domingo, 12 de julio de 2015

Demanda AI activar alerta de género para frenar feminicidios

  • Necesaria, para detener los asesinatos violentos en el estado de México, sostiene
  • Se deben derrumbar obstáculos que impiden emitir la declaratoria, dice el director ejecutivo de AI México 
  • El observatorio ciudadano documentó más de 800 muertes de 2011 a la fecha
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El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, dijo que corresponde a la SG reforzar la voluntad política formalizando la declaratoria de alerta de géneroFoto Guillermo Sologuren
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de julio de 2015, p. 3
Amnistía Internacional (AI) exigió a la Secretaría de Gobernación (SG) activar la alerta de género que solicitó el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, a fin de tener apoyo para frenar el alto número de asesinatos violentos y desapariciones de mujeres en la entidad, así como romper el círculo de impunidad.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México, se pronunció por derrumbar todos los obstáculos que en la práctica impiden que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Snpasevm) declare la alerta en 11 municipios mexiquenses.
Aseguró que esos obstáculos “suscitan serias preocupaciones del compromiso de autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género.
Indicó que la solicitud del gobernador Ávila representa un paso importante en la aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. Ahora, señaló Quiroz, corresponde a la SG reforzar esa voluntad política formalizando la declaratoria de alerta de género.
Ésta, sostuvo, debe ser concebida como mecanismo emergente de intervención del Estado para proteger los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia, no como mecanismo de sanción a los gobiernos.
La intención final de la declaratoria, afirmó, es revertir patrones de comportamiento arraigados en las costumbres políticas y sociales del país, y lograr una respuesta efectiva de diversas autoridades con la participación de la sociedad.
Su activación, destacó, permitirá impulsar políticas públicas que den prioridad a la prevención de la violencia hacia las mujeres en el estado de México, y cumplir las recomendaciones que ha recibido México por los organismos internacionales de derechos humanos.
Urgió a la SG a que presente los resultados del informe del grupo multidisciplinario e interinstitucional para que se conozcan las acciones para atender la situación de violencia feminicida.
Recordó AI que en enero de 2011, el Snpasevm rechazó la declaratoria de alerta de género para la entidad, solicitada por organizaciones sociales.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos solicitarion un amparo que finalmente llevó a una resolución judicial que obliga al sistema a considerar nuevamente su decisión de forma motivada y fundada.
El 28 de abril de 2014, el sistema admitió la procedencia de la solicitud de declaratoria de alerta para el estado de México y comenzó la etapa de investigación.
De septiembre de 2011 a la fecha, el OCNF documentó más de 800 muertes violentas de mujeres, de las cuales menos de una cuarta parte han sido reconocidas e investigadas como feminicidios por la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

Edomex: violencia de género y alerta tardía

Más vale tarde que nunca, podría decirse de la determinación del gobierno del estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, de solicitar la declaratoria de alerta de género en 11 municipios de esa entidad con el fin de fortalecer nuestras políticas públicas a favor de las mujeres e incluso obtener recursos adicionales para canalizarlos al sector.
La decisión referida era lo mínimo que habría podido esperarse de las autoridades mexiquenses ante el cúmulo de asesinatos y actos de violencia con componentes claros de género en la entidad. Debe recordarse que en abril pasado el periódico británico The Guardian documentó que entre 2011 y 2012 un total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el estado de México. Según el mismo rotativo, entre 2005 y 2011 fueron asesinadas mil 200 mujeres.
Ante la gravedad de la circunstancia, resulta explicable que organizaciones de la sociedad civil hayan solicitado la emisión de la alerta de género en la entidad desde hace por lo menos cinco años. Por contraste, es inadmisible la actitud omisa que tuvo el gobierno mexiquense en la atención y el combate a las distintas expresiones de violencia de género que se desarrollan en esa entidad. Un hecho particularmente exasperante es el bloqueo sistemático de los gobernadores priístas, en el contexto del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la solicitud de emitir una alerta de género en el estado de México, lo que en su momento fue interpretado como un acto de protección a los intereses político-electorales del tricolor.
Por lo demás, las circunstancias desfavorables, lacerantes y hasta trágicas que enfrentan las mujeres en esa entidad y el país tienen componentes estructurales que han sido sistemáticamente desatendidos: el desempleo, la precariedad, la carestía, el deterioro educativo, la descomposición de los tejidos sociales, la conjunción de corrupción e impunidad y, en general, el desprecio por la vida humana que se desprende del modelo neoliberal aún vigente, el cual concibe a los seres humanos como objetos susceptibles de ser explotados y desechados.
Por si fuera poco, al igual que otras regiones del país, el estado de México enfrenta una disolución del estado de derecho que coloca a esa entidad en los primeros lugares a escala nacional en robo, secuestro, homicidio y extorsión. En esa circunstancia, los persistentes asesinatos de mujeres, los casos de explotación sexual, la violencia doméstica y los abusos y otras expresiones de violencia de género terminan por diluirse en la violencia a secas y ello merma todavía más las perspectivas de justicia y esclarecimiento para las víctimas.
Es positivo que las autoridades mexiquenses reconozcan una realidad que llevaba mucho tiempo siendo innegable y que coloca a esa entidad como una de las más peligrosas para las mujeres. Pero es necesario que se centren en contener el conjunto de factores que han hecho del territorio mexiquense una negación rotunda de la legalidad.

jueves, 9 de julio de 2015

Reportaje / Así matan a las mujeres en México


Retrato de un crimen y de la negligencia de las autoridades para enfrentarlo

Así matan a las mujeres en México

 

Cada tres horas y veinticinco minutos, en el México de hoy una mujer muere destazada, asfixiada, violada, pateada, quemada, mutilada, apuñalada, envenenada, con los huesos rotos o balaceada.
Por increíble que parezca, para infinidad de mexicanos una mujer es menos que una rata, un gusano, un animal cualquiera.
 En las últimas tres décadas más de 40 mil mujeres han sido asesinadas con violencia extrema en nuestro país. 
Y lo más grave es que el fenómeno crece día con día. Entre la indiferencia y la impunidad. 
¿Cuánto odio hay de por medio en el asesinato de una mujer en  México? Todo.  ¿Cuánta indiferencia de la sociedad ante el crimen de una mujer sólo porque es mujer? Toda. ¿Cuánta impunidad propiciada por la ausencia de autoridades y leyes protectoras de la mujer? Absolutamente toda. 
Si la historia que leerás a continuación no te toca ni tantito, piénsalo: es probable que un feminicida se encuentre dentro de ti.

Por: Daniela Rea y Lydiette Carrión


                                               ***

Mariana Lima:
El enemigo está en casa

–Tu hija Mariana se suicidó–, dijo la voz del yerno, Julio César Ballinas, del otro lado de la línea. Eran las 7 de la mañana del 28 de junio de 2010.
En medio del sueño interrumpido, Irinea encontró la noticia imposible. Había visto a su hija la tarde anterior. Mariana, con 29 años y 4 de casada, le había dicho que ahora sí iba a dejar a Ballinas, por las golpizas y la violencia.
Y había hecho planes: volver a trabajar, a estudiar, pero más urgentemente comprar ropa interior, ya que su marido siempre se la rompía.
Ahora, junto al teléfono, Irinea también recordaba las dos ocasiones en las que el propio Ballinas le dijo que asesinaría a Mariana, como lo había hecho con otras, a quienes además metió a una cisterna.
Irinea colgó el teléfono, dejó su casa en Nezahualcóyotl y media hora después se encontraba en donde vivía Mariana.
La acompañaban su hija Michel y el esposo de ésta. La calle Naranjos, en el barrio de Xochitenco, está en lo alto, con vista privilegiada al paisaje árido de casas hechizas y grises de Chimalhuacán, municipio famoso también por la violencia contra las mujeres.
            Encontraron el portón abierto. Ballinas (como todos llaman a Julio César) se había ido. Aunque era policía judicial, dejó la escena del crimen sin resguardo.
Entraron a la recámara. La muñequita de tela que siempre estaba pegada al espejo había sido derribada, parecía yacer sobre el buró.
A un lado, sobre la cama, estaba el cadáver de Mariana. Su rostro, que en vida era moreno y redondo, ahora era negro, hinchado.
Irinea la besó. Olía a limpio.
El cuerpo estaba rígido; tenía rasguños en el cuello, la frente; moretones en las piernas. El pelo estaba revuelto, como si lo hubieran lavado y secado violentamente con una toalla; los dedos tenían esas arrugas que deja el haber pasado mucho tiempo en el agua. Los pies, descalzos y limpios, mientras que el piso estaba sucio.
Las chanclas de Ballinas estaban fuera de su lugar, a pesar de que eso hubiera sido motivo de golpiza y a pesar de que, según el dicho de aquél, apenas había regresado a casa esta mañana.
Había más desorden: dos toallas húmedas, un celular, un control de televisión y cuchillos en el baño, así como botellas de esmalte tiradas en el piso. No había un solo bote de basura en toda la casa. Y uno de los tambos de agua –siempre llenos—estaba a la mitad. En la recámara había una bolsa con documentos importantes y maletas hechas.
Irinea y sus familiares tomaron fotografías de baja resolución con el celular. A los pocos minutos llegó, acompañado de agentes ministeriales,  Ballinas. En un momento preguntó:
– ¿Dónde está el mensaje póstumo?, estaba aquí, en el buró.
 Semanas después Ballinas presentaría tres cartas suicidas, diría que las
 halló en un cajón.
Los agentes levantaron el cadáver en 10 minutos. Describieron su postura en dos párrafos. No se especificó que el cuerpo había sido manipulado por el marido. Las fotografías tomadas por los peritos estaban desenfocadas. Días más tarde, el peritaje elaborado por la procuraduría mexiquense concluyó que Mariana se había suicidado con un cordón de cinco milímetros de grosor –que sería recuperado 11 meses después– atado a un clavito.
 No fue la única incongruencia. Según los propios peritajes mexiquenses, las lesiones indican el uso de una cuerda más gruesa que la descrita. Más aún, otros peritos que actualmente revisan el caso, señalan que las lesiones no concuerdan con las que deja un suicidio por ahorcamiento.
 Son aspectos que se están documentando, ahora que el caso de Mariana se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ballinas declaró que la mañana del 28 de junio llegó de trabajar antes de las siete. (En una segunda declaración, cambiaría su versión. Diría que había pasado la noche con una amante.) Como nadie le abrió, entró por una ventana  y encontró a Mariana colgada. Trató de resucitarla, cortó la cuerda (que no se hallaría hasta meses después), la acostó en la cama y le masajeó las piernas.
A las siete el cadáver  presentaba rigidez, ya que Mariana habría muerto entre las 11 y las 12 de la noche. ¿Ballinas había tratado de “revivir” un cuerpo frío y tieso?, cuestiona la madre.
En septiembre, la procuraduría mexiquense concluyó que Mariana se había suicidado y determinó el no ejercicio de la acción penal.
Rodolfo Domínguez, joven egresado de la carrera de Derecho, conoció el caso a los pocos meses y se convirtió en persona de confianza de la familia. El 17 de noviembre gestionaron un primer recurso de revisión ante la fiscalía del Estado de México. Han pasado tres años y medio, dos amparos, dos recursos más.
 La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en septiembre de 2013.
            Durante este tiempo, Julio César Ballinas pasó de simple judicial a comandante; procura la ley, ahí, en Chimalhuacán.





                                                      ***
Feminicidio en México:
Ayer fue Ciudad Juárez; hoy es todo México

Las primeras señales de este horror aparecieron en Ciudad Juárez hace 20 años. Sí, hace dos décadas, madres, hermanas y activistas unieron y alzaron sus voces para denunciar el hallazgo de cuerpos de mujeres que, antes de ser asesinadas, habían sido violadas o mutiladas. Y advirtieron que podría estar ocurriendo lo mismo en muchos lugares. Pero la sociedad no les creyó. 
Hoy, la cifra de mujeres asesinadas en todo el país es propia del infierno: cada día, 6.5 mujeres son masacradas con violencia extrema. Todo México se ha convertido en un gigantesco Ciudad Juárez. El feminicidio reina.
“Sí, en 1993, Esther Chávez Cano fue la primera en denunciar la aparición de cadáveres de mujeres en Ciudad Juárez. Y diversas organizaciones de Chihuahua nos sumamos para hacerlo visible. Lo advertimos. Ahora vemos con horror cómo a lo largo del país van desapareciendo mujeres y apareciendo sus cuerpos heridos, lastimados”, señala Alma Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
Y sus palabras están confirmadas por hechos y datos duros:
De acuerdo con el estudio “Feminicidio en México, aproximación, tendencias y cambios 1985-2009”, realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres,  –que no se ha vuelto a actualizar-, entre 1985  y 2009 murieron asesinadas 34 mil 176 mujeres.
Cifra que arroja una tendencia de cuatro mujeres asesinadas con violencia extrema cada día, para ese periodo.
Sí tan sólo se hubiera mantenido esa tendencia, de cuatro mujeres asesinadas por día, para el 2013, la cifra de mujeres asesinadas habría llegado, por lo menos, a 40 mil feminicidios en México en tres décadas.
Pero ya desde 1985 era notorio que el feminicidio en México iba creciendo en forma alarmante: así, mientras que para el 2005, se registraron mil 297 mujeres asesinadas --para una tasa del 2.46 por cada 100 mil mujeres vivas--, cuatro años después, en el 2009, la cifra aumentó en un 30 por ciento, para llegar a mil 858, con lo que la tasa nacional subía a 3.4 por ciento por cada 100 mil mujeres vivas.
Y datos del INEGI han venido a confirmar que la tendencia al alza no se ha frenado: en el 2007, el 9.6 por ciento de las muertes en mujeres fueron asesinatos con violencia extrema; para el 2010 la tasa subió al 18.9 por ciento; y para el 2012 llegó al 20.6 por ciento.
Y apenas el año pasado, 2013, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, declaró que la cifra de asesinatos con violencia extrema en contra de mujeres había alcanzado ya los 6.5 asesinatos por día.
Es decir, un feminicidio cada tres horas y veinticinco minutos.


                                                           ***

Gabriela Benítez, 17 años:
Y le quisieron echar la culpa a la familia 
Cuando la familia hizo pública la desaparición de Gabriela Benítez Ybarra, una estudiante preparatoriana de 17 de edad, la autoridad responsable de buscarla contraatacó: acusó a la madre de ser violenta con la joven y a ésta de huir.
El escenario es Jalapa, Veracruz. Quien acusa es el Procurador de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar. Es julio del 2011 y hace un mes, el 13 de junio, Gaby desapareció. 
La mañana de ese día salió de casa, quizá a hacer ejercicio a un parque cercano, pues estudiaba por la tarde en la prepa Juárez. Como todos los días su madre Bárbara Ybarra había salido a las 7:30 a su trabajo como veterinaria, pero volvió a casa a las 9 de la mañana porque había olvidado un medicamento.
 No encontró a su hija, le llamó, pero no contestó el teléfono. Dejó pasar el día y por la tarde fue a la escuela a buscarla, donde un maestro le confirmó que no había ido a clases.
Al día siguiente la familia acudió a poner una denuncia por desaparición. No se la recibieron argumentando la espera de 72 horas.
 Ahora, Bárbara sabe que los agentes violentaron el protocolo de búsqueda, ya vigente en la entidad, que ordena la búsqueda inmediata. Pero entonces no lo sabía y se retiró impotente, sintiéndose completamente sola.
Con ayuda de familiares y amigos emprendió la búsqueda de su hija: llenó Jalapa con fotografías de Gaby, una en particular donde ella viste el uniforme escolar, camisa blanca, corbata y chaleco guinda, mirando de lado a la cámara, sonriendo, con el gesto de una niña que tiene una emoción serena por la vida. Estaba por entrar a la universidad, quería ser arquitecta.
El reclamo público de Bárbara  ayudó a otros a tomar valor para decir lo que se callaba: Jalapa –y el estado de Veracruz- ya no era segura y la PGJ debió reconocer que a partir de 2008 repuntaron los asesinatos de mujeres y que en la última década 5 mil 231 mujeres fueron desaparecidas.
 A ello se sumó la denuncia de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres en AL, que ubicaba al estado en el tercer lugar nacional con mayor incidencia de delitos vinculados a trata de personas.
“Sé mis ojos, ayúdame a encontrarla”, la frase que utilizó Bárbara para pedir apoyo se viralizó en redes sociales y llegó a las calles. Al mes de la desaparición, se plantaron en la plaza principal de la capital estatal, frente a las oficinas del gobernador.
Al tercer día del plantón, el procurador Escobar contraatacó y emitió un comunicado donde decía que la joven huyó por violencia intrafamiliar, pues según entrevistas a sus compañeros de escuela, ella se quejaba de los regaños de la mamá, a quien identificaba como “La Generala”.
“Todo Jalapa se fue con esta finta, algunos conocidos me dejaron de hablar, en la agencia nos echaban en cara que ella se fue porque no quería estar en casa. Cuando reclamamos su búsqueda nos dicen ‘¿ya sabe en qué andaba su hija?’ Ahora entiendo que lo hacen con una doble intención, para intimidarnos y que ya no busquemos y para sacudirse su responsabilidad de hacerlo”, relata su madre.       
Tres meses y 10 días después de la desaparición, Bárbara recibió la visita de un MP, quien le pidió identificar los zapatos de un cuerpo encontrado por un jardinero en la reserva Santuario de las Garzas, cerca de su casa, donde Gaby solía ejercitarse.
 El cuerpo estaba con la camiseta levantada, sin pantalón y con las piernas abiertas.  Todos ellos signos de violencia de género.
Eran los zapatos de Gaby. También su camisa.
Bárbara pidió ver el cuerpo.
“Yo quería verle su cara, pero no tenía nada, no tenía ojitos ni nada. No tenía su dientecito chueco de adelante, pero sí una muela que pude reconocer”. El cuerpo estaba descompuesto, además lastimado por supuestas mordidas de animales.
El acta de defunción dice que Gaby murió el 14 de junio del 2011, un día después de estar desaparecida, por contusión profunda de tórax. Con engaños a la familia, la PGJ cremó los restos sin hacerle análisis para identificar tortura o abuso sexual. Le dijeron a su madre que por el tiempo ya no era posible obtener pruebas.
El caso de Gaby se convirtió en “emblemático” por la movilización de su familia y la PGJ detuvo a un hombre a quien le sembraron ropa femenina y la declaración de una mujer que dijo que ese hombre la había atacado 3 meses atrás, pero luego dijo que 3 años atrás. No pudieron sostener la acusación porque durante la desaparición de Gaby él estuvo en un anexo de alcohólicos.
Este febrero se cumplen 2 años y 8 meses desde la desaparición y muerte de Gaby y su madre continúa empujando el proceso judicial. No cree, como dicen autoridades, que haya muerto en ese lugar; cómo, si supuestamente habían hecho tres revisiones previas en la zona con equipos especializados, además de ser un parque para ejercitarse y nadie la encontró antes.
Bárbara cree que su hija fue capturada, retenida y sometida a abuso sexual, luego asesinada y tirada en ese parque.
            Exige que se investigue como feminicidio, incluso que se analicen condiciones de trata pues en los últimos 10 años en esa zona de la capital, con Gaby, seis mujeres fueron violadas, asesinadas y sus cuerpos ahí abandonados.
            Nadie le ha dado respuesta.

                                                                       ***

Feminicidio en México:
Los asesinos, reflejo de una sociedad
Para académicas y activistas que han estudiado las razones del feminicidio el crimen germina en varias causas: desinterés e indiferencia de la sociedad, desvalorización social de las mujeres, machismo, impunidad.
Julia Monárrez, teórica del feminicidio en México, escribió un extenso documento como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso conocido como “Campo Algodonero” sobre las muertes de mujeres en Ciudad Juárez.
En él explicó que a través de los asesinatos crueles se fortalecen las relaciones de poder y dominación sobre las mujeres. Por ello propuso no ver a los homicidas como meros individuos “salvajes”, sino como individuos que asimilan aspectos de una sociedad enferma: inequidad entre hombres y mujeres, marginación, tolerancia a las relaciones de dominación, misoginia, control, sexismo.
Arteaga y Valdés consideraron este fenómeno como una respuesta a los reacomodos originados por una mayor participación de la mujer en los espacios de poder, que antes pertenecían a los hombres. Para ellos, el objetivo del asesino no es sólo o siempre la posesión sexual de las víctimas, sino poner un alto al proceso de construcción de las mujeres como sujetos, que lleva por ende el declive de su papel dominador.
Alma Gómez, con la experiencia de haber trabajado los feminicidios en Chihuahua desde los años 90, lo explica así:
“A nivel social hay una cultura que nos ve como objetos de uso de disfrute, inferiores, usables, desechables, prescindibles, bajo una cultura patriarcal. Pueden hacernos lo que se quiera con la garantía de impunidad”.
En el documento dirigido a la CoIDH Monárrez analizó los discursos de la sociedad juarense en torno a “las muertas de Juárez” y encontró que a nivel público las muertes se justifican: las matan porque “llevaban doble vida” o “venían de familias desintegradas”. Así, la sociedad se libera del riesgo de ser víctima y reacciona sólo para callar a quienes reclaman justicia porque esas muertes  “denigran la imagen de la comunidad”.
Hoy, diez años después de que Monárrez realizara aquél análisis, los argumentos que culpabilizan a la mujer de su destino se mantienen vigentes.


                                                                       ***


Bárbara Reyes, 16 años:
Secuestro, abuso sexual, muerte
El primero de octubre de 2011 la central de emergencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México recibió una llamada anónima que alertaba sobre el hallazgo de un cadáver.
En los registros oficiales no se consignó la hora de la llamada, el número de procedencia, si la voz pertenecía a un hombre o a una mujer o ningún otro dato, fuera de que el cadáver estaba en un baldío del barrio de San Blas, Cuautitlán, una colonia popular e insegura, que colinda con tierras y sembradíos.
            En el terreno bardeado por tres lados, la hierba crece. Hay  una construcción en obra negra; al interior, un sillón, ropa sucia tirada. Ahí van jóvenes a beber, a vender droga.
Pero la muerte no está en la casa, sino afuera, entre la maleza: embozada con cinta canela, emplayada y envuelta en bolsas negras, hay una osamenta. Viste un pants azul, playera a rayas, chamarra negra, ropa interior de mujer.
 La osamenta está íntegra, a excepción de los huesos del pie derecho, aunque los dos tenis Converse están ahí. El grado de descomposición es tal que no queda piel, ni órganos, sólo algunos mechones de cabello castaño, largo.
El caso quedó a cargo del agente del ministerio público Juan Carlos Parra Estrada. La carpeta de investigación contempla el delito de homicidio; nunca el de feminicidio. Sólo consigna que se trata de los restos de una mujer entre 17 y 20 años, depositados en el terreno entre 15 y 20 días antes del hallazgo y que probablemente fue asesinada en otro lugar; no precisa fecha de muerte ni la causa.
Parra Estrada envió cabellos al laboratorio para tomar muestras de ADN; pero no fue posible extraerlas de ahí. La laboratorista solicitó un fragmento de hueso para el estudio. El agente no envió nada y en algún punto “perdió” los cabellos, la ropa, las bolsas negras, el plástico.
En enero, Parra Estrada dio carpetazo y mandó los restos a la fosa común.
De Bárbara quedan, dispersas por internet, fotos que sus padres difundieron en la búsqueda. Blanco y negro. Una adolescente bonita, de labios delgados que mal disimulan una sonrisa, cabello castaño, largo.
            María Bárbara Reyes Muñiz, de 16 años, vivía con su familia en una privada de Cuautitlán Izcalli, ese municipio mexiquense concebido como un exclusivo suburbio estadunidense que terminó devorado por la mancha urbana.
            El 8 de agosto de 2011, alrededor del medio día, Barbie salió  de casa a pie. Le mandó un mensaje a su mamá, Lourdes Muñiz, dijo que iba con “una amiga de la escuela” al centro comercial Luna Park cerca de casa.
Poco después, su teléfono fue apagado. Pasadas las 7 de la noche, Lourdes recibió el primer mensaje del secuestro, desde el celular de su hija:
“ […],quero 500mil pesos para mañana a las 11 no estas para poner condiciones y no me importa hablar contigo hasta maÑana. […]” (SIC).
Lourdes llamó a su esposo, Alejandro Reyes, quien de inmediato fue a denunciar; contactó a un negociador y regresó a casa, donde gente entraba y salía. Al filo de las 9 de la noche llegó el segundo mensaje:
“vivo demasiado cerca como para no notar que ya hiciste tu desmadre […], si quieres a tu hija te necesito en 5 horas en queretaro con la camioneta y sus papeles asi como el matiz y sus papeles […] solo te quiero a ti, tus hijas […]” (SIC).
Los padres enviaron un mensaje a los secuestradores, pero éstos ya no respondieron.
            La familia intentó reconstruir los últimos pasos de Bárbara: no hallaron evidencia de que su hija hubiera llegado al centro comercial. Testigos y personas de interés mintieron con impunidad. Tuvo que pasar casi un año y 16 oficios para que supieran algo concreto de los registros telefónicos: que era imposible obtenerlos a detalle.
Se giraron oficios a los hospitales y semefos de todo el país: mujer de 16 años, tez blanca, estatura: 1.70 centímetros, delgada; en septiembre se tomaron muestras de ADN de los padres para agregarlos a la base de datos estatal.
            Por las mismas fechas en que una osamenta era hallada a cinco kilómetros de la casa de Barbie, en San Blas, Lourdes  recibió una amenaza anónima. “Yo no tengo a tu hija”, aseguraba, pero “tú y tu familia deben irse del Estado de México”. 
            Para febrero, los padres de Bárbara hicieron público el caso. Crearon una página en Facebook con la carita de su hija: Barbie de lado, sonríe, un corazón pintado en la mejilla. Siguieron todos los indicios. Viajaron a diversas partes del país. La buscaron en bares y cantinas. Perdieron trabajos, el negocio familiar.
            A inicios de 2013, con la investigación estancada, Lourdes decidió recorrer personalmente los forenses del Estado de México. Comenzó con los dos más cercanos: Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México.
 En éste halló el caso de una joven localizada el 1 de octubre de 2011. Vio las fotografías, reconoció la ropa, pero sobre todo los dientes inferiores: un poquito chuecos, como los de su hija. En abril, las pruebas de ADN le confirmaron que era su hija.
Finalmente ella la había localizado. Ahí, en las narices de autoridades que no le dieron mayor importancia al caso.
            El agente del MP que perdió pruebas y no tramitó el examen de ADN (con lo que hubiera ahorrado a la familia un año 3 meses de búsqueda) fue sujeto a proceso… por un tiempo.
 Interpuso un amparo. Un tribunal colegiado determinó que, si bien era responsable, la sanción era “demasiada”.
Hoy, la familia contempla llevar el caso ante la CIDH.


                                                           ***
Feminicidio en México:
Retrato de un crimen; las cifras del horror
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de  Violencia ordena a los estados registrar los feminicidios, pero no todos los cuantifican y los que lo hacen suelen minimizar las condiciones de su muerte y las clasifican bajo otro rubro, como homicidio simple, acusa María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Y aunque esto ha derivado en grandes vacios de información, organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se han dado a la tarea de documentar y analizar lo más ampliamente este grave problema y, además, ponerlo en cifras.
Así, una radiografía del feminicidio en México, en cifras y datos duros, está trazada por muy diversas líneas. Pero las principales son éstas:
El 49 por ciento de las mujeres asesinadas con violencia extrema tenían de entre 21 y 40 años de edad.
El 40 por ciento eran mujeres que trabajaban o estudiaban.
Y el 51 por ciento fueron golpeadas, quemadas, asfixiadas o apuñaladas hasta morir, lo que refleja la violencia extrema contra ellas.
En dos de cada tres asesinatos, los verdugos tiraron a sus víctimas en lugares públicos como calles, avenidas, carreteras, parques o baldíos, o las dejaron abandonadas en hoteles. Sólo el 18 por ciento de los cuerpos quedaron en sus casas.
Los datos recabados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio le han permitido diagnosticar que a nivel nacional el 30 por ciento de las muertes ocurren en el ambiente doméstico, es decir que el agresor es una persona conocida, ya sea la pareja, un familiar o amigo.
Mientras que el 70 por ciento ocurren en el ámbito comunitario, donde la víctima no conocía a su agresor. Estos podrían ser casos de crimen organizado –trata, generalmente-, o de violencia sexual no organizada, agresores que matan a las mujeres por “oportunidad”, sin razones aparentes, como “levantones” de placer.
Pero si se mira al país por regiones, los patrones cambian.
Por ejemplo, en los estados del sur la tendencia nacional se invierte: en el 70 por ciento de los casos se trató de feminicidios en el ámbito doméstico y el resto en el comunitario. En el sur las mujeres son asesinadas con violencia extrema mueren a manos de algún familiar.
Un reporte del OCNF, basado en datos de 17 estados que accedieron a proporcionar información para el periodo 2009-2010, constata que 51% de los asesinatos se llevan a cabo en el norte, 44% en el centro y 5% en el sur de la República.
Los municipios donde ser mujer es un peligro, de acuerdo a la lista del Observatorio Ciudadano: son los siguientes, con datos del periodo 2009-2010, que son los más actualizados hasta el momento:
1.- Ciudad Juárez, Chih. : 389
2.- Tijuana, BC. : 89
3 Chihuahua, Chih. : 84
4 Culiacán, Sin. : 39
5 Ecatepec, Edomex: 35
6 Monterrey, NL: 32
7 Torreón, Coah. : 32
8 Acapulco de Juárez, Gro. :30
9 Nezahualcóyotl, Mex. : 28
10 Tepic, Nay. : 28
11 Iztapalapa, DF: 25
12 Durango, Dgo. : 25
13 Gómez Palacio, Dgo. : 20
14 Benito Juárez (Cancún) Q. R. : 20
15 Tampico, Tamp. : 19
16 Venustiano Carranza, DF: 18
17 Gustavo A. Madero, DF: 17
18 Guadalajara, Jal. : 17
19 Puebla, Pue. : 17
20 Mazatlán, Sin. : 16
Mientras que la lista de los 17 estados donde más mujeres se asesinan es la siguiente (con la aclaración de que sólo estas entidades accedieron a dar información al Observatorio Ciudadano):
1 Estado de México
2 Sinaloa
3 DF
4 Tamaulipas
5 Jalisco
6 Sonora
7 Morelos
8 Nuevo León
9 Chihuahua
10 Guanajuato
11 Hidalgo
12 Tabasco
13 Tlaxcala.
14 Querétaro
15 Aguscalientes
16 Yucatán
17 Zacatecas
Así, el estado donde  más mujeres se asesinan con violencia es el Estado de México. Entre los años 2000 y 2009 el estado de México tuvo 2 mil 881 asesinatos.
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Eva Cecilia Pérez:
A los 17 años frente a un asesino serial
Este cuerpo es el de Eva Cecilia Pérez.  El cuerpo de una joven preparatoriana, fuerte y atlético, propio de quien en vida practicaba el básquetbol y la natación.  Un cuerpo al que un hombre le quitó la vida a punto de cumplir 17 años. Un cuerpo encontrado en la lateral de una avenida transitada, a la vista de todos.
Es el 26 de noviembre del 2011, la mañana del último día que su familia y conocidos la vieron con vida. Lo que hizo ese día quedó grabado en la mente de todos: por la mañana salió a ver una obra de teatro, después volvió a casa a comer y de ahí a patinar con su novio y algunos amigos.
Un par de horas más tarde llamó para avisar que todo estaba bien, siguió en el paseo y a las 9 de la noche su novio la acompañó a tomar el microbús en Tultitlán. Iba con destino al metro Chapultepec y era conducido por César Armando Librado Legorreta.
Se despidió de ella y calculó que en unos 30 minutos debería llegar a casa.
Durante el recorrido el microbús se fue vaciando de pasajeros y Eva Cecilia quedó sola.
Al verla, César Armando pensó: “ésta ya chingó a su madre”, como lo confesaría después.
 La sometió, la violó dentro del microbús, la asfixió “chineándola”, apretando su cuello por detrás con el brazo. En 40 minutos acabó con ella. Luego, esculcó su mochila, robó su celular para luego regalárselo a su esposa.  Arrancó el vehículo y tiró su cuerpo bajo el puente vehicular.
En casa, la siguiente noticia fue una llamada telefónica que su familia recibió del novio de la joven, para saber si ya había llegado, pues en el celular ya no contestaba.
Las alertas se prendieron. Esa misma noche Amparo, su madre, y sus hermanos arrancaron la búsqueda. Imprimieron volantes con sus señas y con la fotografía de su hija donde se ve con sus grandes ojos café claro, su pelo castaño, lacio, enmarcando una cara redonda. Es preciso decir que cada día, durante un mes, repartieron mil copias con ayuda de sus amigos de la escuela entre los trabajadores y usuarios de las rutas de autobús donde su novio la despidió.
Amparo recorrió los semefos y hospitales del Valle de México, vio  cuerpos de adolescentes y jóvenes asesinadas, con el deseo profundo de que ninguno fuera el de su hija. Y todos los días en algún momento, hacía guardia afuera del ministerio público esperando respuesta.
El 26 de diciembre, cuando se cumplía un mes de la desaparición, Amparo llegó al MP a dar seguimiento al caso. Como siempre, le dijeron que no había novedades. Al día siguiente ya no esperó esas noticias que nunca llegaban y se metió a la fuerza a las instalaciones de la Unidad de Homicidios de la PGJ del Estado de México, en Tlalnepantla y revisó cinco expedientes de mujeres asesinadas.
Los expedientes hablaban de mujeres reducidas a cuerpos. En uno de ellos se narraba el hallazgo del cuerpo de una mujer no identificada de entre 18 y 20 años de edad, con sudadera azul, mallas negras, short de mezclilla y botas. Mientras Amparo leía, iba reconociendo la ropa  que vistió su hija el último día que alguien la vio con vida.
 Era ella, Eva Cecilia.
Un día después de encontrar el expediente le entregaron el cuerpo. Su familia lo veló el 29. Lo enterraron el 30. El 31 de diciembre Eva Cecilia cumpliría 17 años.
El cuerpo había llegado tres días antes al MP y las  autoridades no se percataron del hecho. “No nos ponemos a revisar todos los expedientes”, recuerda Amparo que le dijo el agente a cargo.
Eva Cecilia fue asesinada el mismo día de su desaparición, su cuerpo fue encontrado un mes después a las orillas del circuito mexiquense.
¿Qué es el cuerpo de una mujer expuesto a la vista de todos? Un pepenador declaró que encontró el cadáver tirado debajo de un puente vehicular el 27 de noviembre a las siete de la mañana, apenas unas horas después de su desaparición. Avisó a personal de limpia pública municipal y nadie hizo nada.
Al día siguiente el pepenador vio de nuevo el cuerpo y avisó de nuevo a las autoridades. Fue hasta el 24 de diciembre que recogieron los restos de la joven.  Su victimario anduvo impune largo rato. Hasta que por la presión de la opinión pública las autoridades actuaron. Los choferes dijeron que se trataba de un sujeto al que habían bautizado como “El Coqueto”  y muchos hasta a chunga lo tomaron.
Pero de ello no tiene nada: el sujeto resultó un asesino serial culpable de violar y asesinar a otras 6 mujeres, además de Eva Cecilia. Un asesino que al ser detenido nunca perdió la sonrisa.
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Feminicidio en México:
Machismo, impunidad, dos caras del mal
En un extenso artículo publicado por la Fundación Henrich Boll, la investigadora alemana Eva Brath, da cuenta que las estructuras machistas y la impunidad son consideradas como la base de la violencia específica de género en México.
Brath señala cita los resultados de los estudios realizados en 2005 y 2010 por el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED) y sostiene que  de acuerdo con ellos, “el menosprecio y la discriminación contra las mujeres están tan arraigados en la sociedad mexicana, que el 15 por ciento  de los hombres encuestados consideran que es legítimo invertir menos en la educación de las hijas. El 22 por ciento les concedió a las mujeres capacidades menores en el ejercicio de puestos de alta responsabilidad. Y el 40 por ciento estuvieron de acuerdo con la afirmación de que las mujeres deberían realizar un trabajo apto para su sexo.
Y agrega que en amplios sectores de la sociedad, la violencia contra las mujeres es considerada normal o, por lo menos, justificada.
“Aun cuando casi la totalidad de los hombres encuestados rechazaron verbalmente la violencia física contra las mujeres, casi una cuarta parte de ellos opinó que la causa de las violaciones radica en la conducta provocativa de las víctimas. En relación con los feminicidios este discurso de estigmatización también es común entre los policías y otros funcionarios públicos. Las mujeres encuestadas afirmaron que la violación de su derecho a una vida libre de violencia es la forma más difundida de discriminación contra ellas, aunque también resaltaron de manera particular algunas formas de violencia familiar”.
Brath cita sondeos del INEGI realizados en 2006, según los cuales el 67 por ciento de todas las mujeres mayores de 15 años ya han sido víctimas de la violencia. Más de la mitad de este grupo de mujeres de esa edad ya han sufrido violencia por parte de su pareja, y 44 por ciento de ellas violencia física.
Asimismo, detalla como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) destacó, en el marco de una campaña contra la violencia en junio de este año, que cada 15 segundos una mujer es agredida y cada 9 minutos una mujer es violada en México.
Brath, sin embargo, advierte que los investigadores mexicanos Nelson Arteaga Botello y Jimena Valdés Figueroa, autores de un estudio sobre los feminicidios en el Estado de México, dudan que los feminicidios puedan ser remitidos de manera general y directa sólo a las estructuras del machismo.
“Ellos sostienen la tesis de que la violencia extrema contra las mujeres se debe ubicar en el contexto social de los cambios de la sexualidad femenina, así como de la creciente actividad laboral de las mujeres, en cuyo marco se disuelve la división clásica de géneros. Así pues, de acuerdo con esta interpretación, los feminicidios pueden considerarse como reacción de un “machismo ofendido”, que quiere evitar determinadas formas de subjetivación de las mujeres y, en su lugar, conservar los patrones tradicionales de valores en las relaciones de género”.
Esto resulta particularmente visible en Ciudad Juárez. Con el empleo masivo de mujeres en las maquiladoras, así como con el descenso simultáneo de los oficios tradicionales y de la pequeña industria, cambió la comprensión de los roles de género en la medida en que los hombres ya no son el sostén principal de la familia y en que las mujeres se mueven cada vez más en el espacio público, en lugar de encargarse del hogar y de los hijos. En el curso de este proceso de transformación la violencia doméstica aumentó repentinamente en la ciudad. La participación de las mujeres en el espacio público y su compromiso político no son aceptados de manera general y se les reprime a través de la violencia.
Por lo que toca a la impunidad, el artículo de Eva Brath señala que en  México las  instituciones oficialmente encargadas de garantizar los derechos de las mujeres se distinguen por su alto grado de negligencia. Y que los déficits institucionales se evidencian en la baja tasa de delitos esclarecidos, así como en las irregularidades de las investigaciones policíacas, lo cual produce un clima de “impunidad”.
Cita, por ejemplo, “que en el 69 por ciento de los 1221 asesinatos cometidos contra mujeres en el período 2007-2008, las autoridades dijeron desconocer el motivo de los crímenes, y en el 51 de los casos, a sus autores”.
Y agrega:
“De los 459 asesinatos cometidos en la primera mitad de 2009 solamente resultaron 8 condenas, así como 87 sospechosos, aunque éstos últimos no pudieron ser procesados por falta de pruebas.
Según los datos proporcionados por el INMUJERES, el 85% de los casos denunciados de violencia contra las mujeres queda impune.
Al dejar sin castigo los crímenes de violencia, las instituciones estatales contribuyen al aumento de violaciones a los derechos humanos y favorecen, además, un patrón de repetición e imitación.
Los relatos de familiares de las víctimas ponen de manifiesto el hecho de que este balance negativo no se le puede atribuir únicamente a las reducidas capacidades de la policía y del aparato de justicia. La falta de interés y una cierta tolerancia de los responsables frente a la violencia agudizan considerablemente esta problemática”.
Y finaliza poniendo como ejemplo de ello al actual presidente de México, cuando aún era gobernador del estado de México.
“En ese entonces, y a pesar de que las estadísticas oficiales señalaban que en el estado de México y bajo su gobierno 9 de cada 10 feminicidios quedaban impunes, Peña Nieto se mantendría en posición de negar la altísima violencia contra las mujeres en su entidad, y diría que las críticas respondían, tan sólo, a una estrategia  política de los partidos opositores”.

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Karen Sánchez Gochi:
Matar el cuerpo y la dignidad
El cuerpo de Karen Joanna Sánchez Gochi fue descubierto en la habitación 47 del hotel Clavería por personal de limpieza al mediodía del 12 de junio de 2012.
Vestía solo su pantaleta. Recostado en la cama, donde una mancha de sangre de unos 50 o 60 centímetros crecía y provenía de un golpe en la cabeza con un objeto sin filo, golpe que por sí solo podía ser mortal. La causa legal de muerte fue asfixia. Tenía otras lesiones: el labio roto, marcas de forcejeo en un brazo.
A Karen la desvistieron después de golpearla. Su playera, atascada en el excusado con el resto de su ropa, estaba manchada de sangre. En el piso había la envoltura de un condón, pero análisis posteriores concluyeron que Karen no tuvo relaciones sexuales ese día; ni siquiera había indicios de haberse besado con alguien.
Un video registra cómo Karen y un joven llegan a la recepción del hotel. Él paga. Una hora después, él se va. Su nombre, se sabría después, Mario.
Estas son las pruebas objetivas del asesinato de Karen, de 20 años, estudiante universitaria, deportista, e hija de familia trabajadora de Tacuba.
 Sin embargo, la verdad legal es la declaración de su asesino: Mario Gabriel Enríquez Pérez, quien dijo que eran amantes, que esa noche Karen le propuso ir al hotel; que ella pagó; y que mientras tenían relaciones sexuales ella lo amenazó con decirle a su pareja formal; y que él, debido a un estado de emoción violenta, la asfixió.
Pese a los indicios de violencia de género, el asesinato de Karen es considerado un homicidio calificado, no un feminicidio, cuya historia es otra a la legal.
La noche del lunes 11 de junio de 2012 Karen regresaba de su clase de box; venía sudada por dos horas de ejercicio, en las que Mario le había marcado ocho veces sin que ella contestara. Cuando ella llegaba a casa, el joven le marcó de nuevo. Por fin respondió.
–Estoy por tu casa; necesito verte–, habría dicho Mario.
Guadalupe Gochi, madre de Karen, recuerda que su hija no quería salir sudada y en pants. Pero al ver las llamadas perdidas le comentó: “No me tardo. No sé qué quiere”. Guadalupe se asomó y lo vio esperando en la esquina. Karen sólo tomó su celular y bajó las escaleras que dan a la calle. Eran las 10 de la noche.
Poco después llegó Conrado Sánchez, padre de Karen, otro de los hijos y la abuela, quien al entrar preguntó por qué la puerta estaba abierta.
–Karen está afuera–, respondió Guadalupe.
–No está.
–A lo mejor no la viste.
La familia se fue a dormir.  Alrededor de la 1 de la mañana, Guadalupe despertó.  Karen no estaba. Entonces comenzó la búsqueda.
Esa misma noche localizaron a Mario, quien negó haber visto a Karen.  A las 2:30 de la mañana fueron a la  IX delegación Miguel Hidalgo donde los agentes se negaron levantar el acta. A las 11 de la mañana la familia ya había tramitado las sábanas de llamadas y se encontraban en la fiscalía de Secuestros.
Mario declaró esa misma noche. Tras un par de horas, el comandante a cargo se acercó a Conrado:
–El chavo nada qué ver. Está limpio. Ya lo interrogaron cinco. Está limpio.
La familia, destruida, se retiró. Pero apenas llegaban a casa cuando Conrado recibió una llamada del comandante.
–Venga rápido, porque tengo noticias.
Al llegar a la agencia, el mismo comandante les pidió que se subieran a la patrulla; tenía algo que mostrarles. El comandante le dijo al padre que Mario había asfixiado a Karen, que la habían encontrado en un hotel de Clavería, semidesnuda, horas antes.
“Yo me agarré y empecé… a enloquecer”.
Mario está sentenciado a 35 años de prisión por homicidio calificado. Podría ser una victoria, pero los amigos y la familia de Karen no lo ven así. La versión de él fue validada en el expediente y los medios de comunicación, pese a las pruebas periciales que demuestran que Karen no tuvo relaciones sexuales con él ese día.
En la verdad documental, ella era su amante, ella pagó el hotel, ella lo amenazaba con delatarlo. En esa “verdad”, prácticamente Karen habría empujado a Mario a matarla. El asesino no sólo le quitó la vida a Karen; también su dignidad.
Pero para Guadalupe Gochi, la madre de Karen, el origen del crimen esta en otro lugar.
Guadalupe recuerda cuando su hija Karen, de entonces 16 años, le platicó que su maestro de baile, Mario, la pretendía. Ella no estaba muy convencida: él no estudiaba y ella tenía otros proyectos. Además él comenzó a salir con otra alumna.
A partir de entonces, los caminos de Karen y Mario se alejaron. El único punto de coincidencia, el baile, era insuficiente y más cuando Karen entró a estudiar Ciencias de la Comunicación.
Karen no tenía novio; en cambio, sí tenía amigas y amigos, trabajo, escuela, deporte, familia. Mario, en cambio, daba dos clases de baile por semana en una academia de barrio y ocasionalmente participaba en alguna coreografía en XV años.
 Para el padre de Karen estas diferencias son el origen del crimen. Aunque cada vez más lejanos, Mario seguía tras ella, como atestigua un mensaje de texto de su propia novia, quien le reclama “sigues buscando a Karen”.
 Y ella, era cada vez más inalcanzable. Algo que, para Mario, Karen no tenía derecho a hacer.
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miércoles, 8 de julio de 2015

Hacen madres de desaparecidas y asesinadas memorial en honor de hijas

Josefina Martínez/
El Diario | Martes 07 Julio 2015 | 21:06 hrs

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“Tengo la esperanza de tener de nuevo a mi hija entre mis brazos”, dijo ayer Anita Cuéllar al concluir la celebración eucarística en la que recordó un año más de la desaparición de Jessica Ivonne Padilla Cuéllar , ocurrida el 7 de julio del 2011, cuando tenía 16 años.

Conmovida la madre de Jessica señaló que hace 4 años que no ve a su hija pero no pierde la esperanza de volver a estar con ella, platicar, acariciarla y escuchar su risa.

“No estuvo listo un memorial que quiero hacerle porque me faltó dinero pero con esta misa quiero agarrar fuerza para seguir buscándola porque no pienso dejar de hacerlo hasta que tenga fuerza”, aseguró.

Anita buscó a Jessica desde el 7 de julio del 2011 y recorrió las mismas tiendas  que su hija en el centro de la ciudad a donde fue a buscar trabajo.

“En todas me dijeron que estuvo ahí buscando trabajo y el último lugar al que entró fue una zapatería, desde entonces visito la Fiscalía, les llevé los primero testimonios y nada”, expresa la madre de Jessica.

“Ahorita m’ija tiene 20 años y donde quiera que esté quiero que sepa que la sigo buscando y que siempre lo haré”, dijo

Y recordó como tomó una ruta desde su casa en la colonia López Mateos ubicada en el poniente de la ciudad, para llegar al centro de la ciudad de donde ya no regresó.

La madre de Jessica acompañada de su hijo y sus nietos distribuyó botellas de agua con la imagen de su hija al concluir la celebración eucarística durante la cual el sacerdote Fernando Valle omitió hacer mención de que la familia de Jessica estaba en el lugar pidiendo porque la joven regrese a su casa.

Posteriormente las familias de las mujeres desaparecidas se trasladaron a la esquina de las calles Rafael Velarde y Vicente Guerrero para develar el memorial de Silvia Elena Rivera Morales que desapareció el 7 de julio de 1995 luego de salir de trabajar de la zapatería ubicada en este cruce.

Los restos de Silvia Elena fueron localizados el primero de septiembre de ese mismo año en el Lote Bravo.

Su madre Ramona Morales recuerda la noche del 7 de julio de 1995 como la más larga de su vida.

“Yo siempre esperaba a m’ija en la parada del camión y no llegó, mi esposo y yo la esperamos, caminamos hasta la carretera Panamericana y nada, en cuanto salió el sol nos venimos al centro a investigar y a poner la denuncia”, expresó.

Sentada en la Plaza de Armas mientras espera que el memorial para Silvia Elena sea colocado, dirige su vista a la zapatería donde Silvia trabajaba medio turno para luego ir a la escuela.

“Ella quería ser alguien, superarse, se dormía en mis brazos en la noche, yo le platicaba y le acariciaba su pelo que estaba muy largo, hace 20 años se fue y la recuerdo cada día”, dijo Ramona.

Durante estos 20 años Ramona ha visitado las oficinas de la Fiscalía del Estado para buscar respuestas.

domingo, 28 de junio de 2015

Juicio por feminicidio implica a narcos, policías y soldados

Familiares de mujeres desaparecidas en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez. Foto: Ricardo Ruíz
Familiares de mujeres desaparecidas en el Arroyo del Navajo, Ciudad Juárez.
Foto: Ricardo Ruíz
Pese a la conmoción que causaron hace años los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, apenas en abril pasado se abrió el primer juicio por ese delito en la entidad. Se acusa a 11 personas por el secuestro y asesinato de igual número de mujeres de entre 15 y 20 años, con casos bien documentados. Los testimonios de algunos delincuentes y de sus víctimas que sobrevivieron pueden hundir a los asesinos. Sin embargo, también ofrecen evidencia de la corrupción que corroe a las corporaciones policiacas e incluso a militares. 
MÉXICO, D.F. (Proceso).- “A la edad de ocho años me fui a vivir con mi tío Poncho –actualmente usa el nombre de Raúl Ramírez–, no sé cuál es su verdadero nombre. Tiene varios años de pertenecer a La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Su función es levantar muchachas en el centro de Juárez, a mí me utilizaba como carnada frente al mercado Reforma o en el Cuauhtémoc. ‘Trabajé’ con él tres años”, narra Luis Jesús Ramírez Loera. Entonces le decían El León.
Continúa: “Mi tío me señalaba a la muchacha a la que quería que me acercara con el pretexto de que me cambiara un billete, o que pareciera que andaba solo para darles lástima. Cuando estaba con ella le decía que andaba perdido, que me llevaran atrás del mercado o a una tienda de nombre Econotienda, en la calle Mina. Cuando ya las tenía allí, mi tío y su gente las abordaban, las amenazaba con dañar a sus familiares y las trasladaban al hotel Verde. Algunas las vendían a los soldados que están en Chihuahua y a narcotraficantes foráneos; a otras las prostituían en el centro de Juárez o en otros estados”.
Su narración, junto a testimonios de víctimas sobrevivientes y de integrantes de la organización que levantaron y prostituyeron jóvenes para después matarlas, dejó al descubierto que esa red delictiva no sólo gozaba de la protección de soldados y policías, tanto municipales como federales (Proceso 2012), sino que también opera en los Centros de Readaptación Social (Ceresos).
También puso en evidencia que el periódico local PM es el medio que utilizan las redes de trata para ofrecer servicios sexuales en locales establecidos o a domicilio. Todos los que anuncian una “sala” en este impreso reciben la llamada de una persona que los obliga a pagar una “cuota” por dejarlo “operar”, según se indica en varias declaraciones reunidas en el expediente de más de 70 mil fojas…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2017 de la revista Proceso, ya en circulación.

domingo, 21 de junio de 2015

Señalan deficiencias en normas para activar alerta de género

Existen fallas en registros de feminicidios, entre otros
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 21 de junio de 2015, p. 8
En una cuarta parte de las entidades del país grupos civiles han denunciado el aumento de violencia hacia las mujeres, por lo cual exigen que se emitan alertas de género.
Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Colima, Morelos y Sonora se encuentran en la mira.
Tras las denuncias de organizaciones no gubernamentales, el marco legal indica que un grupo de especialistas investigará cada caso y emitirá un informe.
Los diagnósticos realizados en las entidades mencionadas, con excepción de Sonora, donde apenas se iniciarán, muestran deficiencias graves en políticas públicas: ausencia de protocolos especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual, así como deficiente registro de casos de feminicidios y de desaparición de mujeres. Además, los análisis comprueban una alta incidencia delictiva hacia estas últimas.
No obstante, ningún caso ha merecido el grado de alerta de género, mecanismo incluido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya aplicación supondría una reacción inmediata para atender la crisis.
La razón de que no se haya emitido ninguna alerta, explica la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, es que el marco normativo cambió.
Antes, la solicitud de la organización civil se sometía a votación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual está presidido por la Secretaría de Gobernación y en el que participan enviados de los gobiernos estatales, el Inmujeres, el Consejo para Prevenir la Discriminación, el DIF y otras dependencias federales. En ese contexto nunca se registró una votación suficiente para emitir la alerta.
Ahora, con un nuevo reglamento, no se somete a votación, sino que se integra un grupo de investigación. Con el análisis en mano se da al gobernador un plazo para que diga si admite las recomendaciones. Es decir, la alerta sólo saldría a la luz si el mandatario estatal se negara a admitir el informe y a cumplir con los cambios propuestos.
Recomendaciones cumplidas
“Los grupos de trabajo están evaluando si se está cumpliendo (con las recomendaciones expuestas por el grupo de trabajo)… Tal vez (la alerta de violencia de género) no se emite como tal, pero por lo pronto los estados están cumpliendo con las recomendaciones”, dijo Cruz Sánchez a La Jornada.
Por ejemplo, Guanajuato, primera entidad en entrar en este nuevo mecanismo, no tenía protocolos de investigación de muertes con presunción de feminicidio; tampoco estaba tipificado ese delito en su gaceta o periódico oficial, ni contaba con agencias especializadas del Ministerio Público para atender a las víctimas, por lo cual las mujeres violadas esperaban tres o cuatro horas a que les tomaran declaración porque el turno era para casos de robos de automóvil.
Estas investigaciones están empujando a las entidades a atender y prevenir la muerte de mujeres, dijo la funcionaria.
Admitió, sin embargo, la prevalencia de rezagos, en especial en la clasificación de delitos; las procuradurías sólo emiten datos generales de la incidencia de homicidios o lesiones, por ejemplo.
Otro reto es homologar leyes. Si bien en todas las entidades está tipificado el feminicidio, no hay una armonización legislativa nacional.
Uno de los más recientes estudios es el de Baja California, el cual detalla que no es posible saber cuántas niñas, adolescentes y mujeres indígenas, migrantes y personas de la comunidad homosexual han sido víctimas.
Por ello se propone generar un banco estatal de datos, elaborar un programa y leyes para atender este fenómeno y dotar al Instituto de la Mujer con recursos humanos y materiales suficientes, entre otros aspectos.

jueves, 14 de mayo de 2015

Malú García Andrade en España

Malú García Andrade en España, apoyando al difusión del libro "De Regreso a Casa", de Elena Ortega






miércoles, 13 de mayo de 2015

"De regreso a casa" - Testimonio de Malú García Andrade



¿Puede una madre desenmascarar a las mafias que asesinaron a su hija?

Cuando el 14 de febrero de 2001 Alejandra García Andrade desapareció, con sólo diecisiete años, al salir del trabajo, su madre, Norma, no imaginaba el alcance de la pesadilla que acababa de comenzar para ella y para el resto de su familia. En Ciudad Juárez, la desaparición de una mujer no parece importar más que a los familiares y a los periódicos amarillistas: las autoridades apenas investigan este tipo de casos, sobre todo entonces, y muchos caen en el olvido al cabo de poco tiempo. Por ello, cuando el cuerpo de Alejandra apareció, una semana después, con señales de tortura y abuso sexual, Norma decidió poner manos a la obra y fundó la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, desde la que padres y madres de víctimas de los feminicidios de Júarez, liderados por Malú, hermana de Alejandra, luchan contra la corrupción y el olvido.

Lo que Norma y Malú no sabían era que pelear por la verdad, por descubrir a los responsables de la muerte de Alejandra, y solicitar al Gobierno mexicano mano dura contra las desapariciones y los asesinatos de mujeres en Juárez haría llover sobre ellas serias amenazas de muerte y las obligaría a cambiar de domicilio, de ciudad y de vida. Pese a lo cual las dos continúan comprometidas en su lucha contra la impunidad de los criminales —y contra la connivencia de las autoridades— de una de las ciudades más violentas del mundo.