sábado, 11 de diciembre de 2010

Injusticia hacia asesinadas, ‘un caldo de cultivo para inseguridad que vive Juárez’

Gabriela Minjáres/Sandra Rodríguez/Rocío Gallegos/Araly Castañón

A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Mexicano por las violaciones a los derechos humanos de mujeres localizadas muertas en el campo algodonero en noviembre de 2001, organizaciones civiles destacaron que la impunidad y la simulación no sólo prevalecen, sino que han sido caldo de cultivo para la violencia generalizada que se vive en la ciudad.

“Que la violencia contra las mujeres, el feminicidio en Juárez y las desapariciones de mujeres no se les haya hecho caso, que no haya habido justicia para todas estas familias, ha sido un factor importante, un caldo de cultivo, para que hoy día tengamos una violencia generalizada”, aseguró ayer a través de un posicionamiento la Red Mesa de Mujeres, integrada por 10 organizaciones locales.

Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red, atribuyó a esta desatención de los tres niveles y estructuras de gobierno que la violencia se haya expandido y alcanzado ahora a los niños, jóvenes, estudiantes, maestros, médicos, migrantes, personas diversas, obreros y hasta periodistas.

“Esta situación que nosotras como movimiento de mujeres denunciamos por cerca de 20 años y que como sociedad no atendimos en términos de una presión más importante y pública es lo que hoy nos entiende con este agravamiento y violación de los derechos humanos en términos históricos”, agregó en el marco del evento denominado “Exigimos resultados: Campo Algodonero y Estrategia Todos Somos Juárez”.

Indemnizaron

sólo a 3 familias

Pese a que la sentencia de la CIDH obliga al Estado mexicano a reconocer su “responsabilidad internacional” por las violaciones a los derechos de las mujeres del campo algodonero, el pago de indemnizaciones se hizo sólo a las tres familias que impulsaron la denuncia y dejó fuera a las de las otras asesinadas e identificadas en el mismo hecho.

Lo anterior fue expuesto ayer por Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien acudió ayer a esta ciudad para presentar el primer informe de avances en el cumplimiento de la sentencia dictada por la CIDH hace un año.

Ahí, el funcionario fue cuestionado por la falta de apoyo del gobierno mexicano a las familias de las otras víctimas –que no participaron en la denuncia ante el organismo internacional–, a lo que respondió de manera insistente que sólo se estaba cumpliendo con lo que indicaba la sentencia.

La visita obedeció al primer año de la sentencia dictada por la CIDH luego de que diversas organizaciones y las familias de tres de las ocho víctimas del campo algodonero acusaron al Estado Mexicano de tener una “responsabilidad internacional” en la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Los cuerpos de las tres fueron encontrados en el mencionado predio ubicado en la esquina de Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, el 6 de noviembre de 2001. En el mismo terreno, un día después, se encontraron los cadáveres de otras cinco jovencitas, cuatro de las cuales fueron identificadas como María Rocina Galicia Meraz, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís y Merlin Elizabeth Rodríguez Sáenz.

Arranca construcción

La edificación del Centro de Justicia para Mujeres, el cual brindará atención integral en los delitos de género, inició ayer con la colocación de la primera piedra del inmueble, que se espera quede concluido durante el 2011.

Además, se anunció que se hará un parque memorial a las mujeres que fueron víctimas en el campo algodonero.

Lo anterior se dio en el marco de las acciones emprendidas por el Estado Mexicano a un año de la sentencia de la CIDH sobre el caso del campo algodonero. Algunas de ellas, como el parque, debieron ya estar concluidas. (Con información de Gabriela Minjáres, Sandra Rodríguez, Rocío Gallegos y Araly Castañón)

Para el memorial, el Municipio donará un predio de 8 mil metros cuadrados, obra que estará entregada el año que entra, el 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, dio a conocer el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora.

viernes, 10 de diciembre de 2010

Documentos sobre el feminicidio de Ciudad Juárez

Martí Caussa
Viento Sur

El próximo 10 de diciembre el gobierno mexicano debe hacer un informe sobre su cumplimento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hecha pública el 10/12/2009, que condenaba al estado de México por no garantizar la vida y la integridad de las mujeres de Ciudad Juárez. Era la primera vez que un tribunal americano condenaba a un estado por violar los derechos humanos y por discriminación de género y condición social.

El motivo de la condena fueron los asesinatos del Campo Algodonero, cuya descripción, realizada durante las sesiones de la CIDH, puede encontrarse en la página de Amnistía Internacional:

Lo que sigue es un extracto de la misma:

Los cuerpos de dos niñas y una joven mujer, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, fueron descubiertos en un antiguo campo algodonero en Ciudad Juárez el 6 y 7 de Noviembre del 2001 junto con los cuerpos de cinco otras jóvenes mujeres. Al menos cinco de las víctimas tenían menos de 18 años de edad. Sus familias habían denunciado su desaparición en 2000 y 2001. Uno de los cuerpos nunca fue correctamente identificado.

En 1993 había comenzado un patrón de secuestros, violaciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. De manera sistemática, las autoridades no tomaron en serio estos crímenes, señalando a menudo que las víctimas tenían la culpa por los crímenes cometidos en su contra y tratando a los familiares con desprecio. Pocos de los autores de estos crímenes fueron llevados a la justicia, lo que creó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres.

El caso del Campo Algodonero se hizo famoso al ejemplificar la manera en que las autoridades municipales, estatales y federales discriminaron a las mujeres víctimas de asesinatos así como a sus familias, se equivocaron al identificar los cuerpos y no lograron recoger pruebas forenses fiables ni llevar a cabo investigaciones eficaces. En cambio, recurrieron a numerosas prácticas irregulares, incluida la tortura, para obtener confesiones y fabricar casos – uno de los que fueron condenados al principio apeló más tarde con éxito y fue liberado.

Tras protestas nacionales e internacionales ante este patrón de asesinatos de mujeres e impunidad conocido como “feminicidio”, los gobiernos federal y estatal tomaron algunas medidas para mejorar los procedimientos de prevención e investigación, sin embargo en muchos casos los responsables de los asesinatos, incluido aquel de las tres víctimas del Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, no han sido llevados a juicio.

A pesar de haber identificado a al menos 177 funcionarios estatales posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres asesinadas en la ciudad, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno de ellos. No se han proporcionado reparaciones completas por los crímenes a muchos de los familiares de las víctimas, incluida una falta de reconocimiento adecuado del no cumplimiento por parte del Estado en respetar, proteger y cumplir sus derechos y los derechos de sus familiares asesinadas según las leyes internacionales sobre derechos humanos.

La sentencia de la CIDH puede leerse en la siguiente página:

Se trata de un extenso documento de 167 páginas donde, a parte de los razonamientos jurídicos y del análisis de los tres asesinatos que se juzgan, se hace una extensa descripción de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, se indica que el término de feminicidio es adecuado para calificar los asesinatos del Campo Algodonero y entienda que algunos o muchos de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez “puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer”. A continuación se reproducen algunos extractos:

117. El Informe de la Relatora de la CIDH resalta que aunque Ciudad Juárez se ha caracterizado por un pronunciado aumento de los crímenes contra mujeres y hombres83 (supra párr. 108), el aumento en lo referente a las mujeres “es anómalo en varios aspectos”, ya que: i) en 1993 se incrementaron notablemente los asesinatos de mujeres84, ii) los coeficientes de homicidios de mujeres se duplicaron en relación con los de los hombres85, y iii) el índice de homicidios correspondiente a mujeres en Ciudad Juárez es desproporcionadamente mayor que el de ciudades fronterizas en circunstancias análogas86. Por su parte, el Estado proporcionó prueba referente a que Ciudad Juárez ocupaba en el 2006 el cuarto lugar en homicidios de mujeres entre ciudades mexicanas87.
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1.3. Víctimas

122. En primer lugar, la Comisión y los representantes alegaron que las víctimas eran mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad, estudiantes o trabajadoras de maquilas o de tiendas u otras empresas locales, y que algunas vivían en Ciudad Juárez desde hacía relativamente poco tiempo. El Estado no se pronunció al respecto.

123. Los alegatos de los demandantes encontraron sustento en diversos informes de entidades nacionales e internacionales que establecen que las víctimas de los homicidios parecen ser predominantemente mujeres jóvenes98, incluyendo niñas99, trabajadoras –sobretodo de maquilas-100, de escasos recursos101, estudiantes102 o migrantes103.

1.4. Modalidad

124. En segundo lugar, la Comisión y los representantes alegaron que un número considerable de los homicidios presentaron signos de violencia sexual. Según un informe de la Fiscalía Especial, algunos de los homicidios y las desapariciones desde 1993 “han presentado características y/o patrones conductuales similares”104.

125. Diversos informes establecen los siguientes factores en común en varios de los homicidios: las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio105, sus familiares denuncian su desaparición106 y luego de días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos107 con signos de violencia, incluyendo violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones108.

126. En cuanto a las características sexuales de los homicidios, el Estado alegó que según cifras del año 2004, alrededor del 26% de los homicidios obedecía a actos de índole sexual violento
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143. En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión “homicidio de mujer por razones de género”, también conocido como feminicidio.

144. Para efectos de este caso, la Corte considera que, teniendo en cuenta la prueba y argumentación sobre prueba obrante en el expediente, no es necesario ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del presente caso. Por esta razón, se referirá a los casos de Ciudad Juárez como homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o muchos de éstos puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer.
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1.8. Conclusiones de la Corte

164. De todo lo expuesto anteriormente, la Corte concluye que desde 1993 existe en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, más allá de las cifras, sobre las cuales la Corte observa no existe firmeza, es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. En este sentido, cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual los que presentan mayores niveles de impunidad.

En los primeros días de noviembre del presente año una Comisión Internacional se desplazó a México para investigar los avances en el cumplimiento de la sentencia de la CIDH. La revista Proceso, en el número 1776 del 14/11/2010 publica un artículo de Gloria Leticia Díaz, titulado Feminicidios: crímenes discriminados en el que se da cuenta de los problemas detectados. A continuación se reproducen unos extractos:

…/.. las integrantes de la misión alertan de la gravedad de la violencia contra la mujer y manifiestan su preocupación por la lentitud para atender la sentencia de la Corte Interamericana por los feminicidios en Ciudad Juárez.

“En México este fenómeno y la violencia contra las mujeres ha quedado oculto frente a la batalla contra el narcotráfico; hay un desprecio institucional por la vida de las mujeres y, por tanto, se niega la realidad”, afirma Victoria de Pablo, integrante de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española…/..

Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte y perito ante la Corte Interamericana para el caso “campo algodonero”, afirma que hay evidencia de que los crímenes contra las mujeres se han incrementado, especialmente en Ciudad Juárez:

“De 1993 a 2007, teníamos registro de 500 niñas y mujeres asesinadas; de 2008 a octubre de 2010 ya eran 567 más. Sin embargo, el gobierno se niega a aceptar que haya feminicidios y adjudican esas muertes a ajustes de cuentas entre el narcotráfico, con lo que se desentienden de su responsabilidad de investigar.”…/..

Marta Eugenia Solano Arias, representante del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (del que depende la misión que visitó México) manifiesta su preocupación porque a casi un año de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, “no hay visos ni señales del Estado mexicano de intentar cumplirla; oímos hablar a funcionarios que nos decían: “eso no es mi competencia”, y al final no sabemos a quién le corresponde cumplir”…/..

Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), aporta números: de enero de 2009 a junio de 2010, en 18 estados mexicanos se cometieron mil 768 asesinatos de mujeres. De ellos, en mil 74 los patrones corresponden a feminicidios (homicidios de mujeres como resultado de la discriminación de género) y ocurrieron en 13 entidades, pero sólo se dictaron 40 sentencias.

En los casos de feminicidio las víctimas fueron arrojadas en la vía pública, sus edades iban de 11 a 30 años, tenían huellas de abuso y fueron ejecutadas por estrangulamiento, quemaduras o con arma punzocortante.

Además de Chihuahua, donde se registraron 245 crímenes de ese tipo, en las 13 entidades de las que el OCNF tuvo información para ese mismo periodo las de mayor incidencia son el Estado de México (309), Quintana Roo (204), Sinaloa (125), Tamaulipas (103), Jalisco (88) y Veracruz (82).

En el Estado de México, de acuerdo con el OCNF, entre 2005 y 2010 se cometieron 900 homicidios dolosos de mujeres; de éstos, en 57% se desconoce al responsable, en tanto que en 37% el autor fue un familiar, conocido o pareja de la víctima. Además, en la entidad se tienen 99 víctimas no identificadas, lo que para Estrada podría significar que eran migrantes centroamericanas.

Otra entidad con números alarmantes es Jalisco: según datos de la procuraduría estatal, en el último año y medio ha habido 187 mujeres desaparecidas con edades de entre 11 y 17 años…/..

En entrevista, Karla Michelle Salas Ramírez, representante legal de las familias de las víctimas del caso “campo algodonero”, detalla las dificultades para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, de cuyos avances el gobierno federal tiene que rendir un informe el próximo 10 de diciembre: el gobierno de Chihuahua no ha publicado la sentencia, la Fevimtra se ha negado a atraer las investigaciones de los casos de desaparición y homicidio de las mujeres localizadas en el campo algodonero en 2001, no se ha sancionado a los funcionarios públicos que obstaculizaron el esclarecimiento de los crímenes y no se ha investigado ni castigado a quienes hostigan a los familiares de las víctimas.

Otros puntos de la sentencia se refieren a la construcción de “un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez” y el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado en las muertes de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González.

“Alejandro Negrín (director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE) informó a David Peña, mi compañero en la defensa de los familiares de las víctimas, que el memorial –que pedimos estuviera en el campo algodonero al que se refiere el caso– no se iba a construir porque es propiedad privada y no se han puesto de acuerdo qué mecanismo seguir para edificarlo, sobre todo porque el gobierno no acepta nuestra exigencia de que se incluyan los nombres de más de mil mujeres que han sido asesinadas de 1993, cuando se denunció el fenómeno, a la fecha.

El gobierno se resiste a que Ciudad Juárez quede marcada no sólo por la violencia producto del narcotráfico sino por los feminicidios. El memorial sería para el gobierno de Calderón el muro de la vergüenza”, dice Salas.

En cuanto a la disculpa pública a la que está obligado el Estado mexicano, agrega la abogada, “se prepara un evento encabezado por Calderón al que se pretende llevar a familiares de las víctimas del campo algodonero” y a deudos de Rosendo Radilla, líder campesino desaparecido por el Ejército en Guerrero durante la guerra sucia y por cuyo caso la Corte Interamericana también condenó a México (Proceso 1706 y 1729).

A menos de 30 días de que se cumpla el plazo para que el gobierno federal rinda su informe sobre el cumplimiento de la sentencia sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, el único avance concreto es la tramitación de indemnizaciones para los familiares de las tres víctimas por parte de la Comisión Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer (Conavim), apunta Salas Ramírez…/..

Los 3 documentos anteriores de los cuales hemos reproducido extractos, creemos que ofrecen una descripción bastante fidedigna de la violencia pasada y presente contra las mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo el retrato más fiel y profundo del horror de los feminicidios de esta ciudad mexicana se encuentra en una obra de ficción: la novela 2666, obra póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño.

Siguiendo la estela del novelista Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas y del cineasta Francis Ford Coppola en Apocalypse Now, Roberto Bolaño consigue describir el horror ocultado de una época (la de la globalización) a partir de una manifestación paradigmática, en este caso, los crímenes de la ciudad mexicana de Santa Teresa, el nombre literario de Ciudad Juárez. Esta ciudad juega el mismo papel que Congo en la novela de Conrad y Vietnam en la película de Coppola. El propio Bolaño señaló que en su novela había un centro físico y un centro oculto. El primero es, sin duda, Ciudad Juárez, donde convergen todas las historias. Sobre el centro oculto sólo dejó pistas. Una de ellas el propio título, con la marca del diablo (666), el señor del infierno. Otra la cita de Baudelaire al inicio del libro: “Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento”. El mismo centro oculto que sugerían el Kurtz de Conrad y el de Coppola cuando exclamaban: ¡El horror! ¡El horror!

Roberto Bolaño había pensado editar su obra en 5 libros diferentes y los editores, con acierto, la han editado en un solo libro. Que no es de lectura fácil, ni igualmente logrado en todas sus partes. No en vano Bolaño hace decir a uno de sus personajes que prefiere las obras ambiciosas, aunque imperfectas (como Moby Dick o El Proceso), a las redondas y perfectas (como Bartleby, el escribiente o La metamorfosis). Por añadidura la novela inicia su andadura por el “desierto de aburrimiento” para ir avanzando, capítulo a capítulo, hasta el centro del “oasis de horror” y, finalmente, sugerirnos que todo “oasis” ha tenido su precedente. Todo ello en una prosa muy bella que, a lo largo de más de mil páginas, nos hace emocionar, comprender y disfrutar.

Los interesados en la vida y la obra de Roberto Bolaño pueden consultar la siguiente página web:

De ella hemos extraído la siguiente biografía:

Una existencia trashumante

Escritor nacido en Santiago de Chile, Bolaño ha llevado una existencia bastante trashumante. A los 15 años estaba viviendo en México, donde comenzó a trabajar como periodista y se hizo trotskista. En el 73 regresó a su país y pudo presenciar el golpe militar. Se alistó en la resistencia y terminó preso. Unos amigos detectives de la adolescencia lo reconocieron y lograron que a los ocho días abandonase la cárcel. Se fue a El Salvador: conoció al poeta Roque Dalton y a sus asesinos. En el 77 se instaló en España, donde ejerció (también en Francia y otros países) una diversidad de oficios: lavaplatos, camarero, vigilante nocturno, basurero, descargador de barcos, vendimiador. Hasta que, en los 80, pudo sustentarse ganando concursos literarios.

A fines de los años 90 la suerte empezó a estar de su lado: Los detectives salvajes (1999) obtuvo el premio Herralde y el Rómulo Gallegos, considerado el Nobel de Latinoamérica. Es autor de las novelas, La pista de hielo (1993), La literatura nazi en América (1996), Estrella distante (1996), Amuleto (1999), Monsieur Pain (1999), Nocturno de Chile (2000), Una novelita lumpen (2002) y 2666 (2004), ésta última póstuma; los libros de relatos Llamadas telefónicas (1997), Putas asesinas (2001) y El gaucho insufrible (2003) y los poemarios Los perros románticos (2000) y Tres (2000). También escribió Amberes (2002), que recoge varios textos del autor y Entre paréntesis (2004), un recopilatorio de artículos, conferencias y otros textos publicados en varios medios de comunicación. Murió el 14 de julio del 2003 a consecuencia de una insuficiencia hepática.

Realizarán organismos civiles foro sobre el campo algodonero

Ante la insuficiente respuesta del Estado mexicano y con el propósito de realizar un balance del caso ?del campo algodonero?, organismos de la sociedad civil organizan un foro con el cual propondrán acciones sobre la situación de Juárez.

Debido a que mañana 10 de diciembre se vence el plazo en que el gobierno debería de cumplir con acciones determinadas por la sentencia de la Corte Interamericana, los organismos convocan a dos eventos, uno realizado en el Colegio de la Frontera Norte y otro en la plaza frente a Catedral.

"Invitamos a todas las personas, grupos, organizaciones que quieran sumarse a un balance de fin de año de la situación de Juárez. Este balance es también por la insuficiente respuesta de los tres niveles de gobierno para investigar, resolver y garantizar una vida buena para las personas que habitamos Juárez", señalaron los organismos.

Los eventos darán inicio en el Colef en punto de las 10 de la mañana y hasta las 12 del medio día, mientras que de 12 a tres de la tarde se realizará en la plaza de armas.

Los convocantes son organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos, comités ciudadanos, médicos y catedráticas.

Hubo más de mil 700 feminicidios en México

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reveló que 532 fueron cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua

Laura Toribio MÉXICO, 08 de Diciembre.- En un año y medio -de enero de 2009 a junio de 2010, al menos mil 728 mujeres fueron asesinadas en 18 entidades del país. En Chihuahua ocurrieron 532 homicidios, 355 tan sólo en Ciudad Juárez.

Mientras en el Estado de México, en cinco años, del 2005 al 2010, se perpetraron 922 asesinatos de mujeres.

La mayoría de estos homicidios se concentran en 10 municipios entidad: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Iztapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. Casi la mitad de las víctimas tenían entre los 11 y 30 años de edad.

En Jalisco, en tanto, entre enero de 2009 y agosto de 2010 la procuraduría de la entidad tiene el reporte de 385 niñas y mujeres desaparecidas. El 66 por ciento tenían entre 10 y 17 años.

Estos datos se desprenden del reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Cifras que ponen sobre la mesa que en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México existen alarmantes niveles de violencia en contra de las mujeres.

En el informe el Estado de México es señalado como un caso paradigmático en contra de la violencia hacía las mujeres por lo que las organizaciones piden que se declare ya un estado de alerta.

Aprobar este mecanismo contemplado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia implicaría una situación emergencia inmediata para que se proteja la vida de las mujeres por parte de todas las secretarías de estado, en esta caso las secretarias del Estado de México.

Un estado, en el que acuerdo con las organizaciones hasta hoy, se desconoce quién asesinó al 56.72 por ciento víctimas de los últimos cinco años.

Un estado en el que 99 cuerpos ni siquiera han sido identificados. Un estado en donde las mujeres cada vez son asesinadas con mayor violencia: mueren a causa de traumatismos craneoencefálicos, heridas punzocortantes o asfixia por uso excesivo de la fuerza.

Siguen autoridades sin cumplir sentencia sobre campo algodonero


A un año de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos en al menos tres de los feminicidios del Campo Algodonero, las autoridades municipal, estatal y federal no han dado total cumplimiento a los resolutivos.

Ante esa situación familires de las víctimas y organizaciones que las representan solicitarán hoy a la Corte realizar una nueva audiencia de supervisión y "sentar de nueva cuenta al Estado mexicano en el banquillo de los acusados".

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Cedimac–red ciudadana de no violencia, a través de sus voceros señalaron que durante este primer año el Estado mexicano debió reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Monreal, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en noviembre del 2001.

Otra de las peticiones era investigar a los servidores públicos responsables de que esos crímenes se mantengan aún impunes, además de publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los tres niveles de gobierno.

Elaborar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y crear un Banco Nacional de Información genética.

Entre las peticiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca también el realizar un acto público donde el Estado reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

La organizaciones denunciaron, lo que llamaron un nuevo acto de simulación, que el pasado 8 de diciembre les informaron a las familias González, Monreal, Monárrez y a sus representantes, que los gobiernos local y federal realizarán un evento para "reconocer la responsabilidad internacional del Estado" y colocar la primera piedra del Monumento en memoria de las víctimas.

"Este acto evidentemente fue organizado "al vapor" ya que el gobierno mexicano debe informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 10 de diciembre las acciones realizadas para cumplir la sentencia", señalaron.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades a las familias, este acto no será público ni lo encabezará el Gobernador del Estado de Chihuahua ni el Presidente de la República, quien por información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no acudiría al evento ante la inseguridad que se vive en la Ciudad y por el temor de una manifestación en su contra.

Por otra parte, en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio, indicaron.

 
Ante esa postura las familais y las organizaciones resolvieron no asistir a dicho evento, solicitar la CoIDH una una audiencia de supervisión, ante el incumplimiento a la sentencia.

Además solicitarán a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados que informe a la CoIDH sobre el proceso de ejecución de la Sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento y exijir a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, al Presidente de la República, al Gobernador de Chihuahua y al presidente Municipal de Ciudad Juárez el cumplimiento de la Sentencia.

jueves, 9 de diciembre de 2010

Con colocar una piedra, simularán cumplir sentencia de CoIDH

A un año de Campo Algodonero en Ciudad Juárez

De la redacción

México, D.F 9 dic 10 (CIMAC).- A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sentenció al Estado mexicano por el caso “Campo Algodonero”, y ante la nula disposición de los gobiernos local y federal para darle cumplimiento, las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, solicitarán a la Corte que realice una audiencia de supervisión.

En un comunicado de prensa, las familias de las víctimas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) de Ciudad Juárez, Chihuahua, evidenciaron que hasta hoy la condena no se ha cumplido y tampoco nadie ha sido sancionado por los asesinatos de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette.

Denunciaron que mañana 10 de diciembre al cumplirse un año de la sentencia, cuando el gobierno mexicano debería de informar a la CoIDH sobre las acciones realizadas para cumplirla, los gobiernos local y federal pretenden realizar un acto para “reconocer la responsabilidad internacional del Estado” y colocar la primera piedra del monumento en memoria de las víctimas.

Sin embargo, este no cumplirá con lo que establece la sentencia ya que, “no será público ni lo encabezará el gobernador del Estado de Chihuahua y tampoco Felipe Calderón, debido a la inseguridad que se vive en Ciudad Juárez y por el temor de una manifestación en su contra”.

A esta simulación, se añade que en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal “colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio, tal y como lo establece la sentencia”.

Cabe destacar que para el evento se incluyó la participación de las familias Monreal, Monárrez y González sin consultarlas previamente, por lo que afirmaron no acudirán al acto porque consideran que esto contradice el espíritu y lo establecido en la sentencia, pues no será un acto reparador para las familias y la sociedad mexicana.

AUDIENCIA DE SUPERVISIÓN A LA CoIDH

Las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, informaron que solicitarán a la CoIDH realice una Audiencia de supervisión, por la nula disposición de los gobiernos local y federal para dar cabal cumplimiento a la sentencia.

Solicitarán a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados informe a la Corte sobre el proceso de ejecución de la sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento.

Igualmente, que exija a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, a Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, y al presidente Municipal de Ciudad Juárez Héctor Murguía Lardizábal, el cumplimiento de la Sentencia.

Cabe recordar que en la sentencia de la CoIDH, se acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.

Si bien en su sentencia, la Corte no reconoce el término feminicidio, sí reconoce que en México existen los asesinatos por motivos de género, es decir se asesina a las mujeres por el sólo hecho de serlo, Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres.

De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, durante este primer año, el Estado mexicano debió: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes.

Investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua.

Crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; crear un Banco Nacional de Información genética; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

10/GTR/LR/LGL

Primer aniversario de la Sentencia de “Campo Algodonero”

BOLETIN DE PRENSA

Atención jefes de información, Organizaciones de la Sociedad Civil, corresponsales internacionales

El 10 de diciembre primer aniversario de la Sentencia de “Campo Algodonero”, no habrá monumento en memoria de mujeres víctimas de violencia de género.

Se rechaza el acto que los gobiernos local y federal pretenden realizar para reconocer su responsabilidad internacional y se exige que sea el Presidente Calderón quien lleve a cabo dicho acto

Las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, solicitarán a la CoIDH realice una Audiencia de supervisión y siente nuevamente al Estado mexicano en el banquillo de los acusados.

El día 10 de diciembre se cumple el primer aniversario de la publicación de la Sentencia de “Campo Algodonero”, la cual responsabiliza a las autoridades del Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Tres casos entre miles de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en esta entidad y en el resto del país, sobre lo que la UNIFEM informó el pasado 25 de noviembre que de 135 países sin guerra, México encabeza el primer lugar en feminicidios, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en su boletín No. 109/10 del 5 de noviembre pasado su“…preocupación por la situación de derechos humanos en México[…] así como por la persistencia de la violencia contra las mujeres, que incluye torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y doméstica, así como la situación de impunidad generalizada que rodea estos casos. La CIDH hará un seguimiento especial a la situación en México en los próximos meses…”

De acuerdo a la Sentencia de la CoIDH, durante este primer año, el Estado mexicano debió: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes; investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; crear un Banco Nacional de Información genética; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

Sin embargo, los gobiernos federal, estatal y municipal no han dado cumplimiento cabal a ninguno de los resolutivos. Asimismo, como un nuevo acto de simulación, el pasado 8 de diciembre se informó a las familias González, Monreal, Monárrez y a sus representantes, que los gobiernos local y federal realizarán un evento para “reconocer la responsabilidad internacional del Estado” y colocar la primera piedra del Monumento en memoria de las víctimas, incluyendo la participación de las familias Monreal, Monárrez y González en la agenda de su evento sin consultarlas previamente.

Este acto evidentemente fue organizado “al vapor” ya que el gobierno mexicano debe informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 10 de diciembre las acciones realizadas para cumplir la sentencia.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, este acto no será público ni lo encabezará el Gobernador del Estado de Chihuahua ni el Presidente de la República, quien por información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no acudiría al evento ante la inseguridad que se vive en la Ciudad y por el temor de una manifestación en su contra.

Por otra parte, en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio.

Ante estos hechos, las familias Herrera Monreal, Ramos Monárrez, González y las organizaciones que las representan informamos a la opinión pública que:

1. No acudiremos al acto planeado por los gobiernos local y federal, ya que contradice el espíritu y lo establecido en la Sentencia, pues no será un acto reparador para las familias y la sociedad mexicana.

2. Solicitaremos a la CoIDH la realización de una audiencia de supervisión, ante la nula disposición de los gobiernos local y federal para dar cabal cumplimiento a la sentencia.

3. Solicitaremos a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados que:

-Informe a la CoIDH sobre el proceso de ejecución de la Sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento.

- Exija a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, al Presidente de la República, al Gobernador de Chihuahua y al presidente Municipal de Ciudad Juárez el cumplimiento de la Sentencia.

Atte.

Asociación Nacional de Abogados democraticos

CEDIMAC

Red Ciudadana De No Violencia y Dignidad Humana

Denuncian ONG a Estado mexicano por falta de atención a feminicidios

Lo acusan de violaciones a los derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, quien en febrero de 2004 fue asesinada por su esposo a pesar de haber denunciado previamente violencia intrafamiliar

Organizaciones de derechos humanos pidieron a la Secretaría de Gobernación, una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México, ya que ha sido demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por impunidad en un caso de feminicidio en la entidad.

En la actualidad la lucha contra el narcotráfico, la violencia extrema y el ambiente generalizado de inseguridad que se vive en el país, han llevado al Estado mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres, a pesar de que éstos se han incrementado en los últimos años.

 
Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 1,728 feminicidios en sólo 18 estados del país.

Las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C, consideraron, mediante un comunicado que es lamentable que a 17 años de haberse reconocido esta problemática, el Estado mexicano no cuente con información precisa de la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

 
Ello, a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, en su artículo 7° transitorio mandata la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

No obstante lo anterior, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través de la información proporcionada por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la obtenida en las recientes comparecencias de Procuradores estatales ante la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados y los resultados del monitoreo realizado, revelan que en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Estado de México existen alarmantes niveles de violencia contra las mujeres.

 
Sin soslayar que hay estados en los que las autoridades no proporcionaron suficiente información para analizar la problemática del feminicidio, como Quintana Roo, Chiapas y Baja California, entre otros; en los cuales es uegente se declare una alerta de violencia de género.

La existencia de un contexto de impunidad y permisibilidad estatal en el que el Estado de México violenta los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses y de toda mujer que transita por su territorio, ha llevado a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio a solicitar ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación, una declaratoria de alerta de violencia de género por violencia feminicida en el Estado de México, mecanismo previsto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 
Lo anterior con el objeto de que se conforme un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para que investigue y se tomen acciones urgentes para erradicar la violencia feminicida.

Los hallazgos, dicen en el comunicado, demuestran que existe un patrón sistemático de violencia contra las mujeres en el Estado de México, el cual no está siendo atendido debidamente por parte de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, pues de los 922 homicidios de mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010, destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72 por ciento de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida, pareja, familiar o vecino, la autoridad conoce la identidad del victimario, contrario a esta información, las autoridades han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.

La información proporcionada por la Procuraduría demuestra la existencia de un contexto de impunidad y permisibilidad del estado en el que las graves deficiencias en las investigaciones son consecuencia también, de un patrón de discriminación contra las mujeres.

Ejemplo de esto lo constituye el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, mujer asesinada en febrero de 2004 por su esposo y su cuñado, quien a pesar de haber denunciado previamente violencia intrafamiliar y de tener a sus menores hijos como testigos presenciales de los hechos, su caso se encuentra en la impunidad por las irregularidades que desde el inicio de la investigación permitieron la valoración deficiente de tres magistrados de una sala penal en el Estado de México.

 
Por lo anterior, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. junto con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. denunciaron nuevamente al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

miércoles, 8 de diciembre de 2010

Ser joven y ser mujer en Ciudad Juárez, es un doble riesgo

No tenemos ni nuestro derecho a transitar por las calles

Por Gladis Torres Ruiz, enviada

Cd. Juárez, Chih. 7 dic. 10 (CIMAC).- Frente a los asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes y pobres en Ciudad Juárez, que se documentan desde 1993, las jóvenes de la entidad viven con el miedo de convertirse en víctimas de feminicidio. “Ya no podemos salir a divertirnos, pero sí unirnos para exigir justicia”.

Entrevistadas por Cimacnoticias, mujeres integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que forman parte del área de jóvenes de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, afirman que ser joven y ser mujer en esta ciudad las coloca en un doble riesgo, “no hay lugar seguro para las jóvenes, hasta la universidad han llegado las balaceras”.

Itzel, indica que “salir en Juárez a divertirse es como practicar un deporte extremo”; ya que no hay condiciones para que las mujeres jóvenes puedan estar en las calles, ir a un bar o antro a divertirte.

“Siempre hay temor de que algo pueda suceder, no solamente por parte de los llamados ‘sicarios’; también por las fuerzas federales es decir la policía federal y los militares que andan aquí realizando redadas. Las jóvenes son acosadas sexualmente y víctimas de tocamientos”.

La joven universitaria, relata que muchos de los integrantes de las fuerzas federales salen en sus días de descanso, y se contactan con alguna joven y la enamoran, bajo esa premisa, algunas de ellas han sido raptadas, “es rapto porque se las llevan a sus hoteles y ahí las han tenido por días”.

Itzel reflexiona y afirma que en Ciudad Juárez, hay una situación de guerra, donde las mujeres son parte del botín, éste es un ejemplo muy claro... “las calles, son una opción que para nosotras esta muy limitada”.

“Hay mayor vulnerabilidad de las mujeres y menos libertades para transitar, a pesar de que es uno de nuestros derechos fundamentales, que esta plasmado en la Constitución que vemos más inseguridad y violencia yo lo vivo de esa forma”, señala.

Ante la imposibilidad de salir a los centros públicos de diversión, Itzel cuenta que las y los jóvenes han optado por reunirse en otro tipo de espacios, tales como sus propias casas en las cuales no sólo tratan de convivir, y divertirse también reflexionan sobre lo que pasa en su ciudad.

Para Ileana, activista e integrante de la comunidad universitaria, señala que en la entidad, a la condición de vulnerabilidad de ser mujer se le agrega el ser joven.

“La juventud se esta viviendo de manera muy distinta, a muchas chavas ya no las dejan salir de su casa, mientras que las prácticas de violencia siguen en aumento, la violación a sus derechos, el acoso sexual, todo sigue en aumento por la impunidad que priva en este lugar”.

Ileana señala que en la entidad hay mujeres que viven en condiciones de pobreza y desigualdad, y ahora por la violencia las que tenían acceso a la educación ya no van a la escuela. “Por la inseguridad, sus madres no las dejan salir solas”.

Puedes estar en los espacios públicos, pero estás con miedo, la joven afirma que hay mujeres que dicen, que es “una adrenalina salir a la calle”, y si lo es, “pero pues tienes que seguir saliendo tenemos que estar afuera, es nuestra casa nuestra ciudad”.

Para Yazmín la realidad que vive todos los días en la entidad no es muy diferente de las dos jóvenes que participan realizando activismo a favor de erradicar la violencia contra las mujeres y el feminicidio en Ciudad Juárez.

Integrante de la red defensoras comunitarias, señala que ella se dedica a hacer entrevistas en las colonias marginadas de la ciudad, para prevenir hechos de violencia, además de que pega comunicados en las calles de las mujeres desaparecidas.

Yazmín, afirma que “como joven me da mucho miedo, porque en una ocasión casi me robaban iba caminando rumbo a mi trabajo y un muchacho se me acercó y me iba agarrar, yo salí corriendo y un señor de una sastrería me ayudó. Esperé hasta que se fue el muchacho y salí. Es un miedo que no se puede explicar”.

10/GTR/LR/LGL

domingo, 5 de diciembre de 2010

Las víctimas alzan la voz contra el feminicidio

Activistas reclaman que los gobiernos se impliquen contra los asesinatos de género

Las cifras de mujeres asesinadas diariamente en Ciudad Juárez (México) dieron la voz de alarma en Latinoamérica sobre los llamados "feminicidios". Los expertos calculan que en 14 años han muerto 1.060 mujeres en esta localidad mexicana. Y lo peor de todo es que los crímenes contra las mujeres se siguen cometiendo con total impunidad.

 
En Guatemala, donde cada año mueren asesinadas más de 700 mujeres, se dio un paso importante en la lucha contra la violencia de género hace dos años. El Parlamento aprobó por unanimidad una ley que establece penas de hasta 50 años de prisión a quienes asesinen a mujeres por el simple hecho de serlo. Aun así, las asociaciones feministas consideran que todavía queda mucho camino por recorrer, ya que el Estado no pone en marcha todos los mecanismos necesarios para frenar "el machismo institucional".

 
Aunque las estadísticas sobre feminicidios siguen silenciadas o minimizadas por las autoridades gubernamentales, las pocas cifras que salen a la luz dan cuenta del progresivo ascenso de las torturas y los asesinatos de mujeres simplemente por motivos de género.

 
La violencia machista se diluye entre la crisis alimentaria, el narcotráfico y la corrupción que sufren muchos países latinoamericanos. Colombia, Guatemala, México, Honduras y El Salvador son los que registran más muertes violentas de mujeres.

 
Ante la impunidad de estos asesinatos, las activistas latinoamericanas reclaman que el feminicidio esté contemplado dentro del Código Penal de todos los países, ya que constituye un "crimen motivado por el odio a las mujeres".

En Ciudad Juárez, las madres de las desaparecidas tenemos que investigar

A 17 años de que en esa localidad se registraron los primeros casos de mujeres asesinadas y desaparecidas, continúan los mismos prejuicios de funcionarios y desinterés en buscarlas.


Cimacnoticias: Periodismo con perspectiva de género.
En Ciudad Juárez, cada 29 horas una mujer es asesinada. En 2008 se documentaron 87 asesinatos de mujeres, en 2009, 164, mientras que de enero al 3 de noviembre de 2010, la cifra es de 271 víctimas.

 
En lo que va de 2010 se han registrado 26 mujeres desaparecidas, un incremento con relación a 2008, cuando sólo hubo 18, y 2009 con 22, informó Imelda Marrufo Nava, representante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

 
Organizaciones feministas han documentado cómo durante más de una década los restos de las mujeres son hallados por transeúntes al cabo de unos días o años después, mientras en otras ocasiones las mujeres nunca son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino o paradero.

En los últimos años, México ha venido acumulando recomendaciones vinculadas a los derechos humanos de las mujeres; durante el régimen de Vicente Fox (2000-2006), 20 mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, visitaron el país dando como resultado más de 500 recomendaciones.

Para 2009, el mecanismo denominado Examen Periódico Universal (EPU) generó 91 recomendaciones, de las cuales sólo 83 fueron aceptadas. Sólo en el tema de derechos de las mujeres, México acumuló 140 de 2000-2006, a las que se suman 16 del EPU que el gobierno aceptó en 2009. Ciudad Juárez reúne más de 50 recomendaciones, señala el libro: “Informe del Seguimiento de la CEDAW”.

 
A estas recomendaciones, se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la que condenó al Estado mexicano por el feminicidio en “Campo Algodonero”; la cual a un año de emitida, sigue sin cumplirse.

En busca de justicia y de sus hijas

El 23 de febrero de este año, Idali Juache Luna, de 19 años de edad, desapareció del estacionamiento del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez. Su madre, Norma Luna, vive buscándola los días en que la profunda depresión que la aqueja se lo permite.

 
“He conocido a muchas madres que viven lo mismo que yo”. La gran mayoría no cree en la autoridad, ya que hasta el momento no han encontrado a alguna de las chicas desaparecidas.

Denuncia que las autoridades locales han sido omisas en el caso de su hija y de las demás jóvenes desaparecidas, afirma que no le dan ninguna respuesta. Nosotras vamos y preguntamos y ellos también nos preguntan “qué sabemos”, “que si no nos han hablado”.

 
Griselda Morua López, tenía 16 años de edad, cuando desapareció en los alrededores de las vías del tren de Ciudad Juárez, una zona en donde ya han desaparecido otras mujeres o que fueron encontradas muertas. A pesar de que su madre Consuelo Morua informó a las autoridades dónde podría estar, hasta el momento sigue ausente.

 
En diciembre de 2009, la vio en un bar ubicado en la avenida Juárez. “Al mirarla me paralicé y no supe que hacer, ella también me vio y sin ningún gesto se alejó”.

 
Consuelo acudió a la Unidad Especial de Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Subprocuraduría de Justicia, zona norte de Ciudad Juárez donde en abril denunció la desaparición de su hija, para informar en dónde y cómo la había visto; sin embargo, las autoridades no actuaron en el momento.

 
“Todavía no hay ningún avance, les informé dónde podría estar mi hija y estando a tiempo no hicieron nada, después de un año y medio apenas empezaron las indagatorias”, señaló.

Los agentes ministeriales no investigan, somos nosotras las madres y familiares de las mujeres desaparecidas quienes tenemos que investigar, “las autoridades saben pero sólo lo que les decimos las familias”, denunció Morua López.

 
Imelda Marrufo Nava informó que ante la falta de información sobre la búsqueda de sus hijas y la desesperación por encontrarlas, las familias se exponen a buscarlas ellas mismas.

 
Por las noches andan en la zona de bares, y en la de tolerancia, para tratar de verlas; los hombres de la familia entran para tratar de identificar a su familiar, exponiéndose ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos y en estas zonas los índices de delincuencia son altos.

 
También por la violencia, el transporte público deja de funcionar a las 10 de la noche y la mayoría de las madres y familias de las mujeres corren los riesgos, “se les puede ver a las salidas de los bares para ver si sale o entra su hija”, indicó Marrufo Nava.

En la sentencia emitida por la CoIDH, el 10 de diciembre de 2010, en la disposición.10, se ordena a México crear una página electrónica sobre mujeres desaparecidas desde 1993 en Chihuahua. Hasta el momento la página es inexistente

La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, publicó una página en su sitio; sin embargo, en opinión de las OSC y de las madres de las víctimas, no cumple de manera cabal con lo dispuesto por la Corte.

Aún quedan pendientes 14 disposiciones entre los que se encuentra el que México debe investigar y sancionar a los funcionarios acusados de irregularidades y a los responsables de los hostigamientos contra familiares de las víctimas.

 
www.cimacnoticias.com

 
cimac@laneta.apc.org

 
Gladis Torres Ruiz, enviada

martes, 30 de noviembre de 2010

Madres exigen que gobierno acate sentencia de la CIDH


JUSTICIA. Familiares acudieron al campo algodonero donde hallaron los restos de ocho mujeres en 2001 (Foto: CORRESPONSALÍA EL UNIVERSAL )
Corresponsalía
El Universal

CIUDAD JUÁREZ. A más de nueve años de que los restos de ocho mujeres fueron localizados en un predio ubicado en la llamada zona dorada de esta frontera, las madres y familias de esas víctimas —y de otros casos más— se unieron para reclamar el cumplimiento de la sentencia que sobre el llamado Caso Algodonero dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en noviembre de 2009.

A las madres de las jóvenes asesinadas se unieron otras tantas que en el transcurso de estos años viven angustiadas porque sus hijas desaparecieron. Algunas, aseguran, han proporcionado todos los datos posibles para capturar a los homicidas, pero las autoridades cometen errores y dejan impunes esos delitos.

Por la mañana, las diputadas federales Teresa Incháustegui, Antonieta Pérez, Adriana Terrazas Porras y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, de la Comisión Especial para los Feminicidios; organizaciones civiles y madres y familiares de víctimas se apostaron en el predio algodonero donde colocaron una ofrenda floral y nuevamente demandaron justicia.

“Estoy aquí para recordar el asesinato de mi hija y de otras niñas, vienen conmigo varios integrantes de mi familia para recordarle al gobierno que cumpla con la sentencia”, mencionó Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera, desaparecida el 29 de octubre de 2001 cuando tenía 15 años y cuyo cuerpo fue localizado en la zona.

“Queremos a los responsables de la muerte de mi hija, también esperamos castigos para los servidores públicos que no actuaron, pero en vez de castigarlos los premian con otros puestos públicos”, agregó.

En su sentencia, la CIDH estableció que debería construirse un monumento en memoria de las mujeres localizadas asesinadas en el campo algodonero, pero a 11 días de que se cumpla el plazo establecido no se ha realizado ningún trámite para comprarlo o expropiarlo.

Malú García, quien es representante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, comentó que el Estado mexicano no ha cumplido con medidas como son: las garantías para que no vuelvan a repetirse estos hechos, la creación de un nuevo protocolo para los casos de desaparecidas y la instalación de un banco nacional de ADN.

Además, denunció que se tienen reportes de que en lo que va del año hay 37 jovencitas desaparecidas en la zona centro.

Al terminar el homenaje, las legisladoras se trasladaron a un hotel de la ciudad para participar en el Foro Internacional Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: A un año de la Sentencia del Campo Algodonero, en donde se analizó el incumplimiento y las medidas que se tomarán para exigir al Estado mexicano su aplicación.

Exigen atención a víctimas de la violencia

De la Redacción


Grupo de legisladoras mexicanas en Juárez, durante el Foro Internacional contra Feminicidios, efectuado en esta ciudad fronteriza. (Foto cortesía del Gobierno del Estado de Chihuahua)JUÁREZ - Cumplimiento de la sentencia de las víctimas del caso del Campo Algodonero, atención a las víctimas de la violencia, realización de un banco de datos sobre feminicidio y castigo para quienes incurrieron en delitos por omisión e ineficiencia en las investigaciones, fueron algunas de las exigencias expuestas por académicos, legisladores y familiares de mujeres víctimas de la violencia que participaron en el Foro Internacional "Justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres: a un año de la Sentencia de Campo Algodonero".

En el análisis de la "Valoraciòn de las acciones realizadas por las autoridades mexicanas locales y federales para el cumplimiento de la Sentencia", con la participación de Irma Monreal y Marìa Luisa Andrade, madres de las víctimas, así como Marìa de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios, coincidieron en señalar en que no hay voluntad política de las autoridades para esclarecer los feminicidios, informó un vocero, en un comunicado de prensa.

Manifestaron la necesidad de apoyar todas las acciones de exigencia al gobierno para investigar en serio los crímenes contra las mujeres, exigiendo también una diferenciación entre homicidios dolosos y feminicidios, para no tratar de ocultar a estos últimos en los datos.

La representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio indicó la necesidad de acudir al apoyo de organismos internacionales sobre derechos humanos para que las autoridades mexicanas puedan mostrar verdadera voluntad para hacer justicia en el caso de los feminicidios.

En relación al análisis "La Sentencia de Campo Algodonero como precedente de la justicia de los derechos humanos de las Mujeres, en especial el derecho a una vida libre de violencia", los participantes Fernando Coronado Franco, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Julia Estela Monárrez Fragoso, investigadora del COLEF; y Rosa María Álvarez González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestaron que México está obligado a acatar con el fallo de la Corte Interamericana sobre el caso del Campo Algodonero.

Este fallo se refiere a garantizar el derecho a la vida, respeto a los derechos humanos, investigar los feminicidios y castigar a los responsables, así como apoyar a las víctimas.

Juan Pablo Albàn Alencastro, experto en Derecho Internacional de Derechos Humanos y abogado coordinador del grupo de litigio del Campo Algodonero, quien participó en el análisis "La perspectiva regional-internacional de la sentencia y la importancia de su cumplimiento, dijo lo siguiente:

"A un año de distancia del fallo de la Corte Interamericana, el panorama no es alentador, porque es necesario que el Estado Mexicano informe públicamente de lo que ha hecho y no ha hecho sobre el caso del Campo Algodonero".

Dijo exigir la participación de sociedad civil, organismos internacionales y autoridades para dar justicia a los familiares de las víctimas de los feminicidios y avanzar en la erradicación de la violencia.

Marisela Ortega Lozano, mortega@elpasotimes.com; 542-6077.

Realizan reunión en campo algodonero


Angélica Bustamante / El Mexicano

Ciudad Juárez, Chihuahua.-Para conmemorar un aniversario más de los feminicidios del Campo Algodonero, grupos de activistas y diputadas locales llevaron a cabo una ceremonia donde colocaron ofrendas a las muertas de Juárez, encontradas ahí; las legisladoras se comprometieron a apoyar a los hijos de las víctimas.

En el marco del Foro Internacional "Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: A un año de la Sentencia de Campo Algodonero"

Las diputadas federales Teresa Incháustegui, María Antonieta Pérez, Teresa Guadalupe Reyes y la anfitriona Adriana Terrazas, quienes integran la comisión especial para el seguimiento a los homicidios en contra de mujeres en esta ciudad, acudieron a colocar ofrendas florales en el campo algodonero de las avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, en memoria de las víctimas de feminicidios en esta frontera.

Según explicaron las legisladoras, este evento se llevó a cabo a casi un año que la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la Sentencia del caso "Campo Algodonero", que responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes asesinadas en Ciudad Juárez y sus cuerpos encontrados en un campo algodonero de esta frontera.

En dicho lugar, las representantes populares estuvieron acompañadas de representantes de Organizaciones No Gubernamentales.

"Venimos a manifestarnos junto con organismos internacionales, estamos a casi un año de que se dictó esta sentencia, la cual no se ha cumplido al 100 por ciento, estamos pendientes del cumplimiento cabal que el Estado Mexicano deberá hacer", explicó Adriana Terrazas Porras.

Dijo que ya está acordado que la federación indemnizará a parientes de mujeres victimadas, en tanto que el gobierno estatal se encargará de edificar un memorial en honor de las víctimas, mientras que al municipio le tocaría otorgar el predio donde se construirá.

Reiteró que el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, giró instrucciones para que se hiciera lo que le corresponde al estado y la Secretaria de Gobierno ya firmó convenios con el Gobierno Federal para poner manos a la obra.

Esperamos que en breve se inicie la consulta para determinar el lugar y la manera en que se realizará este memorial", indicó Terrazas Porras.

Después de celebrados los actos protocolarios en el lugar antes citado, la comitiva se trasladó al Hotel Fiesta Inn, donde a lo largo del lunes se llevó a cabo el foro "Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: a un año de la Sentencia de Campo Algodonero".

Las acciones en el campo algodonero, donde un 8 de noviembre del 2001 fueron localizados los restos de 8 mujeres, se llevaron a cabo en medio de un insoportable viento, que calaba hasta en los huesos, finalmente partieron hacia el hotel donde se celebrarían los otros actos, entre ellos el foro mencionado.

A UN AÑO DE SENTENCIA SIN CUMPLIMIENTO, LEGISLADORAS FEDERALES ADVIERTEN EXHIBIR AL ESTADO MEXICANO

Este lunes se llevo a cabo un foro organizado por las diputadas federales que conforman la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México, a fin de hablar sobre la omisión del estado mexicano en sus diversos niveles de gobierno en torno a la sentencia emitida por la corte interamericana de derechos humanos sobre el caso de las victimas del caso del campo algodonero. En este foro participaron diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como personalidades auxiliares de programas de la organización de las naciones unidas que conoces y trabajan en torno al tema de la violencia de genero, así como los Feminicidios no solo en esta ciudad fronteriza, si no en todo el país. Con la colocación de una ofrenda floral en el campo algodoneros situado en Paseo de la victoria y Ejercito nacional dio inicio esta serie de mesas de trabajo y de foros de opinión y análisis sobre el tema, las diputadas federales que componen esta comisión especial estuvieron presentes a lo largo del evento que se extendió hasta la mitad de la tarde. Las legisladoras integrantes de cuatro corrientes políticas diversas asistieron a la cita y dieron inicio a sus trabajos exponiendo sus ideas y compromisos en torno a esta situación, las componentes de de esta comisión son la diputada perredista Teresa Inchaustegui, la panista María Antonieta Pérez Reyes, por el partido revolucionario institucional Adriana terrazas y por el partido del trabajo Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: A un año de la Sentencia de Campo Algodonero, fue el tema central de esta convocatoria, y es que a un año de que se dicto la sentencia no ha habido ninguna manifestación e interés por parte de los niveles de gobierno para darle cumplimiento a este caso, y es que en noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado. mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. El Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los la Convención Americana (Pacto de San José) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará. En este respecto cada una de las legisladoras fijaron una postura definida ante la falta de interés por parte de las instancias gubernamentales encargadas de darle seguimiento a esta orden por parte de la CIDH ya que a palabras de las legisladoras este incumplimiento significaría un precedente negativo por parte del estado mexicano y pondría evidencia ante instancias internacionales no solo de la impunidad, si no de la falta de interés de acatar recomendaciones realizadas por organismos internacionales. Por ello la diputada Pérez reyes señalo y advirtió que como legisladoras en conjunto de no verse el interés por cumplir estas disposiciones, se verán en la necesidad de llevar estos señalamientos ante todos los foros internacionales para exhibir al estado mexicano por incumplimiento de estas recomendaciones, señalando que ante esto no hay distinción de colores.

lunes, 29 de noviembre de 2010

Denuncian olvido a feminicidios en Juárez

Familiares del caso del llamado 'Campo Algodonero' señalaron que a 11 días de que se cumpla el plazo dado por la CIDH al gobierno mexicano, éste no ha tenido ni contacto con las deudos
 
A más de nueve años de que los restos de ocho mujeres fueron localizados en un predio ubicado en la llamada zona dorada de esta frontera, las madres y familias de las víctimas se mantienen en pie de lucha hasta lograr que el gobierno mexicano encuentre y castigue a los asesinos de sus hijas.

A las madres de las jóvenes asesinadas que reflejan en sus rostros el dolor de haberlas perdido, se han unido otras tantas que en el transcurso de estos años viven angustiadas porque sus hijas han desaparecido y algunas más, que incluso han proporcionado todos los datos posibles para capturar a los homicidas, pero que ven como las autoridades han cometido muchos errores y los han dejado libres.

Todas ellas se sumaron este día para reclamar el cumplimiento de la sentencia que sobre el llamado ¨Caso Algodonero¨ dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano.

Por la mañana, las diputadas federales Teresa Incháustegui, Antonieta Pérez Reyes, Adriana Terrazas Porras y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, de la Comisión Especial para los Feminicidos; organizaciones civiles y madres y familiares de las víctimas se apostaron en el predio, colocaron una ofrenda floral y nuevamente demandaron justicia.

Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera, desaparecida el 29 de octubre del 2001 cuando tenía 15 años y cuyo cuerpo fue localizado en el ¨Campo Algodonero¨, señaló: ¨estoy aquí para recordar el asesinato de mi hija y de otras niñas, vienen conmigo varios integrantes de mi familia para recordarle al gobierno que cumpla con la sentencia¨.

¨Queremos a los responsables de la muerte de mi hija, también esperamos castigos para los servidores públicos que no actuaron, pero en vez de castigarlos los premian con otros puestos públicos, queremos que los crímenes de mi hija y otras niñas no queden impunes¨, expresó.

Las diputadas Incháustegui, Pérez Reyes, Terrazas Porras y Reyes Sahagún, manifestaron que estarán al pendiente del cumplimiento cabal de la sentencia en todos y cada uno de sus términos.

La CIDH estableció que en el lugar debería construirse un monumento en memoria de las mujeres localizadas en ese sitio, pero a 11 días de que se cumpla el plazo establecido no se ha realizado ningún trámite para comprarlo o expropiarlo.

La diputada Terrazas atribuyó el incumplimiento de la sentencia a la indolencia del Estado Mexicano, del Gobierno Federal.

¨Tuvo todo un año para dar cumplimiento, pero el Gobierno federal, instancia que debería de cumplir la sentencia, argumentaba que no había recursos, ni partida para ese fin, e incluso pidió a la Cámara de Diputados .que creará un fondo, pero creo que lo que procede es que este tipo de hechos no deben repetirse¨, agregó.

Malú García, representante de la organización ¨Nuestras Hijas de Regreso a Casa¨, estableció que más allá de las indemnizaciones lo que las familias luchan es por el acceso a la verdad y la justicia.

¨A más de un año la sentencia no ha sido atendida por el desinterés del Gobierno, incluso el nuevo gobierno Estatal ni siquiera se ha tomado la molestia de reunirse con las familias ni con quienes realizaron las investigaciones¨, expresó.

Dijo que el Estado Mexicano no ha cumplido con medidas como son las garantías para que no vuelvan a repetirse estos hechos, un nuevo protocolo para los casos de desaparecidas, el banco nacional de ADN, ni siquiera algo tan sencillo como una página web con las fotos de las jóvenes, ¨tienen las mismas fotos que conocemos desde el 95 hasta el 2007, pero los nuevos casos no se han contado¨.

Denunció que el nuevo protocolo no existe y eso que se tienen reportes de que en lo que va del año hay 37 jovencitas desaparecidas en la zona centro.

Incháustegui dijo que así como está el predio abandonado, el Estado Mexicano ha abandonado el caso, ¨faltan solamente 11 días para el cumplimiento de esa sentencia y todavía no vemos las muestras tangibles de que se vaya a dar cumplimiento¨.

Señaló que la presencia de las diputadas es para darles un abrazo solidario a todas las familias de las niñas y decirles que van a luchar porque esta sentencia se cumpla.

Al terminar el homenaje, las legisladoras se trasladaron a un hotel de la ciudad para participar en el Foro Internacional ¨Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: A un año de la Sentencia del Campo Algodonero¨, en donde se analizó el incumplimiento y las medidas que se tomarán para exigir al Estado mexicano su aplicación.