lunes, 25 de noviembre de 2013

En México se cometen 6.4 feminicidios por día


"Como sucedió en el Estado de México, la presidencia de Enrique Peña Nieto no ha podido frenar la ola creciente de feminicidios en el país. Las alertas de género simplemente no funcionan; los llamados de las organizaciones civiles son ignorados, mientras que las cifras ni siquiera son fiables…"

ENTREVISTA A MARISELA ORTÍZ, CO-FUNDADORA DE NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA

Marisela Ortíz Lilith Films

Marisela Ortíz, junto con Norma Andrade, es co-fundadora de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa que, desde su fundación, ha hecho visible el fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez en la búsqueda de justicia. 
Conozco a Marisela desde hace más de ocho años, tanto personalmente como a través de sus escritos y su labor como activista en favor de los derechos humanos (su ayuda fue imprescindible para la realización del documental Desde que no estás). Su arduo trabajo, dedicación y perseverancia así como su pasión y creatividad como activista me siguen sorprendiendo. Finalmente, le pedí que me concediera una entrevista vía correo electrónico para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 
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Marisela, ¿cuál es el origen de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y cuáles son los retos a los que te has tenido que enfrentar desde el 2001, año de su fundación, hasta el día de hoy?
La asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa nace en febrero de 2001 en Ciudad Juárez,  tras la desaparición de mi ex alumna Lilia Alejandra García Andrade al salir de la maquiladora donde trabajaba. Siete días después se encontró su cuerpo en un lote baldío, frente a su lugar de trabajo; había sido violada por varios hombres, torturada y estrangulada.
El dolor, la indignación y la impotencia que nos provocó esta tragedia, y el conocer poco a poco que había muchas otras familias afectadas, así como la desatención por parte de las autoridades y la nula actuación del gobierno, fueron nuestra fuerza y motivación para iniciar este proceso tan duro  por terminar esta pesadilla e intentar resolver a través de diversas estrategias, esta problemática tan trágica.
Desde el inicio de nuestras acciones vino la represión. Desde 2001 y hasta 2011 en que permanecimos en Ciudad Juárez, se utilizaron múltiples maneras para intentar apagar nuestras voces. Intimidaciones, campañas de desprestigio, persecuciones, amenazas de diversa índole: directas, de funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, advertencias de que asesinarían a nuestras hijas, fuertes amenazas con armas de fuego en mano, disparos a nuestro vehículo en movimiento, saqueos en nuestra oficina, automóviles  y domicilios para extraer nuestras computadoras y documentos, retención de nuestros salarios como maestras a Norma Andrade y a mí, llamadas intimidatorias, carteles amenazantes en las puertas de nuestros hogares y el acompañamiento sigiloso por tiempo prolongado de elementos de la policía estatal para vigilar nuestras acciones.  Asimismo,  una manta colocada en la puerta de la escuela secundaria donde trabajé por muchos años, donde se me anunciaba que me asesinarían a mí y a mi familia, iniciando con uno de mis hijos, quien es miembro activo de NHDRC, al tiempo que otra manta apareció en la escuela de los hijos de Malú Andrade en el mismo tono amenazante e intimidatorio.
Y finalmente se dio el ataque a mano armada a la compañera Norma, en el que casi pierde la vida pues recibió cinco balas en su cuerpo, y después de esto huyo a la ciudad de México, donde volvió a ser atacada con arma blanca y recibió  múltiples cortadas en su cuerpo y cara.
Las últimas amenazas me  hicieron salir del país con mis hijas e hijo, para protegernos y evitar que fueran efectivas, de tal forma que nos vimos en la necesidad de abandonar nuestro hogar, nuestro trabajo y la gente que amamos. Sin embargo, a la distancia continuamos apoyando a las familias, con el apoyo de gente cercana que se quedó en Juárez, y que ahora son el enlace para poder continuar nuestra misión, sobretodo enfocando nuestros esfuerzos hacia los chicos y chicas que quedaron huérfanos al ser asesinada o desaparecida su madre.
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A veinte años de que empezaran a documentarse oficialmente los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, ¿cómo ha cambiado la situación? ¿Siguen desapareciendo mujeres?
 La solución no se ve cerca. Desde los años 90 hasta la fecha las características de este fenómeno no varían en mucho; sólo crece la cifra de asesinatos y desapariciones, a la par que la inacción de las autoridades y gobiernos.  La violencia ha rebasado todo límite… no hay nada más cruel que lo que  vivimos en Ciudad Juárez;  y lo más grave es que la violencia extrema contra las mujeres se ha extendido con todos sus vicios a muchos estados de la República Mexicana, incrementando geométricamente las cifras de mujeres asesinadas y desaparecidas, en un mismo patrón que se reproduce pero ahora afectando a mujeres mucho más jóvenes, ya que ahora están desapareciendo  niñas de doce a catorce años de edad, y existen evidencias de que el motivo es la trata para fines de explotación sexual.
Los políticos y gobernantes no ven necesario hacer cumplir las leyes y prefieren culpar a las mujeres de sus propias tragedias, que aplicar políticas públicas que lleven a detener esta barbarie, y aún menos si las acciones tienen costo económico o político; es decir, no hacen nada porque hacerlo significaría  aceptar una responsabilidad que han negado siempre.
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En el año 2005, cuando nos encontramos por primera vez en Ciudad Juárez, me contaste de la imposibilidad de saber con seguridad el número de víctimas al no haber cifras oficiales. En ese entonces, las diferentes organizaciones hablaban de 480 a más de 2000 casos. ¿Por qué es tan difícil cuantificar el feminicidio?
Porque las autoridades y gobiernos aún siguen ocultando y negando la problemática, porque es más fácil para ellos comprar algunos medios a fin de que no se publiquen los hechos porque “dañan la imagen de Ciudad Juárez, afectan la economía y el turismo”, que investigar de manera seria y responsable hasta encarcelar a los asesinos. Quizás porque saben quiénes son y los protegen, y hasta podemos pensar que se les paga por esta complicidad.
Pero ante la visibilidad internacional que tiene ya este fenómeno gracias a nuestras acciones y gritos de auxilio, ya hay mayor observación sobre el feminicidio por parte de organismos importantes y, de alguna manera, se lleva un seguimiento que permite mencionar cifras al menos aproximadas y no maquilladas por el gobierno.
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En el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en contra del gobierno de México a favor de las familias de las 8 mujeres encontradas en el campo algodonero. ¿Cuál ha sido la repercusión de esa sentencia?
Lamentablemente a pesar de tantos esfuerzos de esta y otras asociaciones de la sociedad civil, de algunas instancias gubernamentales y de que logramos con esa suma de esfuerzos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara esa sentencia condenatoria contra el estado mexicano por el Caso Campo Algodonero, el avance ha sido escaso en las soluciones y aún no es posible frenar el problema, de manera que a la fecha, los casos ni se resuelven ni terminan. Porque las acciones del gobierno sólo son parte de su política de simulación y producto de la presión internacional. No hay un plan integral, hasta ahora falta la voluntad política del estado. Y el indicador más contundente de que no se han cumplido las demandas de la Corte Interamericana es que aún no se ha detenido a los responsables del feminicidio.  No hay justicia. No hay detenidos, y los que ha habido son chivos expiatorios o los dejan libres “por falta de pruebas”, aun habiendo confesado su crimen y señalado los detalles.
Y en este caso, resulta aún más indignante el descaro del estado mexicano, que solicitó a la Corte Interamericana en diciembre de 2011, que diera por cumplida la sentencia porque, según su criterio, ya cumplieron algunos de los puntos que se les exigieron. Por supuesto que le fue negada esta petición, al señalar que México no ha investigado y sancionado a los funcionarios responsables de negligencias y malas actuaciones en los casos, porque hay escasa investigación y no hay resultados, y porque no se ha castigado a quienes amenazan e intimidan a las familias que insisten en la justicia, además de que no existen aún responsables en la cárcel por los asesinatos de mujeres.
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Debido a tu implicación en la lucha por los derechos de las mujeres, has sufrido múltiples amenazas e intimidaciones. ¿Cuál es tu situación actual y la de las demás activistas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa?
Más de una treintena de amenazas contra miembros de nuestro grupo están documentadas ante autoridades federales y las últimas, en el año 2011, fueron tan contundentes y tan graves que nos obligaron a abandonar nuestra comunidad para salvar nuestras vidas y las de nuestras familias.  Me llena de tristeza pensar en las circunstancias que me impiden regresar a mi hogar, a mi familia, a mi trabajo.  La vida en el exilio es muy dura.
Mi mayor esperanza es poder regresar, pero no existen garantías para nadie allá, mucho menos para nosotras como defensoras de derechos humanos.
 Seguimos trabajando a la distancia, con mayores dificultades  pero con la misma voluntad y amor por nuestro trabajo.  Y mantenemos una comunicación constante para coordinar acciones que impacten en nuestras autoridades y les urgimos soluciones. Incluso, nuestro campo de acción se abrió hacia los estados del centro y sur de México, donde está desapareciendo una cantidad alarmante de niñas y donde se han encontrado muchos de sus cuerpos torturados y mutilados como los casos de Ciudad Juárez, sobre todo en el Estado de México que es donde existe mayor problema en este sentido, donde la autoridad es indiferente y minimiza el problema.
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¿Cuál es la condición actual de las familias, especialmente de las hijas e hijos, de las mujeres desaparecidas y asesinadas? ¿Se ha creado algún programa gubernamental que se encargue de tutelar su bienestar?
A la fecha no existe un programa integral que cubra las necesidades de los hijos e hijas de mujeres asesinadas y desaparecidas, y con nuestra salida de Ciudad Juárez se dificulta más la atención hacia esta población que ha sido fuertemente impactada por las tragedias. Con las condiciones de violencia generalizada en nuestra comunidad, se incrementa el riesgo de que puedan ser cooptados por las mafias o bien que, sin una madre , puedan tomar decisiones equivocadas.  Sus abuelas ya no tienen ni la salud ni la energía para educarlos. La vida para ellos y ellas se torna más difícil cada vez.
El estado otorga una mínima cantidad de dinero al mes para su manutención y solo a algunas familias, pero ni es suficiente ni es sólo la parte económica la que se requiere. Hay muchas necesidades más urgentes para su buen desarrollo, para restablecer su salud emocional, para cubrir sus estudios académicos, a fin de que en un futuro puedan servir a su comunidad y no representar un problema social más.  Ellos, como víctimas de este fenómeno, deben ser conscientes y tratar de modificar esta cultura que maltrata y asesina a las mujeres.
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Para las personas que nos leen y sienten el deseo de hacer algo, ¿cómo pueden contribuir a la tutela de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez? ¿En tu opinión, hoy en día es posible ser defensor de los derechos humanos en México?
En la actualidad ser activista, defender los derechos humanos en México, es una enorme responsabilidad,  al tiempo que significa el mayor riesgo de que te arrebaten la vida por defender la justicia. Es una actividad de alto riesgo, en la cual muchos mexicanos y mexicanas han perdido la vida o el derecho a sus libertades.
Hay muchas  maneras de ayudar:  denunciar, exigir al gobierno mexicano, apoyar a las familias, a esos hijos e hijas que quedaron huérfanos, involucrarse de la manera que más convenga a cada persona en la formación de estos chicos y chicas que nuestro Proyecto la Esperanza apoya para fortalecerles, y es desde ahí que se puede hacer bastante por ellxs, ya sea apoyando su educación con una beca, ayudando económicamente el desarrollo de las actividades del grupo o acudiendo a Ciudad Juárez a hacer trabajo comunitario con ellxs, enseñarles un arte, un oficio, una terapia, etc.
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Por último, ¿deseas agregar algo más?
Muchas personas desconocen que el feminicidio en Ciudad Juárez se da no solamente por la cultura machista, sino también por la escasa valoración a las mujeres de manera histórica, el narcotráfico, el tratado de libre comercio y el consecuente establecimiento de las maquiladoras, la facilidad que tienen los asesinos de cruzar la frontera para esconderse, la corrupción policiaca, la pobreza, la ignorancia, el bajo desarrollo del país, la impunidad y muchas más razones. Se asesina a mujeres porque se puede.
Pero podemos decir que hay esperanza, porque mientras tengamos esta fuerza para continuar la batalla, mientras contemos con el respaldo de instituciones a nivel nacional e internacional, personajes, asociaciones y toda esa suma de voluntades que han unido sus esfuerzos a los nuestros, y sobre todo, mientras tengamos la vida, seguiremos adelante, no pararemos hasta lograr que este terrible mal desaparezca.
La esperanza es un elemento que nos sostiene y nos hace continuar esta lucha para lograr que llegue ese día en que las cosas mejoren. Ahora mismo hay muchas personas que antes no denunciaban,  muchos que guardaban silencio y, al verse afectados, ahora salieron a la calle a protestar por su bienestar. Hay más asociaciones civiles, mayor comunicación a través de las redes. También existe más participación masculina en el movimiento por la igualdad y tenemos más seguidores hombres a partir de las manifestaciones públicas y, como nunca antes, nos acompañan más hombres en esta lucha. Entonces  ya no es fácil que estos hechos queden en el silencio.  Algo bueno tiene que ocurrir….

miércoles, 20 de noviembre de 2013

En México se cometen 6.5 feminicidios diariamente

El Instituto Nacional de las Mujeres afirmó que en promedio se cometieron 6.5 feminicidios al día desde 1985 a 2010, mostrando un alarmante grado de descomposición social.

Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres(Inmujeres), aseguró este martes que pese a la existencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los crímenes en su contra continúan siendo brutales y estadísticamente preocupantes.
"En México la violencia es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra democracia: de 1985 a 2010 se consumaron en este país poco más de 36 mil 600 feminicidios, vidas de mujeres que fueron brutalmente cegadas; lo que implica en promedio 6.5 mujeres diariamente asesinadas", declaró.
El coordinador jurídico destacó que una de las expresiones más lamentables es que de las “36 mil 606 mujeres asesinadas, 5.6 por ciento son niñas menores de cinco años, lo cual nos habla del nivel de brutalidad y de descomposición social".
Las declaraciones de Navarrete se realizaron en el marco del Taller Regional de Aplicación Eficaz de las Órdenes de Protección, celebrado en el estado de Jalisco, donde indicó que la implementación correcta y efectiva de los nuevos marcos legales es fundamental para garantizar la vida de muchas mujeres.
Navarrete puntualizó que la escandalosa cifra de los asesinatos continua creciendo gracias a la endémicaimpunidad que permea en el País, ya que sólo tres por ciento de los 36 mil 606 crímenes han sido sancionados.
Por su parte, el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, aseguró que el compromiso de la entidad es "erradicar la violencia contra las mujeres", sin embargo, no se establecieron metas o compromisos específicos.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Malú García, activista de Ciudad Juárez exige a Segob definir condiciones de seguridad

Malú García, activista de Ciudad Juárez exige a Segob definir condiciones de seguridadFoto: Especial
La activista señala que ha recibido amenazas de empleados de la Procuraduría General de la República.
La activista y defensora de Derechos Humanos, Malú García Andrade demandó a la Secretaría de Gobernación (Segob) aclarar si permanecerá el servicio de escoltas que fue asignado para protegerla, pues en últimas fechas ha disminuido.
En entrevista con SDPnoticias, Andrade denunció que desde hace seis meses el dispositivo de seguridad, conformado por siete escoltas, ha sido reducido y ahora son sólo cuatro elementos quienes resguardan la integridad de ella y de su familia.
“Desde julio cuando hice un plantón con madres de víctimas desaparecidas y asesinadas al exterior de Gobernación yo contaba con siete escoltas, ahorita son solo cuatro agentes con los que cuento por ello estamos demandando saber quien dio la orden de reducir gradualmente a los elementos, y que Segob nos de una respuesta clara de si vamos a continuar con el servicio o no”.
García Andráde reveló que las amenazas se agudizaron a mediados de octubre, cuando recibió una llamada telefónica en la que la amenazaban con matarla; además durante las últimas dos semanas, de modo personal, recibió más de media docena de amenazas de muerte, algunas de empleados de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Me han estado intimidando con comentarios como 'si usted hace una huelga de hambre sus hijos se quedan sin seguridad y los pueden matar, si denuncia que se ha reducido su seguridad la van a matar no lo haga'; me piden que no lo denuncie públicamente, algunas amenazas provienen de empleados de la Procuraduría de la República.”
Durante la charla agregó: “Yo lo denuncié ante las autoridades pero la respuesta del Gobierno fue decir que 'no es necesario que cuente con esas medidas de seguridad' y ha ido reduciendo los escoltas” .
Ante tal escenario destacó que está a la espera de un reunión próxima con la Segob para exigir que reincorporen a los tres escoltas que han sido separados de sus funciones o que aclaren sí continua el servicio y si esto es así que sea un servicio adecuado.
“Además estamos demandando saber quien dio la orden de reducir gradualmente los elementos, y que nos de una respuesta clara de si vamos a continuar con el servicio o no” señaló.
Por ultimo denunció que de acuerdo la información extraoficial difundida por fuentes de la PGR serán retirados los escoltas de al menos 30 familias de victimas y defensores de Derechos Humanos.

jueves, 14 de noviembre de 2013

Responsabilizan al Estado de cualquier agresión contra defensora

   Malú García Andrade exige se le restituyan sus escoltas

María Luisa (Malú) García Andrade en conferencia de prensa | Foto: Cortesía Cencos
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 14/11/2013
Pese al persistente hostigamiento contra la defensora de Derechos Humanos (DH) María Luisa (Malú) García Andrade –en su momento debidamente denunciado–, el gobierno federal redujo las medidas de seguridad otorgadas en 2012 a la directora de asuntos jurídicos de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
En conferencia de prensa, la activista responsabilizó hoy al Estado mexicano de cualquier acto de violencia o agresión contra ella o su familia, pues lejos de protegerla le ha ido reduciendo el número de escoltas asignados para su resguardo.

En 2012 tras abandonar Ciudad Juárez, Chihuahua, a raíz del atentado contra su madre, Norma Andrade –fundadora de Nuestras Hijas–, a ambas defensoras les fueron asignados 12 escoltas, número que se ha ido reduciendo y ahora –a decir de Malú– sólo cuentan con seis de ellos, sin explicación alguna de las autoridades.

Al percatarse de la reducción de los guardias de seguridad, se reunió en la Unidad para la Defensa de los DH de la Secretaría de Gobernación (Segob), con su titular, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, y representantes de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Seguridad Pública y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los funcionarios le informaron que no existía una orden expresa u oficial de ninguna dependencia de reducir la seguridad, por lo que desconocían a qué se debía la disminución de los elementos.

“Es por ello que responsabilizo al Estado de lo que pueda pasarme a mí o a los miembros de mi familia, pues ninguna dependencia se ha querido hacer responsable de la reducción de las medidas de seguridad aunque las amenazas en mi contra no han cesado”, puntualizó.
Relató que las amenazas se incrementaron a raíz del apoyo que brindó a ocho integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad  Juárez para instalar en junio pasado un plantón frente a la Segob, donde se logró la firma de 10 acuerdos que –acotó García Andrade– aún no cumple el gobierno federal.

El pasado 17 de octubre Malú fue amenazada por un desconocido que le llamó por teléfono, le describió la vestimenta y la ubicación de sus hijos y la amenazó con asesinarlos. Cabe destacar que ella se encontraba en el Senado al momento de recibir la llamada.

Y sin embargo, ya desde el 4 de octubre se le había retirado un escolta más. Ayer, tras anunciar la conferencia de prensa, Segob  integró de nuevo al elemento de seguridad.

En ese contexto, Malú García Andrade exigió al gobierno federal le otorgue una respuesta oficial y le restaure la seguridad antes de que concluya este mes.

Finalmente denunció que no es la única defensora de DH en riesgo de perder su vida o sufrir daños a su integridad física, pues especialmente en este año los ataques y agresiones contra las defensoras se han recrudecido y se sabe –de manera extraoficial– que el gobierno federal reducirá las medidas cautelares y de seguridad para otras 30 personas defensoras.

García Andrade es beneficiaria de las medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de DH y periodistas desde 2012.

También desde 2008 la activista cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismas que fueron extendidas en marzo de 2012.

13/AZM/RMB

Frente amenazas y reducción de medidas cautelares solicitan al Estado garantizar la seguridad de la defensora Malú García y su familia

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 IMG_0632Difusión Cencos México D.F., jueves 14 de noviembre de 2013
Boletín de Prensa
OSC de DH /  Firmas Ciudadanas 
Malú García Andrade, integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación que lucha por combatir el feminicidio en Ciudad Juárez, quien a partir del asesinato de su hermana Lilia Alejandra García Andrade, en 2001, se convirtió en Defensora de Derechos Humanos, y al igual que otras integrantes del grupo ha recibido múltiples y diversas amenazas de muerte para ella y sus hijos, lo cual la obligó a abandonar su hogar en su natal ciudad y radicar en la Ciudad de México, donde ha continuado su activismo de apoyo a las familias víctimas del feminicidio.
En marzo del año pasado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos decretó la ampliación de medidas cautelares a favor de su madre Norma Esther Andrade, sus sobrinos Jade García Andrade, Kaleb García Andrade y sus hijos Sarahí Bustos Andrade y Brayan Bustos Andrade.
En el mes de julio de este año Malú junto con un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez, realizaron un plantón en las afueras de Ja Secretaría de Gobernación; luego de eso, las amenazas se intensificaron y la respuesta del Gobierno ha sido ordenar que se le retire la seguridad bajo el argumento de que no es necesaria esta medida a pesar de la acción urgente que emitió Amnistía Internacional donde se solicita al Estado Mexicano garantice la seguridad de ella y su familia.
El 17 de octubre del presente año Malú recibió una llamada telefónica donde la amenazaban con secuestrar a sus hijos, en esta misma llamada le describían el lugar y la vestimenta que llevaban puesta haciendo mención de la facilidad con la que podrían secuestrarlos y asesinarlos.
A pesar de las continuas agresiones y amenazas, gradualmente le han ido retirando medidas cautelares que le habían otorgado las autoridades federales por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este hecho la pone a ella y a sus hijos en mayor vulnerabilidad e incrementa el riesgo de perder la vida.
El 28 de agosto se tuvo una reunión con autoridades federales donde solicito.le informaran quien ordeno se que se le retiraría la seguridad y porque se ha ido reduciendo gradualmente el numero de escoltas asignados para la seguridad de sus hijos y la de Malú. En esta reunión desconocieron quienes pudieron dar esta orden, acordando que el servicio de seguridad continuaría, sin embargo el lunes 4 de noviembre se retiró otro escolta, mismo que se le asigno de nuevo después de haber convocado a esta conferencia de prensa.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en su informe presentado a la CIDH menciona que “sin perjuicio del alto grado de complejidad de estas medidas cautelares dado el gran número de beneficiarios, el gobierno de México continúa implementando acciones para asegurar su vida e integridad personal, y mantiene oportunamente informada a la CIDH de los pormenores del caso”.
El pasado mes de junio, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDHONU), reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012. El representante en México de la OACDHONU, Javier Hernández Valencia, señaló que los propios “servidores públicos se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos”, y que a la fecha no hay progreso en los más de 180 casos de agresiones contra derecho humanistas mexicanos que ha documentado ese organismo internacional.
Las recientes recomendaciones de la ONU a México en materia de derechos humanos, deja al descubierto la falta de garantías para que ejerzan su labor como defensoras de Derechos Humanos, pues continúan siendo agredidas, hostigadas por su labor. Es claro que el gobierno federal, no han tomado acciones contundentes al respecto, ejemplo de esto es que en lo que va de 2013 .tres mujeres defensoras han sido asesinadas.
Las organizaciones firmantes, manifestamos nuestra indignación y repudio por las amenazas cometidas en contra de la Defensora de Derechos Humanos. Expresamos nuestra preocupación por su seguridad y la de su familia. Exigimos de nueva cuenta que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de proporcionar protección a quienes realizan esta labor, y que ponga fin a la impunidad que rodea los casos de agresiones y hostigamientos a defensores y defensoras en nuestro país. Responsabilizamos al Estado Mexicano de estos hechos y de cualquier otro que ocurra en contra de Malú García Andrade o cualquiera de sus familiares.
Asimismo exigimos de manera inmediata:
  • Que las autoridades federales realicen las investigaciones correspondientes para localizar y sancionar a los responsables de las diversas amenazas de las que ha sido víctima Malú y su familia y evite realizar declaraciones que desestimen el caso y desvíen la investigación.
  • A la Secretaria de Gobernación y a la Procuraduría General de la República la puntual atención a las medidas cautelares que no han sido garantizadas para Malú García Andrade y para toda su familia.
  • Que el Estado mexicano diseñe e implemente mecanismos efectivos de protección para Malú y su familia.
Consulta el video Conferencia de Prensa: Retiran Medidas Cautelares a Defensoras de Derechos Humanos
Imágenes de la conferencia 
Firmas de apoyo:
Susana de la Garza, viuda de Carlos Montemayor.
Marisela Ortiz, Fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C.
Carmen Verá, Coordinadora General de AMOR
Agrupación de mujeres Rosas Rojas.
Grupo de Acción Revolucionaria.
Brigada Muitidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México.
Humberto Robles, dramaturgo.
Alexandro Guerrero, Director de escena.
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
A la Secretaria de Gobernación
A la Procuraduría General de la República
A los Medios de Comunicación
A la sociedad en General
México Distrito Federa, a 14 de noviembre de 2013
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Por amenazas de muerte Defensora de Derechos Humanos teme por su vida y la de su familia

Por amenazas de muerte Defensora de Derechos Humanos teme por su vida y la de su familia

BOLETÍN DE PRENSA 




Malú García Andrade, integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación que lucha por combatir el feminicidio en Ciudad Juárez, quien a partir del asesinato de su hermana Lilia Alejandra García Andrade, en 2001, se convirtió en Defensora de Derechos Humanos, y al igual que otras integrantes del grupo ha recibido múltiples y diversas amenazas de muerte para ella y sus hijos,  lo cual la obligó a abandonar su hogar en su natal ciudad y radicar en la Ciudad de México, donde ha continuado su activismo de apoyo a las familias víctimas del feminicidio; a pesar de las  continuas agresiones y amenazas, gradualmente se le han ido retirando las medidas cautelares que le habían otorgado las autoridades federales por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este hecho la pone a ella y a sus hijos en mayor vulnerabilidad e incrementa  el riesgo de perder la vida; ante esto, hacemos una cordial invitación a los diferentes medios de comunicación, para que la acompañen a la rueda de prensa que ofrecerá mañana jueves 14 del presente mes y año a las 12:00 horas, en las oficinas de CENCOS, en Medellín 33, Roma Norte, Ciudad de México, Distrito Federal, donde se dará a conocer un pronunciamiento, ante la  negligencia de las autoridades al negarles la seguridad a Malú García Andrade y familia, pese a las constantes amenazas.

En el mes de julio de este año Malú junto con un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez, realizaron un plantón en las afueras de la Secretaría de Gobernación; luego de eso, las amenazas de intensificaron y la respuesta del Gobierno ha sido ordenar que se le retire la seguridad bajo el argumento de que no es necesaria esta medida.

En los últimos meses le han ido reduciendo el número de escoltas que habían sido asignados para la seguridad de ella y sus hijos, a pesar de la acción urgente que emitió Amnistía Internacional donde se solicita al Estado Mexicano garantice la seguridad de ella  y su familia.

El pasado 28 de agosto se tuvo una reunión con autoridades donde se acordó que se realizaría un análisis de riesgo para determinar si su vida y las de sus hijos están en peligro, y dependiendo del resultado el servicio de seguridad continuaría; sin embargo, el lunes 4 de noviembre se retiró a otro escolta.  

El 13 de junio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) ordenó al Gobierno Mexicano las medidas cautelares MC 147/08 a favor de Marisela Ortiz, María Luisa (Malú) García Andrade integrantes de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y sus respectivos núcleos familiares.  En marzo de 2012, la CIDH decretó la ampliación de medidas cautelares a favor de Norma Esther Andrade, Jade García Andrade, Kaleb García Andrade, Sarahí Bustos Andrade y Brayan Bustos Andrade, estos dos últimos hijos de Malú García Andrade, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su informe presentado a la CIDH menciona  que “sin perjuicio del alto grado de complejidad de estas medidas cautelares dado el gran número de beneficiarios, el gobierno de México continúa implementando acciones para asegurar su vida e integridad personal, y mantiene oportunamente informada a la CIDH de los pormenores del caso”.

El pasado mes de junio, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDHONU), reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de  2012. El mismo informe revela que en los últimos siete años, 66 defensores de derechos humanos y luchadores sociales fueron asesinados sin que las autoridades tomen medidas para evitar que estos crímenes se sigan reproduciendo, y en el 51% de estos casos no se ha podido identificar a los agresores; el 22% son actores no estatales; el 14% son operadores de justicia, el 8% de autoridades municipales y el 5% de autoridades militares. El representante en México  de la OACDHONU, Javier  Hernández Valencia, señaló que los propios “servidores públicos se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos”,   y que a la fecha no hay progreso en los más de 180 casos de agresiones contra derecho humanistas mexicanos que ha documentado ese organismo internacional.


Firmas de apoyo:

Susana de la Garza,  viuda de Carlos Montemayor
Marisela Ortiz,  Fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C.
Agrupación  de mujeres Rosas Rojas
Grupo de Acción Revolucionaria
Brigada  Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México
Humberto Robles, dramaturgo
Alexandro Guerrero, director de escena y cantaautor

Datos para información

Nextel (55) 1793-7466 Móvil (55) 2752-0225

domingo, 10 de noviembre de 2013

¿Dónde están? Más de 1,800 niñas desaparecidas en Ciudad Juárez desde 2008


Según datos entregados por el Gobierno de Chihuahua a la Cámara de Diputados federal, información que reportó el periódico El Financiero el pasado 29 de abril, concluyen las siguientes cifras de Niñas Y JOVENCITAS DESAPARECIDAS EN CIUDAD JUAREZ:

2008: 326 desapariciones
2009: 259 desapariciones
2010: 387 desapariciones
2011: 330 desapariciones
2012: 390 desapariciones
y HASTA ABRIL del 2013 eran 126

sábado, 2 de noviembre de 2013

DIA DE LAS MUERTAS en memoria a las mujeres víctimas del FEMINICIDIO, Barcelona, España


Hoy sábado 2 de noviembre de 2013 en ESPAI OBERT, en BARCELONA

ORGANIZAN: Casa Iberoamericana de la Mujer, Barcelona, Diógenes, Centro Creativo Espacio Cultural, Colectivo Cereza Chiapas y Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.

PROGRAMA:
20:00 horas: Inauguración de luces del Altar de Muertas
20:30 horas: Taller: “CATRINAS”, Mujeres por la Paz y la Memoria, a cargo de Esmeralda Elizalde
21:00 horas: Concierto de ROSA SANCHEZ, interpretando a Chavela Vargas
Y desde las 20:30: Baile de Calaveras, comida y tequila de México