AI: Activación de la Alerta de Género

La activación de la Alerta de Género busca que las autoridades adopten acciones eficaces para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en los estados donde es solicitada.

Firma la petición y exige que se active la alerta para que todas y todos disfrutemos del derecho a una vida libre de violencia: www.alzatuvoz.org/alerta

La violencia feminicida en Edomex

By Parentesisplus on 29 julio, 2015

De acuerdo con el informe “Homicidio: una mirada a la violencia en México” presentado por el Observatorio Nacional Ciudadano, en el Estado de México se reportaron 48 casos de feminicidios durante 2014; colocando a los municipios de Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec como los más peligrosos para las mujeres.

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios asegura que existen al menos mil 258 niñas y mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de México de 2011 a 2012; el 53 por ciento de ellas tenía entre 10 y 17 años.

En la entidad se han registrado 922 homicidios entre 2005 y 2011. El municipio de Ecatepec ocupa el quinto lugar de feminicidios a nivel nacional, seguido por Chimalhuacán, Cuautitlán y Nezahualcóyotl.

Desde 2010, el Observatorio –una coalición de 43 grupos que documentan graves crímenes contra las mujeres– ha solicitado una alerta por la violencia basada en el género para que se active en el Estado de México.

Estrada indicó que sería el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien finalmente emitiría la alerta para el Edomex.

Luego, vendrán, afirmó, una alerta para Nuevo León, Chiapas y Morelos, de acuerdo con la información que el Observatorio tiene de la Segob.

“El Estado de México sería la primera declaratoria después de que desde 2007 se han venido solicitando. En total hay 13 que no se han emitido”, informó.

ERUVIEL AL PRINCIPIO NI RECIBÍA A LAS ONG’S 

En mayo del año pasado el Gobernador del Estado de México ni siquiera recibía a las organizaciones y a los familiares de las víctimas de feminicidio.

Yuridia Rodríguez Estrada, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dijo a finales de ese mes que el Gobernador les había cerrado las puertas del Palacio de Gobierno.

“La semana pasada pedimos una reunión a Eruviel Ávila para conocer el informe que presentará al grupo del trabajo, se hizo una carta, pero ese día se les cerraron las puertas de Palacio de Gobierno a los familiares, entraron los activistas y familiares y un encargado  les dijo que había cosas más importantes que atender. Nos han dicho que nos van a canalizar con la persona competente y nosotros no queremos que nos manden con nadie, la solicitud era con Eruviel, queremos ver con quién de tercero o cuarto nivel de poder nos van a mandar”, dijo.

El informe que querían conocer era sobre el estado de los feminicidios en la entidad, luego de que las organizaciones de derechos humanos y derechos de la mujer ganaron un amparo después de que las autoridades del Estado de México y de la SPASEVEM, se negaron activar la alerta de género en el estado en 2011 sin sustentar su motivo.

Después de esas revelaciones, se cuestionó al Gobernador en una conferencia de presa sobe negocios en la Ciudad de México.

“Gobernador, ¿cuándo va a recibir a las víctimas de feminicidios?”, se le preguntó al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, en medio de una conferencia de prensa donde él y el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, eran los protagonistas debido a las altas calificaciones que el Doing Bussines en México 2014 le dio a sus estados en la facilidad para hacer negocios.

Ávila Villegas, quien recién acababa de ser elogiado por Moreno Valle, se quedó callado, enrojeció y dio por terminada la conferencia en  el Distrito Federal.

Se hizo el silencio y trató de salir por la puerta trasera pero estaba cerrada. Se encaminó hacia la entrada principal del salón Don Alberto del hotel Hilton y se le volvió a preguntar:

“Gobernador, ¿cuándo va a recibir a las víctimas de feminicidios, ellas dicen que usted no las recibe?”.

Eruviel Ávila negó con la mano y siguió caminando apresurado hacia la salida mientras una mujer le pedía tomarse una foto con ella.

El Gobernador del Estado de México desapareció con sus escoltas, mientras Moreno Valle se quedó dando entrevistas sobre las ventajas de invertir en Puebla.

Ávila Villegas no contestó sobre las víctimas de feminicidio, guardo silencio, pero sí presumió que su estado ocupa el lugar número nueve de acuerdo con el Doing Bussines, en facilidadad para abrir una empresa, para hacer negocios.

Pero el pasado 9 de julio, más de un año después de los ocurrido, Eruviel Ávila Villegas solicitó al Gobierno federal declarar la alerta de género en esos municipios.

“La alerta de género nos permitirá fortalecer nuestras políticas públicas a favor de las mujeres, lo vemos como un área de oportunidad, incluso podremos obtener recursos adicionales para canalizarlos a este sector”, dijo el mandatario mexiquense en ese entonces.

Para María de la Luz, Eruviel Ávila tuvo que aceptar el grave problema que enfrenta su estado.

“Lo que vimos con el Gobernador Eruviel no es una solicitud, es una aceptación de que existe una violencia de género estructural y sistemática que se ha venido recrudeciendo con las desapariciones y feminicidios. Que el Gobernador lo haya pedido, es importante para generar un impacto positivo en torno al mecanismo, que no se vea como algo negativo”, dijo.

Erica Pérez Escobedo - por Marisela Ortiz

Erica Pérez Escobedo, de 29 años de edad, amorosa madre de dos hijxs, había llegado meses antes a probar suerte en Ciudad Juárez, sin imaginar que encontraría la muerte. 

Trabajadora de maquiladora, salió de su hogar el 21 de septiembre de 2002 a buscar trabajo en turnos especiales, es decir, de sábado y domingo, para poder pasar más tiempo con sus niños. No regresó. 

A las 11:17 horas del 23 de septiembre de 2002, mismo día y misma hora en que las autoridades daban a conocer la instalación del Instituto Chihuahuense de la Mujer, un hombre encargado de cuidar una flotilla de camiones de carga se dirigía a realizar su labor, cuando se encontró con el cuerpo de Erica en un lote baldío, con evidentes huellas de haber sido ultrajada sexualmente y con la correa de su bolsa de mano alrededor del cuello, y con posibilidades de que su muerte se hubiera registrado en otro sitio y ahí la fueron a arrojar.

Sin embargo, el vocero de la Subprocuraduría General de Justicia en el Estado, Marco Antonio Moreno Figueroa, dijo que murió de una sobredosis de droga, incluso, dijo, en el cuerpo de la joven se hallaron residuos de cocaína, con el fin de desprestigiar a la víctima, y de alguna manera responsabilizarla de su tragedia.

Demostrar que Erica no era adicta, fue tarea que yo personalmente me eché a cuestas, visitando los lugares donde ella había trabajado, recabando información sobre su buen desempeño y logrando rescatar exámenes médicos que exige la maquiladora a sus empleados, mismos que incluían resultados antidoping negativos. 

Aquí una vez más se honra su memoria, poniendo su rostro en este mural, en el que para nuestro orgullo, participó el pintor irlandés Brian Maguire, amigo y colaborador nuestro desde hace varios años. Gracias también a la buena voluntad del artista juarense Maclovio Rodolfo Fierro Macias, y el esfuerzo de mucha gente, coordinados por la activa y comprometida compañera Yubya Rocha. Y a la señora Elia Escobedo, madre de Erica, y sus hijos Jose Angel y Cynthia, les abrazamos con amor haciendo este homenaje a su querida, nuestra querida, Erica Pérez Escobedo

Prevalece la impunidad

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 31 de julio de 2015, p. 6

La entidad más poblada de México enfrenta altos niveles de feminicidios perpetrados en condiciones de violencia extrema. Tan sólo durante el periodo 2011-2013 la procuraduría estatal reconoce 133 casos y si se toma un periodo más amplio (2011 a agosto de 2014), la cifra llega a 162.

Según esta misma información oficial, la mayoría de los asesinatos de este tipo son perpetrados por un familiar o conocido de la víctima. En estos expedientes sobresale, como causa, la asfixia por estrangulamiento, herida con arma blanca y traumatismo craneoencefálico. De los 162 feminicidios mencionados en el periodo más reciente, sólo en 51 casos hay sentencias; la procuraduría mexiquense afirma que 14 están pendientes de cumplir, en una no se ejerció la acción penal y en otro hay un amparo. Igualmente, 63 aparecen como indagatorias en trámite, una absolutoria y 28 judicializadas. (La cuenta da 159 feminicidios porque en dos averiguaciones se incluyó, en cada una, a dos víctimas). De 2005 a 2010 el registro es de 771 homicidios dolosos o intencionales, cometidos en agravio de mujeres. La mayoría de los crímenes fueron en contra de personas entre 11 y 30 años.

A grandes males... grandes mujeres

Víctor M. Quintana S.

E

n una sentencia histórica, emitida en Ciudad Juárez el pasado 27 de julio, cinco responsables de una red de trata de personas, vinculados al menos con 11 feminicidios, han sido sentenciados a 697 años de prisión. Se les encontró culpables de prostituir y asesinar a 11 muchachas, cuyos restos fueron localizados en el arroyo del Navajo, desolado paraje del municipio de Praxedis G. Guerrero, a 77 kilómetros de Juárez.

El proceso que antecedió a la histórica sentencia fue posible gracias a la decidida intervención de las mujeres, tanto familiares de las víctimas, como de las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y Justicia para Nuestras Hijas.
El juicio oral, iniciado el 14 de abril pasado, es el primer desemboque de un caminar que comenzó desde 2009. Fue entonces cuando las madres de varias jovencitas se acercaron a la Red Mesa de Mujeres, dirigida por Imelda Marrufo, para denunciar la desaparición de sus hijas. No se contentaron con denunciar el crimen a las autoridades. Ellas mismas se pusieron a investigar, siempre acompañadas por las activistas de esta organización, quienes les brindan apoyo sicosocial, asesoría jurídica y acompañamiento incondicional.
Cuando se descubrieron los restos de 21 mujeres jóvenes en el arroyo del Navajo, en diciembre de 2011, hasta ahí acudieron las madres de las muchachas desaparecidas para tratar de identificarlas. Exigieron que se les practicaran los peritajes correspondientes. Luego de mucho batallar, lograron que se contratara al Equipo Argentino de Antropología Forense para proporcionar una segunda opinión sobre la identificación genética de los restos, opinión que se negaba a aceptar inicialmente el gobierno del estado.
Tuvieron la valentía suficiente para seguir el rastro de sus hijas, interrogar policías e investigar las calles del centro histórico de Juárez, donde se produjeron la mayoría de las desapariciones. Identificaron presuntos responsables, los enfrentaron verbalmente y los señalaron ante las autoridades. Ubicaron hoteles y vecindades donde confinaban a las muchachas. Todo lo hicieron ellas, mujeres trabajadoras, pobres, con poca escolaridad, acompañadas siempre por la Red Mesa de Mujeres.
Así, fueron descubriendo que en el clímax de la violencia que sacudió a esta frontera, mientras Ejército, Policía Federal, policía estatal y municipal resguardaban supuestamente la seguridad ciudadana, muchas jóvenes fueron desaparecidas, con la complicidad o cooperación abierta de las llamadas fuerzas del orden. La banda Los Aztecas, brazo armado del cártel de Juárez, además del tráfico de drogas, operaba una amplia red de prostitución de jóvenes, muchas menores de edad. Entre los clientes de la red había militares y policías.
Este infierno, que aún no termina, se dio precisamente al mismo tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia por el caso del campo algodonero, en diciembre de 2009, en la que exige que el Estado mexicano vigile para que el secuestro, prostitución y asesinato de mujeres no se vuelvan a dar.
El trabajo paciente y tenaz de las madres y familiares de las víctimas y sus acompañadoras llegó a identificar a varios operadores de la red de prostitución y a denunciarlos ante las autoridades. Así, en 2013 se dictó orden de aprehensión contra varios de ellos, aunque al menos uno estaba ya en prisión acusado del secuestro de una joven hermana de otra víctima de trata.

El juicio oral iniciado fue por demás contundente. Varias madres de las jóvenes desaparecidas y asesinadas no aceptaron declarar como testigos protegidos y señalaron cara a cara a los responsables del calvario de sus hijas. Parecía que el juicio terminaría con la condena de cinco individuos por el delito de trata de personas, pero había que comprobar el homicidio. Fue entonces cuando la coadyuvante Norma Ledezma pidió que se clasificara el crimen de acuerdo con el artículo 24 del Código Penal de Chihuahua, como delito emergente, es decir, el que surge de la comisión del delito de trata. Ahí concurre el feminicidio, pues los responsables asesinaban a las víctimas para que no los denunciaran.
La sentencia sobre la trata y feminicidio de estas once jóvenes –varias de ellas menores de edad– resulta histórica y no tiene precedente por varias razones:
Es la primera vez que se sentencia a responsables plenamente identificados de estos delitos, no a culpables fabricados o chivos expiatorios, como se hizo en los casos de El Egipcio o El Cerillo, en años anteriores.
Se logra que se acepten como coadyuvantes de la representación social al abogado de la Red Mesa de Mujeres, Santiago González, y a Norma Ledezma, dirigente y fundadora de Justicia para Nuestras Hijas. A partir de la desaparición y feminicidio de su hija Paloma, en 2002, se ha convertido en experta sin título del problema de la trata en México, por más que haya sido amenazada varias veces. Fue muy importante que, apelando a varios tratados internacionales, se aceptara la coadyuvancia de Norma, pese a que aún no termina la carrera de derecho.
Por fin se da un primer paso claro y contundente en el combate a la impunidad de los individuos y las bandas que operan las redes de trata de personas, que seguramente están vinculadas con un buen número de feminicidios en esta frontera. Se muestra también que las bandas del crimen organizado no se reducen a ilícitos como el tráfico de drogas, sino incursionan en la trata de personas, las redes de distribución, el tráfico de armas, la extorsión a negocios, entre otros. Resta por investigar la participación de funcionarios y autoridades señalados por las víctimas sobrevivientes.
Se vuelve a demostrar la enorme potencialidad del dolor y de la rabia de las madres y familiares de las víctimas cuando son acompañadas y asesoradas adecuadamente. Su pasión por demandar justicia, su valentía en investigar y su firmeza en denunciar son ilustradas, fundamentadas, por la asesoría de las organizaciones de las sociedad civil.
En medio de este terrible viaje al corazón de las tinieblas de la violencia de género en Ciudad Juárez, son mujeres como éstas las que encienden las antorchas de la esperanza.

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