SE BUSCA

Llama ONG a no comprar cosméticos inspirados en muertas de Juárez

El Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios afirmó que aunque MAC y Rodarte anunciaron que las ganancias serán donadas a organizaciones a favor de las mujeres en la ciudad fronteriza, éstas “no son acciones significativas y, por el contrario, representan otra estrategia mercadológica".

Bertha Teresa Ramírez

México, DF. El Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación hizo un llamado a las consumidoras y los consumidores de México a no comprar productos de las compañías estadunidenses de cosméticos M.A.C. y Rodarte, pues su colección Juárez resulta “una apología a las asesinadas en Ciudad Juárez y a la violencia contra las mujeres”.

Así lo consideró en conferencia de prensa Lourdes Barbosa, titular de ese consejo, al emitir la postura de ese organismo sobre la producción de “la colección Juárez” y su campaña de publicidad.

Barbosa afirmó que aunque dichas empresas ofrecieron disculpas y anunciaron que las ganancias obtenidas por la comercialización de la mencionada colección serán donadas a organizaciones que trabajan a favor de las mujeres en la ciudad fronteriza, además de cambiar de denominación a los productos antes conocidos por nombres como “Caminante dormida”, “Desvelada” y “Quinceañera”, así como las imágenes de su publicidad, “no son acciones significativas y, por el contrario, representan otra estrategia mercadológica, la cual pretende tocar la sensibilidad de la población internacional para incrementar sus ventas”.

Recordó que la instancia que preside ha “denunciado permanentemente el uso de la imagen estereotipada de la mujer para comercializar productos, lo que constituye en sí un acto de violencia; sin embargo, consideramos que M.A.C. ha roto todo límite, ya que no sólo busca hacerlo con la imagen femenina, sino convertir los asesinatos en todo un producto de moda y parte del glamour internacional”.

A esta iniciativa se han sumado hasta el momento 45 instituciones y organizaciones de México, Canadá, Paraguay, Perú, Honduras, Brasil, España, Chile, República Dominicana, Bolivia, Ecuador y Argentina.

“Sólo la participación ciudadana podrá garantizar que se respeten los derechos humanos de las mujeres y se consolide la cultura de la equidad y la democracia. La violencia contra las mujeres no es un producto de venta. Nunca más una campaña que lucre con nuestro miedo y dolor”, dijo la titular del Consejo.

La Secretaría de Gobernación simula el cumplimiento de la Sentencia de “Campo Algodonero”

Boletín de prensa ANAD / Cedimac / Red Ciudadana de NO Violencia y Dignidad Humana

•El Estado mexicano no ha dado cumplimiento total a ninguno de los resolutivos de la Sentencia de “Campo Algodonero”.

El día 28 de julio del presente año, la Segob publicó un comunicado de prensa titulado “SEGOB da cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia y la Red Ciudadana por la No Violencia y la Dignidad Humana, organización que representa a las víctimas, informa lo siguiente:

1. La información proporcionada por la SEGOB pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia de “Campo Algodonero”. Informa en su comunicado una serie de reuniones que ha celebrado, en las cuales no se han dado respuesta a dos de los resolutivos de cumplimiento inmediato y de prioridad primaria: - La investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González; la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas contra las familiares de las víctimas; y la investigación y sanción a los servidores públicos que permitieron la impunidad en los casos.

- La prestación de los servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos a las víctimas de manera integral en los términos señalados por la propia Sentencia.

2. En cuanto a los resolutivos que da como cumplidos SEGOB:

a) La página electrónica del Gobierno del Estado de Chihuahua con información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia.

Son resolutivos que no pueden darse por cumplidos, ya que la página electrónica elaborada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no cumple con los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, desconociendo los criterios bajo los cuáles se incorporaron los nombres y las fichas que se presentan en dicho portal, además de que no establece un mecanismo de denuncia para aportar información sobre las víctimas tal y como lo exige la Sentencia.

En cuanto a la publicación íntegra de la sentencia, ésta se encuentra efectivamente publicada en los portales electrónicos del Gobierno Federal, pero continua sin aparecer en las páginas electrónicas del gobierno de Chihuahua, reflejando un claro desinterés por reconocer su responsabilidad internacional y publicitar la resolución del máximo tribunal internacional.

b) Sobre la indemnización económica que argumentan estar gestionando:

La propia Secretaría de Gobernación ha reconocido ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez y por lo tanto no tienen la obligación de pagar. Por lo que ha impedido que se entregue el monto de la indemnización hacia las familias de las víctimas a pesar de que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir específicamente con este resolutivo.

El boletín de prensa emitido por la SEGOB pretende confundir a la opinión pública y justificar un trabajo, que en los hechos es parcial y deficiente.

En la ciudad de México:

ANAD

Karla Micheel Salas Ramírez

cel. 5534551117

David Peña Rodríguez

cel. 553455111

Fomenta el Estado la violación de garantías en casos de feminicidios

Familiares de víctimas en Juárez exigen indagatorias efectivas

Familiares de víctimas de feminicidios y desaparecidos, en demanda de justicia frente a la residencia oficial de Los Pinos-Foto Francisco Olvera

Ariane Díaz

Periódico La Jornada

Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo (asesinada en agosto de 2008), y Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo García (desaparecida en enero de 2009), acudieron ayer a la residencia oficial de Los Pinos para entregar una carta dirigida al presidente Felipe Calderón donde informan sobre los acuerdos a los que llegaron un día antes con la Procuraduría General de la República (PGR), la cual se comprometió a realizar un trabajo conjunto y tenerlas al tanto de los avances en las investigaciones.

Acompañadas por integrantes de organizaciones civiles, las madres fueron recibidas por Arturo Matus Espino y exigieron justicia por los casos de feminicidios y desaparición de sus hijas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y denunciaron la “impunidad e invisibilización de la violencia contra las mujeres” que se vive en la región.

Lo anterior, aseguraron, muestra que el Estado mexicano “continúa fomentando la violación a los derechos humanos de las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas, al no cumplir con su deber de debida diligencia e investigar de manera efectiva esos actos contra las mujeres”.

En tanto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia y la Red Ciudadana por la no Violencia y la Dignidad Humana denunciaron que la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación en el comunicado del pasado 28 de julio, acerca del cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso campo algodonero, pone de manifiesto “la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia”.

Las organizaciones aseveraron que el comunicado informa de “una serie de reuniones que ha celebrado, en las cuales no se ha dado respuesta a dos resolutivos: la investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González, y la prestación de servicios médicos, sicológicos y siquiátricos a las víctimas en los términos señalados por la propia sentencia”.

En cuanto a los resolutivos que da como cumplidos la SG, está la página electrónica del gobierno del estado de Chihuahua con información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia.

Las organizaciones aseveran que esos resolutivos no pueden darse por cumplidos, ya que la página electrónica de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no cumple con los lineamientos establecidos por la CIDH, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, además de que no establece un mecanismo de denuncia para aportar información sobre las víctimas tal y como exige la sentencia.

En cuanto a la indemnización económica que argumentan estar gestionando, las organizaciones aseveran que “la propia Secretaría de Gobernación ha reconocido ante el Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Juárez y por tanto no tienen obligación de pagar. Por lo anterior ha impedido que se entregue el monto de la indemnización a las familias de las víctimas a pesar de que el gobierno de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir este resolutivo”.

Se disculpan empresas usaron feminicidios de Juárez para anunciar cosméticos

Dos reconocidas marcas de cosméticos que utilizaron los feminicidios de la fronteriza Ciudad Juárez para promocionar una línea de productos se disculparon con México por su "falta de información y sensibilidad" y anunciaron que donarán los beneficios que obtengan a causas sociales.

La Secretaría del Interior mexicana informó hoy en un comunicado que se trata de las compañías MAC y Estée Lauder, que iban a lanzar conjuntamente una línea de productos utilizando imágenes de las mujeres asesinadas en la considerada urbe más violenta de México, fronteriza con EE.UU.

"Queremos pedir perdón, de verdad, sabemos que dañamos, que ofendimos y lo reconocemos", expresó anoche el gerente de MAC en México, Miguel Franco, en una reunión privada con representantes de organizaciones civiles y autoridades, según el comunicado.

El ejecutivo reconoció que este "lamentable" incidente los afecta también a ellos porque su marca se caracteriza por su filantropía.

"La convivencia con la gente -añadió- es la esencia de MAC y como muestra tenemos campañas como 'Belleza sin crueldad' y 'Back to Mac' con el fin de hacer conciencia social y ecológica".

Organizaciones civiles y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavin) protestaron en contra de una campaña de promoción de los nuevos productos con nombres como, "Fábrica", "Juárez", "Pueblo fantasma", "Del Norte", "Sonámbula", "A la deriva", "Páramo", "Ciudad fronteriza", y "Quinceañera", aludiendo claramente a las muertas de esa región.

Además, esta polémica generó campañas de artistas como la actriz mexicana Ana de la Reguera, quien interpretó el papel de una víctima de los feminicidios en la película "Backyard" y ahora promueve por medio de Twitter no comprar productos MAC.

"Fue un error y nos avergüenza. Nosotros reaccionamos inmediatamente cuando se dio el lanzamiento en Nueva York y notamos nuestra falta de sensibilidad. Fue un error estúpido", reconoció en su momento el director de Estée Lauder en México, Juan Alanis.

Los ejecutivos se comprometieron con las autoridades mexicanas y organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ofrecer "una disculpa pública" a todas las mujeres, especialmente a las mujeres de México y de Ciudad Juárez y a sumarse a la lucha de la Conavim para prevenir la violencia contra las mujeres, a través de una campaña internacional.

Los representantes de las dos empresas se comprometieron a enmendar su error cambiando el nombre de sus productos y donando a organizaciones civiles las ganancias que la línea de cosméticos recaude en los 170 países donde se comercializará.

Reciben a madres de víctimas de feminicidio en los Pinos

Dan de plazo un mes para demandas de justicia

 

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 30 jul 10 (CIMAC).- El jefe de la oficina de Atención Ciudadana de la presidencia de la República, Arturo Matus Espino recibió hoy a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes hace dos días acudieron a la residencia Oficial de Los Pinos para exigir justicia a Felipe Calderón Hinojosa.

A las afueras de Los Pinos, Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Fraire, asesinada en agosto de 2008 y Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, informaron que el funcionario se comprometió a dar seguimiento a los casos, a procurar acelerar las investigaciones por feminicidio y trata de personas, así como a mantenerlas informadas sobre el estado en el que se encuentran sus peticiones.

En una carta que entregaron dirigida al Ejecutivo, exigen que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en contra de México por el caso de “Campo Algodonero y que se incluya en el programa “Todos Somos Juárez”, una mesa de género, porque éste no incluye el combate a la violencia que viven las mujeres en el estado

Acompañadas por Yuridia Rodríguez Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), y la abogada Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, las activistas anunciaron que levantarán el plantón que instalaron hace unos días en Hemiciclo a Juárez de la ciudad de México.

Precisaron que si en un mes no hay resultados, realizarán una nueva marcha desde el Puente Internacional de Ciudad Juárez a Los Pinos para exigir justicia en los casos de sus hijas y un alto a los feminicidios en Ciudad Juárez, problema que se perpetúa por la impunidad.

Castro Rodríguez, también abogada de Marisela Escobedo, informó que el documento entregado para ellas tiene el plazo de un mes; “nosotras ya llegamos hasta aquí, ahora toca a ellos dar respuesta, de no ser así continuaremos con las movilizaciones”.

Ayer, las madres de las víctimas junto con familiares y Organizaciones de la Sociedad Civil, se reunieron también con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia en los casos de sus hijas.

Entre los acuerdos refirieron que se encuentra la difusión de la ficha técnica de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino y pareja de Rubí y que se informe a la familia de la víctima la estrategia de búsqueda de la PGR.

Barraza Bocanegra está prófugo, debido a las deficiencias del sistema de justicia local, quienes lo declararon inocente, aún cuando él se confesó culpable. Ante la inconformidad de la familia se revisó el caso y el asesino fue condenado a 50 años de prisión, sin embargo, el hombre escapó antes de ser detenido y continúa prófugo.

La madre de Rubí difunde en un cartel la recompensa de 250 mil pesos que ofrece la Procuraduría de Justicia de Chihuahua a la persona que proporcione información para localizar a Barraza.

En el caso de Brenda Berenice Castillo, la PGR se comprometió a que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra), dará a conocer a la madre de la joven las investigaciones.

Además de que se llevará a cabo una reunión de trabajo con la abogada Luz Esthela Castro Rodríguez, y con quien se considere pertinente para revisar los casos de sus representadas que se encuentran en el fuero común y en las que se presume existe el delito de trata, con el fin de establecer la posibilidad de atracción de la Fevimtra.

LA CAMINATA

Las activistas salieron el pasado 5 de junio de Ciudad Juárez, caminaron desde aquel estado rumbo al Distrito Federal con el fin de entrevistarse con Felipe Calderón, una vez que las autoridades estatales no les responden.

Para la abogada Castro, “es heroico el trabajo de estas mujeres que tuvieron que venir con sus bebés caminado por toda la República para ser escuchadas, no es posible que con la sentencia de la Corte en pleno 2010, y con toda la historia del feminicidio en Ciudad Juárez las mujeres tengan que venir como si estuvieran en 1993, cuando iniciaron éste tipo de denuncias”.

El camino ha sido largo para las madres de estas dos jóvenes, eso se refleja en sus rostros quemados por el sol y cansados. Por los diversos estados de la república por donde pasaron dieron a conocer los casos de impunidad antes de llegar a la capital del país.

En su trayecto acompañadas por sus familiares hijas, hijos; las madres de Rubí y Brenda Berenice, repartieron volantes en los que se informa no sólo sobre la desaparición y feminicidios de sus hijas, sino también de cientos de mujeres en Ciudad Juárez el cual sigue sin control.

10/GTR/LR

Demandan madres juarenses justicia para sus hijas desaparecidas o asesinadas

Buscan audiencia con el presidente Felipe Calderón y el procurador Arturo Chávez

Afirman que no ha habido voluntad de cumplir el fallo de la CIDH sobre el caso del campo algodonero

María de la Luz Estrada, Bertha Alicia, Maricela Escobedo y María de la Luz Castro, en conferencia de prensa exigieron ayer justicia en diversos casos de asesinatos de mujeresFoto Carlos Ramos Mamahua

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada

“Lo único que quiero es ver al asesino de mi hija en la cárcel”. Con esa frase, Marisela Escobedo Ortiz, mamá de Rubí Frayre Escobedo –de 16 años, ultimada en Ciudad Juárez, Chihuahua–, sintetizó el sentir de cientos de madres de esa urbe fronteriza.

Tras la desaparición de su hija y cansada de la omisión de las autoridades, la mujer emprendió sus propias indagatorias hasta descubrir al asesino: Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja de Rubí.

Ayer, junto a familiares de varias mujeres asesinadas o desaparecidas en ese municipio, Escobedo participó en una conferencia de prensa en el Hemiciclo a Juárez, en la ciudad de México. Demandaron a Felipe Calderón justicia y que cese la impunidad en los feminicidios, así como la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, y le solicitaron una audiencia, y también al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

La mujer narró que Barraza, actualmente de 26 años y con quien su hija tuvo una bebé, agredía y amedrentaba a Rubí, hasta que la mató a golpes. Tras el crimen, abandonó el cuerpo en un tiradero clandestino de Ciudad Juárez y le prendió fuego.

“Dejamos de saber de mi hija el 29 de agosto de 2008. Para octubre este hombre me visitó y dijo que todo estaba bien, que se habían ido a Aguascalientes pero que no tenían dinero ni para hablar por teléfono. No me convenció y en diciembre comencé a buscarlos; así descubrí el crimen.”

Denunció el hecho ante las autoridades juarenses, ella misma recabó las pruebas para el proceso judicial contra Barraza, pero en primera instancia los jueces lo dejaron en libertad. Escobedo apeló la decisión y un tribunal lo condenó a 50 años de cárcel por el asesinato; sin embargo, el hombre escapó antes de ser detenido y continúa prófugo.

Para lograr su cometido, Escobedo ofrece una recompensa de 250 mil pesos para quien proporcione información del paradero de Barraza. Demandó a Felipe Calderón que los tres niveles de gobierno coadyuven para localizarlo y que la ayude para que la fotografía del asesino aparezca en los medios de comunicación.

Desde el pasado 5 de julio, familiares de víctimas en Ciudad Juárez e integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, emprendieron una marcha desde aquella ciudad fronteriza hasta el Distrito Federal para pedir audiencia con Calderón.

Lucha Castro, del Cedehm, aseveró que desde hace más de 10 años las madres de Ciudad Juárez gritaron al mundo lo que enfrentaba la región y “nadie les creyó. Ahora vemos las consecuencias en la violencia que vivimos todos los días”.

Señaló que el plan del gobierno federal para regresar la tranquilidad al municipio chihuahuense “no aborda la justicia para las mujeres”.

Recordaron que este tipo de casos muestran que el Estado mexicano no da señales de querer cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el campo algodonero, en la que el organismo internacional encontró que México violó los derechos humanos de víctimas y familiares de feminicidio.

Al concluir la conferencia, las mujeres y sus familiares se dirigieron a Los Pinos, pero a medio camino fueron convocadas a Palacio Nacional, donde las recibió personal de Atención Ciudadana. Ahí se les prometió que este jueves el coordinador delegacional de la Procuraduría General de la República, Bernardo Espino, las atenderá.

Las manifestantes anunciaron que de no recibir una respuesta adecuada de las autoridades federales permanecerán en plantón en el Hemiciclo a Juárez hasta lograr su cometido.

Llegan a pie de Juárez al DF, familias de víctimas de feminicidio

Permanecerán en campamento hasta ser recibidas por Calderón

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 28 jul 10 (CIMAC).- Madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, acompañadas de organizaciones civiles, solicitaron hoy audiencia con Felipe Calderón Hinojosa y Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), para exigirles la impartición de justicia para sus hijas.

“Venimos a buscar a Felipe Calderón para exigirle que junte a los tres niveles de gobierno para que localicen al homicida de mi hija y esclarezcan la desaparición de decenas de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez”, manifestó en conferencia de prensa, Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Fraire, víctima de feminicidio por parte de su pareja en agosto de 2008.

Por este motivo, Escobedo junto con Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, joven desaparecida el 6 enero de 2009, en Ciudad Juárez, salieron el pasado 5 de junio de esa localidad, rumbo al Distrito Federal con el propósito de entrevistarse con Calderón, ya que en las autoridades estatales no encontraron respuesta.

Las dos familias, caminaron desde el estado del norte, “para que Calderón vea que en Ciudad Juárez, no sólo tenemos crimen organizado; tenemos mujeres desaparecidas, asesinadas, muchas jóvenes, estudiantes de universidad”.

Después de tres semanas de camino, Marisela Escobedo, Bertha García, junto con María de la Luz Estrada, Luz Estela Castro y Lisbeth Ortiz, de distintas organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acudieron a la Subdirección de Audiencia del Gobierno Federal para solicitar la entrevista con ambos funcionarios.

Mientras las autoridades responden su petición de audiencia, las madres y familiares de las mujeres asesinadas y desaparecidas en esa localidad, instalarán un campamento frente al Hemiciclo a Juárez, donde permanecerán hasta el día de la reunión con Calderón Hinojosa y Chávez Chávez.

“Queremos recordarle, que su obligación es estar con nosotras, por eso les exigimos justicia, que vea esta lucha y ejerza justicia”, demandó Marisela Escobedo, quien desde el feminicidio de su hija, busca que el responsable, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pague por el crimen que cometió.

Actualmente, Barraza Bocanegra está prófugo, debido a las deficiencias del sistema de justicia local, quienes lo declararon inocente, aún cuando él se confesó culpable. Posteriormente, ante la inconformidad de la familia se revisó el caso y fue condenado a 50 años de prisión, pero a la fecha no han dado con su paradero.

El problema, dijo la madre de Rubí, es que la impunidad permanece aunque se modifique el sistema, porque las personas que están para impartir justicia siguen inmersos en la corrupción.

En ello, coincidió Bertha Alicia García Ruiz, quien aseguró que “en Ciudad Juárez no hay justicia para las mujeres”.

No sólo es el caso de su hija, Brenda Berenice Castillo, “se trata de más de 100 jóvenes desaparecidas, nosotras pensamos que esto no es extravío sino trata de personas, que día con día desaparecen más mujeres y nadie hace nada por buscarlas”, señaló García Ruiz en conferencia de prensa.

“Somos las madres, quienes las buscamos, la autoridad no tiene investigación, nos traen a puras mentiras, y no se ha llegado el día en el que salgan a buscar a nuestras hijas. Por eso estamos aquí, para que se esclarezca la desaparición de nuestras hijas, porque en Ciudad Juárez no hay ley”.

A pesar de que existen denuncias de feminicidio en Ciudad Juárez desde hace 17 años, y de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 acusó al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal de tres de ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero”, en Juárez, las autoridades locales y federales “continúan fomentando la violación de los derechos humanos de las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas, al no cumplir con la debida diligencia”.

Lo anterior, lo indicó en conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, del OCNF, quien aseguró que la realidad en Ciudad Juárez es preocupante, debido a los niveles de violencia en contra de las mujeres.

Y es que, según datos de la Secretaría de Salud estatal, de marzo de 2004 a marzo de 2010, 3 mil 514 mujeres han sido víctimas de violencia sexual sólo en el ámbito familiar. La dependencia desconoce el número de mujeres agredidas sexualmente fuera de ese ámbito.

Además, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, de enero de 2009 a marzo de 2010 se registraron un total de 384 presuntos feminicidios.

En Ciudad Juárez, la vida y la seguridad de las mujeres no están garantizadas, debido a que el contexto de impunidad sigue permeando el estado.

10/GCJ/LR

El Estado incumplió sentencia de la CIDH en el caso campo algodonero: Inmujeres

Reprocha a Gobernación no incluir al instituto en mesas de debate

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, sostuvo que el Estado mexicano ha fallado en dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso campo algodonero, y recriminó a la Secretaría de Gobernación no haber incluido a ese instituto en la mesa respectiva.

En entrevista, dijo: “como Estado fallamos; debe haber mayor coordinación para dar cumplimiento” a la sentencia emitida por la CIDH.

García Gaytán atribuyó a Gobernación la falta de coordinación, al referirse a la mesa sobre campo algodonero. “Es una falta de coordinación, porque Gobernación también tiene su unidad de derechos humanos en los estados. Ya solicitamos participar (en la mesa) porque podemos hacer aportaciones; tenemos muy buena comunicación con las instituciones estatales y municipales, así como con sus respectivos congresos. Podemos ayudar a algo más que a repartir culpas”.

La sentencia sobre el caso campo algodonero tiene que ver con los homicidios de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González Banda y Esmeralda Herrera Monreal; sus cuerpos fueron localizados en un predio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.

La titular del Inmujeres advirtió que cada día es mayor el número de muertes por violencia de género. “Siguen falleciendo en manos de personas en las que confían , en accidentes y enfrentamientos”.

Respecto del número de mujeres que participan en el narcotráfico, dijo que se desconoce la cifra, pero se ha incrementado la privación de la libertad en casi 400 por ciento en los pasados tres años, por introducir drogas a los penales de hombres.

“Es que los familiares o esposos piden a las mujeres que ingresen la droga, porque si no cuentan con ella en el penal, “amenazan con matar”, aseguró.

Respecto de los feminicidios destacó que el estado de México va a la cabeza en el país. En esa entidad, enfatizó, el grado de impunidad llega a niveles de 94 por ciento. Situación parecida se vive en Ciudad Juárez, donde no obstante “se ha avanzado”.

García Gaytán admitió que en México “nos hace falta mucha capacitación en las procuradu-rías estatales para que identifiquen los feminicidios. Hemos visto que las venganzas de narcos que involucran a niños y mujeres no son feminicidios; es venganza contra la familia. Tenemos datos muy dispersos para identificar no sólo el asesinato, la violación, también circunstancias que nos permitan decir que se trata o no de un asesinato”.

Por último, destacó que el problema en las procuradurías es la “rotación de personal. Hay mucha y no hay fiscalías especializadas en todos los estados, además que no ayuda mucho el grado de impunidad” que prevalece en el país.

Alerta en Chihuahua por incremento de feminicidios

Agrupaciones defensoras de derechos de las mujeres en Chihuahua revelaron que en lo que va del año, en Chihuahua se han cometido 208 feminicidios, casi 100 más que en el 2009, cuando se cometieron 112 de estos crímenes de odio.

El número de mujeres asesinadas en lo que va del año 2010 es similar al número de mujeres asesinadas en cinco años, de 1993 a 1997.

Un estudio estadístico dado a conocer esta semana por el Observatorio Estatal del Feminicidio y Desaparición de Justicia para Nuestras Hijas, revela que mientras que en 1993 se registraron 29 feminicidios, en los primeros seis meses de 2010, 208 mujeres han sido asesinadas en el estado de Chihuahua, de acuerdo con las cifras del, obtenidas a través de un seguimiento hemerográfico y de solicitudes de acceso a la información pública.

El último feminicidio fue descubierto apenas ayer, la víctima identificada como Edna Ivonne González Chávez, de 19 años, y su hija Dariela de un año, quienes habrían sido asesinadas por el esposo, Ernesto Quintana, y enterradas en el patio de la casa donde vivía la pareja, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El informe añade que “los asesinatos de mujeres, han aumentado de manera significativa en los últimos dos años. Contrario a lo que a veces se piensa”.

Las activistas agregan que el fenómeno no ha sido dimensionado por las autoridades “debido a su invisibilización”, dada por la creciente violencia del crimen organizado y las miles de ejecuciones entre criminales que se ha dado en la entidad.

Mujeres de Arena - Voces contra el Silencio - Oaxaca

Obra de teatro documental, escrita por Humberto Robles, a partir de testimonios de familiares de mujeres asesinadas, que denuncia el feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. Oaxaca, librería La Jícara. Junio del 2010.

México no quiere pagar por los feminicidios en Ciudad Juárez

Según abogados de las víctimas

En lo que va de año unas 13 niñas han desaparecido en esa peligrosa localidad

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mexicano "se niega" a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los casos de feminicidios del caso conocido como "Campo Algodonero" en la que el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó al Estado por la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, denunciaron este miércoles los abogados de las víctimas.

En noviembre de 2009, la CoIDH ordenó a las autoridades mexicanas "reiniciar" las investigaciones de los homicidios de tres de las ocho mujeres que fueron asesinadas en el año 2001 en Ciudad Juárez, así como de los casos de violencia sexual y desaparición, "pero ha habido una resistencia por parte del Estado para cumplir con la sentencia", dijo a Europa Press David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

El fallo histórico de la Corte condenó al Estado mexicano por no haber implementado las medidas adecuadas para proteger de la violencia a las víctimas del "Campo Algodonero", responsabilizándole de la muerte de Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Laura Berenice Ramos, de 17, y Claudia Ivette González, de 19.

A partir de la decisión, las autoridades mexicanas, especialmente, la Procuraduría General del estado de Chihuahua, estaban en la obligación de ejecutar una serie de medidas "que no han sido acatadas". De las 16 disposiciones, tan solo ha cumplido con publicar la sentencia en el boletín oficial "sin que esto se haya traducido en un compromiso por parte del Estado para cumplir" con lo dispuesto por la Corte "ni tampoco se traduce en acciones concretas", lamentó Peña.

Peña precisó que el Estado mexicano ha incumplido, básicamente, en "redirigir" las investigaciones criminales de los "hechos en sí" formulando nuevas hipótesis, además de iniciar las investigaciones a los funcionarios involucrados en los homicidios por violación a los Derechos Humanos y a aquellos que amenazaron a las familias de las víctimas.

La Corte establece en el fallo "los lineamientos de las investigaciones" sobre estos homicidios en Ciudad Juárez. "No se trata de empezar desde cero, sino de que se planteen nuevas hipótesis en torno a estos crímenes y se redirijan las investigaciones para poder juzgar a los responsables", explicó el letrado.

Asimismo, señaló que las autoridades han incumplido su deber de ofrecer a los familiares de las víctimas un "servicio médico integral" con ayuda psicológica y psiquiátrica. "El Estado mexicano se ha negado a brindarles estos servicios más allá de lo que ofrece la sanidad pública", acotó.

Estas conclusiones se extraen del primer informe presentado por la ANAD, la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CDIM) al cumplirse seis meses de haberse dado a conocer la resolución. Aunque el plazo que da la CoIDH al Estado mexicano es de un año para entregar un primer balance, la defensa de las víctimas ha expresado su preocupación por la "falta de voluntad" de las autoridades para hacer frente a los feminicidios en Ciudad Juárez.

CONTINÚAN LAS DESAPARICIONES

Para Peña, la principal preocupación es que ante esta falta de interés del Estado mexicano los crímenes en Ciudad Juárez siguen ocurriendo. En lo que va de año, 13 niñas han desaparecido en esa peligrosa localidad, donde desde 1993 se han registrado más de 500 feminicidios, sin que hasta la fecha se hayan juzgado a los responsables.

La sentencia de la Corte es la primera que emite ese organismo contra un Estado miembro y es, asimismo, la primera resolución que se conoce sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. "Es por esta razón la importancia de que el Estado dé cumplimiento (al fallo)" porque de lo contrario se reforzaría más la "impunidad" que existe sobre estos casos, subrayó el abogado.

Peña advirtió de que "cuanto más tiempo pase" sin que las autoridades comiencen a dar cumplimiento a la sentencia "las pocas pruebas que quedan se van ir a perdiendo y se van a complicar aún más las investigaciones, y los casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez van seguir ocurriendo.

Feminicidios en Juárez, heridas que no cierran

"Algunas familias ya se cansaron, la gente ya se acostumbró al tema y las niñas siguen desapareciendo, que ahora no las encuentren tan rápido es otra cosa", madre de una de las mujeres asesinadas.

Ciudad Juárez. "En ocasiones ando muy animada, pero otras no le hallo caso al trabajo en la comunidad y hasta a la vida", dijo Paula Flores, convertida en emblema de la demanda de justicia para las mujeres desaparecidas y asesinadas en esta ciudad mexicana, en la línea fronteriza con Estados Unidos.

"A veces toco fondo", reconoció a IPS esta mujer de 52 años en su hogar, con la voz apagada y una mirada tristísima detenida en algún lugar del desierto que rodea el barrio de Lomas de Poleo, ubicado en el extrarradio poniente de Ciudad Juárez, a una media hora del centro y donde la pobreza es evidente.

La arena que cubre sus calles sin pavimentar es una extensión del largo desierto, que durante las últimas dos décadas ha sido testigo de una de las manifestaciones más grotescas e impunes de la violencia sexista en el mundo.

Paula Flores es la protagonista de un documental que participó en el Tercer Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos, que se celebró del 21 de mayo al 3 de junio en Ciudad de México, a mil 840 kilómetros al sur Juárez.

Dirigida por José Bonilla, "La Carta. Sagrario nunca has muerto para mí" recupera a través de la madre los 12 años de la batalla por justicia de la familia de Sagrario González Flores, violada, torturada y asesinada en 1998.

"Juárez es un tema que nos cuestiona a todos", dijo el director a IPS.

Sagrario desapareció el 16 de abril de 1998, dos meses antes de cumplir 18 años. Su martirizado cuerpo se localizó en el desierto 14 días después. Era la cuarta de los siete hijos de Paula Flores y Jesús González. El padre se suicidó en 2006, incapaz de superar la pena.

La familia había llegado a Juárez en 1995, procedente de una localidad del vecino estado de Durango, con el sueño de mejorar sus vidas en la ciudad donde prosperaban las maquiladoras.

México se convirtió en los años 70 en tierra fértil para esas ensambladoras de bienes para la exportación, que gozan de exenciones, desregulaciones y mano de obra barata, a cambio de generar empleo, especialmente femenino.

"No sabíamos lo que nos esperaba aquí", musitó Flores.

En febrero de 2005, la familia logró que la policía detuviese a José Luis Hernández, alias El Manuelillo, conocido del barrio y dedicado a cruzar personas a Estados Unidos. Había desaparecido siete años desde poco después del crimen y la investigación familiar conducía a él.

En su primera declaración, Hernández dijo que dos hombres le pagaron 500 dólares por entregar a la joven, a la que interceptaron al salir de la maquiladora, poco después de las 3 de la tarde y una vez que le cambiaron intempestivamente de turno, lo que impedía que su padre pudiese acompañarla.

Durante el juicio cambió su declaración y aseguró que actuó solo. Ahora cumple una condena de 28 años en una cárcel del lejano y suroccidental estado de Jalisco, en la costa pacífica.

"El caso no está resuelto", dijo la madre, mientras mostraba recortes de periódicos que registran 12 años en busca de justicia.

"Nunca se hizo una reconstrucción de los hechos y cuando increpé al Manuelillo me dijo que los milones (policías) le dijeron que declarara eso para cerrar el caso", aseguró.

Desde 1993, cuando se conocieron los primeros asesinatos de mujeres trabajadoras, los crímenes por violencia de género no se han detenido y las diferentes organizaciones de víctimas coinciden en que ya superan el millar.

Los datos oficiales reportan casi 800 mujeres muertas desde entonces. Pero las autoridades no las registran como feminicidios, la forma en que pasaron a definirse los asesinatos por razones de género o por odio sexista a raíz de los crímenes de Juárez.

Los organismos gubernamentales solo reconocen que más de ocho por ciento de las muertes femeninas son atribuibles a "crímenes pasionales" o "problemas familiares" y 12 por ciento a causas "sin identificar".

La tasa actual de asesinadas en Juárez, de 23 por cada 100 mil mujeres, triplica el índice que la Organización Mundial de la Salud considera como epidemia. Pero está muy por debajo de los 354 asesinados por cada 100 mil hombres.

"Esta otra violencia ha rebasado el tema (del feminicidio), pero las niñas siguen desapareciendo, que ahora no las encuentren tan rápido es otra cosa", dijo Flores.

Según un estudio del no gubernamental Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Juárez, los asesinatos de mujeres aumentaron 579 por ciento desde que la ciudad quedó en medio de la guerra contra los carteles del narcotráfico.

De las 259 mujeres asesinadas en los últimos dos años, 51 fueron totalmente atribuibles a la violencia de género.

"La impunidad es la clave del feminicidio en Juárez", resumió a IPS Patricia Ravelo, quien realizó toda la investigación para el documental protagonizado por Flores.

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el asesinato de tres mujeres en Campo Algodonero, en Juárez, en el primer fallo de su tipo en el mundo y que estableció reparaciones con perspectiva de género.

Pero quienes tienen que atender el fallo inapelable son funcionarios que fueron denunciados por apoyar la impunidad de los feminicidios.

En especial, las familias de las víctimas señalan a Arturo Chávez, actual Procurador General mexicano, quien era procurador del estado de Chihuahua, donde está Juárez, cuando ocurrieron los asesinatos del Campo Algodonero.

Su nombramiento fue criticado duramente por las organizaciones de mujeres en Chihuahua. Pero, denunciaron, el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón, que no ha buscado un acercamiento con las familias, ignoró las protestas.

"Nos estamos enfrentando a que el Estado mexicano se resiste a cumplir la sentencia", dijo David Peña, abogado de Amnistía Internacional.

Paula Flores presentó en 2007 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creó la Fundación Sagrario, que busca articular una propuesta cultural como alternativa para la violencia.

Además, desde 2002, en Lomas de Poleo opera en forma oficial el jardín infantil María Sagrario Flores González, que acoge a 250 niños menores de seis años.

"Algunas familias ya se cansaron y la gente ya se acostumbró al tema" de los feminicidios, reconoció Flores, para quien la estrategia del gobierno central y estadual es minimizar el fenómeno y desprestigiar a las organizaciones.

"Pero mi hija no es un mito, como dice el gobernador (José Baeza), que las muertas de Juárez son un mito. Yo no me la inventé, Sagrario vivió y tenía muchas ganas de vivir".

En Ciudad Juárez las heridas de las mujeres no cierran

Por Daniela Pastrana, enviada especial

Paula Flores delante de la foto de su hija asesinada


Crédito: Daniela Pastrana /IPS


CIUDAD JUÁREZ, México, jun (IPS) - "En ocasiones ando muy animada, pero otras no le hallo caso al trabajo en la comunidad y hasta a la vida", dijo Paula Flores, convertida en emblema de la demanda de justicia para las mujeres desaparecidas y asesinadas en esta ciudad mexicana, en la línea fronteriza con Estados Unidos.

"A veces toco fondo", reconoció a IPS esta mujer de 52 años en su hogar, con la voz apagada y una mirada tristísima detenida en algún lugar del desierto que rodea el barrio de Lomas de Poleo, ubicado en el extrarradio poniente de Ciudad Juárez, a una media hora del centro y donde la pobreza es evidente.

La arena que cubre sus calles sin pavimentar es una extensión del largo desierto, que durante las últimas dos décadas ha sido testigo de una de las manifestaciones más grotescas e impunes de la violencia sexista en el mundo.

Paula Flores es la protagonista de un documental que participó en el Tercer Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos, que se celebró del 21 de mayo al 3 de junio en Ciudad de México, a 1.840 kilómetros al sur Juárez.

Dirigida por José Bonilla, "La Carta. Sagrario nunca has muerto para mí" recupera a través de la madre los 12 años de la batalla por justicia de la familia de Sagrario González Flores, violada, torturada y asesinada en 1998.

"Juárez es un tema que nos cuestiona a todos", dijo el director a IPS.

Sagrario desapareció el 16 de abril de 1998, dos meses antes de cumplir 18 años. Su martirizado cuerpo se localizó en el desierto 14 días después. Era la cuarta de los siete hijos de Paula Flores y Jesús González. El padre se suicidó en 2006, incapaz de superar la pena.

La familia había llegado a Juárez en 1995, procedente de una localidad del vecino estado de Durango, con el sueño de mejorar sus vidas en la ciudad donde prosperaban las maquiladoras.

México se convirtió en los años 70 en tierra fértil para esas ensambladoras de bienes para la exportación, que gozan de exenciones, desregulaciones y mano de obra barata, a cambio de generar empleo, especialmente femenino.

"No sabíamos lo que nos esperaba aquí", musitó Flores.

En febrero de 2005, la familia logró que la policía detuviese a José Luis Hernández, alias El Manuelillo, conocido del barrio y dedicado a cruzar personas a Estados Unidos. Había desaparecido siete años desde poco después del crimen y la investigación familiar conducía a él.

En su primera declaración, Hernández dijo que dos hombres le pagaron 500 dólares por entregar a la joven, a la que interceptaron al salir de la maquiladora, poco después de las 3 de la tarde y una vez que le cambiaron intempestivamente de turno, lo que impedía que su padre pudiese acompañarla.

Durante el juicio cambió su declaración y aseguró que actuó solo. Ahora cumple una condena de 28 años en una cárcel del lejano y suroccidental estado de Jalisco, en la costa pacífica.

"El caso no está resuelto", dijo la madre, mientras mostraba recortes de periódicos que registran 12 años en busca de justicia.

"Nunca se hizo una reconstrucción de los hechos y cuando increpé al Manuelillo me dijo que los milones (policías) le dijeron que declarara eso para cerrar el caso", aseguró.

Desde 1993, cuando se conocieron los primeros asesinatos de mujeres trabajadoras, los crímenes por violencia de género no se han detenido y las diferentes organizaciones de víctimas coinciden en que ya superan el millar.

Los datos oficiales reportan casi 800 mujeres muertas desde entonces. Pero las autoridades no las registran como feminicidios, la forma en que pasaron a definirse los asesinatos por razones de género o por odio sexista a raíz de los crímenes de Juárez.

Los organismos gubernamentales solo reconocen que más de ocho por ciento de las muertes femeninas son atribuibles a "crímenes pasionales" o "problemas familiares" y 12 por ciento a causas "sin identificar".

La tasa actual de asesinadas en Juárez, de 23 por cada 100.000 mujeres, triplica el índice que la Organización Mundial de la Salud considera como epidemia. Pero está muy por debajo de los 354 asesinados por cada 100.000 hombres.

"Esta otra violencia ha rebasado el tema (del feminicidio), pero las niñas siguen desapareciendo, que ahora no las encuentren tan rápido es otra cosa", dijo Flores.

Según un estudio del no gubernamental Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Juárez, los asesinatos de mujeres aumentaron 579 por ciento desde que la ciudad quedó en medio de la guerra contra los carteles del narcotráfico.

De las 259 mujeres asesinadas en los últimos dos años, 51 fueron totalmente atribuibles a la violencia de género.

"La impunidad es la clave del feminicidio en Juárez", resumió a IPS Patricia Ravelo, quien realizó toda la investigación para el documental protagonizado por Flores.

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el asesinato de tres mujeres en Campo Algodonero, en Juárez, en el primer fallo de su tipo en el mundo y que estableció reparaciones con perspectiva de género.

Pero quienes tienen que atender el fallo inapelable son funcionarios que fueron denunciados por apoyar la impunidad de los feminicidios.

En especial, las familias de las víctimas señalan a Arturo Chávez, actual Procurador General mexicano, quien era procurador del estado de Chihuahua, donde está Juárez, cuando ocurrieron los asesinatos de Campo Algodonero.

Su nombramiento fue criticado duramente por las organizaciones de mujeres en Chihuahua. Pero, denunciaron, el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón, que no ha buscado un acercamiento con las familias, ignoró las protestas.

"Nos estamos enfrentando a que el Estado mexicano se resiste a cumplir la sentencia", dijo David Peña, abogado de Amnistía Internacional.

Paula Flores presentó en 2007 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creó la Fundación Sagrario, que busca articular una propuesta cultural como alternativa para la violencia.

Además, desde 2002, en Lomas de Poleo opera en forma oficial el jardín infantil María Sagrario Flores González, que acoge a 250 niños menores de seis años.

"Algunas familias ya se cansaron y la gente ya se acostumbró al tema" de los feminicidios, reconoció Flores, para quien la estrategia del gobierno central y estadual es minimizar el fenómeno y desprestigiar a las organizaciones.

"Pero mi hija no es un mito, como dice el gobernador (José Baeza), que las muertas de Juárez son un mito. Yo no me la inventé, Sagrario vivió y tenía muchas ganas de vivir". (FIN/2010)

Incumple el Gobierno 16 recomendaciones sobre muertas de Juárez: ONG's

Manrique Gandaria / El Sol de México

Ciudad de México.- El Estado mexicano incumplió con una de las 16 disposiciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le impuso por el caso de las muertas de Juárez, al no publicar el pasado jueves, una página web con una base de datos actualizada y enriquecida que contenga la información necesaria para realizar investigaciones sobre mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Así lo denunciaron las organizaciones Red Mesa de Mujeres y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)-México, quienes recordaron que el pasado 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana hizo pública la sentencia sobre Campo Algodonero en la que dicta al Estado mexicano cumplir de manera obligatoria con las disposiciones que logren erradicar la violencia contra las mujeres que ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde que inició el registro de feminicidios en 1993.

Subrayó que la disposición número 10 de la sentencia, hace referencia a la publicación de una base de datos que contenga información relevante sobre las mujeres desparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, misma que se interrelaciona con la armonización del protocolo Alba a estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas.

De esta manera, la CIDH fijó un plazo de seis meses a partir de la publicación de la sentencia para que esta base de datos fuera publicada en una página web alojada en el sitio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), organismo encargado de dar seguimiento y coordinar el cumplimiento de las disposiciones.

"El plazo estricto que dio la Corte al Estado para la publicación no se cumplió, aunque el pasado 26 de mayo, la comisionada de la Conavim, Laura Carrera, expuso que los trabajos sobre la base de datos estaban ya muy avanzados durante la presentación del libro Campo Algodonero, análisis y propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano", informaron dichas organizaciones.

Red Mesa de Mujeres y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)-México, consideraron que es importante como un primer paso para que el Estado pueda impulsar políticas públicas que reviertan la situación de violencia que aqueja a las mujeres de Juárez desde hace más de una década.

Además de esperar que la publicación de esta base de datos se dé lo antes posible, las organizaciones consideran que esta debe ir acompañada de un boletín de prensa emitido por las instancias correspondientes para dar su máxima difusión y que cualquier persona pueda acceder a la búsqueda con facilidad además de poder brindar datos sobre mujeres desaparecidas de manera anónima.

Estas organizaciones están documentando cada una de las acciones del Estado en torno a las disposiciones de la Corte para producir el informe que expondrían durante la audiencia de presentación de avances del Estado en la CIDH.

Estas audiencias se harán cada año durante los tres años que tiene el Estado para cumplir con la totalidad de la sentencia.

"El Estado tiene seis meses de plazo, pero teniendo todos los recursos humanos, técnicos y económicos, no tendría porque esperar hasta el último momento para cumplir. Los familiares de las desaparecidas no tiene plazo ni fecha límite, ellos y ellas todos los días están preguntándose por el paradero de las desaparecidas", comentó Imelda Marrufo de Red Mesa de Mujeres mientras esperaba el cumplimiento.

Publica PGJE de Chihuahua “Página Web” sobre mujeres desaparecidas

En mandato a sentencia de CoIDH sobre Campo Algodonero

Por Anayeli García y Gladis Torres Ruiz

México, DF, 11 jun 10 (CIMAC).- Aunque el Estado mexicano publicó hoy “una página electrónica” con información de las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993, esta disposición, que tendría que cumplir con una parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso Campo Algodonero, es de difícil acceso y poco clara.

De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, el Estado mexicano estaba obligado a crear, en un plazo de seis meses, a partir de la notificación de la sentencia el pasado 10 de diciembre, una página electrónica con información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas.

Ayer venció ese plazo, por ello esta agencia de noticias buscó la respuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependencia a través de la cual, el gobierno federal, sigue el cumplimiento de la resolución del máximo tribunal de justicia de la región.

Agustín Verduzco Espinoza, director general adjunto de la Conavim, informó a este medio, que la Procuraduría general de justicia del estado (PGJE) es quien debe dar cumplimiento a este punto de la sentencia. Informó que dicha instancia ayer notificó que, dentro de su página oficial (http://pgje.chihuahua.gob.mx/), se encuentra un micrositio con la información correspondiente.

Sin embargo Cimacnoticias, pudo constatar que la página oficial no contiene ninguna leyenda que precise la publicación de información que mandata la sentencia, es decir, la página web sobre mujeres desaparecidas.

Además, los datos que la CoIDH pidió hacer públicos (nombres y situación jurídica de los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua desde 1993) se encuentran al final de una presentación de 42 hojas en formato PDF.

Cabe recordar que en el documento de la sentencia, se expresa claramente que dicha página electrónica debería “permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos”.

No obstante el micrositio llamado “El estado actual de las investigaciones de los homicidios 1993-abril 2008”, se enfoca en enumerar los logros y respuestas de las autoridades estatales en torno al feminicidio, pero es necesario hacer una búsqueda minuciosa para encontrar los teléfonos de la Procuraduría, y aunado a ello, contiene algunos banners (ligas) que mandan a páginas inexistentes.

POLÍTICA DE SIMULACIÓN

Ante esta situación, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, comentó a Cimacnoticias que acciones como éstas dejan ver la “política de simulación” que mantiene el Estado mexicano para aparentar que resuelve el femincidio en el país, pues consideró que esto no es cumplir con la disposición número 10 de la sentencia de la CoIDH.

 

Además, precisó: “desde el Centro dimos seguimiento al cumplimiento de la disposición y hasta las 12 de la noche de ayer 10 de junio, eso no se consumó, lo que habla de la falta de interés para cumplir con la sentencia”.

En la página electrónica, la PGJE, reporta que de 1993 a 2010, se registraron 4 mil 522 mujeres desaparecidas, de ese total, 4 mil 488 fueron encontradas con vida. También señala que fueron resueltos 313 homicidios; ante esta afirmación Luz Estela Castro cuestionó cómo se están clasificando los feminicidios para tener estas cifras.

“Los asesinatos de mujeres en el estado están siendo encubiertos por el crimen organizado y la militarización, donde las mujeres son botín de guerra, y como hacen esta división habría que ver a qué le llaman feminicidio, ver el contexto en el que lo están utilizando para sacar estas cifras”, enfatizó.

Cabe destacar que a seis meses de que se hizo pública la sentencia, sólo se han cumplido dos de los 16 lineamientos que marca, estos son: la publicación de la sentencia en diferentes medios de comunicación y en la página Web de instancias gubernamentales, y la atención psicológica para las y los familiares de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, 3 de víctimas del feminicidio de Campo Algodonero.

10/AGM/GTR//LR/LGL

Incumple México sentencia de CIDH sobre desaparición de mujeres en Ciudad Juárez

 Staff

Agencia Reforma | 12-06-2010 | 00:05 | Nacional

Distrito Federal— El pasado jueves venció el plazo fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado mexicano difunda a través de internet una base de datos actualizada sobre mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La obligación forma parte de la sentencia de Campo Algodonero, emitida el 10 de diciembre de 2009.

La disposición número 10 de la sentencia, hace referencia a la publicación de una base de datos que contenga información relevante sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y se basa en el protocolo Alba sobre estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas.

La CIDH fijó un plazo de seis meses a partir de la publicación de la sentencia para que la base de datos fuera publicada en una página web alojada en el sitio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), organismo encargado de dar seguimiento y coordinar el cumplimiento de las disposiciones.

El plazo que dio la Corte al Estado mexicano para la publicación no se cumplió, a pesar de que el pasado 26 de mayo la titular de la Conavim, Laura Carrera, aseguró que los trabajos para elaborar la base de datos estaban ya muy avanzados.

La Red Mesa de Mujeres y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer llamaron a cumplir con la instrucción de la CIDH.

Feminicidio juarense

LUIS PERAZA PARGA - Dublín, Irlanda

México lleva décadas ignorando olímpicamente las centenares de niñas y mujeres asesinadas en la fronteriza ciudad de Juárez. Los fiscales especiales vienen y van en medio de una impunidad creciente que ha decidido atajar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal regional ha estado a la altura del necesario compromiso social con las víctimas juarenses. El juez americano de derechos humanos, ejerciendo su responsabilidad moral, donde impera el componente social de la función pública, aceptó la imperiosa necesidad de un compromiso gubernamental a largo plazo.

De lo contrario, la vergüenza propia y ajena se enseñorea de gobiernos locales, estatales y el federal, convirtiéndose en macabra burla para las víctimas y para el pueblo mexicano.

La dura realidad de los feminicidios

(Johari Gautier Carmona)

“El Estado Mejicano tiembla cada vez que se habla de los feminicidios en el extranjero”. Con estas palabras, la abogada mejicana Andrea Medina Rosas ha querido denunciar el silencio que trata de ejercer continuamente el gobierno sobre una situación desastrosa.

Un gran número de mujeres del norte del país son víctimas de una violencia extrema que, en muchas ocasionas, termina con sus vidas. La abogada insiste en que el apoyo de la comunidad internacional, y España en concreto, es crucial para remediar a los graves atentados que padecen las mujeres.

Las cifras hablan por sí solas: después de Guatemala, el estado de México es el país con el más alto índice de feminicidios. Sólo en el año 2009, 529 mujeres perdieron la vida. Y ante esas condenables cifras, la respuesta del Estado mejicano es todo lo que no debería ser al restarle importancia y alegar que los crímenes se deben a una fuerte violencia fronteriza causada por el tráfico de inmigrantes, drogas y armas. El discurso gubernamental ha tratado incluso de rebajar la alarma explicando que muchas de las mujeres asesinadas son en su mayoría prostitutas. Por otro lado, quitando de esta forma la consonancia del género y relegando la muerte de estas mujeres a la esfera doméstica, se ha establecido un “sexismo o machismo institucional” que va claramente en contra de los derechos humanos.

En su esfuerzo por atraer capitales y contener el avance de las condiciones laborales, el Estado trata de dar menor relevancia a estos problemas en los medios de comunicación. La abogada comenta que el ejecutivo mejicano se preocupa mucho por su imagen internacional. “En casos anteriores de sentencias judiciales que le implicaban directamente, el gobierno mejicano hizo lo imposible para que no tuviera impacto en los medios. Y lo logró”, nos comenta Andrea Medina. Por estos motivos la abogada defiende que España y Europa en general pueden ser una fuente de presión para la defensa de los derechos humanos. “Se debe exigir desde aquí que el Estado cumpla con su deber”.

Más allá de las maniobras del Estado por ocultar esos crímenes, Andrea Medina explica que los asesinatos responden especialmente a un perfil de mujer pobre, joven, criada en una familia monoparental y con rasgos indígenas. Aún así, no se debe caer en la estigmatización de una tragedia que también afecta a mujeres estudiantes y defensoras de los derechos de la mujer. “Trabajar defendiendo a las mujeres es muy difícil psicológicamente porque se lidia continuamente con la muerte y emociones dolorosas. Además, las mujeres que ayudan sufren de estigmas y son amenazadas”.

Muchos programas se están formando en el país para detener estas olas de violencia. En la ciudad de Juárez se está aplicando un programa de “calles seguras” (basado en una iniciativa ya experimentada en Colombia). Sin embargo, una de las propuestas más interesantes se ha producido en el estado de Oaxaca donde se hizo una reflexión colectiva en la que también participaron hombres. “La inclusión de los hombres es esencial para la solución del problema”, comenta Andrea Medina y, efectivamente, como bien es conocido en España, la lucha por los derechos de la mujer requiere el compromiso de todos y estrategias creativas a largo plazo.

Agencia Latinoamericana de Información: http://alainet.org/

Incumplida, sentencia por Campo Algodonero

Rechaza el Estado reabrir pesquisas del asesinato de tres mujeres: ONG

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CDIM) y la Red Ciudadana de no Violencia y Dignidad Humana enviaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) el primer informe sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Campo Algodonero, y en él resaltan que “no hay voluntad política del Estado mexicano para dar puntual cumplimiento a los resolutivos, donde, además, ya venció el plazo”.

Las organizaciones informan a la Coidh: “Resalta el incumplimiento en cuatro de los resolutivos que deberían encontrarse en proceso o cumplidos dentro de los seis meses posteriores a la publicación de la sentencia del 10 de diciembre de 2009”.

Subrayan que en el caso de los servicios de salud y sicológicos que el Estado debe garantizar a las familias de las mujeres asesinadas o desaparecidas, el gobierno se ha negado a garantizarlos argumentando “falta de presupuesto”, y se ha resistido a brindar servicios integrales de salud para cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana. En el caso de las indagatorias, “el Estado mexicano se ha negado a reiniciar las investigaciones de violencia sexual y asesinatos de las jóvenes Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, de conformidad con lo que la corte fijó en el resolutivo 12”.

Amenazas a familiares

Las organizaciones acusan que el gobierno de Chihuahua se ha negado a redireccionar las investigaciones del caso Campo Algodonero para abrir nuevas líneas de indagación; por ello, solicitan que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso.

De igual forma, los organismos defensores de derechos humanos y la asociación de abogados resaltan que el Estado “sigue sin dar resultados sobre la investigación de las denuncias penales presentadas contra los servidores públicos que cometieron una serie de irregularidades en la tramitación del caso Campo Algodonero, y que además amenazaron a los familiares de las víctimas”.

Subrayan que “el Estado mexicano estaba obligado a elaborar, antes del 10 de junio de este año, una página de Internet con la información de todas las niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez en los últimos 17 años, pero esa página electrónica es inexistente”.

Manifestaron asimismo su preocupación “ante el inminente incumplimiento de los resolutivos que vencen el próximo 10 de diciembre y que son, entre otros: el memorial de las víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, donde las autoridades se niegan a reconocer que deben incluirse a todas las mujeres y niñas asesinadas. Consideran incluir únicamente los nombres de las tres víctimas que llevaron el caso ante la Coodh”.

Para concluir indicaron que en lo relativo a una base de datos con información genética de familiares de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, a la fecha el gobierno federal no ha emprendido ninguna acción en este sentido.