Movilización Internacional

Movilización en repudio al asesinato a Susana Chávez

En repudio al asesinato a Susana Chávez

SABADO 15/ENERO 12 Hrs.

Movilización del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez

STOP FEMMINICIDIO: assassinata Susana Chávez

Comunicato Udi Nazionale

STOP FEMMINICIDIO: assassinata Susana Chávez

l'Italia condanni.

A un mese di distanza dall'assassinio della difensora dei diritti umani Marisela Escobado, un altro femminicidio ha insanguinato la citta di Juarez : il brutale omicidio della poeta e attivista Susana Chávez, ideatrice negli anni '90 del progetto “Ni una muerta más”, in difesa delle donne di Ciudad Júarez.

Il femminicidio di Susana Chávez, il primo dell'inizio dell'anno si aggiunge ai 466 omicidi di donne del 2010, in questa città di confine che è stata definita la regione più violenta con il 69% della totalità degli omicidi di donne registrati nello Stato di Chihuahua.

Lo stesso giorno dell'uccisione dell'attivista e poeta Chávez, alcuni parlamentari messicani hanno votato contro la realizzazione di un'indagine formale contro le autorità dello Stato messicano per i 900 femminicidi avvenuti negli ultimi cinque anni.

A conferma di ciò che da anni le attiviste e gli attivisti delle organizzazioni civili denunciano: politica fallimentare dello Stato del Messico nel perseguire e punire i responsabili dei femminicidi e della sparizione delle donne di Juarez.

L’UDI - Unione Donne in Italia esprime solidarietà a tutti i familiari delle vittime, delle donne e ragazze "sparite per forza" e tutto il nostro sdegno per questo ennesimo atto nella guerra nascosta chiamata “femminicidio” dove l’unico soggetto in guerra portatore di morte è il genere maschile.

Chiediamo che lo Stato messicano adempia agli obblighi derivanti dalla sentenza di condanna della Corte Interamericana per i Diritti Umani (femminicidi di “Campo Aldonegro) per essersi reso responsabile per "la violazione del diritto alla vita, all’integrità personale e alla libertà personale nei confronti delle vittime di femminicidio".

Chiediamo che lo Stato italiano nella persona del Ministro degli Esteri Frattini, condanni pubblicamente il femminicidio e la tratta a Ciudad Juarez. Lo stesso ministro che si dice convinto dell'utilità della presenza dei soldati italiani in Afghanistan per aiutare le donne di quel paese a liberarsi dal giogo dell'oppressione talebana, che ha denunciato più volte la discriminazione di genere, gli stupri e le acidificazioni che patiscono le donne afghane a causa di un regime opprimente e maschilista, dovrebbe sentire il dovere di spendere anche nel caso del femminicidio messicano, parole pubbliche di sdegno e di condanna nei confronti dello Stato messicano, il quale ha dimostrato con la sua negligenza, le sue carenti indagini, le inadempienze, e la crescente impunità di essere uno Stato che "odia le donne".

Chiediamo che le Parlamentari italiane, incluse quelle che siedono in Europa, si pronuncino su tutto questo, perché è un dovere civile e politico farlo, perché il femminicidio non ha confini, perché i diritti umani “non sono affare interno di ogni Stato” come purtroppo sentiamo dire anche all’Onu, dove stanno per prevalere posizioni di opportunismo economico e politico sulla pelle delle donne, delle bambine e dei bambini e di quanti finora, ovunque nel mondo, restano soggetti inascoltati e senza diritti.

UDI - Unione Donne in Italia

Sede nazionale Archivio centrale

Via dell’Arco di Parma 15 - 00186 Roma

Tel 06 6865884 Fax 06 68807103

udinazionale@gmail.com

http://www.udinazionale.org/

¿Hasta cuándo la negación y el cinismo?

Resulta indignante que el líder del Congreso local de Chihuahua repita acusaciones antiguas contra las ONG que en Ciudad Juárez se manifiestan públicamente para exigir justicia. El diputado Serrano Escobar no sólo acusa de lucrar” a quienes llevan veladoras ante el Palacio de Gobierno en memoria de Marisela Escobedo, para colmo las manda a “rezar” a catedral y sugiere que ofrezcan recompensas para contribuir a la detención de delincuentes. Cabe recordarle a este supuesto representante de la ciudadanía que exigir justicia en la calle no es lucrar; que esas acusaciones contra las ONG de derechos humanos y de las mujeres ya han caído por su propio peso; que si él quiere rezar es su opción personal, pero que la ciudadanía tiene derecho a exigir justicia en esta tierra y no ha de esperar la del cielo. Si las madres de Plaza de Mayo se hubieran ido a rezar a la catedral en Argentina de nada les habría servido.

Mejor sería que el diputado se preocupara por el clima de violencia imperante en su ciudad y se indignara por lo que nos indigna a quienes queremos vivir en un país justo: el asesinato de Marisela Escobedo al que se suma el de la activista y poeta Susana Chávez, arteramente asesinada la semana pasada. Retomando sus palabras: no queremos “ni una muerta más”. Por eso tenemos que seguir saliendo a la calle a exigir justicia. Para que las autoridades actúen y se acabe la impunidad.

Lucía Melgar

Feminicidios, los Gobiernos que Odian a las Mujeres

Marisela Escobedo, asesinada de forma impune en Chihuahua. Imagen: cnn.mx

Jenaro Villamil

Malas noticias para los defensores de los derechos de género y para cientos de activistas que han demandado frenar la ola de crímenes de odio contra las mujeres. El mismo día que fue asesinada en Ciudad Juárez la poeta Susana Chávez –un mes después del homicidio impune contra Marisela Escobedo-, los gobiernos priistas integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres votaron en contra de que se realice una investigación formal contra las autoridades del Estado de México por los 922 asesinatos contra mujeres ocurridos en los últimos cinco años.

La abyección para proteger la imagen de Enrique Peña Nieto, paradójicamente un político popular entre las audiencias femeninas, llegó a este grado para privilegiar los intereses de la precampaña priista adelantada por la sucesión en el 2012 y no la situación de impunidad que prevalece en torno a estos crímenes. ¿Realmente el PRI puede hablar de compromiso con los derechos de género y la protección de la vida de las mujeres?

El organismo de nombre tan extenso como inútil se reunió este lunes. En él están representados todos los gobiernos estatales. Fueron 20 estados los que votaron contra la investigación de los feminicidios en el Estado de México: 18 de extracción priista más los dos gobiernos de Michoacán y Guerrero que se dicen perredistas. Votaron a favor 11 entidades, encabezadas por el Gobierno del Distrito Federal, junto con Oaxaca y Jalisco. Dos se abstuvieron.

Al conocerse el resultado de la votación, Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres afirmó que quien pierde más es el Estado de México ya que se confirma que tienen autoridades que les da miedo “resolver los asesinatos de mujeres”.

 

“Al no aceptarlo es que no están haciendo nada. Una sola mujer cuyo crimen queda impune es grave. Ojalá sirva de reflexión al gobernador (Peña Nieto) de que realmente hay un problema de homicidios de mujeres en el estado y que tome las medidas necesarias, es lo menos que pedimos”, indicó García Gaytán.

 

La votación de las 20 entidades que se coludieron para ignorar el grave problema del feminicidio en todo el país –no sólo en el Estado de México- coincide con otros datos. En estas 20 entidades se han concentrado el 62 por ciento de las 4 mil 773 denuncias por violaciones sexuales que se registraron en 2010.

Entre esos gobiernos se encuentra el de Chihuahua. La administración priista que encabeza ahora César Duarte no sólo hereda el más alto número de crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez en los últimos 15 años, sino dos casos que han conmovido a la opinión pública: el asesinato de Marisela Escobedo, madre de otra joven asesinada, Rubí, cuyo principal desafío fue haber exhibido a las autoridades de Chihuahua y de Zacatecas por su enorme negligencia para detener al homicida de su hija; y el de Susana Chávez, activista desde hace décadas en contra de los crímenes de Juárez y autora de la frase “ni una muerta más”.

El caso de Marisela Escobedo se ha convertido en un escándalo internacional. La última edición de Proceso tiene en su portada el rostro de esta mujer indomable y extractos de las actas ministeriales sobre su caso. En el reportaje firmado por Rosario Manzanos se confirma que la “indolencia asesina” es compartida tanto por las autoridades de Chihuahua como las de Zacatecas, éste estado gobernado hasta hace unas semanas por una mujer de izquierda, Amalia García, que se preciaba de ser defensora de género.

 

Lo que más alienta a los feminicidas es este clima de impunidad y de omisión en las autoridades ministeriales. O quizá a lo que estamos asistiendo es a un complejo engranaje de complicidad desde las procuradurías y policías estatales donde se localizan los verdaderos criminales contra mujeres.

HISTORICO: PONE NUESTRAS HIJAS PRIMERA DENUNCIA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA POR TRATA DE PERSONAS

• Organizaciones civiles presentan la 1ª denuncia por Trata de personas en Ciudad Juárez por la desaparición de una niña en el año 2009

• Es el primer caso en la ciudad donde se remite un reporte de desaparición a una denuncia formal por el delito de trata de personas

• La Fiscalía General en su sede en Ciudad Juárez deberá ahora realizar investigaciones integrales para dar con el paradero de la víctima.

La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C y sus abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C presentaron el día de ayer la primera denuncia por el delito de trata de personas derivado de un reporte de desaparición y de diversas diligencias de investigación que se realizaron desde el año 2009 hasta la fecha.

 

Por razones de seguridad no se da a conocer el nombre de la víctima ni de sus familiares, pero se resalta el hecho de que este caso puede sentar un precedente para la atención de otros casos de desapariciones de niñas y mujeres donde se presuma o se cuente con elementos para encuadrar el delito de trata de personas.

Recordando que los reportes de desaparición son sólo reportes administrativos y no denuncias por la comisión de algún delito, al presentar una denuncia de este tipo se activa de manera integral el sistema de procuración de justicia, imponiendo tiempos y obligaciones mucho más precisas a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y a sus policías investigadoras.

Ha sido reconocido desde hace más de una década por los diferentes relatores y relatoras internacionales que han visitado Ciudad Juárez, que “….Las autoridades no proceden de inmediato a la búsqueda de las jóvenes desaparecidas, ni aceptan que se alegue secuestro para obligarlos a actuar, sino que conminan a las familias a que averigüen y se informen, dejando transcurrir los días sin iniciar una investigación”.

A pesar de las decenas de recomendaciones hechas a nuestro país, aún con la modificación del sistema de justicia penal y con la Sentencia de “Campo Algodonero” que establece la obligación de implementar un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, las autoridades siguen sin actuar con la debida diligencia.

Lo anterior, pese a que el propio Estado mexicano ha reconocido ante los organismos internacionales que entre los factores que convergen en Ciudad Juárez y que influyen en el incremento de la violencia contra las mujeres es la trata de personas con fines de explotación sexual (Informe de México producido por el CEDAW, supra nota 64, folio 1922 e Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, supra nota 64, folio 2011.)

El incremento en las desapariciones de mujeres vinculados al fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual tiene diversos factores: la falta de controles de los giros negros, el incremento de centros nocturnos en la Ciudad, la falta de una política de migración entre México y Estados Unidos ha propiciado también un espacio de ilegalidad que ha facilitado el tráfico de armas, de estupefacientes y de personas, sobre todo niños y mujeres y el incremento de la presencia militar y policiaca en la Ciudad.

Es importante señalar que los abogados de Nuestras Hijas de Regreso a Casa serán los encargados de dar seguimiento a este caso como parte de una estrategia integral que están desarrollando para dar asesoría y acompañamiento jurídico a los familiares de las niñas y mujeres desaparecidas en los años recientes.

Con la llegada del ejército y policía federal desde 2007, las desapariciones se incrementaron un cuatrocientos por ciento, al igual que la prostitución. Ante este incremento inusual las autoridades estatales no han respondido de manera diligente para investigar las desapariciones, por ello, se implementan acciones complementarias desde la sociedad civil para impulsar la investigación, búsqueda y localización de todas las niñas y mujeres desaparecidas en nuestra ciudad.

El colmo: asesinan a Susana Chávez, activista de “Ni una muerta más”

Por Ximena Vega

Susana Chávez, creadora de la campaña “Ni una muerta más”, fue encontrada muerta el jueves pasado por las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta organización exigía a los tres niveles de gobierno el esclarecimiento y el alto inmediato al problema de feminicidio que se sufre en dicha ciudad fronteriza.

Susana Chávez no sólo se une a la lista de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, sino también a la de activistas liquidadas en la entidad, pues apenas el mes pasado Marisela Escobedo fue acribillada frente a la sede del gobierno estatal en la capital del mismo estado. Hasta la fecha este crimen no ha sido esclarecido.

 

Chávez es la primera mujer de la que se tiene registro en ser asesinada en Ciudad Juárez en lo que va del año. Las cifras para este 2011 no parecen ser alentadoras pues tan sólo en 2010 306 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, un récord en la cuenta de feminicidios en dicho municipio.

 

De acuerdo a los familiares de la víctima, las autoridades ya cuentan con tres principales sospechosos, aunque las identidades de estas personas aún no han sido reveladas.

Récord histórico de 446 feminicidios en el Estado de Chihuahua

Difusión Cencos México D.F., 10 de enero de 2011

Boletín de prensa

Justicia para Nuestras Hijas

•Terminó 2010, con récord histórico de 446 feminicidios en el Estado de Chihuahua.

•Cada 20 horas, una mujer fue asesinada en Chihuahua.

“2010 ha sido el año más violento para las mujeres en Chihuahua”, declaró Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas. Cada 20 horas, una mujer fue asesinada en el estado de Chihuahua, durante el año pasado.

La cantidad de homicidios contra mujeres ocurridos en 10 años, de 1993 a 2002 fue de 413, que es menor a los 446 homicidios contra mujeres ocurridos únicamente en 2010.

El municipio de Juárez, continúa siendo el que mayores niveles de violencia presenta, de acuerdo con la información obtenida 306 de los 446 homicidios dolosos cometidos fueron efectuados en este municipio, lo cual representa un 69% de la totalidad de los casos registrados en el Estado de Chihuahua. Por su parte, agosto y octubre fueron los meses más violentos para las mujeres, ya que se registraron 51 y 62 asesinatos respectivamente.

Entre los asesinatos de mujeres del año pasado, Justicia Para Nuestras Hijas recuerda el de Marisela Escobedo, madre de Rubí Frayre e integrante de esta organización. Para Rubí Frayre y Marisela Escobedo, así como para cada una de las mujeres cuyo derecho a la vida les ha sido negado en el estado de Chihuahua y en nuestro país, exigimos justicia.

Justicia para Nuestras Hijas elabora estadísticas periódicas sobre el número de mujeres asesinadas en el estado de Chihuahua, a partir de una revisión hemerográfica y de solicitudes de acceso a la información.

Para mayor información sobre este artículo o sobre la organización, comunicarse a Justicia para Nuestras Hijas A. C:

Teléfono: 614 4 13 33 55

Dirección: Calle Libertad #1916-altos, C. P. 31 000 Col. Centro, Chihuahua, Chih.

Correo: info@justiciaparanuestrashijas.org

Página: http://www.justiciaparanuestrashijas.org/

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Colocan 306 nombres de mujeres asesinadas en el Santa Fe

Activistas sociales acompañadas de unas 30 mujeres pertenecientes a ONG’s, realizaron una caminata que inició en la Plaza de Armas y concluyó en el Puente Santa Fe con la intención de colocar 306 nombres de asesinadas el año pasado en esta ciudad.

Lo anterior, como un reclamo a las autoridades de las tres esferas de gobierno porque no supieron proteger ni han podido hacer justicia hacia ellas, señalaron.

Los nombres de las sacrificadas junto con sus fotografías fueron colocadas en la cruz rosa ubicada en el cruce fronterizo con la intención de que tenga eco internacional, se informó.

Las manifestantes, algunas de ellas madres de las víctimas, se cubrieron la cabeza con mantas blancas y gritaron consignas durante el trayecto.

El nombre de Marisela Escobedo resaltó entre los demás; en honor a la activista social que pedía justicia por su hija y que ahora forma parte de las asesinadas.

Documentan ONG en Chihuahua acciones de red de trata de blancas

Las autoridades “han hecho caso omiso de nuestras denuncias”, acusan

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Ciudad Juárez, Chih., 6 de enero. Este jueves se cumplieron dos años de la desaparición de la adolescente Brenda Berenice Castillo García, y para conmemorarlo, organizaciones no gubernamentales (ONG) se plantaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, y dieron a conocer que desde Juárez funciona una banda internacional de tratantes de blancas que ha secuestrado y desaparecido a 136 jóvenes en tres años, y a alrededor de 560 documentadas de 1993 a la fecha.

En nombre de las más de 10 ONG que participaron en la protesta, Marilú Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que las organizaciones sociales “tienen testimonios y pruebas de que en Juárez opera un grupo fuerte ligado al crimen organizado, que plagia a las jóvenes para llevarlas a casas de citas en ciudades como Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Tijuana; de este último lugar se señala que las jóvenes son cruzadas a Estados Unidos para prostituirlas”.

Dijo contar con testimonios de que “se llevaron de Juárez a la joven Adriana Sarmiento, de 15 años de edad, quien desapareció el 18 de enero de 2008; a Hilda Rivas Campos, de 16 años, desaparecida el 25 de febrero de 2008; a Brenda Ivonne Ponce Sáenz, de 17 años, desaparecida el 22 de julio de 2008”.

Añadió que en similar situación están “Brenda Lizeth Vera Castro, de 16 años, desaparecida el 22 de diciembre de 2008; Brenda Berenice Castillo García, de 17 años de edad, desaparecida el 6 de enero de 2009; Guadalupe Pérez Montes, de 17 años de edad, desaparecida el 31 de enero de 2009, e Idaly Juache Laguna, de 19 años de edad, desaparecida el 23 de febrero de 2010”.

Lo grave, afirmó Andrade, es que las autoridades encargadas de investigar este tipo de casos no aceptan denuncias formales por trata de blancas o privación de la libertad; solamente quejas por extravío, “lo que no implica que haya la obligación de integrar un expediente e investigar”.

Según Andrade, “gracias a la información que han recolectado a lo largo de estos años en cuanto a las desapariciones de jovencitas, hemos descubierto una red de trata de blancas en la ciudad; sin embargo, las autoridades investigadoras de la Fiscalía General de Justicia del Estado han hecho caso omiso de nuestras denuncias”.

Añadió que los tratantes de blancas que operan en Juárez tienen sus centros de operaciones “en varios bares de la zona centro, uno de ellos es el billar Bola 8, en el cual mantienen a las jóvenes contra su voluntad, aparentemente drogándolas por la fuerza, hasta que pueden ser trasladadas a otro lugar de la República para prostituirlas, lo cual fue dado a conocer por personas que conocen a los criminales”.

Andrade dijo que “igual sucede con una panadería de nombre Pineda, ubicada sobre la calle 16 de Septiembre, que es otro lugar en donde se presenta el caso de trata de blancas, pues tres de las jóvenes desaparecidas fueron levantadas cuando salían del lugar luego de haber ido a solicitar empleo, lo cual han señalado testigos que vieron el momento en que las jóvenes eran privadas de su libertad”.

Boletín Informativo

Familiares de niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, hacemos una atenta invitación a organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad en general a que se sumen a la primera actividad del 2011 que realizaremos con motivo de las continuas desapariciones de mujeres en nuestra ciudad, ya que a la fecha:

Siguen reportándose casos de desapariciones de niñas y mujeres.

No ha habido justicia para muchos de los casos que se han venido documentando desde 1997 a la fecha.

Se han dado una serie de atropellos por parte de las autoridades a los derechos humanos de las victimas y sus familias, así como diversas irregularidades en la escasa investigación de los casos.

No hay castigo para la negligencia de autoridades estatales y ex funcionarios que se mofan de la posibilidad de ser castigados pues aseguran que sus casos ya prescribieron.

Nuestras Demandas:

Vivas se las llevaron Vivan las queremos, Exigimos que los tres niveles de Gobierno coadyuven en la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas y que se realicen acciones para prevenir nuevas desapariciones.

• Demandamos tener reuniones semestrales con el Presidente de la República.

• Demandamos tener reuniones mensuales con el Gobernador.

• Demandamos tener reuniones quincenales con el Fiscal de la Zona Norte.

• Demandamos tener reuniones quincenales con el Titular de la Unidad de Especializada para la Búsqueda de Personas Ausentes y/o extraviadas.

ACOMPÁÑENOS EN ESTA ACCIÓN!!

Lugar: Exterior de las instalaciones de la Fiscalía de la Zona Norte, ubicada en Eje Vial Juan Gabriel, a un costado de las oficinas de Gobierno del Estado.

Fecha: jueves 6 de enero del 2011.

Hora: 11:00 de la mañaña

 

Atentamente

familiares de jóvenes desaparecidas

Nuestras Hijas de Regreso a Casa A. C.

Los grandes pendientes de inicio de año

Cada 24 horas matan a una mujer en Chihuahua

 

Por Anayeli García Martínez

México, D.F, 3 ene 11 (CIMAC).- En los últimos 12 meses, la violencia contra las mujeres en México llegó a cifras sin precedentes, tan sólo en Chihuahua cada 24 horas fue asesinada una mujer.

Según información del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados, de los cuales 890 fueron definidos como feminicidio.

El asesinato de las defensoras de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz, el 16 de diciembre; y Josefina Reyes, el 3 de enero, reflejan el dato. Pese a ello, las organizaciones señalan que el feminicidio es invisibilizado por el combate al crimen organizado.

El 2010 comenzó con una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de tres, de ocho, jóvenes encontradas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, fallo que aún no se ha cumplido.

Sin agenda de Derechos Humanos

En octubre pasado, la CoIDH volvió a condenar al Estado mexicano, esta vez por su responsabilidad en la violación sexual ejercida por militares contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo.

De acuerdo con Abel Barrera, director de Tlachinollan, una de los peticionarios del caso ante el sistema interamericano, con esta resolución se debe reformar el sistema de justicia militar para que delitos como estos sean investigados por el fuero civil y se garantice el pleno acceso a la justicia.

Agniezka Raczynska, de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, considera que estas sentencias, junto con la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, son importantes pero persiste la falta de una agenda en la materia.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de septiembre de 2009 a octubre de 2010, se documentaron 37 presuntas agresiones en contra de activistas.

Pendientes en salud

El año se inicia con la prevalencia de la Muerte Materna y la limitación del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente al aborto seguro y legal.

Raffaela Schiavon, directora de Ipas, México opinó que la reforma constitucional, promovida por el PRI y el PAN en Tamaulipas que criminaliza el aborto, representa “un grave retroceso” para el acceso a la salud de las mujeres.

Con esta reforma, suman 18 los estados que penalizan la interrupción del embarazo, por lo que las mujeres organizadas en torno al derecho a decidir temen que otra “oleada” de modificaciones similares en Aguascalientes, Veracruz y el Estado de México.

La muerte materna es otra preocupación, ya que pese a las acciones anunciadas por el gobierno federal para disminuirla, el número de mexicanas que pierden la vida por padecimientos vinculados al embarazo, parto o puerperio aumentó de 55.6 a 62.8 por cada 100 mil mujeres, de 2007 a 2009.

En 2010 se modificó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM-041) para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, que retardó 10 años la edad mínima para que las mujeres se realicen por primera vez una mastografía.

En opinión de Miriam Ruiz, de la “Iniciativa Global Komen, para la concientización sobre el cáncer de mama en México”, que la edad sea a los 50 años, “es un desatino de las autoridades que aumentará potencialmente la muerte de mexicanas por esta enfermedad”.

Pese a que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 registró un aumento en los recursos destinados a la salud sexual y reproductiva, e igualdad de género en salud de 692 millones de pesos (mdp), a mil 549 mdp, no se realizaron modificaciones a los instrumentos de rendición de cuentas.

Daniela Díaz, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, aseguró que no tomar en cuenta este tema, representa una “oportunidad perdida”, porque se mantiene “la posibilidad del uso discrecional de los recursos, con una mínima obligación de los estados para rendir cuentas”.

Desigualdad laboral

La mayoría de las 16.8 millones de mexicanas trabaja sin el acceso a derechos mínimos como la seguridad social y la organización sindical, aún las que se ocupan en el mercado formal.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del tercer trimestre de 2010, el número de personas en la economía informal aumentó en 74 mil personas respecto al año anterior, pues se situó en 12.4 millones de trabajadoras y trabajadores, el 28 por ciento del total de la población ocupada.

Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la UNAM, señala con base en datos oficiales, que 61.2 por ciento de los empleos en México carecen de protección social, alrededor de 26 millones de trabajadoras y trabajadores no tiene acceso a este derecho, establecido en la legislación nacional y tratados internacionales.

De acuerdo con Ramírez López, en el año que comienza, las trabajadoras tienen menores oportunidades de capacitación para un mejor trabajo y disponen de menor tiempo para laborar jornadas completas.

10/AGM/LR/RMB

Calderón develará en Juárez monumento al feminicidio

Gloria Leticia Díaz

MEXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- El presidente Felipe Calderón se “comprometió” a ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, a develar un monumento en memoria de cientos de mujeres asesinadas en esa ciudad fronteriza, y ofrecerá una “disculpa pública” a los familiares de las víctimas que demandaron a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), reveló David Peña, representante de las víctimas.

Integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Peña informó, en entrevista, que de acuerdo con negociaciones con el gobierno de Calderón, “existe el compromiso de que el próximo 8 de marzo acuda él o, en su defecto, el secretario de Gobernación Francisco Blake, a develar el memorial de los feminicidios en el área que se conoce como Campo Algodonero”.

En noviembre de 2001 se localizaron en ese lugar ocho cuerpos de mujeres jóvenes que habían sido secuestradas. Sólo en tres de esos casos, los de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, los familiares llevaron hasta las últimas consecuencias las denuncias para el esclarecimiento. Las presentaron primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que terminó demandando a México en 2008 ante la CoIDH, debido al incumplimiento de recomendaciones para investigar los crímenes.

El 10 de diciembre de 2009, finalmente la CoIDH dio a conocer la sentencia, en la que encontró al Estado mexicano responsable de violar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal; de incumplir con su deber de investigar los crímenes contra las tres jóvenes de Ciudad Juárez en perjuicio también de sus familiares, así como de violar el derecho de no discriminación.

Peña dijo que, luego de “largas y tediosas sesiones de negociaciones para el cumplimiento de la sentencia, el gobierno federal nos hizo un ofrecimiento de develar el memorial el 10 de diciembre, sólo con los nombres de las tres jóvenes que aparecieron en la sentencia, en un evento al que asistiría el subsecretario de Gobernación, Luis Felipe Zamora, y la secretaria General de Gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz”.

En representación de los familiares de las víctimas, agregó, “Michelle Salas y yo, mi compañera en el litigio, rechazamos rotundamente participar en un evento tan mediocre que lo que pretende es restarle importancia a una sentencia internacional”.

Después, dijo, el gobierno de Calderón ofreció agendar el evento de “disculpa pública” y la inauguración del monumento el 8 de marzo de 2011. “Hasta ahora logramos que se incluyeran los más de mil nombres de mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez desde 1993, en apego a la sentencia que es una condena a la violencia contra las mujeres”.

Tras destacar que dos días antes de que se venciera el plazo para notificar a la Corte sobre el avance de la sentencia, el gobierno federal cubrió las reparaciones del daños a las tres familias de las víctimas, Peña señaló que el tribunal interamericano aún no les ha reenviado el informe de avances enviado por el gobierno de Calderón el 10 de diciembre.

“Sabemos que se envió el documento en tiempo y forma. Esperamos que en enero se nos reenvíe a nosotros para que fijemos nuestra posición sobre el mismo. Por lo pronto no hay avances en las investigaciones de los crímenes ni se ha castigado a los funcionarios responsables de las fallas en las investigaciones, ni tampoco se han indagado sobre las amenazas que recibieron las familias al exigir justicia”, dijo.

Del resto de los puntos que tendría que cumplir el gobierno de Calderón, apuntó el abogado, “no tenemos mucha información, pero suponemos que de haber existido previamente a la fecha de notificación de la Corte, el mismo gobierno ya lo hubiera cacareado”.

La sentencia obliga al Estado mexicano también a estandarizar “manuales, protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violación sexual y homicidios de mujeres”, así como adecuar el Protocolo Alba, para realizar búsquedas de oficio por desapariciones de mujeres y niñas; destinar recursos materiales, humanos, económicos, científicos y logísticos necesarios, en un plazo de seis meses, para crear una base de datos de mujeres y niñas desaparecidas. (Proceso 1728).

En noviembre pasado, un grupo de litigantes feministas llegó a México como parte de la Misión Internacional Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana, y manifestó su preocupación por los pobres avances en el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH y en el nulo interés por hacer justicia.

Después de varias reuniones con funcionarios, la vocera del grupo, Victoria de Pablo, integrante de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía española, contó detalles de la última reunión que sostuvieron con el subsecretario Luis Felipe Zamora.

Luego de escuchar un discurso en el que se comprometía al cumplimiento de la sentencia, las litigantes le aclararon que “por encima de indemnizaciones, del memorial, de las placas o de los monolitos, las familias de las víctimas lo que quieren es justicia, lo que implica la investigación de los hechos: quieren saber por qué y quién asesinó a sus hijas. Él (Zamora) dijo que lo entendía, pero que no era de su competencia (Proceso 1776).

Registra Juárez en 2010 la cifra más alta de feminicidios en 18 años

Se perpetraron 306 homicidios de mujeres en esa ciudad el año pasado, indican organismos


En 24 meses, 469 ultimadas en el estado, más de la mitad que en casi dos décadas, señalan

Entre los casos de feminicidios en Chihuahua se encuentran los asesinatos de las activistas Judith Reyes y Marisela Escobedo. En la imagen, protesta contra los homicidios de mujeres en Ciudad JuárezFoto La Jornada

Rubén Villalpando y Gustavo Castillo
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada

Con un saldo de 306 mujeres asesinadas durante 2010, Ciudad Juárez registró el mayor número de feminicidios de los últimos 18 años, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y de la Fiscalía General del estado de Chihuahua.

En conjunto, en 2009 y 2010 se registraron en esa ciudad fronteriza 469 feminicidios, más del 50 por ciento de todos los cometidos en los anteriores 16 años.

La cifra de 306 homicidios de mujeres en un solo año no tenía registró en esta frontera, marcada por los feminicidios, entre 1993 y 2007, cuando se cometieron 427 casos, de los cuales aproximadamente 200 siguen sin ser aclarados y 52 cuerpos aún no han sido identificados.

En todo Chihuahua, la cifra de homicidios de mujeres rebasó los 400 casos durante 2010, y la mayoría de ellos son atribuidos a las bandas que disputan el control de la ciudad y del estado para traficar drogas.

Este año, la Fiscalía General del Estado, zona norte, informó de 306 homicidios de mujeres en la región que incluye el valle de Juárez, de los que 25 son investigados por la unidad especializada y el resto por la unidad de homicidios, que se encarga de integrar todos los expedientes.

Entre las víctimas se encuentran niñas, ancianas, agentes policiacas, una empleada consular y una subprocuradora, así como regidoras y empleadas de maquilas, amas de casa, bailarinas, cantineras o sexoservidoras, de casi todo tipo de actividades.

Algunas de las víctimas de la violencia son la luchadora social Judith Reyes, a la que mataron en enero de 2010, así como Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre en la capital del estado.

El conteo de homicidios de mujeres, de acuerdo con las cifras que proporciona la Fiscalía General del Estado mediante lo que llaman Protocolos de Comunicación, permiten establecer que fueron 306 feminicidios los registrados en 2010.

El pasado 25 de noviembre, en entrevista con este medio, la activista Marisela Escobedo alertó sobre el alto índice de homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez. La luchadora social fue ejecutada el 16 de diciembre de 2010 afuera de palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua, donde mantenía un plantón en demanda de justicia por el homicidio de su hija de 16 años, Rubí Marisol, a la que su pareja mató dos años antes.

Marisela Escobedo expresó en ese momento “que se habían registrado alrededor de 90 mujeres desaparecidas en los últimos tres años en Ciudad Juárez, una de ellas, la estudiante Mónica Janeth Alanís de 19 años, que desapareció al salir de las instalaciones de la universidad.”

Sobre el alto índice de homicidios en Juárez, Marisela Escobedo expresó que “existen problemas para que la ciudadanía reconozca que muchos casos de las mujeres que aparecen tiradas, semidesnudas y con impactos de arma de fuego son feminicidios.”

El año 2010 fue el más violento para las mujeres en Ciudad Juárez con 306 crímenes, y el peor mes fue octubre pasado cuando se reportaron 50 homicidios de personas del género femenino.

Aparte de los casos de homicidios, existe un registro de al menos 90 mujeres jóvenes desaparecidas, la mayoría de ellas trabajadoras y estudiantes que salieron de su casa en camión y nunca se volvieron a ver.

Los registros de la PGR, la Comisión para Juárez y la Conavim, refieren que en 1993, fueron asesinadas 18 mujeres; en 1994, 19; en 1995, 36; en 1996, 37; en 1998, 36; en 1999, 18; en 2000, 31; en 2001, 37; en 2002, 36, 2003, 28; 2004, 19; 2005, 32; 2006; 23; 2007, 23; 2008, 87; 2009, 163.

Incumple México orden de la CIDH sobre caso Campo Algodonero: ONG

Sólo se ha colocado la primera piedra de un monumento a las víctimas; la obra, parada


El organismo señaló que debe castigarse a funcionarios judiciales por negligencia, indemnizar a familiares, abrir página de Internet para dar seguimiento a casos similares y revisar protocolo

Una de las ofrendas florales depositadas en el acto efectuado el 10 de diciembre para demandar que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Campo Algodonero, donde en noviembre de 2001 fueron hallados ocho cuerpos de mujeres asesinadas-Foto Rubén Villalpando

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Ciudad Juárez, Chih., 26 de diciembre. Autoridades investigadoras federales y estatales no han avanzado para cumplir la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 10 de diciembre de 2009 sobre los asesinatos de mujeres perpetrados en el paraje Campo Algodonero de esta localidad, y ni siquiera han concluido las investigaciones sobre el hallazgo de ocho cuerpos, los días 8 y 9 de noviembre de 2001, aseguraron las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Comisión para la Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y Justicia para Nuestras Hijas.

La CIDH ordenó a los gobiernos federal y estatal construir un monumento en memoria de las víctimas, investigar sus asesinatos y castigar a los responsables, así como a las autoridades que han sido omisas en la indagatoria, indemnizar a familiares de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como abrir y mantener una página de Internet sobre desapariciones de mujeres desaparecidas, así como revisar el Protocolo Alba, que obliga a investigar casos similares. La resolución deberá cumplirse antes del 20 de diciembre de 2012.

En un documento entregado a La Jornada por Emilia González Tercero, afiliada a la Cosyddhac, se recuerda que, además de Esmeralda Herrera, de 15 años de edad, desaparecida el 29 de octubre de 2001; Claudia Ivette González, de 20 años, desaparecida el 10 de octubre de 2001, y de Laura Berenice Ramos, de 17 años de edad, vista por última vez el 21 de septiembre de 2001, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) , hoy denominada Fiscalía General del Estado, “dio otros nombres” de víctimas del Campo Algodonero.

La PGJE sostuvo que los otros cinco cuerpos eran de Guadalupe Luna de la Rosa, de 19 años de edad, con reporte de desaparición del 30 de septiembre de 2000; María de los Ángeles Acosta Ramírez, de 19 años, ausente desde el 25 de abril de 2001; Mayra Juliana Reyes, de 17 años, desaparecida en junio de 2001; Verónica Martínez Hernández, de 18 años, a quien se vio viva por última vez el 19 de octubre de 2000, y Bárbara Araceli Martínez, de 20, con reporte de desaparición del 26 de diciembre de 2000.

El pasado 10 de diciembre, Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como Laura Carrera Lugo, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, colocaron la primera piedra de un mausoleo para las víctimas en el Campo Algodonero. Dieciséis días después, no se han iniciado los trabajos para cumplir esta disposición de la CIDH.

El 17 de junio de 2007 familiares de las mujeres halladas en el Campo Algodonero denunciaron a 25 funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia estatal y a dos jueces penales por negligencia en las indagatorias.

Hasta la fecha se ha detenido a nueve personas por los asesinatos, pero siete han sido declaradas inocentes, entre ellos Gustavo González, alias La Foca, quien murió en prisión en circunstancias no aclaradas, y Víctor García Uribe, El Cerillo, liberado hace dos años.

También fueron detenidos y arraigados en abril de 2003 Miguel Ángel Vázquez Villegas, Hernando Valles Contreras, Fidel Pérez Bernardina y Javier García Chihuahua, alias El Canario, sospechosos de matar mujeres para extraerles órganos. Todos salieron libres 90 días después.

Édgar Álvarez Cruz estuvo implicado en feminicidios junto con Alejandro Delgado Valles, alias El Cala, por Francisco Granados de la Paz, quien hace tres años confesó ante autoridades de Estados Unidos que participó en al menos 17 homicidios, entre ellos los ocho del Campo Algodonero.

Pese a estas acusaciones, el año pasado el juez octavo de lo penal, Armando Jiménez Santoyo, declaró inocente a El Cala.

Sólo continúan en prisión Édgar Álvarez y Francisco Granados, éste en Estados Unidos, por delitos contra la salud y por violar leyes migratorias.

Ha habido cuatro muertes relacionadas con este caso. Uno de los fallecidos es el egipcio naturalizado estadunidense Abdel Latif Sharif, alias El Egipcio, quien fue el primer condenado por los feminicidios de Juárez, como presunto autor intelectual. Se le detuvo en 1995, fue sentenciado a 30 años de prisión y murió en 2006.

En 2002 falleció en prisión Gustavo González, La Foca, en una cirugía de hernia. Su abogado, Mario Escobedo Anaya, fue asesinado en 2002, presuntamente confundido con un narcotraficante. Sergio Dante Almaraz fue ultimado en 2005. Éste afirmó que los ocho cuerpos del Campo Algodonero estuvieron congelados antes de que los tiraran en el paraje.