De la guerra sucia a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juarez

Ariel E. Dulitzky*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar dos sentencias contra México. En el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, la Corte determinó la responsabilidad internacional del país por tres asesinatos impunes de mujeres en Ciudad Juárez. En el otro caso, el tribunal se expedió sobre la desaparición forzada de Radilla Pacheco en Guerrero en 1971 dentro de la llamada guerra sucia.

Los dos casos demuestran la impunidad por violaciones a los derechos humanos y de crímenes comunes. Ambos reflejan los problemas gravísimos de la administración de la justicia en México. La Corte hace un llamado de atención muy fuerte al gobierno mexicano y le ordena una agenda de trabajo que requiere modificaciones legislativas, capacitación técnica a los funcionarios públicos, estrategias serias de investigación penal y la eliminación del fuero militar para graves violaciones a los derechos humanos. Las reformas introducidas hasta el momento, sea en las investigaciones en el sistema penal en Chihuahua o las actuaciones que lleva a cabo la PGR, no son suficientes. Cuando el gobierno indica que la mayoría de las órdenes dictadas por el tribunal ya las está implementando, falta a la verdad.

La Corte, al analizar en ambos casos la respuesta dada por el gobierno a problemas de seguridad ciudadana, dijo que el Estado tiene que prevenir razonablemente la violencia, lo que incluye el derecho y el deber de adoptar medidas de represión del crimen, así como la posibilidad de usar la fuerza, siempre dentro del irrestricto respeto a los derechos humanos. Si se producen crímenes, deben investigarse seria, imparcial y prontamente. Y no puede utilizarse para ello la jurisdicción militar aunque los acusados sean elementos militares. Las investigaciones y sanciones tanto de los crímenes comunes como de los cometidos por los funcionarios públicos son un elemento esencial de cualquier estrategia de seguridad pública. En otras palabras, no puede haber eficacia en la represión del crimen si los mismos permanecen en la impunidad.

Sólo en el año 2008 se presentaron 168 demandas en contra de México. La Comisión Interamericana tiene 75 casos mexicanos que se refieren a torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, masacres, violaciones al debido proceso, expulsiones de extranjeros, impunidad, amenazas a defensores de derechos humanos, discriminación contra la mujer y derechos reproductivos entre otros. Las sentencias de la Corte Interamericana y el importante número de casos pendientes contra México ante la Comisión llaman a una revalución del gobierno de su posicion. Debería acoger de buena fe las sentencias y cumplirlas. Con ello otorgaria a las víctimas las reparaciones que justamente merecen por las arbitrariedades de las que han sido objeto, y adicionalmente mejoraría la situación de derechos humanos en el país y prevendría que estos abusos no se vuelvan a repetir. Promesas vacías, reconocimientos parciales de responsabilidad, obcecados argumentos, reticencia en la entrega de información no son suficientes. Se requiere una actitud proactiva, comprometida, seria, sostenida, coherente, que fortalezca el estado de derecho en México y que entre en un diálogo constructivo con los órganos del sistema interamericano. El gobierno mexicano tiene una posibilidad inmejorable de demostrar su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales que no debería dejar pasar.

Claro que para ello también se requiere que la comisión y la Corte estén a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, dijimos que en 2008 se presentaron 168 denuncias contra México. Sin embargo, la comisión tuvo la capacidad de revisar sólo 66 de ellas, de las que transmitió 10 al gobierno. En ese mismo año, la CIDH apenas publicó dos decisiones de admisibilidad sobre México y remitió un caso ante la Corte. Esto demuestra los problemas que tiene la comisión para atender todas las denuncias que recibe, la lentitud de su procedimiento, los pocos casos que se resuelven. No todo es responsabilidad de la CIDH. En gran parte se debe al magro presupuesto que los estados de la OEA, incluido México, asignan al organismo interamericano como forma de ahogarla financieramente.

* Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas y ex secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El feminicidio de ciudad juarez

La condena de México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un hito de la justicia.

Esto ocurrió en 1993. En enero de 1993. A partir de esa mujer muerta comenzaron a contarse los asesinatos de mujeres. Pero es probable que antes hubiera otras. La primera muerta se llamaba Esperanza Gómez Saldaña y tenía 13 años. Pero es probable que no fuera la primera muerta.

Tal vez por comodidad, por ser la primera asesinada en el año 1993, ella encabezaba la lista". Según 2666, obra simplemente maestra de Roberto Bolaño, esto ocurría en Santa Teresa, en la frontera de México con Estados Unidos. Solo que Santa Teresa no existe. Solo que Santa Teresa es el trasunto de Ciudad Juárez, ciudad que sí existe, en la frontera de México con Estados Unidos, frente a El Paso, a la orilla del río Grande. Solo que en esta ciudad, que sí existe, ni tan siquiera se cuentan las mujeres que aparecen asesinadas, por lo general también torturadas y ultrajadas.

LAS DENUNCIAS ante la policía, las procuradurías o la justicia no han sido atendidas: las fechorías se consolidan. Se han llevado a cabo, a título particular o de oenegés, gestiones ante diversas instancias mexicanas e internacionales, de modo sorprendente, sin resultado práctico alguno: las investigaciones seguían sin abrirse o, si se abrían, se archivaban o languidecían hasta consumirse.

Si alguien, en su mayoría madres de las víctimas, se empecinaba en buscar respuestas era hostigado, cuando no cosas peores.

El feminicidio en Ciudad Juárez se ha vuelto endémico ante la pasividad de las instancias oficiales. Es cierto que México tiene algunos problemas de implementación de la justicia penal, de los que es conciente y se afana en una reforma procesal radical, fruto de un cambio constitucional. Sin embargo, los hechos de Ciudad Juárez no tienen parangón, ni judicial no sociológicamente. La sociedad charra contempla entre atónita e impotente la desidia oficial y el horror sin cuento de la salvajada, que, según las fuentes, se ha llevado por delante más de 400 mujeres, especialmente jóvenes cuando no niñas, cifra que otras elevan a más del doble.

TIEMPO ATRAS, no mucho tiempo atrás, la cosa no hubiera pasado seguramente a mayores y, al final, hubiera desaparecido incluso de los foros más concienciados. Eso hubiera sido antes. Ahora, ante la creciente internacionalización de la justicia --pese al interesado parón de la jurisdicción universal en España-- y a la creciente protección supranacional de los derechos humanos, los deudos de las víctimas han obtenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sentencia del pasado 16 de noviembre, la condena de la República mexicana por violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a la intimidad y a la no discriminación.

Por unanimidad, la Corte, radicada en Costa Rica, condena al Estado demandado por no haber investigado seriamente ni haber prevenido los atentados a dichos derechos. Siguiendo su propia doctrina y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los seis jueces internacionales reconocen que no prevenir las lesiones de derechos fundamentales cuando estas razonablemente van a producirse, o no investigar las ya producidas, supone un nuevo ataque a esos derechos fundamentales.

En Europa, por ejemplo, el Reino Unido, ocasionalmente, y Turquía, en innumerables ocasiones, han sido condenados por esas omisiones, cuando se denunciaban torturas y las autoridades públicas, en especial el ministerio público, hacían oídos sordos o miraban para otro lado. Condenas análogas han sufrido Honduras, Paraguay o Brasil.

La condena a México no se limita a una declaración solemne. Impone indemnizaciones a favor de cada uno de los reclamantes de 800.000 dólares y una serie de obligaciones al Estado condenado, a cumplir, según las especies, en un plazo de entre seis y 12 meses. Entre las más relevantes cabe reseñar la remoción de todos los obstáculos jurídicos y de hecho que impidan tanto llevar a cabo las indagaciones por cada uno de los delitos como el apartamiento y, en su caso, sanción de los funcionarios que no han cumplido con su obligación de esclarecer los delitos, perseguir a los delincuentes y dar apoyo a las víctimas. Esta tarea, de la que México deberá dar cuenta a la Corte y esta verificar en su materialidad, supone una tarea ingente. No solo habrá que recuperar el tiempo perdido, sino que habrá que remover en alguna medida efectiva los obstáculos de toda índole que han hecho del feminicidio de Ciudad Juárez un atroz ejemplo de incuria y corrupción.


ES DE DESEARque la República de México cumpla con la máxima celeridad y la máxima escrupulosidad el fallo de los magistrados de Costa Rica. También es de desear que repare a las víctimas, prevenga otros atentados análogos a los derechos civiles y dé ejemplo a aquellos países --como España-- que, también sometidos a la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, no dan el cumplimiento a las sentencias de los jueces de Estrasburgo en toda su extensión. México, en fin, aún nos puede enseñar cómo se reparan y enmiendan los rotos a los derechos de los ciudadanos.

*Catedrático de Derecho Penal.

Ciudad Juárez, la urbe más violenta del mundo, supera cien muertes en 2010

La violencia no cesa en esta ciudad fronteriza con El Paso (Texas, EEUU), donde el año pasado 2.635 personas fueron asesinadas, según recuentos extraoficiales.

Los asesinatos de cuatro hombres a manos de un comando en un bar de la zona centro iniciaron, ya de madrugada, la jornada violenta de ayer.

Otros tres hombres fueron acribillados con armas largas por otro comando en una vivienda del barrio El Granjero, al sur de la ciudad.

También, dos jóvenes fueron abatidos a balazos por un grupo de hombres, que les dispararon desde un vehículo en movimiento, en el barrio Héroes de la Revolución.

Asímismo, tres hombres fueron asesinados a balazos en un taller mecánico.

El resto de los asesinatos se produjo en cinco ataques aislados, también a balazos.

Este lunes, dos ONGs mexicanas advirtieron de que Ciudad Juárez fue, con 191 homicidios por cada 100.000 habitantes, la urbe más violenta del mundo en 2009.

A Ciudad Juárez, con 1,5 millones de habitantes, le siguen San Pedro Sula (Honduras), con 119 homicidios por cada 100.000 habitantes; San Salvador, con 95; Caracas, con 94; y Guatemala, con 86.

En la capital de Chihuahua, el Centro de Inteligencia Policial (Cipol) informó de que un comandante y un escolta fueron tiroteados desde dos vehículos por hombres que vestían uniformes policiales.

con saldo dos agresores y un agente muertos.

El comandante, Jesús Garcés, resultó herido en el tiroteo, en el que dos de los agresores y el escolta murieron.

También se informó del hallazgo del cadáver de un agente policial con signos de tortura. EFE hs-gt/asc/af

¡Esa es la actitud! - Hernández