La acusación pide que se declare la responsabilidad del Estado "por la impunidad" en el caso de tres asesinatos de mujeres
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS): El Estado mexicano será juzgado a partir de mañana, lunes, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta impunidad, falta de investigación y de actuación frente a los asesinatos de mujeres que se llevan cometiendo en la localidad de Ciudad Juárez en la última década, la mayoría de los cuales no conoce una respuesta policial y judicial de acuerdo con la gravedad del caso.
El juicio tendrá lugar en Santiago (Chile) entre mañana y el próximo jueves, 30 de abril. Los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña se encargarán de la acusación en un proceso que sólo se centrará en los casos de tres mujeres asesinadas en el conocido caso del Campo Algodonero, ocurrido en el año 2001. En total fueron ocho los cadáveres encontrados en este lugar, una zona de trabajo situada a las afueras de Ciudad Juárez, pero cinco de los cuerpos no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación.
Pero Emilio Ginés, miembro del Comité Europeo de Prevención de la Tortura que asesorará a los dos abogados mexicanos, considera que no sólo se va a juzgar el caso de las tres mujeres, sino el de todos los asesinatos que se llevan cometiendo en esta ciudad mexicana desde 1993 y también el de todas las mujeres que sufren este tipo de violencia en América Latina.
Según explicó el abogado en rueda de prensa a mediados de este mes, el caso del Campo Algodonero y el de todos los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez "responde a una situación social que se llama feminicidio" debido a ciertas "características especiales" y son que los responsables "van a por mujeres jóvenes, trabajadoras, con una débil posición económica" cuyas familias no tienen capacidad de hacer justicia.
Ginés, quien ejercerá de asesor de los abogados mexicanos junto con el catedrático de Derecho Internacional y abogado experto en materia de Derechos Humanos Héctor Fáundez, hizo hincapié en la especial violencia que han sufrido y sufren estas mujeres. Muchos cuerpos aparecen desfigurados a modo de ritual, otros parecen un mensaje de advertencia a las mujeres por el mero hecho de trabajar. En cualquier caso, se trata de una violencia brutal: normalmente las víctimas son torturadas y violadas y sus cuerpos son enterrados o abandonados en cualquier lugar, por lo que muchos restos no aparecen nunca.
Pero a la crudeza de estas muertes y el dolor de las familias se une el hecho de que en la mayoría de los casos los asesinatos o desapariciones no se investigan, no se recogen pruebas y las evidencias que pueden recabarse se pierden o son manipuladas. A juicio del abogado español, "existe un manto protector hacia los asesinos" y las familias se encuentran sin ningún apoyo por parte de las autoridades.
MÁS DE 1.000 MUJERES ASESINADAS
Ante el incremento de la violencia y asesinatos a lo largo de 2008 en Ciudad Juárez, Ginés fue invitado el pasado agosto como experto a participar en una misión internacional de la Organización Mundial contra la Tortura. Las conclusiones de la misión fueron presentadas en septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.De acuerdo con estas conclusiones, en Ciudad Juárez se ha reanudado el feminicidio casi ritual que asoló la localidad en años precedentes. Se calcula que más de 1.000 mujeres han sido violadas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer.
Tras conocer el informe de la misión internacional, la Comisión envió el caso a la CIDH, que finalmente juzgará al Estado mexicano. La decisión de celebrar el juicio en Santiago y no en San José de Costa Rica, donde se encuentra la Corte, se debe, según explicó Ginés a Europa Press, al escaso espacio de que se dispone en la sede y a que los jueces han preferido alejar geográficamente este proceso del país donde ocurrieron los hechos ante posibles amenazas o injerencias.
REPARACIÓN DE LAS FAMILIAS
La acusación pide una reparación total de las familias de las víctimas, pero no sólo económica, sino con la detención de los culpables. Para ello, reclama que la Procuraduría federal (Fiscalía) sea la que se encargue de estos casos, y no las procuradurías estatales, que pueden estar más influidas por el crimen organizado.
También se insta al Estado mexicano a que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de todas las mujeres asesinadas.
Marisela Ortiz Rivera, de la asociación 'Nuestras Hijas de Regreso a Casa', asegura que "la ingobernabilidad y el terror han hecho presa a la población en todo el estado de Chihuahua". En este sentido, en una carta enviada a Ginés, habla de "secuestros a empresarios, cierre de negocios, extorsiones a ciudadanos ordinarios, asaltos a mano armada, desapariciones de jóvenes mujeres, ejecuciones del crimen organizado y el pago de impuestos".
Como jurista, el abogado español opina que "el juicio contra México está claro", por lo que pidió que el Ejecutivo de Felipe Calderón se tome en serio la sentencia. Ginés se mostró confiado de que será condenatoria.
Según Ginés, los asesinatos que se cometen en Ciudad Juárez son, por sus características, "crímenes de lesa Humanidad", por lo cual la sentencia de la CIDH constituirá un caso paradigmático que sentará un "precedente jurídico, afectando a toda la sociedad internacional y a sus tribunales".
El caso contra México, el Estado, ha generado una gran expectación en toda Iberoamérica y ha atraído a numerosas organizaciones que estarán presentes en la sala. Así, asistirán representantes del Consejo General de la Abogacía Española, la Unión de Abogados Europeos, el Colegio de Abogados de Europa, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), entre otros.
