BASTA DE AGRESIONES A DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Resulta deplorable que el estado de Chihuahua demuestre nuevamente la inexistencia de garantías de protección para las mujeres víctimas de violencia y defensoras de derechos humanos. Ante la impunidad que afecta gravemente a las víctimas de feminicidio y sus familiares, el pasado viernes 2 de diciembre Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y madre de Lilia Alejandra García Andrade, víctima del feminicidio, fue gravemente herida en un ataque directo contra su persona.

A dos años de la Sentencia de Campo Algodonero -que condena al Estado mexicano por la desaparición y muerte de tres mujeres adolescentes en Ciudad Juárez- y a un año del asesinato de Marisela Escobedo -defensora de los derechos humanos que dedicó su vida a buscar justicia para su hija Rubí Marisol-,el cual aún sigue impune, es indignante que continúen los altos índices de feminicidios (323 de enero a noviembre de 2011), de mujeres desaparecidas (294 casos de enero a mayo de 2011) y de agresiones a defensoras de derechos humanos en Chihuahua.

Ante el preocupante incremento de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos y sus familiares, y ante la incapacidad de los gobiernos federal y estales para impartir justicia y proteger a quienes trabajan contra la impunidad, se han emitido diversas recomendaciones exigiendo al Estado mexicano el diseño e implementación de mecanismos efectivos de protección para defensores y defensoras, las cuales a la fecha no han dado los resultados esperados.

Exigimos de nueva cuenta que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de proporcionar protección a quienes realizan esta labor, y que ponga fin a la impunidad que rodea los casos de agresiones y hostigamientos a defensores y defensoras en nuestro país. Las organizaciones firmantes responsabilizamos al estado de Chihuahua de estos hechos y de cualquier otro que ocurra en contra de Norma Andrade, María Luisa Andrade o cualquiera de sus familiares.

Asimismo exigimos de manera inmediata:

1. Un pronunciamiento público por parte del gobernador de Chihuahua condenando estos hechos.

2. Que el estado de Chihuahua realice las investigaciones correspondientes para localizar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del atentado en contra de Norma Andrade y evite realizar declaraciones que desestimen el caso y desvíen la investigación.

3. Al gobierno de la República Mexicana, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chihuahua la puntual atención a las medidas cautelares que no han sido garantizadas para Norma Andrade, para su hija María Luisa Andrade y para toda su familia.

4. Que el Estado mexicano celebre una reunión urgente en Chihuahua con las y los defensores de derechos humanos que cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar su cumplimiento.

5. Que el Estado mexicano diseñe e implemente mecanismos efectivos de protección para defensores y defensoras.

OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO, conformado por 49 organizaciones en 19 estados de la República

RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS Y TODAS”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República

Responsable de la publicación: María de la Luz Estrada

Matan en 1 año a 11 activistas

¿Imperio de la ley...?

Cuestiona ONU condiciones de vulnerabilidad de los defensores
Reforma
Ciudad de México (9 diciembre 2011).- En el último año, de diciembre 2010 a diciembre 2011, al menos 11 activistas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en México.
Las muertes de estos defensores, cuya lucha estuvo dirigida a exigir a las autoridades federales y locales justicia por los feminicidios, el fin de los abusos en la lucha contra la delincuencia organizada o la localización de desaparecidos, así como proteger los derechos ambientales, indígenas y de las minorías sexuales, permanecen impunes.
Como en el caso de Marisela Escobedo, quien fue asesinada la noche del 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde tenía montado un campamento de protesta para exigir justicia por la muerte de su hija Rubí. Hasta ahora, no han sido detenidos los autores materiales e intelectuales del homicidio.
De acuerdo con el Informe Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos que presentó la CNDH en julio de este año, 27 activistas fueron asesinados por grupos delictivos y autoridades entre 2005 y 2011. En ese lapso se registraron 523 quejas por agresiones a defensores.
Según grupos de la sociedad civil, 63 activistas y defensores han sido asesinados desde que inició la administración de Felipe Calderón. La cifra varía debido a que las organizaciones de la sociedad civil reivindican personajes que los organismos oficiales no reconocen.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que los activistas se encuentran desprotegidos en México y que ante esa ausencia de los Gobiernos se debe buscar mecanismos propios de protección.
"Hay una ineficiencia gubernamental, hay falta de medidas y complicidad entre autoridades y grupos delictivos. Esto lo debemos seguir señalando, denunciando", dijo.
"Sin embargo, en la práctica la realidad y desprotección nos exige tener un análisis mayor de cómo estamos realizando nuestro labor. Es cierto que la violencia a quienes estamos en las organizaciones nos ha tomado por sorpresa, entonces necesitamos plantear nuestra labor en medio de este contexto. Tener propuestas más claras".
Para Clara Jusidman, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la falta de seguridad gubernamental, aún cuando existen alertas sobre el riesgo que viven los activistas, es motivo de sospecha.
"Debemos hacer revisión de acciones del Movimiento por pérdida de credibilidad y confianza en procesos de denuncia (...). Estamos seriamente preocupados por el grado de corrupción, de impunidad", sostuvo.
En un informe publicado en 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la labor de los defensores resulta incómoda para grupos de poder, ya sea particulares, integrantes del crimen organizado o funcionarios públicos.
En 2010, en la actualización del documento "Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo", encontró que pese a la coincidencia de la necesidad de generar mecanismos de protección, las condiciones de desprotección, vulnerabilidad e impunidad no habían mejorado.
En los informes, la ONU alertó que alrededor de los activistas hay prejuicios y tanto Gobierno como sociedad no reconocen su labor, la cual colabora al fortalecimiento de la democracia, al combate de la impunidad, a la protección de los derechos de las víctimas, a generar espacios de diálogo, a la rendición de cuentas y a dar voz a quienes no la tienen.
Por otra parte, la ONU-DH condenó el homicidio del líder comunero Trinidad de la Cruz, en Michoacán, y la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, en Guerrero, los tres integrantes del Movimiento por la Paz.
En un comunicado, exhortó a las autoridades a impulsar investigaciones serias en ambos casos y a incorporar en la estrategia de seguridad la protección de las y los defensores de derechos humanos.

"LatinoAmericando" - Gustavo Claros

08 dicembre 2011 "Nuestras Hijas de Regreso a Casa" è un'organizzazione di donne che hanno perso le loro figlie a Ciudad Juarez e sono vittime della violenza. La presidente ci racconta la sua storia dagli USA, dove è esiliata per minacce di morte.

Entrevista con Marisela Ortiz

Intento de homicidio contra la Sra. Norma Andrade - MEX 008 / 1211 / OBS 134

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con muy grave preocupación información de fuentes fiables sobre el intento de homicidio en Ciudad Juárez en contra de la Sra. Norma Andrade, cofundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, dedicada a apoyar a las madres de las jóvenes y niñas asesinadas en Ciudad Juárez, y madre de Lilia Alejandra, asesinada en 2001.

De acuerdo con la información recibida, el 2 de diciembre de 2011, la Sra. Norma Andrade fue balaceada por un grupo de personas desconocidas en Ciudad Juárez.

En este momento se encuentra hospitalizada, al parecer en una condición estable. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua abrió una investigación, pero los responsables del ataque todavía no han sido identificados.

El Observatorio manifiesta su profundo rechazo por este intento de asesinato, y su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en México, en particular por la Sra. Norma Andrade y sus familiares.

El Observatorio urge a las autoridades mexicanas a realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley, al tiempo de proporcionar protección para Norma y sus familiares.

De manera general, el Observatorio insta a las autoridades mexicanas a tomar todas las medidas apropiadas para poner fin a los actos de hostigamiento y agresiones en contra de las organizaciones y las personas que promueven y defienden los derechos humanos en México, así como a garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica.


Acción solicitada:

Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Norma Andrade, de sus familiares, de los demás integrantes de la organización "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", y de todos los defensores de derechos humanos mexicanos;

ii. Realizar una investigación independiente e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento contra la Sra. Norma Andrade, de sus familiares, de los demás integrantes de la organización "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", y de todos los defensores de derechos humanos mexicanos;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección [...] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (Art. 12.2);

v. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.

Direcciones:

· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 5552772376; + 52 5527891113. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

· Licenciado Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 55 5093 3414 / 50933400 E-mail: secretario@segob.gob.mx

· Lic. Omeheira López Reyna, Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos SEGOB. Tel: +52 5551280000 Ext: 11875 o +52 5557287400 Email : romeheira@segob.gob.mx

· Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fax: + 52 0155 36 68 07 67 E-mail: correo@cndh.org.mx

· Licenciada Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la República. Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc México D.F., C.P. 06500, México. Teléfono: +52 55 53 46 01 60. Fax: +52 55 53 46 09 08. E-mail: ofproc@pgr.gob.mx

· Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua, Palacio de Gobierno, 1er piso, C. Aldama #901, Col. Centro, Chihuahua, Estado de Chihuahua, C.P. 31000, México. Fax: +52 614 429 3300, extensión 11066. Email: despachodelejecutivo@hotmail.com

· Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, Av. Zarco #2427 Col. Zarco, Cp. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México. E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

· Sr. Embajador Juan José Gómez Camacho, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 15 chemin Louis-Dunant. 1202, Ginebra, Suiza. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

BOLETIN INFORMATIVO 2 (SEGUIMIENTO AL ATAQUE A LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS NORMA ANDRADE, CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO)

BOLETIN INFORMATIVO 2

(SEGUIMIENTO AL ATAQUE A LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS NORMA ANDRADE, CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO)

• Dan de alta del hospital a Norma Andrade no por motivos de salud sino por motivos de “seguridad”

• Aparece manta con amenazas a la familia Andrade en la escuela donde labora Norma Andrade y señalan a más personas en riesgo.

• Urgimos la coordinación de los gobiernos federal y estatal para garantizar la seguridad de Norma Andrade y su familia y para asegurar su recuperación de salud.

El día 6 de diciembre por la tarde, de manera sorpresiva, el hospital donde era atendida nuestra compañera Norma Andrade decidió darla de alta y solicitarle que se retirara del hospital lo más pronto posible, a pesar de que su estancia se había previsto cuando menos para 2 días más, decidimos atender la petición del hospital y retirar a Norma a otro lugar para continuar con su rehabilitación.

Ante esta “alta repentina”, se indagó en el hospital sobre los motivos de la misma y de manera extraoficial se nos comunicó que ésta se realizó por motivos de seguridad y no por motivos de salud, pues durante el día lunes se habían recibido varias llamadas telefónicas al nosocomio amenazando a médicos y al personal diciendo que si “no daban de alta a la pinche vieja esa de Norma” iban a seguir a los médicos y enfermeras “para que entiendan”, por lo que la directiva del hospital decidió acelerar su alta para salvaguardar la integridad de su personal, exponiendo las condiciones de salud de Norma Andrade.

 

 

Mientras estos hechos se daban, en la madrugada del día 7 de diciembre apareció a las afueras de la escuela primaria donde Norma Andrade es maestra, una manta cuyo texto hace referencia al ataque sufrido por la defensora y amenazando de nueva cuenta a Malú Andrade, además de señalar que el atentado sólo se trató de “una advertencia” y mencionando nombres de otras personas que también se encuentran en riesgo. Lamentablemente no hemos podido conocer de manera directa y oficial el contenido de dicha manta, la información que tenemos es por testigos de los hechos, pues minutos después de haber sido colocada la manta, policías municipales de la unidad 520 (según información de los testigos) llegó al lugar y la retiro.

 

 

Durante estas últimas horas se han sostenidos reuniones con la Fiscalía del Estado para solicitarle que requiera dicha manta a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sin que se haya obtenido una respuesta favorable, pues los municipales dicen que “esa unidad no existe, sólo existe la unidad 1520, pero tampoco tiene nada que informar”, nos preocupa que el contenido de información de ese mensaje no sea investigado ni integrado a las indagatorias oficiales que se desarrollan por los hechos del pasado viernes y que se pretenda “ocultar” o “desaparecer” obstaculizando dichas indagatorias.

 

 

Ante estos incidentes de seguridad graves, y ante el nivel de exposición y riesgo en el que se encuentra la familia Andrade incluyendo a nuestra compañera Malú, exigimos a las autoridades estatales y federales el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados, que se garantice en todo momento la seguridad, integridad y vida de la Norma y toda su familia, que se garantice su atención médica y su recuperación, que se asegure la protección en cualquier traslado o reubicación que se pueda efectuar en los próximos días y que apresure las investigaciones en torno a estos hechos para deslindar responsabilidades y sancionar a los perpetradores lo más pronto posible.

 

 

El nivel de riesgo y de amenaza que pende sobre nuestras compañeras Norma y Malú y sobre sus familias nos obliga a hacer públicos estos hechos, utilizando este boletín como un medio para denunciar la situación prevaleciente y como un medio también para que las organizaciones nacionales e internacionales solidarias sumen su voz a nuestras demandas y exijan al Estado Mexicano su intervención diligente y efectiva.

Para mayor información contactar a:

Adazahira Chávez, área de prensa de NHRC al celular (044) 55-34060545

correo electrónico: adazahira(arroba)yahoo.com.mx

México: Extorsión y amenazas de muerte a madres de Juárez por filtrar información

Una amenaza de muerte circula entre las madres de Ciudad Juárez, desde marzo de 2011. La fecha en que empezaría a cumplirse sería a partir de finales de noviembre de este mismo año, pero quienes recibieron la advertencia entonces, no creían que pudieran atreverse a cumplirla. El rumor ha salido a la luz pública, para Los Ángeles Press, a raíz del atentado de Norma Andrade, madre de víctima de feminicidio, y por la reciente investigación publicada por nuestro medio sobre los cuerpos retenidos en la morgue local.

La Fiscalía del Estado de Chihuahua se vio obligada a entregar los restos de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida y asesinada en 2008, a su madre Ernestina Enríquez, quien se enteró por las redes sociales al leer el post de nuestro trabajo, y pudo reclamar los restos de su hija. Las autoridades tenían retenido el cadáver en la morgue, según una funcionaria de la fiscalía, desde el 5 de noviembre de 2009, sin dar más explicaciones a Ernestina.

La amenaza que ha circulado entre las madres de las víctimas, y que hasta ahora habían guardado silencio por incredulidad, decía que se irían contra cada una de ellas porque han estado “filtrando información” y exigiendo a las autoridades que realicen las investigaciones sobre los crímenes contra sus hijas. En los casos de desapariciones y asesinatos, en los que podrían estar vinculados directamente funcionarios y policías locales y federales, dice una fuente confidencial a Los Ángeles Press, “hay testigos de personajes públicos que se disfrazan, tienen doble vida y aparentan ser muy humildes. Andan por el centro de la ciudad, precisamente donde han desaparecido algunas jóvenes”.

Las madres han sido víctimas también de extorsiones. Uno de los casos fue el de Norma Laguna, madre de Idalí Juache, desaparecida el 23 de febrero de 2010 a la edad de 19 años. A Norma le llamaron por teléfono a principios de este año y dijeron que “el que se robaba a las mujeres por el centro de la ciudad pedía 15 mil pesos por soltar a su hija”. La madre tomó con seriedad conseguir el rescate, pese a su precaria situación económica, porque le dieron un dato clave de Idalí: “estaba enferma”. Su hija había sido intervenida quirúrgicamente poco antes del secuestro y se encontraba delicada de salud. El extorsionador le había dicho que su hija “estaba enferma, muy enferma” y que si no daban el dinero la iban a matar. Pedían el dinero dentro de una bolsa de papel y que lo dejara en el bote de basura de la catedral, pero que no hablaran a la policía porque ahí terminaría la vida de Idalí. La policía municipal intervino en la operación, sin saber claramente cómo fue el contacto, detuvieron a tres individuos por extorsión y uno de ellos quedó en libertad. A la madre se le regresó el dinero que le habían ayudado a conseguir para pagar el rescate, pero su hija aún está desaparecida.

El atentado contra la activista Norma Andrade, el pasado 2 de diciembre, “tiene que ver con estas amenazas de muerte. Ya empezaron a cumplirlas”, afirma la voz confidente. Los medios y las autoridades, “se aburren de escuchar a las madres. Está tan trillada la información, como si se tratara de una moda y no de vidas humanas”, explica. “Las autoridades periciales como la Unidad de desaparecidas actúan con dolo al omitir información tan relevante para las madres de Juárez, más aún cuando ya han aceptado que tienen más cuerpos en la morgue sin identificar”.

La información a la que se refiere esta voz es la retención de quince cuerpos de mujeres en la morgue de Ciudad Juárez, que dimos a conocer el pasado 30 de noviembre de 2011, y que aún no han sido identificados y notificados a sus familiares. La existencia de estos quince cadáveres ha sido confirmada ante testigos por la funcionaria Dilcia García, de la Comisión Nacional para erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, aunque la institución no respondió sobre la siguiente acción para que las autoridades entreguen los restos de sus hijas a sus madres.

Las amenazas cumplidas

Cuando han denunciado, son agredidas mortalmente, como en el caso de Susana Chávez, autora de la frase Ni una más, con la que se fortaleció la campaña contra los feminicidios en la localidad y se tomó como bandera de los grupos de derechos humanos nacionales. Fue asesinada en febrero de 2011, y ya había recibido amenazas de muerte por su activismo. Otra de las amenazas cumplidas fue la de Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero de 2010. Josefina denunciaba constantemente los abusos de militares y los responsabilizaba de la desaparición de uno de sus hijos, según las declaraciones en entrevista exclusiva de su hermana Marisela Reyes. Después de este asesinato, siguieron cuatro crímenes más contra la familia que seguía denunciando, y aún se encuentra desaparecida una de sus familiares, Isabel Hernández Lara.

El caso más dramático, porque revela la complicidad de las autoridades en sus altas jerarquías, es el de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010. Marisela no descansó hasta llevar a los tribunales al asesino de su hija. Una hazaña insólita. Sin embargo, en juicio oral, el asesino de su hija confesó ante cámaras su responsabilidad, y los tres jueces responsables del caso, lo absuelven del crimen. Escobedo, destrozada e impotente ante esta complicidad judicial, decide plantarse ante las oficinas de gobierno municipal para exigir justicia. Y fue asesinada a balazos, crimen grabado por las cámaras de seguridad.

Hasta ahora, las mismas autoridades locales han amenazado a las madres y a las activistas de que “si andan de borloteras, no buscarán a sus hijas”. Han pretendido también comprar su silencio ofreciéndoles despensas y dinero. Pero las madres, han preferido algunas callarse, otras salir de la ciudad para no regresar, otras más tienen un poco de esperanza en que alguien les ayude, y las más audaces, seguirán denunciando.

Un llamado ético a los medios mexicanos

El diario mexicano La Jornada ha reproducido información, a raíz de nuestra investigación publicada sobre las desaparecidas de Ciudad Juárez, sin dar con precisión el crédito a nuestro trabajo. Lo mismo ha sucedido con otros medios nacionales que tibiamente han abordado el tema. El Diario de Juárez, por su parte, omitió por completo el origen de la información e hizo referencia a la entrega tardía de la fiscalía sugiriendo que es la autoridad la que tomó la iniciativa de entregar los restos de Adriana Sarmiento a su madre.

Mientras la información circulaban por las redes sociales en Estados Unidos y en España sobre los cadáveres que retiene la morgue en esta ciudad y sobre el caso de Adriana Sarmiento, se daba a conocer a su madre directamente por el reportero Javier Juárez que había leído el post de nuestro trabajo en Facebook y quien mantenía contacto telefónico con la madre de Adriana.

CIDH CONDENA ATENTADO CONTRA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

COMUNICADO DE PRENSA

No. 127/11

CIDH CONDENA ATENTADO CONTRA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Washington, D.C., 9 de diciembre de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el atentado en México contra la defensora de derechos humanos Norma Andrade, dirigente del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización de búsqueda de jóvenes desaparecidas o asesinadas en el Estado de Chihuahua. Norma Andrade impulsa específicamente la búsqueda de justicia por el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001. Asimismo, Norma Andrade es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

La CIDH insta al Estado mexicano a proteger a Norma Andrade y su familia, así como a investigar el atentado, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Según la información recibida, desconocidos atacaron a Norma Andrade el viernes cuando estaba por ingresar a su casa y la hirieron con cinco disparos. Sus pertenencias no habrían sido robadas. Su hija, Malú García Andrade, informó que Norma Andrade habría sido seguida desde la mañana y que personas desconocidas se habrían presentado ese día en su lugar de empleo y habrían requerido información sobre sus horarios y su dirección. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Norma Andrade se encuentra internada en estado grave en un hospital local.

La Comisión Interamericana había recibido anteriormente información sobre presuntos asesinatos, amenazas, actos de hostigamiento y atentados sufridos por defensoras de derechos humanos que buscan justicia para los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y en otros puntos del Estado de Chihuahua. En diciembre de 2010, la CIDH condenó el asesinato de Marisela Escobedo, quien fue asesinada a balazos en la puerta del Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, donde reclamaba justicia por la muerte violenta de su hija, Rubí Marisol Frayre, asesinada en 2008, a los 16 años de edad.

La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión insta al Estado de México a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Norma Andrade, y para la debida protección de las defensoras de derechos humanos que trabajan en la búsqueda de justicia por los casos de mujeres asesinadas en Chihuahua, así como de todos los defensores del país.

Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Enlaces útiles:

Comunicado de Prensa 123/10: CIDH condena asesinato de defensora de derechos humanos en México

Oficina de Prensa de la CIDH

Sitio Web de la CIDH

CIDH en Facebook

CIDH en Twitter

IACHR CONDEMNS ATTACK AGAINST HUMAN RIGHTS DEFENDER IN MEXICO

PRESS RELEASE

N° 127/11

IACHR CONDEMNS ATTACK AGAINST HUMAN RIGHTS DEFENDER IN MEXICO

Washington, D.C., December 9, 2011 – The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) condemns the attack in Mexico against human rights defender Norma Andrade, leader of the group Nuestras Hijas de Regreso a Casa (Our Daughters Back Home), an organization that seeks justice for the girls and women disappeared or killed in the State of Chihuahua. Norma Andrade specifically sought justice for the killing of her daughter, Lilia Alejandra García Andrade, assassinated in 2001. Norma Andrade is beneficiary of precautionary measures granted by the IACHR.

The IACHR urges the State of Mexico to protect Norma Andrade and her family, and to investigate the attack, in order to prosecute and punish those responsible for committing and masterminding it.

According to the information received, unknown persons attacked Norma Andrade on Friday, when she was about to enter her house, and she was hit with five bullets. Her belongings were allegedly not stolen. Her daughter, Malú García Andrade, informed that Norma Andrade allegedly was followed that day and that unknown persons allegedly went to her employment site and requested information on her schedule and her address. According to the State Commission on Human Rights, Norma Andrade is hospitalized in serious condition.

The Inter-American Commission had received information before on alleged homicides, threats, harassment and attacks against human rights defenders who seek justice for the cases of women killed in Ciudad Juárez and other places in the State of Chihuahua. In December 2010, the IACHR condemned the assassination of Marisela Escobedo, who was gunned down at the entrance of the Government Palace of the State of Chihuaha, where she was claiming justice for the violent death of her daughter, Rubí Marisol Frayre, killed in 2008 when she was 16 years old.

The IACHR calls to mind that it is the State's obligation to investigate such acts of its own accord and to punish those responsible. The Commission also urges the State of México to immediately and urgently adopt all necessary measures to guarantee the right to life, integrity, and security of the family members of Norma Andrade, and to ensure due protection for human rights defenders who work seeking justice for the cases of women killed in Chihuahua, as well as all human rights defenders in the country.

As the Commission has noted previously, acts of violence and other attacks perpetrated against human rights defenders not only affect the guarantees that belong to all human beings; they also undermine the fundamental role human rights defenders play in society and contribute to the vulnerability of all those whose rights they champion. The Commission also recalls that the work of human rights defenders is critical for building a solid and lasting democratic society. Human rights defenders play a leading role in the process of seeking to attain the full rule of law and the strengthening of democracy.

A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Inter-American Commission has a mandate to promote respect for human rights in the region and acts as a consultative body to the OAS in this matter. The Commission is composed of seven independent members who are elected in a personal capacity by the OAS General Assembly and who do not represent their countries of origin or residence.

Useful Links

Press Release 123/10: IACHR condemns assassination of human rights defender in Mexico

IACHR Press Office

Website of the IACHR

IACHR on Facebook

IACHR on Twitter

Condenamos enérgicamente el intento de asesinato contra la defensora de derechos humanos Norma Andrade

Al Congreso de la Unión, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-México,

A la Secretaría de Gobernación,

A la Procuraduría General de la República,

A la  Comisión Nacional para Preveniry Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM),

Al gobierno del Estado de Chihuahua,

Al Congreso de Chihuahua,

A la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua,

A los medios de comunicación y

A la ciudadanía en general.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil y personasfísicas de la Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Territorio Nacional, la Subcomsión de Educación en Derechos Humanosy la Subcomsión de Ciudad Juárez para Prevenir  y Erradicar la violencia contra la mujer, manifestamosnuestra indignación ante los hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre del añoen curso, en el que fue herida a balazos Norma Andrade fundadora y co-presidenta de laorganización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC) en Ciudad Juárez, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001 y de Malú García Andradeactivista también de NHRC y quien por amenazas de muerte ha tenido que cambiarsu lugar de residencia para resguardarse en la Ciudad de México.

Derivado de sus actividades como defensora de los derechos humanos de las mujeres, particularmente la defensa en el caso Campo algodonero contra elEstado Mexicano, Norma había sido amenazada de muerte sistemáticamente en la escuela donde trabajaba como maestra, por tal motivo, solicitó medidas deprotección, entre las que se incluyen un cambio de sede en su  plaza de maestra para resguardarsejunto a su hija, en el DF.

En este contexto, el 16 de noviembre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso al Gobierno mexicano una serie de medidas cautelaresa favor de la familia Andrade.

Sin embargo, el Gobierno Mexicano no cumplió, fue omiso y simulador dadoque: Norma Andrade sigue viviendo en Ciudad Juárez, su plaza de maestra no hasido cambiada y no contaba con tipo alguno de protección cuando sufrió elatentado.

Norma Andrade es una defensora de derechos humanos que hamovilizado a organizaciones,  instituciones y poderes para acabar con el feminicidio en Ciudad Juárez, su ataque visibiliza aún más la desprotección que el Estadomexicano mantiene contra las defensoras, así demuestra su falta de responsabilidad para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Ante los recientes hechos, así como ante los asesinatos cometidos aotras y otros activistas defensoras/es de derechos humanos en circunstanciasmuy similares, como lo fueron Marisela Escobedo Ortiz y Nepomuceno MorenoNúñez, entre muchos más.

Convocamos a las organizaciones de la sociedad civil del país a que se pronuncien y se sumen a las demandas de exigencia:

• Responsabilizamos     al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, sobre el ataque ocurrido     a Norma Andrade, una vez que no fue capaz de garantizar su vida y     seguridad, asimismo de cualquier otro acto en     su contra o a su familia. 
• Siguiendo     a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigimos al Estado cumpla     y garantice las medidas cautelares para la integridad y seguridad de Norma     Andrade y su familia.
• Exigimos que el     Estado celebre una reunión urgente donde participen los tres órdenes de     Gobierno –Federal, estatal y municipal- la Comisión Nacional de Derechos     Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado     de Chihuahua para girar de inmediato las medidas cautelares a favor de     Norma Andrade, su hija María Luisa García Andrade y para toda su familia.
• Exigimos     la existencia de garantías de protección para las mujeres víctimas de     violencia y defensoras de derechos humanos.
• Exigimos a los     gobiernos federal y estatal establezcan de inmediato un mecanismo que     garantice la protección de todas las personas defensoras de los derechos     humanos en México.
• Demandamos que se     cumplan todas las disposiciones de la Sentencia Campo Algodonero, en la     que la Corte Interamericana especifica acciones para prevenir, investigar     y sancionar a quienes realizan los hostigamientos y agresiones en contra     de las familias y organizaciones que buscan justicia a favor de los     derechos humanos de las mujeres.
• Demandamos un sistema     de protección para defensoras-es de derechos humanos.
• Esclarecimiento de     los hechos a partir de una investigación, pronta, expedita y con la debida     diligencia, donde se sancione al o los responsables de este atentado.
• Exigimos atención     médica especializada durante el proceso de rehabilitación que implique la     recuperación de Norma Andrade. 
• Exigimos se brinde     todo el apoye necesario a la familia con los gastos económicos y cuales     sean las necesidades prioritarias que demande la familia: transporte,     ropa, alimentación, etc.

Subcomisiones firmantes:

Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Territorio Nacional

Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua

Subcomisión de Educación en Derechos Humanos

Amenazan a médicos que atendieron a activista agredida en Juárez

Mauricio Rodríguez
8 de diciembre de 2011
Narcotráfico

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- La activista Malú García Andrade, hija de la también derecho humanista Norma Andrade, quien el fin de semana pasado sufriera un intento de asesinato, denunció que el personal donde su madre estaba hospitalizada fue amenazado por haberle salvado la vida.

También advirtió que una manta con amenazas hacia su persona y su familia fue colocada en la escuela donde trabajaba su madre; sin embargó, el mensaje fue retirado por elementos de la policía municipal y hasta el momento se desconoce su contenido.

García Andrade manifestó que dicha situación pudo haber sido la causa de que su madre haya sido dada de alta de manera repentina el pasado martes, cuando aún se encontraba convaleciente de las heridas provocadas por los cinco disparos sufridos en distintas partes del cuerpo.

En una carta enviada la noche del miércoles, García Andrade dijo que su madre salió el día 6 del hospital y con el traslado tuvo una recaída por sus afectaciones de diabetes, y presión.

La activista social se comunicó ayer a través de las redes sociales para dar a conocer su preocupación por dichos acontecimientos y solicitó a las autoridades seguridad para el personal de la institución hospitalaria y del plantel educativo, así como redoblar esfuerzos en las investigaciones para esclarecer los hechos.

García Andrade dijo que al enterarse de la supuesta manta, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte para solicitar copias fotostáticas de la misma y conocer el contenido, pero le informaron que en ese lugar no la tenían ya que cuando acudieron al lugar donde fue colocada a recogerla, ésta había sido retirada minutos antes por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La activista social narra que, en primera instancia, la respuesta de la SSPM fue “que desconocía de que estaban hablando y que ninguno de sus elementos habían recogido alguna manta en el lugar en mención, ante la insistencia de Policía Ministerial quienes son los encargados de la investigación del atentado del cual fue víctima mi mamá la SSPM reconoce que efectivamente elementos de su dependencia recogieron la manta pero que desconocen el paradero de la misma”.

Malú García dijo que a estos hechos se suman una serie de llamadas que fueron recibidas durante el martes en el hospital donde atendían a su madre, pues el personal fue advertido que por haber recibido a Andrade, serían víctimas de un atentado.

Esto obligó a que Norma Andrade fuera dada de alta, ya que “sabían que mi mamá se encontraba hospitalizada en el lugar, que yo me encontraba en ese momento con ella y que por tenerla a ella ahí atentarían contra el personal que labora en el hospital, ante estas amenazas y temiendo por la vida e integridad del personal sospechamos que se aceleró la salida de mi mamá del nosocomio”.

Por esta razón, la activista hizo un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez para que solicite al titular de la SSPM Julián Leyzaola Pérez investigue cuáles fueron las patrullas que se encargaron de retirar la manta, los nombres de los agentes, a que se dé un informe detallado de porque la policía municipal no dio aviso a las autoridades investigadoras.

“¿Acaso los agentes de la SSPM están protegiendo a alguien y por eso no entregan la manta ni dan a conocer el contenido de la misma?”, cuestionó García Andrade al finalizar su mensaje.

Más atentados en México

www.fronterad.es /Blog Multiverso

Por Sergio González Rodríguez

La defensora de derechos de las mujeres Norma Andrade sufrió un atentado en Ciudad Juárez, crimen que las autoridades mexicanas han minimizado.

Dicho atentado forma parte de una larga serie de actos criminales que permanecenimpunes:

1) el asesinato diez años atrás de la hija de Norma Andrade, Lilia Alejandra García Andrade);

2) el asedio de policías, funcionarios y personas anónimaspara que Norma Andrade abandonara las pesquisas familiares sobre el asesinatode su hija;

3) las omisiones de las autoridades frente a este asesinato;

4) lanegligencia de las mismas frente a las amenazas de muerte que, a lo largo delos años, han padecido la propia Norma Andrade y Marisela Ortiz, fundadoras delgrupo civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa;

5) en los últimos meses fueronamenazadas de muerte tanto Marisela Ortiz como María Luisa García Andrade, hermana de Alejandra e hija de Norma, por lo que debieron abandonar Ciudad Juárez.

 Las autoridades mexicanas se han mostradoincapaces de brindar protección a ninguna de ellas, como tampoco a otrasactivistas sociales que fueron asesinadas, JosefinaReyes, Susana Chávez, oMarisela Escobedo, quien reclamaba justicia ante el asesinato de su hija y cayóvíctima del ataque de un sicario frente al Palacio de Gobierno del estado de Chihuahuaun año atrás.

  Durante su campaña electoral, Felipe Calderónse comprometió a solucionar la impunidad de los asesinatos de mujeres en CiudadJuárez. En viaje a Italia y ante legisladoras italianas, reiteró su promesa. Nadaal respecto cumplió. Su gobierno ni siquiera ha respondido en forma integral,excepto simulaciones propagandísticas, a la sentencia de la Corte Penal de laComisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó un par de años antes al Estado mexicano por expedientes del Campo Algodonero.

Estos hechos vuelven a evidenciar lacarencia de un Estado de derecho en México, del que es co-responsable tambiénel poder legislativo, y,  frente altema de los derechos de las mujeres, sus comisiones de equidad y género, lassenadoras y diputadas a cargo, quienes al lado de las funcionarias del ramo,son ya figuras decorativas que validan un estado de desorden institucional.

La presunción de legalidad oficial secontradice día tras días frente a un país estragado por la violencia, lainseguridad y la ineptitud de sus instituciones para enfrentar el problema. Díasatrás, fueron asesinados también el activista social Nepomuceno Moreno Núñez enHermosillo, Sonora, y José Trinidad de la Cruz en Aquila, Michoacán.

En México, impera la propaganda y lamanipulación informativa del gobierno y sus vocingleros. Y cunde la furiapresidencial ante las exigencias civiles, síntoma de la frustración ante elfracaso de la estrategia de combate al crimen organizado que emprendió sugobierno: debe recordarse, contra la amnesia gubernativa, que el problemaactual de México inició en gran parte con los asesinatos sistemáticos contramujeres en Ciudad Juárez hacia 1990, debido a la corrupción y la impunidadpropiciada por los acuerdos del poder económico-político y el crimen organizadoen tal frontera, y bajo la connivencia del gobierno federal

A la fecha, y a pesar de los programas deseguridad que el gobierno federal emprendió en Ciudad Juárez, esta localidadpermanece como la más violenta del país, con 300 homicidios al mes de acuerdocon las estimaciones oficiales. De poco vale que el gobierno actual culpe a losanteriores de la situación presente. O que busque legitimarse a través de“diálogos” demagógicos que cuentan con la complacencia de algunos dirigentes degrupos civiles,  como los del Movimientopor la Paz con Justicia y Dignidad. El altísimo índice de violación a derechoshumanos por parte de policías, soldados y marinos bajo el pretexto del combateal crimen organizado delata una disfunción institucional: se trata de delitossistémicos, es decir, pertenecientes o relativos a la totalidad del sistema deseguridad, un hecho que ningún alegato de legalidad interna o externa puedecancelar. Mucho menos justificarlo mediante el apego a los acuerdos internacionalesde respeto a derechos humanos mientras se tolera su incumplimiento dentro del país.

La erosión institucional de ahora es unasunto gestado a lo largo de los años, algo que pocos quieren observar y recordar,e implica a funcionarios, ex funcionarios, policías, militares y protagonistas políticosde diversos partidos, además de empresarios y capitalistas.

La acusación reciente de 23 milciudadanos mexicanos, encabezados por académicos y ex funcionarios, contra FelipeCalderón en la Corte Penal Internacional de la Haya por delitos de lesahumanidad y crímenes de guerra, desató las amenazas presidenciales: “elgobierno explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra dequienes realizan calumnias, acusaciones temerarias”. Quiere pasar por alto quela propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla elderecho de que se demande al presidente de la República. En la fase terminal desu gobierno, Calderón se queja de que se le quiera comparar con Hitler yMilosevic, y se ha quedado solo en tierra de nadie: carente de legalidad y delegitimidad. Sujeto ya al escrutinio internacional, como tanto otros“demócratas” latinoamericanos que dijeron “apegarse a la ley” y se hundieron alfinal en la tradición autoritaria del continente.

Bajo tal contexto, la Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha declarado a México el segundopaís con mayor desigualdad entre sus afiliados, causa fundamental de la crisisdel país. Basta de mentiras, engaños, triunfalismos falsos.

En este momento, se divulga que acaban derecibir nuevas amenazas de muerte Norma Andrade, María Luisa García Andrade yMarisela Ortiz del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Policía municipal desaparece evidencia de amenazas contra madres de Juárez

REDES SOCIALES.- Las amenazas se han intensificado contra Norma Andrade, y se han extendido a su hija Malú García Andrade, así como a otras madres de Juárez, que han dado seguimiento a los feminicidios y desapariciones de sus hijas. Ahora de manera pública, denuncia Malú García en un comunicado a las redes sociales, que "colocaron una manta amenazante en el lugar de trabajo de su madre", y pese a la confirmación de la Fiscalía del Estado y autoridades ministeriales, la activista de la organización Nuestra hijas de regreso a casa, señala que la evidencia fue retirada y desaparecida por miembros de la Policía Municipal.

De acuerdo a la confirmación de las autoridades de la Fiscalía, la manta con la amenaza fue recogida por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y Malú García Andrade solicitó información detallada del mensaje porque incluía, además de su nombre, el de otras madres de Juárez quienes han sido acosadas anónimamente ya en otras ocasiones. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) negó los hechos y dijo que “que ninguno de sus elementos habían recogido alguna manta en el lugar en mención".

A esta situación, continúa el comunicado de García Andrade, “se suma que recibieron llamadas telefónicas en el lugar donde se encontraba hospitalizada mi mamá", según mencionó el mismo personal del hospital a la Policía Ministerial, por lo que se sospecha que Norma Andrade habría sido de alta con premura. "Los sujetos que llamaron, afirma el comunicado de García, mencionaron que sabían que mi mamá se encontraba hospitalizada en el lugar, y que yo me encontraba en ese momento con ella y que por tenerla a ella ahí atentarían contra el personal que labora en el hospital”.

Es en este contexto, se explica en el comunicado público, que las amenazas al personal del hospital también han sido frecuentes en otros casos similares, por lo que "que varias clínicas privadas han realizado convenios con el gobierno de Estado de Chihuahua para no admitir a personas que hayan sido agredidas por impactos de bala y se trate de casos de alto riesgo”. Las constantes amenazas, en algunos casos han terminado en asesinatos de enfermeros y médicos que atienden a personas con este tipo de agresiones.

Malú García circula en las redes sociales cinco cuestiones sobre las nuevas amenazas contra Norma Andrade, contra su propia persona y contra otras madres de Juárez, por lo que solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, y hace un llamado de solidaridad y atención a los organismos de derechos humanos internacionales:

1. Se solicita al titular de la SSPM, Julián Leyzaola, investigue ¿cuáles fueron las unidades de la SSPM que arribaron al lugar donde labora Norma Andrade con la finalidad de retirar la manta?

2. ¿Cuáles son los nombres de los agentes que acudieron al lugar?

3. ¿Por qué la SSPM no dio parte a la autoridad correspondiente para que fuera retirada y analizada la manta por peritos expertos?

4. Se solicita la sanción de los agentes de la SSPM por no haber dado parte a la Policía Ministerial y por ocultar evidencia, ya que están obstruyendo una investigación sobre hechos graves.

5. ¿Acaso los agentes de la SSPM están protegiendo a alguien y por eso no entregan la manta ni dan a conocer el contenido de la misma?

Responsable de la edición Guadalupe Lizárraga.

Atentado contra Norma Andrade: suma de impunidad y negligencia

* Sin respuesta, medidas de protección para defensoras

Anayeli García/Patricia Mayorga

México, DF.- El intento de homicidio contra la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, se suma a los cinco casos de amenazas y cinco asesinatos de defensoras de Derechos Humanos (DH) que han denunciado la impunidad del feminicidio y la trata de mujeres en Ciudad Juárez.

Cerca de las dos de la tarde del pasado viernes, Norma Andrade, una de las pioneras en documentar y acompañar los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Juárez, recibió cinco impactos de bala cuando pretendía abordar su camioneta para ir a trabajar. Ahora permanece hospitalizada.

Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años que desapareció el 14 de febrero de 2001 y fue encontrada asesinada el 21 de febrero del mismo año en un predio de localidad fronteriza.

Desde entonces Norma, junto con su hija María Luisa García Andrade –conocida como Malú– y la maestra Marisela Ortiz fundaron Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

LOS HECHOS

Norma, quien también es profesora, se encontraba afuera de su casa y en compañía de sus dos nietos, hijos de Lilia Alejandra, cuando fue atacada por un sujeto que disparó un arma de fuego provocándole heridas en torso, hombro derecho y la mano derecha.

De acuerdo con la vocera de la organización, Adazahira Chávez, la activista fue operada ayer para reconstruirle la mano y ponerle un clavo en el hombro derecho.

Al respecto, Malú señaló que la operación fue exitosa, pero debido a que Norma padece diabetes, ha resultado difícil controlarle la alta presión y el azúcar. “Está mejorando, pero aún está delicada”, reportó.

La vocera dijo a Cimacnoticias que según datos proporcionados por compañeros de trabajo de la escuela primaria donde Norma daba clases, a las 8 de la mañana de ese viernes sujetos desconocidos hablaron por teléfono al plantel preguntando “si había llegado a trabajar y a qué hora se presentaría”. Este hecho debe ser investigado, advirtió Chávez.

Malú, quien permanecía refugiada al interior de la República, regresó el pasado sábado a Juárez para apoyar a su madre, cuidar a sus sobrinos y exigir que se investigue el atentado. Ayer María Luisa y el fiscal de la Zona Norte, Jorge González Nicolás, se reunieron en privado para ver cómo van las investigaciones.

En este encuentro, la también luchadora social le pidió al fiscal que declarara públicamente que el atentado fue un intento de homicidio y no un robo como se ha manejado, a lo cual accedió; sin embargo, hasta el momento no hay una declaración pública y por el contrario, la protección policiaca que había en el hospital esta mañana fue retirada.

María Luisa refirió que ella y su madre eran custodiadas por agentes de la Fiscalía de la Zona Norte, pero sin mayor explicación hoy fueron retirados del lugar, dejándolas en la total indefensión, acusó.

OTROS CASOS

El atentado contra Norma se suma a las amenazas que recibieron María Luisa García, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González; y se agrega a los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes. Todas ellas defensoras de DH en Ciudad Juárez.

Aunque desde 2008 María Luisa García y Marisela Ortiz cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y pese a que a finales de septiembre pasado María Luisa pidió a las autoridades federales y estatales que las medidas de protección se ampliaran a favor de su madre, ellas han sido blanco de hostigamiento y amenazas.

La madrugada del pasado 10 de marzo apareció una manta con frases intimidatorias en la escuela secundaria donde Marisela Ortiz daba clases en Juárez. Tras los hechos se vio obligada a abandonar el país y a refugiarse en Estados Unidos.

María Luisa García también tuvo que salir de Juárez y dejar a su madre, luego de que la madrugada del pasado 17 de febrero unos desconocidos quemaron el techo de su casa mientras ella estaba en un plantón en apoyo a la familia Reyes Salazar, una familia que también ha sufrido amenazas y asesinatos.

Cabe recordar que el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada la activista Marisela Escobedo, quien buscaba justicia para su hija, Rubí Marisol, asesinada en 2008. A ella un hombre le disparó en la cabeza a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde instaló un plantón de protesta.

Organizaciones civiles han exhortado a las autoridades a adoptar un mecanismo nacional de protección eficaz que garantice la seguridad de todas las personas que se dedican a la promoción y defensa de los DH. El pasado 7 de julio, el gobierno federal publico un acuerdo para crear ese mecanismo, pero a la fecha está pendiente.

POSIBLE REPRESALIA

La abogada de la familia, Karla Michel Salas, quien se encuentra en Juárez para participar en un foro sobre feminicidio, explicó que ya se integró una carpeta de investigación (averiguación previa) que incluye testimonios de vecinos y de los trabajadores de la escuela que recibieron las llamadas intimidatorias.

Salas afirmó que hay elementos suficientes para acreditar que no se trató de un robo sino de un atentado planeado por un grupo de sujetos que tenían el claro objetivo de asesinar a la activista, por lo que confió en que las investigaciones prosperen.

La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro, dijo que aunque la primera reacción de la Fiscalía fue asegurar que el ataque se debió a un robo, el respaldo de 75 organizaciones civiles del país y la exigencia de la familia de la activista llevaron a las autoridades a abrir la investigación por intento de homicidio.

Castro dejó entrever que el atentado contra la activista podría estar ligado a las denuncias que ha hecho por la desaparición y asesinato de mujeres, entre ellas Adriana Sarmiento Enríquez, joven de 15 años que desapareció el 18 de enero del 2008 cuando se dirigía de la preparatoria a su casa.

La joven fue localizada asesinada el 5 de noviembre de 2008, y después de tres años, el 29 de noviembre de 2011, se notificó su identidad a pesar de que fue identificada desde julio de 2011. Cabe mencionar que el mismo día del atentado contra Norma, grupos civiles asistieron al entierro de Adriana Sarmiento.

MADRES EXIGEN INVESTIGACIÓN

Norma, quien perdió a su hija asesinada, también exigió justicia para Adriana, al igual que el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que en reiteradas ocasiones han exigido el cotejo de ADN entre los cuerpos de mujeres sin identificar con los de las desaparecidas.

El pasado viernes, estas agrupaciones pidieron la implementación de procedimientos expeditos y confiables en la identificación de las mujeres, e información precisa en tiempo y forma a las madres y familiares sobre los resultados de las investigaciones.

Tan sólo en 2011 el Comité de Madres y la Red han documentado la identificación de cuatro mujeres localizadas asesinadas en Chihuahua: Hilda Gabriela Rivas Campos, el 13 de abril; Janeth Rivera Chávez, el 20 de septiembre, y Mónica Liliana Delgado Castillo, el 27 de septiembre. Todas desaparecidas en años anteriores.

Las activistas denunciaron que el gobierno estatal y local son negligentes al no realizar una investigación científica y oportuna en los casos de jóvenes y niñas desaparecidas, y mencionaron que el caso de Adriana Sarmiento es un ejemplo de la ineficacia de las autoridades, las que no generaran líneas de investigación serias.

“No toleramos que se siga reproduciendo lo vivido desde 1993 y que sigamos denunciando lo plenamente señalado en la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, que continúen las prácticas negligentes, deficientes e ineficaces de las autoridades competentes”, indicaron en un comunicado el Comité de Madres y la Red.

Asociaciones tinerfeñas expresan su condena al atentado sufrido por Norma Andrade

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife y la Asociación Mercedes Machado han decidido sumarse a los manifiestos de diversas organizaciones nacionales e internacionales expresando su condena al atentado sufrido por Norma Andrade, activista de la defensa de los Derechos Humanos y confundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

A través de un comunicado de prensa, han expresado su repulsa ante estos hechos y ha solicitado y exigido al Gobierno de la República Mexicana, al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Chihuahua, César Durate, todas las medidas necesarias para el traslado de la familia de Andrade a la ciudad de México.

Asimismo, hacen responsable al Gobierno mexicano de cualquier daño que puedan sufrir en Juárez y/o en el Distrito Federal tanto Norma Andrade como su familia, al tiempo que han requerido la apertura de una investigación, así como que se castigue a los culpables del atentado.

¿Cacería de activistas?

El secuestro y posterior asesinato del líder comunero Trinidad de la Cruz –ocurridos entre el martes y ayer en localidades de la costa michoacana–, así como el levantón –en el trayecto de Petatlán a Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero– de los activistas campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, todos ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), son los eslabones más recientes de una cadena de agresiones en contra de activistas de esa organización. Apenas el pasado 6 de octubre, en Santa María Ostula, Michoacán, fue asesinado a tiros el comunero Pedro Leyva Domínguez, quien se desempeñaba como integrante de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunitaria, y como representante del MPJD en ese municipio michoacano. Menos de dos meses después, el 28 de noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez fue abatido en Hermosillo, Sonora, tras haber recibido amenazas anónimas por parte de presuntos policías estatales.

 

La lista, sin embargo, no se circunscribe a integrantes del citado movimiento: hace casi dos años –en enero de 2010– fue asesinada la activista juarense Josefina Reyes, quien desde 2008 emprendió movilizaciones por la desaparición de uno de sus hijos, y el hecho marcó el inicio de una cadena de agresiones contra varios miembros de su familia. En diciembre de ese mismo año, Marisela Escobedo, madre de una joven asesinada, fue ultimada de un balazo frente al palacio de gobierno de Chihuahua. Y apenas el viernes pasado, Norma Andrade, dirigente de la organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de gravedad a las afueras de su domicilio.

Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada a raíz de la guerra contra el narcotráfico, el país asiste a una cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma particularmente trágica.

Ante el quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, y frente a los indicios de lo que pudiera ser una campaña de eliminación de activistas, luchadores sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, los gobiernos de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea argumentativa de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la adecuada y que no debe, por tanto, ser modificada: la continuidad en las agresiones comentadas exhibe el carácter contraproducente de la política de seguridad en curso. Se ha puesto en evidencia que las autoridades no son capaces de dar protección, cuando menos, a aquellos sectores de la sociedad a los que han erigido como sus propios interlocutores.

En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos estatales y federal investigar las muertes y agresiones referidas. En caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública –además de los más de 50 mil muertos y de una creciente descomposición institucional– son la ampliación de los márgenes de maniobra para la eliminación de activistas políticos y sociales, y el retroceso del país a escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos.