Fragmento del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, en alianza con el Internacional Center for Journalists (ICFJ) y Connectas.
Por Valeria Durán para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han per-mitido que menos del 20% de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).
En la investigación se solicitó a cada una de las Procuradurías y Fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras.
Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo 1,887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento.
Con base en estos informes, al menos 7 mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueran reconocidas como víctimas de feminicidios.
En el análisis de datos se identificó que algunas Procuradurías o Fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.
Tan sólo entre 2012 y 2015, las Procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el país, mientras que en la información entregada para esta investiga-ción, las mismas autoridades reconocieron en el mismo periodo 8 mil 555 asesinatos.
Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos, que equivale a una diferencia de 19 por ciento. De acuerdo con las cifras recopiladas por MCCI, tan sólo en el primer semestre del año pasado fueron asesinadas en forma violenta otras mil 026 mujeres en el país.
Uno de los estados con subregistro de crímenes es el Estado de México. Según las cifras re-portadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.
Hoyos negros de la Ley
Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han provocado que, durante los últimos cuatro años, los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres –incluso des-cuartizadas o asfixiadas- no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios.
En este momento, quienes asesinan a mujeres a golpes o a cuchilladas, podrán obtener una pena menor –entre 20 y 25 años de cárcel- si por ejemplo alegan haber sufrido “una emoción violenta” por celos o enojo incontrolable, revela una Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).
No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las Procuradurías y Fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. Un ejemplo radical ocurre en el estado de Tamaulipas, donde de enero de 2012 a junio de 2016 fueron encontrados los cuerpos mutilados de 50 mujeres, y ni uno sólo de esos casos fue juzgado como feminicidio.
Para las autoridades de justicia tamaulipecas no fue suficiente evidencia que esas 50 mujeres hayan sido decapitadas, desmembradas e incluso en un caso desollada; tampoco tomaron en cuenta seis homicidios con rastros de violencia sexual y menos aún a las 214 asesinadas a balazos. En ese periodo ocurrieron en Tamaulipas 441 muertes violentas de mujeres y sólo una fue tipificada como feminicidio.
Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han sido formados por lagunas legales, protocolos inadecuados para proteger las escenas de los crímenes, investigaciones ministeriales erróneas y, sobre todo, una tipificación de los delitos con penas menores.
Además, México ha puesto la seguridad en manos masculinas. De las 32 Fiscalías y Procuradurías estatales solo dos están en manos de mujeres; Baja California, con la Procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva y Tlaxcala con la Procuradora Alicia Fragoso Sánchez.
Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, en México no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.
El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio:
Los signos de violencia sexual
Las lesiones o mutilaciones
Los antecedentes de violencia
Que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario
Las amenazas o agresiones previas al asesinato
Que la víctima haya sido incomunicada
Que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público
Las lesiones o mutilaciones
Los antecedentes de violencia
Que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario
Las amenazas o agresiones previas al asesinato
Que la víctima haya sido incomunicada
Que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público
Pero solamente 11 de las 32 entidades, es decir apenas una tercera parte de los estados del país, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Esto explica por qué en Coahuila se especifica que una relación sentimental, laboral de confianza o consanguinidad entre la víctima y el victimario son indicativos de feminicidio, mientras Campeche no lo reconoce así.
Los signos de violencia sexual y las mutilaciones son el único indicativo uniforme en todo el país, pese a eso las Procuradurías y Fiscalías descartan como feminicidios a homicidios que presentan estas características. Un ejemplo es lo que ha sucedido en Tamaulipas.
