lunes, 24 de marzo de 2014

Las desapariciones de mujeres en Chihuahua aumentaron 130% con el gobierno de EPN

Ninguna de las 52 mujeres desaparecidas en Chihuahua, de 2012 a la fecha, está incluida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Paris Martínez (@paris_martinez)


A pesar de que los reportes oficiales del gobierno federal señalan que en Chihuahua no ha desaparecido ninguna mujer desde octubre del año 2011, la realidad es que las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres adultas en esta entidad no sólo han continuado, sino que incluso han experimentado un repunte, ya que durante 2013, primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el número de casos aumentó 130% en comparación con el año anterior.
En total, de 2012 a la fecha, en Chihuahua han desaparecido por lo menos 52 mujeres –tal como dejan ver los registros públicos de la Fiscalía Estatal de Justicia–. De ellos, 13 ocurrieron durante 2012, último año de gobierno del expresidente Felipe Calderón; luego, en 2013, el primero de Peña Nieto, se registraron 30 casos más (lo que representa un incremento de 130%, de un año para otro), a los cuales se suman otras nueve desapariciones acumuladas en lo que va de 2014, la más reciente de las cuales es la de Ana Laura Mendoza Aguirre, una niña de 14 años desaparecida el pasado viernes, 21 de marzo, en Ciudad Juárez.
A pesar de ello, ninguna de esas 52 mujeres desaparecidas en Chihuahua, de 2012 a la fecha, está incluida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, aún cuando 75% de los casos han ocurrido durante la actual administración federal, misma que, cabe destacar, puso en marcha dicho registro nacional de víctimas.
El Nombre de Dios…
“Desaparecida” es un eufemismo exacto e inexacto a la vez. Para los que esperan la vuelta de sus seres queridos, las víctimas desaparecen, sí, sin dejar rastro, sin encontrar explicación y sin que exista una causa. Pero, por otro lado, es cierto también que nadie se esfuma en el aire, la tierra no se traga a la gente como acto consciente, la gente no “desaparece”: alguien “se los lleva”, y sólo en casos excepcionales llega a saberse con qué fin estas víctimas, hombres o mujeres, son arrancadas de sus familias, y, menos aún, quiénes son sus victimarios.
El más reciente ejemplo de ello es el de Esperanza Manuela Chaparro, una joven de 19 años que, el pasado 26 de enero, concluyó su jornada laboral en un comercio del centro de la ciudad de Chihuahua, y luego enrumbó hacia el Vivebús, como se conoce al sistema de transporte público de carril confinado en la capital del estado. No se sabe si la joven abordó el Vivebús. Sólo se sabe que, entre las 14:00 y las 14:30 horas, a plena luz del día y en el mismo centro de la capital del estado, Esperanza desapareció.

Esperanza Chaparro. //Foto: Justicia para Nuestras Hijas.
Foto: Justicia para Nuestras Hijas.Esperanza Chaparro.
Esperanza llevaba un libro de Martin Luther King Jr. en las manos, y en su bolso una hoja de cuaderno en la que había estampado algunas reflexiones personales sobre la fe católica, y es que, aunque la joven estudiaba la licenciatura de administración en ciencias agrotecnológicas, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, su anhelo era convertirse en monja y, de hecho, estaba inscrita en un retiro espiritual de prenoviciado, que iniciaría el pasado 8 de marzo, es decir, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Mundial.
La búsqueda de Esperanza se prolongó durante 39 días, hasta que el pasado 2 de marzo, el cuerpo sin vida de esta joven fue encontrado en el desierto de Chihuahua, en una zona conocida como Nombre de Dios.
Esperanza fue atacada sexualmente, asesinada con un golpe contundente en el cráneo y abandonada en descampado, y pese a ello, un día después de localizar su cuerpo, el fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, insinuó que, aún sin haber sido un suicidio típico, Esperanza había sido responsable de su muerte por haber tomado “decisiones riesgosas” derivadas de una supuesta “depresión”, hipótesis oficial sustentada en el hecho de que, entre sus pertenencias, las autoridades encontraron una “carta” en la que evidenciaba problemas personales…
Dicha carta era, en realidad, el texto con reflexiones doctrinales que Esperanza estaba escribiendo al momento de ser raptada y que, además, forma parte de una colección de pensamientos sobre fe que la joven redactaba en su tiempo libre.
 El Día…
Este año, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer tendría lugar, en Chihuahua, un día antes de la fecha oficial, el 7 de marzo, puesto que ese fue el plazo anunciado por las autoridades para devolver el cuerpo de Esperanza a sus familiares. El féretro de la joven encabezaría la marcha ciudadana con la que, como cada año, las familias del estado salen a gritar la ya conocida consigna “¡Ni una más!”.
Con el cuerpo de Esperanza a cuestas, madres de mujeres asesinadas en el estado pensaban acudir ante el Palacio de Gobierno, para exigir cuentas al gobernador César Duarte.
Eso, sin embargo, no fue posible ya que, “el mero 7 de marzo, las autoridades decidieron que no entregarían el cuerpo –narra Rosario Cano, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y de la organización chihuahuense Justicia para Nuestras Hijas–. Como que sintieron que la gente, toda la ciudadanía, estaba muy indignada… Pero aún sin tener con nosotras a Esperanza todavía, nosotras fuimos, hubo mucha gente”.
–¿Fueron recibidas por alguna autoridad? –se le pregunta.
–No, qué nos van a recibir, si hasta nos cerraron la puerta del Palacio, siempre nos la cierran, incluso cuando hay reuniones pactadas, lo primero que hacen cuando ven a las mamás es cerrar, como que los policías tienen esa orden.
No fue sino hasta el día siguiente, 8 de marzo, durante la madrugada, que el gobierno estatal entregó por fin el cuerpo de Esperanza a sus familiares, “y la gente se solidarizó mucho: en la misa, la iglesia se llenó… y luego, el panteón, donde fue sepultada ese mismo día, también se llenó de gente, de ciudadanía, pero luego de que terminó todo, la gente dijo ‘adiós’ y cada quien a su casa. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la gente vuelve a sus casas como si nada, a esperar? ¿Por qué la gente se espera a tener indignación ya que pasan esas cosas? ¿Dónde estamos, qué nos pasa? Yo vi ese día a mucha gente conmovida, y a todos les pregunto, ¿por qué no hacemos algo? ¿Vuelven a casa porque aún no les pasa nada? Como si no supiéramos bien que puede pasarnos en cualquier momento… no lo entiendo.”
 Epílogo…
Entre 1997 y octubre de 2011, las autoridades federales reconocen 803 casos de víctimas de desaparición forzada en Chihuahua, de las cuales, 666 son hombres y 137 son mujeres.
A la estadística federal de mujeres desaparecidas en Chihuahua, además, se deben sumar –según los informes oficiales del gobierno estatal– tres casos ocurridos entre noviembre y diciembre del mismo 2011, más las 52 víctimas acumuladas de 2013 a la fecha, que dan, en total, 192 mujeres víctimas de desaparición forzada en la entidad.
Asimismo, según cálculos de la organización Justicia para Nuestras Hijas, en Chihuahua se han registrado al menos 2 mil 200 feminicidios en los últimos 20 años.

martes, 11 de marzo de 2014

Feminicidios alcanzan nivel de "crisis" en México: Informe de premios Nobel

Ciudad de México.- El problema de los feminicidios y violación a los derechos humanos en México alcanza niveles de "crisis", advierte el informe "De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala", elaborado por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel que el año pasado visitaron el país para investigar este tipo de crímenes.

Entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%. En estados como Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial. En el país, se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 95% quedan impunes según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas.

El reporte es resultado de la visita de una delegación de mujeres integrada por defensoras de Derechos Humanos (DH), periodistas y expertas en política, encabezada por las Nobel de la Paz Jody Williams (1997) y Rigoberta Menchú Tum (1992), realizada del 21 al 31 de enero de 2012 en México, Honduras y Guatemala.

"La guerra contra las drogas y el aumento de la militarización en México, Honduras y Guatemala se está convirtiendo en una guerra contra las mujeres.", señaló Jody Williams en el informe.

Las activistas afirmaron que documentaron numerosos casos de feminicidios, desapariciones, violaciones, ataques contra las defensoras de DH, y persecución en los tres países, donde las mujeres declararon que los ataques provienen de la delincuencia organizada y de las fuerzas de seguridad gubernamentales.

El documento, que ya se había presentado previamente, fue entregado la semana pasada a Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con la intención de que se elaboren políticas de género que protejan a la mujer.

"En México, la región más militarizada es la frontera entre Estados Unidos y México, donde las drogas ilícitas atraviesan la frontera y entran al mercado de los Estados Unidos. Muchas mujeres de la frontera informaron que las condiciones son idénticas a una zona de guerra, y es un problema muy preocupante sobre todo para las mujeres", señala el informe.

"El gobierno mexicano ha desplegado más de 45, 000 soldados en su propio país, lo que ha dado lugar a un enorme aumento en los homicidios relacionados con la guerra contra el narcotráfico. La presencia militar ha llevado a numerosos abusos contra la población civil, incluida la violencia sexual", concluye.

Marusia López Cruz, representante de la organización Just Associates (JASS), otra de los participantes en la elaboración del informe, subrayó que ante la incidencia de feminicidios, los abusos sexuales y la desaparición forzada, es prioritaria la erradicación de la violencia generalizada contra la mujer, no sólo por razones humanitarias, sino porque representa una violación grave de los derechos humanos.


RECOMENDACIONES A MÉXICO

El informe hace ocho recomendaciones a México, entre las que insta al gobierno a enjuiciar a los responsables de delitos contra la mujer y pide dar prioridad a la resolución de una preselección de los casos principales en un plazo máximo de un año.

Entre estos casos se citan: El de la ecologista Eva Alarcón, su liberación, y la captura y juicio de los responsables de su secuestro. La familia Reyes, incluido el enjuiciamiento de los seis asesinatos; protección de la familia. Informe sobre el progreso alcanzado respecto a los casos de siete mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y que actualmente están siendo investigados por la Procuraduría General de la República: Perla Ivonne Aguirre Gutiérrez, Griselda Murua López, Brenda Ivonne Ponce Saénz, Idaly Juache Laguna, Mónica Janeth Alanis Esparza, Brenda Berenice Castillo García, Yanira Frayre, así como agresiones a mujeres periodistas.

También pide a la Federación elaborar un plan de acción que incluya la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas; investigar y enjuiciar a policías, militares y otros agentes gubernamentales acusados de abuso y violencia sexual, y compensar a las víctimas.

Suprimir las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional que legalizarían la participación permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y que constituyen una violación de las cláusulas sobre las leyes de derechos humanos; coordinar la implementación de medidas cautelares y provisionales asignadas a las defensoras de derechos humanos que corren riesgos y asegurar la aplicación efectiva de mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos.

Difundir información pública sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y explicar la razón por la cual las mujeres a quienes se les ha concedido medidas preventivas de protección -entre ellas Valentina Rosendo, Margarita González, Obtilia Eugenio y Norma Andrade- han sido atacadas reiteradamente, y cómo prevenir estos ataques.

La sexta medida es adoptar adecuados protocolos de investigación en los casos de violencia de género, trata de personas, tortura y violencia sexual de conformidad con las normas internacionales y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La séptima es garantizar que el cumplimiento de las sentencias dictadas por la CIDH genere prácticas y procedimientos administrativos que sirvan de guía para futuros procesos del mismo tipo.

Y por último, desarrollar un plan para la protección de los derechos de la mujer en la Corte Suprema de Justicia y otros poderes judiciales, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Recientemente, México recibió 176 observaciones de 24 países, integrantes de la ONU, en materia de violencia de género y contra defensores de derechos humanos y periodistas.


EL CONTRAPESO

La directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Dafne Cuevas, pidió a los legisladores ser el órgano fiscalizador y de contrapeso del Poder Ejecutivo, para que se pondere la protección los derechos humanos. También que lleve a cabo acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, los defensores de derechos humanos y periodistas. Añadió que para lograrlos es necesario garantizar que las organizaciones que trabajan para proteger y defender a los activistas de paz, democracia y derechos humanos tengan un presupuesto adecuado para llevar a cabo su trabajo. El informe realizado por las Premio Nobel invita a los legisladores a generar programas que pongan a los derechos humanos en el centro de la seguridad y el desarrollo. Los temas de preocupación para las Nobel fueron la militarización del país, la discriminación y acoso de las mujeres por parte de los jueces y ministerios públicos, y el escaso número de sentencias y reparación del daño a víctimas de violaciones a DH. La Diputada del Partido Revolucionario Institucional, Miriam Cárdenas Cantú detalló que para avanzar en la protección de garantías es necesaria la cooperación de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno. Afirmó que el informe permitirá generar acciones que transformen las labores de defensa, protección y garantía de los derechos humanos. El documento es resultado de los trabajos realizados durante 10 días con organizaciones locales, cinco foros y reuniones con los presidentes de Honduras y Guatemala, Porfirio Lobo y Otto Pérez respectivamente, y con la ex Procuradora General de la República de México, Marisela Morales, y otros funcionarios de gobierno. Más de 200 mujeres dieron sus testimonios sobre la violencia contra ellas en sus respectivos países. Una de las conclusiones del reporte es que los gobiernos, si bien reconocen formalmente el problema, en la práctica hacen muy poco para disminuir la violencia, particularmente en los casos en que las fuerzas gubernamentales están involucradas.