntos o expedientes y deja de ver a seres humanos con dolor que claman justicia (Gómez Trejo, 2012).

Paradójicamente, frente a este acto de reparación de injusticia del feminicidio, al día siguiente, tres madres de Ciudad Juárez con hijas desaparecidas fueron notificadas que Jessica Leticia Peña García, de 15 años desaparecida desde el 29 Mayo de 2010, Lizbeth Avilés García, de 17 años de edad, con desaparición desde el 21 de abril de 2009 y Andrea Guerrero Venzor, de 15, desaparecida desde el 17 de agosto de 2010, habían sido finalmente encontradas; sin embargo, sus cadáveres formaban parte de la masacre feminicida en contra de niñas y jóvenes mujeres cometida por asesinos cubiertos con toda impunidad, desde hace dos décadas y que ningún orden de gobierno tiene la voluntad política de investigar, sancionar y erradicar.

La Sra. María García Reynosa, madre de Jessica Leticia Peña García, decidió velar los restos de su hija en la explanada de la Procuraduría, y exponer su dolor públicamente hasta que se presentara el gobernador, le diera el pésame y reconociera que la justicia no existió para ella ni para decenas de madres y padres que se encuentran en la misma situación de abandono ante la desaparición sus hijas. El gobernador acudió el día 27 e hizo una serie de compromisos derivados de las demandas y exigencias que le hicieron el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas. Entre esos compromisos destaca la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, misma que atenderá y dará un seguimiento junto con familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, a todos y cada uno de los casos de jóvenes desaparecidas.

Ante el más de centenar de niñas y jóvenes desaparecidas en esta ciudad y que sus dolientes familiares las reclaman con vida, es necesario reconocer por parte de los tres ordenes de gobierno, que esta violencia terminal contra las mujeres es una problemática social de graves dimensiones. Que sólo se terminará cuando se desarrolle una política de Estado que tenga como objetivo: el respeto a la vida de las mujeres y en especial y de manera emergente el bienestar de un segmento femenino de la población que es vulnerable a ser desaparecido para después encontrar sus cadáveres prácticamente irreconocibles. Solo presentando a los agresores y sancionándolos se mandará un mensaje claro de que esto no puede seguir sucediendo.

Frente a esta masacre, el Estado –y en primer lugar el estado de Chihuahua- puede optar por no hacer nada como en el pasado, presentar chivos expiatorios o buscar las alternativas que lleven a la presentación de los asesinos ante familiares de víctimas y la sociedad y erradicar este crimen contra la humanidad de las mujeres fronterizas, de las mujeres de otros estados del país, y de países centroamericanos.

Igualmente, es menester que el gobierno de Chihuahua explique a familiares de víctimas en qué consistirán las acciones que se van a tomar para: en primer lugar encontrar a sus hijas. Pero, también es necesario que la sociedad sepamos cuáles son las medidas, acciones y estrategias que una verdadera Política de Estado de Seguridad Ciudadana para las mujeres va a delinear en el corto, mediano y largo plazo para que no sigan desapareciendo mujeres: ya sea para la trata de personas y la esclavitud sexual, pero también para ser víctimas de un feminicidio sexual sistemático y organizado que tiene como antecedente las víctimas encontradas en: Lote Bravo, Lomas de Poleo y Campo Algodonero, entre otros sitios.

La ciudadanía requiere recuperar el Estado de derecho que se encuentra ausente desde hace ya largos años con acciones concretas que recuperen el derecho a la vida en esta ciudad. Más allá de las recompensas ofrecidas diferencialmente, el pago de los ataúdes o el traslado de los cadáveres a otros estados del país, el gobierno de Chihuahua debe evaluar sus capacidades para otorgar justicia, y si encuentra limitantes, debe acudir a instancias internacionales que le apoyen para eliminar de una vez para siempre esta violencia sistémica en contra de jóvenes marginalmente económicas.

Si bien, el Instituto Chihuahuense de la Mujer ha emprendido una campaña en contra de la desaparición de niñas y mujeres. Urge que el gobierno municipal y el gobierno estatal hagan otras campañas informando lo que está sucediendo. La prevención es parte de los deberes de las alcaldías y en Ciudad Juárez ésta esta ausente. En una política de Estado que privilegie el valor de la vida, se requiere que toda la ciudadanía sepa que la vida de todos y cada uno de los y las que vivimos en esta ciudad es importante, que al faltar un miembro familiar por razones de violencia, se disminuye el valor ciudadano de la comunidad.

Al mismo tiempo, el gobierno, tal como se ha comprometido, debe atender de manera integral a todos los y las familiares de víctimas de desaparición. En este sistema de injusticia pasiva, todos ellos han gastado los pocos recursos económicos con los cuales contaban para encontrar con vida a sus hijas, han perdido sus empleos y se han desgastado física, psicológica y emocionalmente.

Frente a la gran atrocidad que vivimos, frente al atrincheramiento de la sociedad con sus calles enrejadas y la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia, el Estado debe ir desarticulando los cotos de injusticia pasiva y retomar el valor de la vida, el gobierno debe actuar, debe atender con toda celeridad a las víctimas y a las víctimas potenciales, está obligado a mandar mensajes claros y contundentes a toda la ciudadanía de que la violencia y el quebranto de la ley no se van a permitir. Sólo así las voces de dolor que claman justicia enfrentarán la injusticia pasiva y no tendrán que esperar a recibir un perdón rezagado.

Daniel Gómez Trejo, “Poiré y César Duarte piden perdón por feminicidios”, Argonméxico.com http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16568:poire-y-cesar-duarte-piden-perdon-por-feminicidios-&catid=112:estados&Itemid=367

Julia Monárrez Fragoso es profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. JuárezDialoga la ha invitado a colaborar por su trabajo como investigadora, así como por su compromiso social desde la academia y en lo personal. Para JuárezDialoga sin duda es importante tenerle como colaboradora ya que posibilita a los lectorxs comprender esta ciudad desde una perspectiva de género. Julia ha publicado diversos artículos y libros académicos. Recientemente publicó junto con los también académicos del COLEF, Rodolfo Rubio Salas y Luis Cervera Gómez, el libro “Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez”. COLEF y Miguel Ángel Porrúa, 2010.

Estado mexicano, cómplice de violencia de género



El Estado mexicano no cumplió sus compromisos de garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, combatir la impunidad de la violencia de género y prevenir esos hechos, concluyó un informe elaborado por un grupo de organizaciones para las Naciones Unidas.

El documento "El gobierno de México miente" fue realizado por siete organizaciones no gubernamentales (ONG), para ser analizado en julio por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y en él se cataloga de "parcial" el cumplimiento por el país de los requerimientos de ese organismo.

El texto, al que tuvo acceso adelantado IPS, opera como un "contrainforme" de las ONG defensoras de los derechos de las mujeres, con respecto al que presentará el gobierno ante el Comité durante su 52 periodo de sesiones, que tendrá lugar del 9 al 27 de julio y que examinará la situación de México y de otros siete países.

El Comité de 23 expertas y expertos independientes se ocupa del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

"Las autoridades no han cumplido con su deber de actuar con debida diligencia para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, quienes deben de sortear una serie de obstáculos normativos y de hecho luego de sufrir discriminación y violencia", cita el también llamado "informe sombra" de las ONG.

El documento aborda, entre otros aspectos, la violencia contra mujeres periodistas, el impacto de género de la militarizada lucha de las fuerzas del Estado contra las mafias del tráfico de drogas y la trata de mujeres, adolescentes y niñas.

El Comité planteó en noviembre una serie de preguntas al Estado mexicano sobre asuntos como la armonización legislativa federal, estadual y municipal con la Cedaw, los mecanismos para presentar demandas judiciales vinculadas a derechos de las mujeres, la participación política femenina y las medidas contra la violencia de género y la trata.

"La violencia se ha recrudecido cada día. Sabemos de la situación de diferencia salarial, de diferentes oportunidades y, en una situación de conflicto social como la que se vive, aumentan esas diferencias", indicó a IPS la directora de Arthemisas por la Equidad, Irma Ochoa.

La organización opera en el nororiental estado de Nuevo León y es una de las signatarias del informe, que resalta entre sus preocupaciones el desatado fenómeno de los feminicidios, como se denominan los asesinatos de mujeres por razones de género.

El estudio "Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009", elaborado por ONU Mujeres, el gobierno y el parlamento, aseguró que en el país se cometieron en ese lapso 34.176 homicidios de mujeres y que los feminicidios aumentaron desde 2005.

María Castañeda, coordinadora de proyectos de la ONG Equis: Justicia para las Mujeres, dijo a IPS que tampoco en el acceso a los tribunales hay buenas noticias para las mexicanas.

Equis analizó 35 sentencias dictadas en México entre 2003 y 2012, dentro de la iniciativa del Observatorio de Sentencias Judiciales, que opera en siete países latinoamericanos desde 2007 y es parte de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género.

"Hemos encontrado actitudes discriminatorias de los jueces, especialmente el uso de estereotipos. Hemos encontrado que solo un fallo utiliza o menciona un estándar internacional de derechos humanos. Ninguna de las sentencias analizadas menciona la ley general", explicó.

Castañeda también destacó que "no se valora el testimonio de la (mujer) víctima, especialmente en casos de violación, y que hay deficiencia en investigar y otorgar medidas de protección", enfatizó.

El acceso de la justicia en el continente será el foco de una audiencia dentro del 144 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tendrá lugar del 19 al 30 de este mes en su sede en Washington.

Este acceso "para las mujeres se ve comprometido debido a la inexistencia de medidas que respondan a las necesidades específicas de las mujeres", destaca el "informe sombra" de la sociedad civil mexicana.

Las ONG criticaron la inexistencia de mecanismos de vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 y de un sistema de seguimiento y evaluación de resultados e impacto.

Muestras de esta ausencia son los programas nacionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Derechos Humanos para el periodo 2009-2012, que carecen de esquemas de medición.

"La ley es letra muerta. Hay una situación de impunidad que abona la violencia. Por eso, queremos que el Comité haga recomendaciones para que se elimine la violencia en contra de las mujeres y que baje la incidencia de esos delitos", planteó Ochoa.

En enero, Arthemisas y otras ONG solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior), la emisión de una alerta de género en Nuevo León.

Pero esa petición fue rechazada en febrero, por lo que las activistas presentaron a inicios de marzo un amparo contra esa resolución.

Ninguna solicitud de alerta, figura establecida por la ley general, ha prosperado, a pesar de que varias organizaciones la pidieron en 2008 para el sureño estado de Oaxaca, al año siguiente para la central región de Guanajuato y en 2010 para el estado de México, próximo la capital.

La única buena noticia en este aspecto se produjo en este último estado el 27 de febrero, cuando varias organizaciones humanitarias lograron un amparo de un juez federal, lo que finalmente abre la posibilidad de investigar penalmente allí los casos de feminicidio.

"En los últimos años se ha invertido mucho en presupuestos y en la creación de instituciones y los resultados son muy pocos", criticó Castañeda, cuya organización estudió cuatro entidades relacionadas con derechos de las mujeres.

Las siete organizaciones autoras del informe alternativo insisten en la creación de bancos nacionales de datos sobre casos de violencia contra las mujeres y sobre las órdenes de protección hacia ellas.

El "reporte sombra" concluye en que "las muertes violentas contra las mujeres en México reflejan un fenómeno generalizado y tolerado por el Estado, creando un ambiente de permisividad por parte de las autoridades ante dichos crímenes".

En sus sesiones de julio, el Comité examinará también los casos de Bahamas, Bulgaria, Guyana, Indonesia, Jamaica, Nueva Zelanda y Samoa.

Las madres de Ciudad Juárez buscan a sus hijas en el desierto… o en la morgue

Ciudad Juárez (México), 14 mar (EFE).- Las madres de la población mexicana de Ciudad Juárez buscan en el desierto o en la morgue a sus hijas desaparecidas o secuestradas, una situación que recuerda la tragedia vivida en los años noventa, que dejó entre sus habitantes heridas aún no cicatrizadas.

El desierto del Valle de Juárez, un conjunto de pueblos agrícolas situados a las afueras de la ciudad, fronteriza con EE.UU., se ha convertido en un cementerio clandestino de mujeres asesinadas y en lo que va de año se han encontrado al menos 13 cuerpos.

El pasado 7 de febrero, agentes de la Fiscalía General de Chihuahua realizaron un rastreo tras una llamada anónima que alertaba del hallazgo de restos humanos en el suroeste del poblado de San Ignacio, un pequeño municipio dentro del Valle de Juárez.

Las autoridades encontraron los restos de cuatro jóvenes mujeres, algunas desaparecidas desde 2010. Días más tarde se hallaron los restos de otras cinco personas en distintas zonas del mismo poblado.

“En lo que va del 2012 han sido encontrados 9 cuerpos, es decir, restos óseos pertenecientes a nueve cuerpos y hay tres cuerpos probables más, pero de estos no estamos seguros si son de jovencitas también”, dijo el portavoz de la Fiscalía, Carlos González.

“De estos nueve cuerpos confirmados, los familiares han ya identificado a cuatro. Los demás siguen sin identificar”, agregó. A todos ellos se añade un cadáver encontrado en las últimas horas.

El periodista español Javier Juárez, quien ha cubierto los feminicidios en Ciudad Juárez desde hace varios años, afirma que los grupos dedicados al secuestro de mujeres jóvenes han elegido esta zona por el hermetismo que mantienen los residentes.

“Es una zona que ha sido controlada por narcotraficantes, es un lugar muy hermético y difícil de acceder. En nuestras investigaciones hemos encontrado incluso una casa de seguridad donde presuntamente se mantiene cautivas a las mujeres secuestradas”, dijo Juárez a Efe.

Para Imelda Marrufo, coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, dedicada a apoyar a las madres con hijas asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez, esta es una situación que “lamentablemente” se veía venir.

“En los últimos años la situación de violencia criminalizada había opacado la de la violencia contra las mujeres. Este nuevo capítulo nos confirma una situación que estábamos previendo que podría suceder”, explicó.

En la década de los noventa Ciudad Juárez vivió una etapa tenebrosa en la que desaparecieron centenares de jóvenes y adolescentes, muchas de ellas aún en paradero desconocido. Ahora, para algunos, el panorama puede ser peor.

“La situación actual es aún más grave de la que ocurrió en la década de los 90″, afirmó Juárez.

“En los últimos cuatro años -añadió- hemos visto la desaparición de cerca de 200 adolescentes, según nuestros datos. Las autoridades dan una cifra mucho menor, pero entre el conteo paralelo de las familias y de nosotros, hablamos de entre 160 y 200″.

El 23 de febrero pasado, María García, madre de Jessica Peña, desaparecida en 2010, recibió una llamada de la fiscalía: su hija había estado en la morgue desde aquel año y necesitaban que la identificara.
La indignación de la mujer, que llevaba dos años buscando a su hija, la llevó a velar los restos de Jessica frente a las instalaciones de la Fiscalía para exigir una disculpa del gobernador y una explicación.

“Hay cuerpos que han permanecido hasta 3 años en la morgue”, denuncia Marrufo, para añadir que ello les causó gran “indignación” porque mientras las madres “buscaban día y noche a sus hijas, los restos ya estaban en la morgue escondidos”.

La Fiscalía de Chihuahua afirma trabajar de cerca con los padres de familia y organizaciones civiles para evitar que los cuerpos queden “olvidados” en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

“Lamentablemente se han ido entregando restos óseos de acuerdo a como se van dando las identificaciones. Pero para esto hemos estado muy de cerca con los padres y organizaciones”, comentó González.

“Incluso hace un mes se entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un listado con una base de datos genética para cruzar información y agilizar la entrega e identificación”, agregó.

Para las madres, la entrega de los restos de sus hijas asesinadas les ha dejado un sentimiento ambivalente: por un lado, alivio, porque la búsqueda ha terminado y, por otro, la certeza de que sus hijas fueron asesinadas.

Para otras madres sigue la tragedia: desde 1993 siguen abiertos 116 casos de mujeres desaparecidas, según datos de la Fiscalía, pero el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas cree que pueden llegar a 200. EFE