En el Edomex “hay cosas más graves que atender” que los feminicidios: gobierno mexiquense

El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En el Estado de México “hay cosas más graves que atender”, respondió el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, luego de que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) le pidió una reunión para que informara sobre las acciones instrumentadas en la entidad para detener la violencia contra las mujeres.

Como parte de la campaña “Ni un feminicidio más en el Estado de México, Declaratoria de Alerta de Género ya”, integrantes del OCNF viajaron a Toluca para reclamar justicia por las mujeres asesinadas entre 2007 y 2013 (más de mil 500) y por las más de 600 menores de 20 años que han desaparecido en lo que va de la actual administración.

La tarde de este viernes, luego de que en un primer momento Ávila se negó a recibir a las activistas que le solicitaron una reunión, el gobierno estatal envió un correo electrónico al OCNF para informarle que el mexiquense había recibido el mensaje de ese organismo y dio instrucciones para que el área correspondiente atendiera su solicitud.

En el Congreso local, durante la presentación del libro Las muertas del Estado de México. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto, OCNF denunció que cuando el actual presidente gobernó la entidad se permitió ese tipo de agresiones, pues en lugar de proteger a las víctimas, las autoridades decidieron cuidar su imagen pública y cotos de poder.

Al concluir el evento las activistas se dirigieron al Palacio de Gobierno, acompañadas por representantes de la Alianza por los Derechos de las Mujeres en el Estado de México; la diputada local Ana Yurixi Leyva Piñon, del PRD; Norma Andrade, fundadora de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, así como madres de víctimas, entre ellas Irinea Buendía, cuya hija Lima Buendía fue asesinada por un judicial mexiquense.

En ese lugar pidieron una reunión con el gobernador mexiquense, para conocer el contenido del informe que en breve presentará ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que después del maltrato por parte de elementos de seguridad que pretendían impedirles el arribo a las puertas del Palacio de Gobierno, encararon la negativa de los funcionarios y trabajadores para atender su demanda.

“Nuestra intención era conocer qué es lo que se va a informar a las integrantes del Sistema”, y si los datos y acciones sobre las que se dará cuenta se van a limitar a la gestión de Peña Nieto, dijo.

También, agregó, “si el informe se va a limitar a lo que ellos ya archivaron o a las acciones paliativas que están emprendiendo y anuncian con bombo y platillo, pues el informe no tiene ningún sentido, ya que la investigación la harán las dependencias federales, y éstas por lo menos deben incluir la voz de las víctimas”.

La primera respuesta del gobierno local fue que las activistas entregaran el escrito a Oficialía de Partes y que “nos conformáramos con el sello”.

Después los funcionarios que las atendieron argumentaron que el tema no correspondía al gobierno del estado, sino a la Procuraduría General de Justicia, “así que nos mandaron a esa dependencia sin considerar que el procurador acababa de renunciar”.

Tras la insistencia de las activistas y la presión de la diputada Ana Yurixi Leyva, finalmente una comitiva fue recibida por José Luis Bárcena Trejo, coordinador de Concertación de la Subsecretaría de Gobierno, y un funcionario de seguridad del estado, quienes les dijeron que entendían la demanda, “pero por el momento la reunión no es posible, pues en el Estado de México hay problemáticas más graves que resolver”.

Bárcena Trejo ofreció al OCNF que antes de concluir la investigación buscará que el gobernador se reúna con las activistas.

“No es que seamos pesimistas, más bien somos realistas y sabemos que la reunión tiene pocas posibilidades de realizarse, pues en todos estos años el gobierno del Estado de México no ha hecho más que demostrar que no tiene interés por escuchar a las madres de las víctimas, tampoco en garantizar a las mujeres que habitan en la entidad que no serán asesinadas en cualquier momento, y tan es así que la propia fiscal de Feminicidio (con la que sostuvieron una reunión hace dos semanas) desconoce el número de casos”, criticó Estrada.

Por ello, subrayó, decidieron emitir una Alerta Ciudadana.

“Era algo que teníamos pensado, pero a lo que nos rehusábamos, porque nosotras no somos Ministerio Publico y no tenemos la obligación de investigar o atender a las víctimas y, sobre todo, no tenemos las atribuciones de sancionar a los responsables de los delitos, pero no nos dejaron otra opción para impedir que las mujeres sigan siendo asesinadas o desaparecidas”, apuntó.

Precisó que una de las acciones de la Alerta Ciudadana –que arrancó ayer en Ecatepec– es determinar rutas de riesgo para las mujeres con base en información de activistas o de propios familiares, es decir, que a partir de las denuncias que se presenten se pueda identificar cuáles son las calles, colonias o municipios donde están desapareciendo o matando a las mujeres.

En segundo lugar se busca crear una base de datos alterna sobre los casos de violencia, no sólo feminicida, que sea alimentada por la ciudadanía y los informes de prensa, para contabilizar de manera clara la incidencia de casos.
En esta primera fase de la Alerta Ciudadana también se realizará un diagnóstico de acceso a la justicia, con base en los expedientes con los que cuenta el OCNF y demás grupos civiles de la entidad.

10 de mayo, nada que festejar

Nunca pensé que la desaparición y posterior asesinato de Alejandra me convirtiera en lo que soy ahora; mi vida dio un giro de 360 grados.

SOBRE EL AUTOR

Presidenta de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa

NORMA ESTHER ANDRADE | OPINIÓN | 2014-05-09 00:00:00

Abuela malcriando nietos, dedicada a mi trabajo (maestra de escuela primaria). Me convertí nuevamente en mamá.

Lilia Alejandra desaparece un 14 de febrero de 2001 y su cuerpo fue encontrado una semana después en un lote baldío, con huellas de tortura y violencia sexual. A raíz de esta situación es que nace la asociación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, organización conformada por familiares y amigos de jóvenes desaparecidos y asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asesorada por algunas personas y en compañía de Marisela Ortiz, fundamos la organización y como siempre he dicho -no fue que un día me levantara y decidiera ser activista- ¡No!, fue la omisión, negligencia y corrupción de las autoridades lo que nos obligó a constituirnos en Asociación. La necesidad de exigir que hicieran su trabajo bien hecho a quienes se supone son nuestros abogados, pues esa es la función del M.P. (Ministerio Público), realizar las investigaciones y defensa a las víctimas, pero la realidad es otra, que nos ha obligado a las madres a luchar en contra del Gobierno y las instituciones encargadas de impartir justicia, a convertirnos en investigadoras y buscar nosotras mismas a nuestras hijas, ya sea en el desierto realizando rastreos, en bares de la localidad o donde alguna llamada anónima nos indica que las vieron; asimismo, apoyando a otras madres en la misma situación, pertenezcan o no a la organización.

En estos 13 años de lucha hemos recibido acosos de las instituciones gubernamentales, además de amenazas de todo tipo, hasta el intento de asesinato. Sabemos que no todas las amenazas han partido del Gobierno, pero sí que es el mayor interesado en mantenernos calladas, pues no le conviene que rompamos el silencio y alcemos la voz para denunciar los actos de corrupción que hay en las filas de la Procuraduría.

La realidad señala que el problema no acaba y al contrario, se agrava cada vez, pues siguen desapareciendo jóvenes. En la actualidad, se tienen 85 osamentas en el Servicio Médico Forense sin identificar. Según el fiscal Ernesto Jáuregui, titular de la Fiscalía de Género del estado de Chihuahua, esto nos indica la gravedad de la situación, y el Gobierno sólo nos lo oculta.

“10 de mayo, nada que festejar”

“Todas son nuestras hijas, todas son nuestras asesinadas” 

jadealega@live.com.mx

Las desapariciones de mujeres en Chihuahua aumentaron 130% con el gobierno de EPN

Ninguna de las 52 mujeres desaparecidas en Chihuahua, de 2012 a la fecha, está incluida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

marzo 24, 2014
Paris Martínez (@paris_martinez)


A pesar de que los reportes oficiales del gobierno federal señalan que en Chihuahua no ha desaparecido ninguna mujer desde octubre del año 2011, la realidad es que las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres adultas en esta entidad no sólo han continuado, sino que incluso han experimentado un repunte, ya que durante 2013, primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el número de casos aumentó 130% en comparación con el año anterior.

En total, de 2012 a la fecha, en Chihuahua han desaparecido por lo menos 52 mujeres –tal como dejan ver los registros públicos de la Fiscalía Estatal de Justicia–. De ellos, 13 ocurrieron durante 2012, último año de gobierno del expresidente Felipe Calderón; luego, en 2013, el primero de Peña Nieto, se registraron 30 casos más (lo que representa un incremento de 130%, de un año para otro), a los cuales se suman otras nueve desapariciones acumuladas en lo que va de 2014, la más reciente de las cuales es la de Ana Laura Mendoza Aguirre, una niña de 14 años desaparecida el pasado viernes, 21 de marzo, en Ciudad Juárez.

A pesar de ello, ninguna de esas 52 mujeres desaparecidas en Chihuahua, de 2012 a la fecha, está incluida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, aún cuando 75% de los casos han ocurrido durante la actual administración federal, misma que, cabe destacar, puso en marcha dicho registro nacional de víctimas.

El Nombre de Dios…

“Desaparecida” es un eufemismo exacto e inexacto a la vez. Para los que esperan la vuelta de sus seres queridos, las víctimas desaparecen, sí, sin dejar rastro, sin encontrar explicación y sin que exista una causa. Pero, por otro lado, es cierto también que nadie se esfuma en el aire, la tierra no se traga a la gente como acto consciente, la gente no “desaparece”: alguien “se los lleva”, y sólo en casos excepcionales llega a saberse con qué fin estas víctimas, hombres o mujeres, son arrancadas de sus familias, y, menos aún, quiénes son sus victimarios.

El más reciente ejemplo de ello es el de Esperanza Manuela Chaparro, una joven de 19 años que, el pasado 26 de enero, concluyó su jornada laboral en un comercio del centro de la ciudad de Chihuahua, y luego enrumbó hacia el Vivebús, como se conoce al sistema de transporte público de carril confinado en la capital del estado. No se sabe si la joven abordó el Vivebús. Sólo se sabe que, entre las 14:00 y las 14:30 horas, a plena luz del día y en el mismo centro de la capital del estado, Esperanza desapareció.

Foto: Justicia para Nuestras Hijas.Esperanza Chaparro.

Esperanza llevaba un libro de Martin Luther King Jr. en las manos, y en su bolso una hoja de cuaderno en la que había estampado algunas reflexiones personales sobre la fe católica, y es que, aunque la joven estudiaba la licenciatura de administración en ciencias agrotecnológicas, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, su anhelo era convertirse en monja y, de hecho, estaba inscrita en un retiro espiritual de prenoviciado, que iniciaría el pasado 8 de marzo, es decir, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Mundial.

La búsqueda de Esperanza se prolongó durante 39 días, hasta que el pasado 2 de marzo, el cuerpo sin vida de esta joven fue encontrado en el desierto de Chihuahua, en una zona conocida como Nombre de Dios.

Esperanza fue atacada sexualmente, asesinada con un golpe contundente en el cráneo y abandonada en descampado, y pese a ello, un día después de localizar su cuerpo, el fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, insinuó que, aún sin haber sido un suicidio típico, Esperanza había sido responsable de su muerte por haber tomado “decisiones riesgosas” derivadas de una supuesta “depresión”, hipótesis oficial sustentada en el hecho de que, entre sus pertenencias, las autoridades encontraron una “carta” en la que evidenciaba problemas personales…

Dicha carta era, en realidad, el texto con reflexiones doctrinales que Esperanza estaba escribiendo al momento de ser raptada y que, además, forma parte de una colección de pensamientos sobre fe que la joven redactaba en su tiempo libre.

 El Día…

Este año, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer tendría lugar, en Chihuahua, un día antes de la fecha oficial, el 7 de marzo, puesto que ese fue el plazo anunciado por las autoridades para devolver el cuerpo de Esperanza a sus familiares. El féretro de la joven encabezaría la marcha ciudadana con la que, como cada año, las familias del estado salen a gritar la ya conocida consigna “¡Ni una más!”.

Con el cuerpo de Esperanza a cuestas, madres de mujeres asesinadas en el estado pensaban acudir ante el Palacio de Gobierno, para exigir cuentas al gobernador César Duarte.

Eso, sin embargo, no fue posible ya que, “el mero 7 de marzo, las autoridades decidieron que no entregarían el cuerpo –narra Rosario Cano, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y de la organización chihuahuense Justicia para Nuestras Hijas–. Como que sintieron que la gente, toda la ciudadanía, estaba muy indignada… Pero aún sin tener con nosotras a Esperanza todavía, nosotras fuimos, hubo mucha gente”.

–¿Fueron recibidas por alguna autoridad? –se le pregunta.

–No, qué nos van a recibir, si hasta nos cerraron la puerta del Palacio, siempre nos la cierran, incluso cuando hay reuniones pactadas, lo primero que hacen cuando ven a las mamás es cerrar, como que los policías tienen esa orden.

No fue sino hasta el día siguiente, 8 de marzo, durante la madrugada, que el gobierno estatal entregó por fin el cuerpo de Esperanza a sus familiares, “y la gente se solidarizó mucho: en la misa, la iglesia se llenó… y luego, el panteón, donde fue sepultada ese mismo día, también se llenó de gente, de ciudadanía, pero luego de que terminó todo, la gente dijo ‘adiós’ y cada quien a su casa. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la gente vuelve a sus casas como si nada, a esperar? ¿Por qué la gente se espera a tener indignación ya que pasan esas cosas? ¿Dónde estamos, qué nos pasa? Yo vi ese día a mucha gente conmovida, y a todos les pregunto, ¿por qué no hacemos algo? ¿Vuelven a casa porque aún no les pasa nada? Como si no supiéramos bien que puede pasarnos en cualquier momento… no lo entiendo.”

 Epílogo…

Entre 1997 y octubre de 2011, las autoridades federales reconocen 803 casos de víctimas de desaparición forzada en Chihuahua, de las cuales, 666 son hombres y 137 son mujeres.

A la estadística federal de mujeres desaparecidas en Chihuahua, además, se deben sumar –según los informes oficiales del gobierno estatal– tres casos ocurridos entre noviembre y diciembre del mismo 2011, más las 52 víctimas acumuladas de 2013 a la fecha, que dan, en total, 192 mujeres víctimas de desaparición forzada en la entidad.

Asimismo, según cálculos de la organización Justicia para Nuestras Hijas, en Chihuahua se han registrado al menos 2 mil 200 feminicidios en los últimos 20 años.

Feminicidios alcanzan nivel de "crisis" en México: Informe de premios Nobel

Ciudad de México.- El problema de los feminicidios y violación a los derechos humanos en México alcanza niveles de "crisis", advierte el informe "De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala", elaborado por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel que el año pasado visitaron el país para investigar este tipo de crímenes.

Entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%. En estados como Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial. En el país, se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 95% quedan impunes según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas.

El reporte es resultado de la visita de una delegación de mujeres integrada por defensoras de Derechos Humanos (DH), periodistas y expertas en política, encabezada por las Nobel de la Paz Jody Williams (1997) y Rigoberta Menchú Tum (1992), realizada del 21 al 31 de enero de 2012 en México, Honduras y Guatemala.

"La guerra contra las drogas y el aumento de la militarización en México, Honduras y Guatemala se está convirtiendo en una guerra contra las mujeres.", señaló Jody Williams en el informe.

Las activistas afirmaron que documentaron numerosos casos de feminicidios, desapariciones, violaciones, ataques contra las defensoras de DH, y persecución en los tres países, donde las mujeres declararon que los ataques provienen de la delincuencia organizada y de las fuerzas de seguridad gubernamentales.

El documento, que ya se había presentado previamente, fue entregado la semana pasada a Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con la intención de que se elaboren políticas de género que protejan a la mujer.

"En México, la región más militarizada es la frontera entre Estados Unidos y México, donde las drogas ilícitas atraviesan la frontera y entran al mercado de los Estados Unidos. Muchas mujeres de la frontera informaron que las condiciones son idénticas a una zona de guerra, y es un problema muy preocupante sobre todo para las mujeres", señala el informe.

"El gobierno mexicano ha desplegado más de 45, 000 soldados en su propio país, lo que ha dado lugar a un enorme aumento en los homicidios relacionados con la guerra contra el narcotráfico. La presencia militar ha llevado a numerosos abusos contra la población civil, incluida la violencia sexual", concluye.

Marusia López Cruz, representante de la organización Just Associates (JASS), otra de los participantes en la elaboración del informe, subrayó que ante la incidencia de feminicidios, los abusos sexuales y la desaparición forzada, es prioritaria la erradicación de la violencia generalizada contra la mujer, no sólo por razones humanitarias, sino porque representa una violación grave de los derechos humanos.


RECOMENDACIONES A MÉXICO

El informe hace ocho recomendaciones a México, entre las que insta al gobierno a enjuiciar a los responsables de delitos contra la mujer y pide dar prioridad a la resolución de una preselección de los casos principales en un plazo máximo de un año.

Entre estos casos se citan: El de la ecologista Eva Alarcón, su liberación, y la captura y juicio de los responsables de su secuestro. La familia Reyes, incluido el enjuiciamiento de los seis asesinatos; protección de la familia. Informe sobre el progreso alcanzado respecto a los casos de siete mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y que actualmente están siendo investigados por la Procuraduría General de la República: Perla Ivonne Aguirre Gutiérrez, Griselda Murua López, Brenda Ivonne Ponce Saénz, Idaly Juache Laguna, Mónica Janeth Alanis Esparza, Brenda Berenice Castillo García, Yanira Frayre, así como agresiones a mujeres periodistas.

También pide a la Federación elaborar un plan de acción que incluya la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas; investigar y enjuiciar a policías, militares y otros agentes gubernamentales acusados de abuso y violencia sexual, y compensar a las víctimas.

Suprimir las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Nacional que legalizarían la participación permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y que constituyen una violación de las cláusulas sobre las leyes de derechos humanos; coordinar la implementación de medidas cautelares y provisionales asignadas a las defensoras de derechos humanos que corren riesgos y asegurar la aplicación efectiva de mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos.

Difundir información pública sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y explicar la razón por la cual las mujeres a quienes se les ha concedido medidas preventivas de protección -entre ellas Valentina Rosendo, Margarita González, Obtilia Eugenio y Norma Andrade- han sido atacadas reiteradamente, y cómo prevenir estos ataques.

La sexta medida es adoptar adecuados protocolos de investigación en los casos de violencia de género, trata de personas, tortura y violencia sexual de conformidad con las normas internacionales y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La séptima es garantizar que el cumplimiento de las sentencias dictadas por la CIDH genere prácticas y procedimientos administrativos que sirvan de guía para futuros procesos del mismo tipo.

Y por último, desarrollar un plan para la protección de los derechos de la mujer en la Corte Suprema de Justicia y otros poderes judiciales, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Recientemente, México recibió 176 observaciones de 24 países, integrantes de la ONU, en materia de violencia de género y contra defensores de derechos humanos y periodistas.


EL CONTRAPESO

La directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Dafne Cuevas, pidió a los legisladores ser el órgano fiscalizador y de contrapeso del Poder Ejecutivo, para que se pondere la protección los derechos humanos. También que lleve a cabo acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, los defensores de derechos humanos y periodistas. Añadió que para lograrlos es necesario garantizar que las organizaciones que trabajan para proteger y defender a los activistas de paz, democracia y derechos humanos tengan un presupuesto adecuado para llevar a cabo su trabajo. El informe realizado por las Premio Nobel invita a los legisladores a generar programas que pongan a los derechos humanos en el centro de la seguridad y el desarrollo. Los temas de preocupación para las Nobel fueron la militarización del país, la discriminación y acoso de las mujeres por parte de los jueces y ministerios públicos, y el escaso número de sentencias y reparación del daño a víctimas de violaciones a DH. La Diputada del Partido Revolucionario Institucional, Miriam Cárdenas Cantú detalló que para avanzar en la protección de garantías es necesaria la cooperación de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno. Afirmó que el informe permitirá generar acciones que transformen las labores de defensa, protección y garantía de los derechos humanos. El documento es resultado de los trabajos realizados durante 10 días con organizaciones locales, cinco foros y reuniones con los presidentes de Honduras y Guatemala, Porfirio Lobo y Otto Pérez respectivamente, y con la ex Procuradora General de la República de México, Marisela Morales, y otros funcionarios de gobierno. Más de 200 mujeres dieron sus testimonios sobre la violencia contra ellas en sus respectivos países. Una de las conclusiones del reporte es que los gobiernos, si bien reconocen formalmente el problema, en la práctica hacen muy poco para disminuir la violencia, particularmente en los casos en que las fuerzas gubernamentales están involucradas.

ALGUNOS LOGROS DE NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A CASA

Primero logramos cambiar la percepción de que el feminicidio fuera un asunto policiaco. Y de llenar las páginas rojas de los periódicos, conseguimos que la información apareciera en primeras planas de periódicos de algunas partes tanto del país como del mundo. Es decir, hacer que se reconociera como un problema social, un asunto político y eso quedó establecido con nuestras voces que fueron escuchadas en muchos rincones del mundo.

A través de prolongadas gestiones, y gracias a la insistencia de nuestra ex compañera Rosario Acosta, y de Marisela Ortiz, en 2002 pudimos hacer que las autoridades iniciaran a organizar los expedientes de cada caso específico, ya que el desinterés era tal que no había en algunos casos, ni siquiera un documento. Obvio que ni investigación. E hicimos que dieran copia del expediente a cada familia interesada. Asimismo logramos que se abrieran las Mesas Técnico-Jurídicas y las coadyuvancias, para el aporte de datos a la investigación.

Pedimos en 2001 que Amnistía Internacional interviniera en el caso, y se logró que tras una extensa investigación, presentara en 2003 un completísimo informe sobre los sucesos, mismo que circuló en todo el mundo, motivando a derechohumanistas y gobiernos internacionales a pronunciarse contra esta problemática. 

Llamamos la atención de la comunidad internacional, y con ello la ayuda al gobierno mexicano desde diversos países (p.ej: el apoyo de 5 millones de dólares de Estados Unidos para el establecimiento del primer y mejor equipado laboratorio de genética forense en el estado de Chihuahua a través del cual se logró la identificación genética de muchos cuerpos que antes estaban en la morgue etiquetados como “desconocida”. Y una base de datos con el ADN de las familias y los cuerpos no identificados, con el apoyo del equipo argentino de antropología forense, ayuda ésta que promovieron activistas de la ciudad de Chihuahua. 

También conquistamos que se abrieran programas e instancias federales de ayuda a las familias víctimas del feminicidio en el aspecto psicológico y atención a la salud física y emocional, así como de apoyo jurídico durante la gestión de Vicente Fox. 


Obtuvimos la concesión de apoyos federales para mejorar la calidad de vida de las familias afectadas, logrando un monto significativo para emprender pequeños negocios.
Igualmente promovimos un apoyo económico quincenal del gobierno del estado a un número mayoritario de familias afectadas y afiliadas a Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en 2003- 2004.


Igualmente hicimos que se les diera atención médica a los niños y niñas que quedaron huérfanos del feminicidio, y a sus abuelas que quedaron como responsables de estos menores. Así como pequeñas becas al inicio de cada ciclo escolar.


Promovimos con otras instancias y asociaciones, y pudimos ver que se puso en marcha, un protocolo para la búsqueda de las niñas y mujeres donde se compromete la participación de los tres niveles de Gobierno.


En un hecho histórico, junto con otras asociaciones locales, documentamos y llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algunos casos de feminicidio, como el llamado “Caso Campo Algodonero”, y tras varios años de gestión con ayuda de los solidarios abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Micheel Salas y David Peña, logramos se dictara una sentencia condenatoria para el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También, pusimos la primera denuncia en el estado de Chihuahua por trata de personas en enero de 2011, hecho que, aunque nos costó amenazas de muerte y atentados, y el tener que abandonar nuestra ciudad, abrió la posibilidad de investigación de otros casos.

Y el año pasado, a base de protestas públicas en la ciudad de México, y en apoyo a las madres de hijas desaparecidas en Ciudad Juárez, logramos que las autoridades federales atendieran sus demandas relacionadas con la búsqueda de las chicas y la claridad en la información respecto a las que han sido encontradas pero no identificadas en los últimos cinco años, instando al Gobierno y autoridades del estado de Chihuahua para la pronta identificación de 14 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez en 2012. 

Y muchos otros logros, que no por pequeños menos importantes.

Conforman Comité ciudadano por la liberación de Yakiri Rubí Rubio

Por Josefina Quintero M.

México, DF. Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas conformaron el Comité ciudadano por la liberación de Yakiri Rubí Rubio Aupart, quien se encuentra presa en el penal de femenil de Tepepan, acusada de la muerte de su presunto agresor Miguel Ramírez Anaya a quien hirió al tratar de defenderse después de una violación.

Entre los integrantes del Comité están Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Pan y Rosas, la activista Norma Andrade, la periodista Lidia Cacho, abogadas de Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), entre otras organizaciones.

Desde las nueve de la mañana las feministas se manifestaron en las puertas del edificio sede de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para exigir al procurador Rodolfo Ríos Garza desistirse de la acusación de homicidio, porque la joven de 20 años fue víctima de una violación, de no haberse defendido ahora sería parte de la estadística de feminicidios.

Durante la protesta dieron a conocer 10 irregularidades tanto en la integración del expediente como en el proceso penal que se sigue. Entre las que mencionaron que la PGJDF no ha iniciado ninguna investigación contra el hotel Alcazar donde ocurrieron los hechos, tampoco se ha detenido al hermano del agresor, Luis Omar Ramírez, a quien ya se le citó en tres ocasiones.

Además, piden que el juez 68 penal, Santiago Ávila Negrón, quien lleva el proceso se excuse del caso, porque debido a sus antecedentes es un impartidos de justicia que “actúa por consigna, no es objetivo y de acuerdo a las sentencias emitidas tampoco incorpora la perspectiva de género”.

En su intervención Ana Francis Mor, de las Reinas Chulas, cuestionó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, por qué durante su campaña se pronunció por los derechos de las mujeres y hasta el momento no se ha visto nada claro.

El caso de Yakiri, dijo: “es importante y además es la oportunidad para el gobierno de corregir los errores. Es importante que Mancera meta las manos y no se haga a un lado”.

FELIZ AÑO 2014

Adornan árbol de Navidad con fotos de mujeres desaparecidas en Juárez

Ciudad Juárez, Chih. Familiares de mujeres reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, colocaron un árbol de Navidad de dos metros de altura que simboliza la esperanza, la demanda de justicia y verdad. Organizadores utilizaron fotografías de más de 100 mujeres para adornarlo.

Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna -desaparecida en febrero de 2009-, señaló que entre las peticiones al gobierno está tipificar como un delito penal la desaparición de mujeres en la entidad y catalogar como un elemento agravante la trata de personas, la sustracción ilegal de personas, el secuestro y el homicidio calificado.

El Comité de Madres con Hijas Desaparecidas informó que solamente en Juárez existen alrededor de 200 mujeres sin localizar, además de que el Servicio Médico Forense de la ciudad cuenta con 51 osamentas femeninas sin identificar ya que el ADN de sus hijas ausentes no coincide con estas víctimas. 

A 3 años del asesinato impune de Marisela Escobedo

Dos veces asesinada: por su asesino y por el Estado que la traicionó en su búsqueda por justicia

Madres de desaparecidas de Juárez regresan a Segob

Feminicidio Ciudad Juárez
   Si gobierno incumple de nuevo, volveremos

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México DF.- 13/12/2013

De nada valieron los siete días que pasaron madres de jóvenes desaparecidas de Ciudad Juárez, Chihuahua instaladas en un plantón a las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en junio pasado, pues los acuerdos signados por el Gobierno federal para encontrar a sus hijas y detener la ola de desapariciones permanecen incumplidos.

Por eso, Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo,  desaparecida en 2009, y Juana Ibarra Castorena, madre de Gabriela Espinoza Ibarra, desaparecida en 2011, arribaron al Distrito Federal la madrugada de este viernes. Vienen a reiterar su molestia ante la inacción de las autoridades federales y locales de poner un alto a las desapariciones de jóvenes en la urbe fronteriza, y a denunciar que el Gobierno federal se comprometió a una serie de acciones únicamente para levantarlas del plantón.

En aquella acción, realizada del 13 al 19 de junio pasados, también participaron Silvia Banda Pedroza, mamá de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida en 2010; Rosa María Apodaca Granados, progenitora de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, desaparecida en junio de 2011, así como su representante legal y dirigente de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa, María Luisa (Malú) García Andrade.

También marcharon a Los Pinos para exigir una reunión con Enrique Peña Nieto, donde les respondieron “que la agenda estaba llena hasta 2015”.

Lo que entonces lograron fueron promesas de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se comprometería a coadyuvar en los casos de sus hijas, que la Procuraduría General de la República (PGR) las incluiría en el programa de recompensas y que un grupo de expertos y peritos internacionales identificaría los restos de mujeres que se encuentran en el Semefo de Ciudad Juárez, con nuevos estudios de ADN a las madres que dudaran de autenticidad de los restos que les habían entregado.

Todos los puntos permanecen incumplidos y aunque se anunció que ya se hicieron las gestiones para el programa de recompensas, los nombres de las jóvenes no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Compromisos de papel

Hoy, a las once de la mañana, Bertha Alicia, Juanita y Malú  regresaron a las instalaciones de Segob para denunciar públicamente que todos esos compromisos quedaron en papel.

No importa que tengamos gripa, dicen, porque nos desgasta más que “los funcionarios no hagan su trabajo y que nos dejen pasar otra Navidad sin saber nada de nuestras hijas, permitiendo que más familias se unan al dolor”.

A ellas se unieron integrantes del colectivo feminista Rosas Rojas y sindicalistas, quienes las ayudaron a colocar una manta para bloquear el acceso al estacionamiento del Recinto de Bucareli, en cuyo interior se realizaba una reunión de trabajo sobre trata de personas. Y aunque el personal de seguridad quería impedirlo, iniciaron su manifestación.

Estaban empeñadas en permanecer de pie frente a la casona hasta que las recibiera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes entregarían en mano un oficio que habla del  incumplimiento de acuerdos, para que se comprometiera a gestionar una reunión con Enrique Peña.

Esto no ocurrió y, alrededor de las 13:30 horas, las manifestantes ingresaron a la Segob para reunirse con representantes del titular de la dependencia, durante escasos treinta minutos.

Malú García contó a Cimacnoticias que en la reunión estuvieron el secretario particular de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García, así como Miguel Ángel Pérez Ochoa, director general adjunto de Segob, y la nueva Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta.

A decir de García Andrade, aunque la y los funcionarios se mostraron muy atentos a escuchar las molestias de las madres, y aunque les recibieron el oficio, al final nada se resolvió, pues no les dieron ninguna fecha para que se materializaran los acuerdos de junio, ni se comprometieron a coordinar una reunión con Peña Nieto.

Destacó García Andrade que la nueva responsable de Conavim,  desconocía los acuerdos de junio y les pidió a las madres “tiempo” para ponerse al tanto de lo acordado en esas negociaciones y comunicarse con las dependencias involucradas.

Y si esta vez las autoridades no nos cumplen con acciones concretas para localizar a nuestras hijas, volveremos a la capital, advirtió la activista.

13/AZM/GGQ 

"El feminicidio es un crimen contra la mujer, tolerado por la sociedad con impunidad"

"El mayor obstáculo en mi lucha es el cinismo; para que se cumpla la ley tiene que haber una cultura de respeto"

Marta PÉREZ Marcela Lagarde (Ciudad de México, 1948), antropóloga y escritora, es una de las más fervientes defensoras del feminismo en Latinoamérica. Ha dirigido numerosas investigaciones sobre la violencia hacia las mujeres en México hasta conseguir incluir en el código penal de su país el feminicidio como delito. También ha promovido la aprobación de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde 2007.

-Usted contribuyó a acuñar el término feminicidio. Defínalo.

-Un crimen de odio contra la mujer, un crimen misógino.

-La alarma saltó con Ciudad Juárez pero ustedes lograron demostrar que el feminicidio no sucede sólo allí. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

-Que se haya aceptado el concepto con su contenido, desde la perspectiva de género. No sólo define que se trata de crímenes contra mujeres sino de crímenes tolerados por la sociedad que promueve la violencia contra las mujeres y además con impunidad.

-¿Cuál ha sido el papel del Estado en todo el proceso?

-El Estado ha tenido un papel muy negativo, por omisión y discriminación, hasta que por fin logramos tramitar la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia. Es una política integral del Estado para frenar todo tipo de violencia contra las mujeres.

-Ahora están llevando su lucha al código penal.

-Queremos conseguir que se sancione el feminicidio como un delito específico.

-¿La pena así será mayor?

-No se trata de poca o mucha sanción. El reto es haber conseguido que se sancione como tal. Lo que más nos importaba no era que se aumentase la pena por el homicidio, porque también entendíamos que los jueces escogerían el delito de menor pena. El feminicidio tiene la misma pena que el homicidio, pero está explícito en el código penal lo que es.

-¿Los jueces se implican?

-Tenemos que lograr que los jueces conozcan el delito y que ante los casos de feminicidio lo sancionen como tal. Forma parte del proceso de reformar las instituciones, no sólo la justicia. El Estado no estaba conformado para garantizar los derechos humanos de las mujeres.

-¿La sociedad está sensibilizada?

-La sociedad está alarmada por la violencia contra las mujeres y por otras que hoy se dan en México. A esa alarma social, el movimiento feminista y de derechos humanos hemos respondido con esta alternativa, que es una verdadera política integral que presta atención también a cómo prevenir la violencia contra mujeres y niñas y al cuidado a las víctimas. Pero es necesario cambiar las mentalidades y creencias de mucha gente.

-¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta labor de difusión?

-Muchas veces fomentan una visión amarillista sobre la violencia contra las mujeres y contribuyen a reproducirla: no fomentan la cultura de acceso a los derechos humanos. Otros, en cambio, optan por un periodismo de investigación democrático y de calidad para sacar a la luz aquello que se intenta tapar. Es importantísimo.

-¿Qué tipo de violencia contra las mujeres le preocupa más?

-Toda. Porque hemos demostrado que el feminicidio, que fue lo que nos alarmó mucho hace quince años con Ciudad Juárez, es sólo la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres. Hay que lograr el empoderamiento real de las mujeres, sin eso, no vamos a avanzar. Tiene que ser económico, social, jurídico, sexual y de todo tipo.

-¿Alguna vez pensó en tirar la toalla? ¿Cuál es el mayor obstáculo con el que se ha encontrado?

-Nunca pensé en abandonar. El cinismo machista y patriarcal, la falta de cumplimiento de la legalidad en general. Para que se cumplan las leyes tiene que haber una cultura de respeto. Es lo que nos toca cambiar.

-¿Cuántas mujeres han muerto asesinadas este año en México?

-El feminicidio está en 2.500 víctimas este año, es una cifra muy alta. Es una tasa alta, pero aún lo es más en otros países como El Salvador o en zonas de conflicto y guerra. Saber que mujeres son asesinadas en el siglo XXI es muy doloroso.

-Algunos cuestionan que hagan su lucha desde el feminismo.

-Tenemos un movimiento feminista fuerte, nos llamamos feministas, hacemos las cosas en nombre del feminismo y con contenido feminista. Recibimos muchas críticas, pero hemos conseguido avanzar. Hemos logrado derechos muy importantes para las mujeres y las niñas. Para el derecho a una vida libre de violencia vamos a tardar más, pero lo vamos a lograr. Vamos a hacer historia, lo van a ver en los museos del horror y la ignominia. A mí no me tocará.

Protestan frente a Segob madres de desaparecidas en Juárez

ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ
13 DE DICIEMBRE DE 2013
DESTACADO

Las madres de las jóvenes desaparecidas. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- De nada valieron los siete días que madres de jóvenes desaparecidas en Juárez, Chihuahua, pasaron en plantón a las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en junio pasado, pues siguen sin cumplirse los acuerdos signados para encontrar a sus hijas y detener la ola de desapariciones.

Es por ello que Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, desaparecida en 2009, y Juana Ibarra Castorena, de Gabriela Espinoza Ibarra, de quien no se sabe nada desde 2011, llegaron al Distrito Federal la madrugada de este viernes.

Las mujeres buscan reiterar su molestia ante la inacción de las autoridades federales y locales de poner un alto a las desapariciones de jóvenes en la urbe fronteriza, y a denunciar que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a una serie de acciones únicamente para levantarlas del plantón.

En aquella protesta, realizada del 13 al 19 de junio, también participaron Silvia Banda Pedroza, mamá de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida en 2010; Rosa María Apodaca Granados, progenitora de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, desaparecida en junio de 2011, así como su representante legal y dirigente de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, María Luisa García Andrade.

También marcharon a Los Pinos para exigir una reunión con Peña Nieto, donde les respondieron “que la agenda estaba llena hasta 2015”.

Lo que entonces lograron fueron promesas de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se comprometería a coadyuvar en los casos de sus hijas, que la Procuraduría General de la República (PGR) las incluiría en el programa de recompensas y que un grupo de expertos y peritos internacionales identificaría los restos de mujeres que se encuentran en el Semefo de Ciudad Juárez, con nuevos estudios de ADN a las madres que dudaran de autenticidad de los restos que les habían entregado.

Todos los acuerdos permanecen incumplidos y, aunque se anunció que ya se hicieron las gestiones para el programa de recompensas, los nombres de las jóvenes no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Compromisos de papel

Hoy, a las once de la mañana, Bertha Alicia, Juanita y Malú García Andrade regresaron a las instalaciones de Segob para denunciar públicamente que todos esos compromisos quedaron en papel.

“No importa que tengamos gripa”, dicen las mujeres, porque nos desgasta más que “los funcionarios no hagan su trabajo y que nos dejen pasar otra Navidad sin saber nada de nuestras hijas, permitiendo que más familias se unan al dolor”.

A ellas se unieron integrantes del colectivo feminista Rosas Rojas y sindicalistas, quienes las ayudaron a colocar una manta para bloquear el acceso al estacionamiento del recinto de Bucareli, en cuyo interior se realizaba una reunión de trabajo sobre trata de personas. Y aunque el personal de seguridad quería impedirlo, las madres de las desaparecidas realizaron su protesta.

Estaban empeñadas en permanecer de pie frente a la casona hasta que las recibiera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien entregarían en mano un oficio que habla del incumplimiento de acuerdos, con el fin de que se comprometiera a gestionar una reunión con Peña Nieto.

Esto no ocurrió y, alrededor de las 13:30, las manifestantes ingresaron a la Segob para reunirse con representantes del titular de la dependencia, durante escasos treinta minutos.

Malú García dijo que en la reunión estuvieron el secretario particular de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García, así como Miguel Ángel Pérez Ochoa, director general adjunto de Segob, y la nueva comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta.

Según García Andrade, pese a que los funcionarios se mostraron muy atentos a escuchar las molestias de las madres y, aunque recibieron el oficio, al final nada se resolvió, pues no les dieron fecha para que se materializaran los acuerdos de junio ni se comprometieron a coordinar una reunión con el presidente.

También destacó que la nueva responsable de Conavim desconocía los acuerdos de junio y pidió a las madres “tiempo” para ponerse al tanto de lo acordado en esas negociaciones y comunicarse con los responsables de las dependencias involucradas.

“Y si esta vez las autoridades no nos cumplen con acciones concretas para localizar a nuestras hijas, volveremos a la capital”, advirtió la activista.

Mujeres de Arena - 13 de diciembre, DF

Nuestras Hijas de Regreso a Casa invita a la obra de teatro-documental "Mujeres de Arena", de Humberto Robles, con el grupo El Otro Teatro, se presentará el próximo viernes 13 diciembre a las 6:30 de la tarde en el Teatro del Pueblo, evento gratuito en el que madres de jóvenes asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez nos darán su testimonio al final de la obra.

Ese mismo día, a las 11 de la mañana, los invitamos a que acompañen a las mamás en su exigencia de justicia en un mitín que se llevara a cabo en la Secretaria de Gobernación en calle Abraham González.

Madres de mujeres desaparecidas en Juárez protestan frente a Gobernación

Por Fabiola Martínez

México, DF. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabeza esta mañana el Consejo para combatir la trata de personas, al tiempo que un grupo de madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez (presuntamente a manos de traficantes de personas) se manifiestan frente a la Secretaría de Gobernación, para exigir investigaciones puntuales para dar con el paradero de sus familiares.

Al encuentro asisten funcionarios de esta dependencia, así como de la Procuraduría General de la República y representantes de gobiernos estatales.

Las madres de desaparecidas afirman que ni el gobierno estatal ni el federal han dado seguimiento a los pocos indicios que hay en cada caso, cuyo denominador es la antigüedad de los expedientes sin haber obtenido resultados satisfactorios.

“Feminicidios son culpa del Estado”

Se puede erradicar, si ocurre es porque se falló en procedimientos legales y jurídicos, asegura Karla Michel Salas

Foto: Diana Díaz

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  Carmen Martínez /Diciembre 11, 2013

LEÓN, Guanajuato.- “El feminicidio es un delito erradicable y por lo tanto es un crimen que se puede prevenir; porque si una mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer fue porque el Estado en algún momento falló”, aseguró la abogada Karla Michel Salas Ramírez, quien desde hace más de once años brinda acompañamiento jurídico a familiares de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez.

Trabaja congreso: ombudsman
     Con una jornada de conferencias a las que asistieron distintos miembros de la sociedad, incluyendo personal de dependencias públicas y elementos de Seguridad Pública Municipal, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato conmemoró el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
   El ombudsman guanajuatense, Gustavo Rodríguez Junquera, aseguró que en el trabajo de derechos humanos aún hay muchos pendientes por resolver, sin embargo aseguró que la legislatura actual ha puesto empeño en sacar adelante propuestas de reforma de ley que contribuyen a mejorar los mecanismos de defensa de grupos vulnerables.     

En el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la abogada, quien ganó el Premio Europeo de Derechos Humanos en 2010 por su trabajo en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, dictó una conferencia titulada “Las mujeres del campo algodonero” en la que expuso algunos casos emblemáticos de feminicidios cometidos en dicha ciudad fronteriza y, las acciones que familiares de las víctimas emprendieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Salas Ramírez responsabilizó a las autoridades por el incremento de los feminicidios por no aplicar los procedimientos legales y jurídicos para investigar y castigar los homicidios contra las mujeres y sus medidas preventivas se reducen a pláticas o distribución de folletos.

“La prevención no solamente implica que tengas un marco jurídico, sino también implica que ese marco jurídico lo conozcan los servidores públicos que lo van a aplicar y que tenga un efecto útil”, sentenció.

Salas Ramírez comentó que es frecuente que las autoridades, incluso aquéllas que tienen a su cargo específico la defensa de las mujeres, utilicen estereotipos de género como señalar que las mujeres se buscaron ser violadas o asesinadas por salir de noche y vestirse de manera provocativa.

Agregó que estos juicios de valor agreden tanto a las víctimas, como a sus familiares y crean una falsa percepción de que las mujeres y sus conductas son los responsables directos de la violencia: “el uso de estereotipos de género por parte de las altas autoridades puede tener una influencia importante y determinante… son una forma de discriminación y generan responsabilidad del estado”, comentó.

Dio a conocer que cuando las autoridades no persiguen, ni sancionan y por el contrario sólo justifican su falta de actuar, permiten que la violencia de género aumente.

"Cuando un estado no investiga y no sanciona… mandan el mensaje de que no hay problema ‘aquí se pueden asesinar y violar mujeres, no hay problema”.
 Karla Michel Salas
 activista de los derechos humanos

No hay que temer a alerta de género

Comentó que la alerta de género es un instrumento al que los estados no deberían temerle porque está pensada para responsabilizar también a la federación, porque la involucra al obligarla a que aporte recursos económicos y humanos que prevengan la violencia, por eso dijo que debe dejar de verse como un castigo, sino como una ayuda.

Por último, la abogada y activista advirtió a las autoridades de estados en los que el fenómeno del feminicidio ha aumentado de manera exponencial, por ejemplo Guanajuato, que dejen de imitar la indiferencia con la que actuaron en su momento las autoridades de Ciudad Juárez, porque hacer caso omiso a los asesinatos de mujeres, puede llevarlos en poco tiempo a una situación de violencia similar a lo que se vivió en dicha ciudad fronteriza.

Protegen a migrantes

Carmen Martínez

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, informó que en los próximos días arrancarán un operativo conjunto para la protección de los derechos del migrante.

 “Hacemos una alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con otras instancias como el Instituto del Migrante para poder atender de mejor manera a los paisanos que regresan durante esta temporada y que no vayan a sufrir excesos o violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades”.

Comentó que las principales quejas que expresan los migrantes se encuentran las multas indebidas de parte de agentes de Tránsito del Estado y municipales, detenciones arbitrarias e injustificadas y asaltos.