“Ni olvido, ni perdón”, reviran víctimas de feminicidio al Estado mexicano

En acto oficial en Campo Algodonero, familias demandan justicia

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 7 nov 11 (CIMAC).- Madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, rechazaron las disculpas ofrecidas por autoridades federales y estatales durante un acto hoy en el predio conocido como Campo Algodonero, para honrar la memoria de las víctimas y que fue ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano.

Esta mañana se realizó un acto público en Juárez en memoria de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, quienes fueron encontradas sin vida en ese predio en 2001. Por este caso la CoIDH sentenció a México por violaciones a los Derechos Humanos (DH) en noviembre de 2009.

En la sentencia la Corte ordenó al Estado mexicano realizar un acto de “reconocimiento de responsabilidad internacional”, y erigir un monumento en memoria de las mujeres asesinadas y desaparecidas desde 1993 en Ciudad Juárez.

El evento oficial se llevó a cabo sin el memorial listo, sin la presencia de autoridades de alto nivel y con el descontento de organizaciones civiles por los DH de las mujeres.

En entrevista desde la ciudad fronteriza, Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres, una de las organizaciones presentes, acusó que el acto fue una simulación para dar cumplimiento a la sentencia de la CoIDH.

Criticó la ausencia de funcionarios de alto nivel de los tres poderes de gobierno y la fahta de avances en las investigaciones de los tres casos de feminicidio.

La activista enfatizó que desde hace dos años que se dictó la sentencia no hay avances en las investigaciones de los crímenes, “situación que continuará mientras se siga generando la simulación”.

Del 1 de enero al 3 de octubre de este año, la Red Mesa de Mujeres ha documentado 171 casos de feminicidio y actualmente apoya las pesquisas de dos desapariciones ocurridas entre junio y julio pasados: la de una adolescente de 17 años y la de una joven de 19.

“Estas familias acusan que (las autoridades) no quieren localizar a sus hijas asesinadas como ocurrió en los tres casos de Campo Algodonero”, aseguró la defensora de DH, quien criticó que este acto debió ser televisado a nivel nacional para que se evidenciaran las deficiencias del Estado.

Cecilia Espinosa detalló que en la ceremonia celebrada en Campo Algodonero –donde hace 10 años fueron encontrados ocho cuerpos–, ubicado en la avenida Ejército Nacional esquina con avenida Paseo de la Victoria, activistas, amigos y familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio se negaron a perdonar al Estado mexicano.

La sentencia de la CoIDH contempla tres de los ocho casos de feminicidio. Los asesinatos de María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia, y otra mujer aún no identificada no entraron en la resolución. No obstante, la familia de Merlín asistió al evento para manifestar su repudio.

PURO SEGUNDÓN

Estuvieron presentes Dilcya García, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Sara Irene Herrerías, procuradora social de Atención a las Víctimas del Delito.

Además participaron otros funcionarios estatales y locales, pero no estuvieron Felipe Calderón ni el gobernador de Chihuahua, César Duarte. José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, una joven de 19 años desaparecida desde 2009, dijo que ese acto no fue de justicia para su hija, ni para las hijas de las demás madres y padres presentes.

El Comité de Madres y Padres de Hijas Desaparecidas también se presentó para criticar la impunidad y la falta de sanción para los responsables de los casos de feminicidio, y para exigir que sus hijas aparezcan con vida. Asistieron madres de otras mujeres desaparecidas, quienes reclamaron que sus hijas también sean nombradas en el memorial.

El Instituto Chihuahuense de la Mujer informó que para la construcción del memorial, que aún no está listo y se prevé se concluya en 2012, la Conavim aportó 14 millones de pesos (mdp) y el gobierno del estado aportó 6 mdp. Se adelantó que la artista Verónica Leiton realizará la escultura conmemorativa.

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El gobierno pide perdón de trámite por feminicidios

Familiares de las víctimas que fueron halladas en un lote conocido como campo algodonero, en Ciudad Juárez, muestran su inconformidad y desesperanza por la forma en que los gobiernos federal, estatal y municipal dieron trámite a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el lugar se inauguró ayer un monumento memorial. Los discursos oficiales fueron interrumpidos por gritos en los que se reclamaba justicia y se remarcaba la negligencia para abordar las desapariciones y asesinatos de mujeres Foto Alejandro Bringas

El Estado mexicano pide perdón por los feminicidios; acto de simulación: deudos

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  Ni Calderón ni Blake asisitieron a la presentación del memorial por las víctimas
• Se cumplieron 10 años de que fueron encontrados ocho cuerpos en el campo algodonero

 

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 8 de noviembre de 2011, p. 16

 

Ciudad Juárez, Chih., 7 de noviembre. Al cumplirse 10 años de que fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres en el campo algodonero y en medio de reclamos y abucheos de familiares de las víctimas se inauguró el monumento memorial que ordenó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, pidió perdón por estos crímenes y reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por omisiones que derivaron en violaciones a los derechos de las víctimas. Por el incumplimiento a investigar y garantizar el derecho a las víctimas, por violentar su acceso a la justicia y protección, el Estado reconoce su responsabilidad.

La intervención del funcionario, así como la de Graciela Ortiz, secretaria de Gobierno de Chihuahua, y la de Héctor Arcelús, secretario del municipio, fueron interrumpidas por los gritos de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas que reclamaban justicia.

Los deudos los llamaron mentirosos y corearon consignas de ni una mas o vivas se las llevaron, vivas las queremos, y a pesar de todo los funcionarios siguieron con los discursos que traían preparados.

Los familiares de las víctimas cuyos nombres quedaron inscritos en el memorial no acudieron, por considerar que el Estado mexicano ha incumplido con la sentencia internacional, incluido el monumento que deben erigir y que sólo fue presentado de manera parcial.

Ante la ausencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa o del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para pedir perdón, señalaron que ni en eso le dieron importancia a este acto.

Antes de iniciar su discurso para reconocer la responsabilidad del Estado, como ordenó el fallo de la CIDH, Felipe Zamora solicitó un minuto de silencio por las víctimas de feminicidio y desaparecidas.

El funcionario dijo que desde el inicio de la indagatoria del caso del campo algodonero, hubo negligencia, ya que no recabaron las pruebas suficientes y eso retrasó la indagatoria.

No se cuenta con la identidad de los responsables, además de que los deudos no fueron informados de las indagatorias, dijo.

Reconoció que las autoridades de los tres niveles violaron los derechos humanos, ya que incumplieron con la responsabilidad de proteger a las víctimas y familiares, los cuales sufrieron acoso.

Por su parte, la Red Ciudadana por la No Violencia y Dignidad Humana, en la que participan las familias de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda, por cuyas muertes fue condenado el Estado mexicano en la CIDH, dio a conocer que no acudió a la develación del memorial levantado en el campo algodonero.

La decisión fue por la negativa a incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993 y cuando menos hasta el año 2006, como ordenó el tribunal internacional en su sentencia del 10 de en diciembre de 2009.

En un documento difundido por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC, Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, afirman que los artículos 16 y 17 de esta resolución establecen que el Estado mexicano deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, el cual debe realizarse en la misma ceremonia que se devele el monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

En virtud de que el resolutivo 17 de la sentencia –agrega el texto– precisa que el monumento es en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez y no únicamente para las víctimas del caso, existe un acuerdo suscrito entre el subsecretario de de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, las familias y sus representantes para diseñar un mecanismo que incorpore los nombres de todas las víctimas desde 1993 hasta 2006.

Sin embargo, denuncian, “el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, ha ignorado dicho acuerdo y se ha negado a que los nombres de todas las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez sean incluidas en el memorial, a pesar de que las organizaciones representantes de las familias han proporcionado la información e iniciado un proceso de consulta con las familias de las víctimas”.

El pronunciamiento señala por otra parte que, a pesar de las manifestaciones reiteradas del presidente Felipe Calderón y del secretario de Gobernación, Francisco Blake, de que se cumplirá la sentencia del campo algodonero, en los hechos no hay ningún esfuerzo por ejecutar el mandato de la CIDH a cabalidad y las diversas acciones que han hecho públicas no acatan integralmente la resolución, sino simulan su cumplimiento.

Pendientes 12 resolutivos

Hasta la fecha, de los 13 resolutivos dictados por el tribunal internacional, el Estado mexicano únicamente ha dado cumplimiento a uno de ellos.

Recordaron que Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y Claudia Ivette González, de 19, fueron reportadas en fechas distintas por sus madres como desaparecidas, pero las autoridades nunca hicieron algún esfuerzo por localizarlas. Sus cuerpos sin vida, junto con los de otras cinco jóvenes, fueron localizados en un lote conocido como campo algodonero, los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

Ante la negligencia de las autoridades, las señoras Irma Monreal, Benita Monárrez y Josefina González, madres de las tres jóvenes, decidieron acudir ante la CIDH y, después de ocho años de litigio, el día 10 de diciembre de 2009 fue notificada la sentencia contra el Estado mexicano.