lunes, 5 de diciembre de 2011

Genocidio contra la mujer trabajadora: Ricos , corruptos y asesinos


viernes, 19 de diciembre de 2003
Aún los asesinatos de las mujeres no habían sido relacionados (invierno de 1999), pero casi todos se caracterizaban por una violencia extrema. (…)También era evidente que seleccionaban a las víctimas y que existía algún sistema organizado para raptarlas. Se desaparecían en la zona del centro, a plena luz de día, sin que nadie viera nada. Al principio pensaba que se trataba de algunos delincuentes depravados que gozaban de protección por sus nexos con el bajo mundo. Había indicios de algo semejante. No me imaginaba, entonces, que detrás de las muertes había algo mucho más complejo y turbio.... (Del libro "Harvest of women" (Cosecha de mujeres de Diana Washington)
Desde 1993 son ya 4.000 mujeres trabajadoras y estudiantes desaparecidas en Ciudad Juárez. 760 de ellas han aparecido torturadas, violadas, mutiladas y asesinadas, después de ser secuestradas en el centro de la ciudad, a la salida de sus trabajos en la maquila o de academias de cómputo, abandonando sus cuerpos en lotes baldíos. Las cifras oficiales se ocultan y maquillan y no se puede saber, por ahora, cuántas no han sido denunciadas. De muchas víctimas no se han reclamado sus cuerpos, bien porque estaban solas, venían de otros Estados y no conocían apenas a nadie en Juárez, o no han sido identificadas. En otros casos, sus familiares, pobres trabajadores, no tienen medios para trasladarse y recuperar los cuerpos, y no existe ninguna ayuda gubernamental a nivel municipal, estatal o federal sino, por el contrario, el más puro encubrimiento y ninguneo de esta barbarie, de este genocidio sistemático de mujeres pobres trabajadoras y estudiantes.

No son las “muertas” de Juárez. Son las asesinadas de Juárez. Y así deben ser denominadas. No podemos permitir que también la burguesía y sus voceros usen el lenguaje perversamente y se denomine “Muertas de Juárez”, como si lo hubieran sido por muerte natural o induciendo a la idea perversa, que ya hemos oído en boca de gobernadores como el panista Francisco Barrio o el priista Patricio Martínez y de alcaldes de que las víctimas tuvieron algo que ver, que ellas de algún modo se lo buscaron, por andar de noche ¡cuando lo único que hacían era volver del trabajo! (y en muchos casos se produjeron los ataques a plena luz del día y en el centro de la ciudad). O por llevar ropa ajustada o faldas cortas. Estos insultos mentirosos sólo buscan ser tapaderas de la realidad, que objetivamente benefician y encubren a los asesinos, tanto los autores intelectuales como los materiales, además de generar confusión.

Este genocidio no se gesta en 1993, cuando aparece el primer cuerpo. Viene de más atrás. ¿Cuál es la madeja de los asesinatos de Juárez? La madeja histórica, la razón profunda, arranca de la corrupción durante décadas del PRI, en especial a partir de 1968, el uso del terrorismo de Estado, de la desaparición y los asesinatos políticos; el abrir la puerta al crimen organizado y al narcotráfico a gran escala a partir de los años 80; el creciente fenómeno de la descomposición social aparejada a la corrupción gubernamental, que instaló la impunidad para los ricos, ladrones y asesinos; la alianza y protección mutua entre narcos y altos personajes del Estado burgués. Y de ahí, agravada con las políticas de hambre, miseria y desempleo del “neoliberalismo”, el aumento de la delincuencia y la inseguridad a todos los niveles, usada en forma de propaganda como una política para meter terror y miedo a los trabajadores y la población, buscando inmovilizarlos, encerrarlos en sus casas y que no se proteste y se luche. La corrupción es inherente al sistema capitalista, y éste en su descomposición permite todo lo que sea negocio sin consideraciones “morales” o “éticas”. Ahora en Juárez, la mujer es vista como una mercancía más, se la explota integralmente y se aprovecha todo de ella, hasta su muerte.

Uno de los investigadores que pasaron por Juárez, el comisario inspector retirado argentino Raúl Zajaczkowski declaró: "Lo llamativo del caso es que todos estos crímenes ocurran en esta ciudad y con mujeres de determinadas características. Lo extraño es que sigan ocurriendo. No es que estamos frente a un grupo de asesinos seriales. Tiene que haber otro patrón debajo de estos casos" “Las víctimas son mujeres morenas, de pelo largo, bajas, de piel oscura. De cada 100, 95 de ellas son jóvenes entre 16 y 24 años. Y 90 están solas en la ciudad. Son chicas jóvenes sin familia que llegaron a ese lugar para cruzar la frontera o para trabajar en las maquiladoras, las fábricas de ensambles. Después existe un tercer elemento que se da, pero no en todos los casos: los cadáveres son guardados por un tiempo. Los esconden y dejan que pase el tiempo. Después tiran los huesos. Muchas veces aparecen cadáveres juntos. Todo esto dificulta las pericias porque quedan pocos elementos. En otros casos, probablemente haya existido una manipulación de evidencias para distraer la atención de los investigadores y no lograr que se encuentre a los culpables. (…) Todas son hipótesis válidas que no deben descartarse. Pero una de las más fuertes es que, en ese lugar, existe un grupo o varios grupos que explotan a las mujeres. Ya sea a sus cuerpos o se aprovechan del trabajo que ellas hacen. Después las matan”.

En torno a 1992-93 se agrupan una serie de personajes singulares en el área Ciudad Juárez-Tijuana. El 1 de julio de 1992 el cardenal Juan Sandoval, actualmente acusado por la PGR de lavado de dinero, es nombrado obispo de Juárez. Era obispo coadjutor desde el 3 de marzo de 1988. Cuando el cardenal Posadas es asesinado en Guadalajara en 1993 quién se beneficia es Sandoval ocupando la vacante, lo que significa un ascenso. El 12 de abril de 1993 el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, llamado con motivo El Señor de los Cielos, se queda al frente del Cártel de Juárez tras la detención del anterior jefe. En 1992 el panista Francisco Barrio Terrazas, mano derecha de Vicente Fox, posteriormente secretario de Estado en la contraloría (SECODAM) y actual jefe de la bancada panista de diputados en el Congreso se convierte en gobernador de Chihuahua. A partir de estas fechas, y no por azar, se expande el narcotráfico, convirtiéndose en el cártel más importante de México, desplazando incluso a los colombianos y sobre esas fechas comienzan los asesinatos de trabajadoras y jóvenes en Juárez. Demasiada coincidencia. El diario El Financiero publicó que la DEA confirmó que el cártel de Juárez había infiltrado el gobierno del PAN en Chihuahua al inicio de los noventa.

En los asesinatos de Juárez no se trata de uno ni de dos asesinos seriales. Es crimen organizado, con sicarios ejecutores, muchos de los cuales son “juniors” más que lumpenes, lo que asegura más el nivel de silencio, la omerta (ley del silencio) de la mafia, con autores intelectuales que han formado un club selecto, una cofradía del crimen para satisfacer sus vicios más ocultos y de paso hacer negocio, matando dos pájaros de un tiro. Son un grupo de importantes empresarios con intereses en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, que explotan a las mujeres en las maquilas, a las desempleadas las usan para la trata de blancas, prostitución, table dances, como correos para la droga, y también para fiestas privadas, orgías de estos empresarios, y sus hijos, los “juniors” tienen sus fiestas aparte propias, por lógicas razones generacionales. Uno de estos lugares era el restaurante “La Sevillana”. Otros son el bar Club 15, el Club Marlboro, la casa de música Paraíso Musical. Estas, que se encuentran en el centro de Juárez, donde se sitúa la “Zona Roja”, eran frecuentadas por “juniors”. Hay otras fiestas privadas donde invitan a políticos, altos mandos policiales, gente de la jerarquía eclesiástica, narcotraficantes importantes, donde satisfacen todos los deseos más perversos, se da pedofilia (una de las asesinadas era una niñita de 6 años de edad), hay droga en abundancia, se satisfacen encargos de jóvenes para ser asesinadas en películas snuff movies, algún encargo de tráfico de órganos, aunque no es la actividad principal , a muy pocas de las asesinadas les habían extirpado los órganos, en fin, una verdadera trasnacional del crimen. La palabra Cártel, no hay que olvidarlo, que se usa para definir a las modernas organizaciones mafiosas de narcotraficantes, proviene de la asociación de grandes empresas que forman un conglomerado donde se autoabastecen de todo lo que necesitan, (se autosatisfacen sus necesidades) y cubren además de todo el proceso de producción, también se dedican a cubrir varios rubros diferentes. En Juárez se aplica ahora este concepto y organización del trabajo empresarial al campo de la explotación íntegra de la mujer como una mercancía, como si se tratara de un cochino del que se aprovecha todo de su cuerpo. Ni más ni menos. No son ni uno ni dos asesinos seriales. En ocasiones aparentan serlo con el objeto de despistar, sin olvidar que dado el alto nivel de impunidad, el fenómeno de asesinatos por imitación, conocido como copycat, también se está dando. Cuentan con policías en activo, militares o ex policías y ex militares. Estos, incluida la policía municipal, desde años antes de 1993 participaban en violaciones tumultuarias de mujeres en Lomas de Poleo y luego les prendían fuego, desaparecían los cuerpos y las ropas. De ahí se pasaron a ser distribuidores de mujeres para satisfacer las depravaciones de ricos empresarios y políticos. En sí, son peones del engranaje. Saben de criminalística, de escena del crimen. Y así confunden, ocultan, revuelven y esconden indicios. Secuestran a las mujeres y las tienen días en sus poder, después de asesinadas hay pruebas de que a algunas las congelan, mezclan los huesos y los esparcen, o las entierran juntas, queman la ropa o revuelven la ropa, es decir, van cambiando de táctica para intentar confundir y despistar a los investigadores, los pocos que hay y que en verdad quieren descubrir y no encubrir el caso Juárez. Esta verdadera sociedad secreta, y sólo así se puede explicar el nivel impunidad y desafío arrojando cadáveres a la puerta de la Asociación de maquiladores o de edificios de autoridades gubernamentales, no se formó en sus inicios para asesinar mujeres en Ciudad Juárez sino para varios motivos, y luego como en las bandas criminales fue escalando y diversificando su actuar y “aprovechando negocios: en primer lugar, con el objeto de promoverse políticamente. Y fue corrompiendo y cooptando, o induciéndoles a hacer la vista gorda, a políticos prominentes, como puede ser el caso de Francisco Barrio Terrazas. Sobre esta sociedad secreta Sergio González la describe así: “Es una fraternidad delincuencial, vinculados al narcotráfico, la mayoría son sicarios, quienes cuentan con protección de policías y funcionarios; del gobierno local, del gobierno del estado y del gobierno federal, que a su vez están muy bien respaldados por un grupo de poderosos empresarios de la frontera. Entonces tenemos el cuadro perfecto, porque tenemos a la impunidad absoluta por un lado; y a un grupo de delincuentes con capacidad "profesional" para llevar a cabo este tipo de actos. De manera que estamos hablando del sacrificio humano como un instrumento de poder público e incluso político”

¿Cómo desparecen las mujeres? 90% son emigrantes, recientemente llegadas, y no las conocían en la ciudad ni en el abarrote de la esquina. No podía ser al azar, pues un seguimiento puede significar semanas o hasta meses, con el riesgo de que se equivocaran y fuera trabajo en balde. Debe ser algo más rápido y seguro y que contenga toda la información básica: foto, lugar de procedencia, días en Juárez, las “generales”, color, pelo, estatura, color de ojos, lugar de residencia, teléfono si lo hubiera. Iban sobre seguro. Muchas de las asesinadas, la amplia mayoría, responden a un patrón, joven, trabajadora o estudiante, sobre 1.60, pelo largo, morena. Muchas desaparecieron en el centro, al salir de maquilas o en el trayecto de transporte, cerca de locales o sitios que son como “hoyos negros”, que se tragan y donde las secuestran impunemente. Hay una red de locales, sitios, maquilas y centros de estudios, donde hay enganchadores y a la par, sicarios ejecutores. Tienen divididas las tareas, hay una especialización del trabajo sucio. Sólo podían sacar los datos no del azar de verlas andar por la calle sino de la certeza en los datos. Y sólo pueden obtenerla teniendo acceso a bases de datos. En la maquila, acceso a la bases de datos de personal, junto a personal que hace las entrevistas y vende los datos (una práctica muy corriente dada el nivel de corrupción que tiene como caldo de cultivo los bajos salarios, tanto para empresas de publicidad comercial, como si recordamos el escándalo bastante reciente de la venta de datos de afiliados al IMSS a una empresa USA); en el caso de las estudiantes se da en escuelas de computación, muy en particular en la escuela ECCO, no sólo en Juárez. ¿Quiénes han tenido acceso a esa base de datos desde 1993? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por qué no se les investiga? ¿Quiénes son los dueños reales, más allá de los testaferros y hombres de paja, de ECCO? ¿Por qué no se ha hecho pública la relación de todas las maquilas donde laboraban las asesinadas? ¿Cuáles son? Una de ellas se llama Venus. Y la misma cuestión. ¿Quién tiene acceso a la base de datos de personal? Hay gente encargada de acceder a esas bases de datos, analizarlas, seleccionar las víctimas y recopilar la información en un disco duro. Además, hay constancia de que a algunas se las ha grabado durante sus torturas, incluso alguna de ellas, muy pocas, aparecen en videos snuff. ¿Por qué la asociación que agrupa a los empresarios maquiladores AMAC no ha iniciado una investigación interna? ¿A quién encubren? ¿Alguno de sus miembros está implicado? Los datos así lo indican. Esto explica que no hagan nada ni siquiera suministrar transporte nocturno para las obreras que salen en el turno de la madrugada y deben caminar por calles casi o a oscuras, muchas de ellas sin pavimentar (un 50% de las calles de la ciudad no están pavimentadas), sin drenaje, sin agua potable, sin servicios básicos, sin vigilancia segura.

¿Quiénes forman la sociedad secreta del crimen en Juárez?

¿Quiénes forman parte o conocen sobre esta sociedad secreta de asesinos de Juárez? La periodista Diana Washington Valdez, de El Paso Times, y Sergio González Rodríguez, autor del libro Huesos en el desierto han dado apellidos de los implicados, directamente o por encubrimiento: “Entre los apellidos que funcionarios estadounidenses y mexicanos conocen de personas que supuestamente podrían saber de los hechos o podrían estar involucrados están: Molinar, Sotelo, Hank, Rivera, Fernández, Zaragoza, Cabada, Molina, Fuentes, Hernández, Urbina, Cano, Martínez, Domínguez y otros” (“Ciudad Juárez. Así empezó todo”. Diana Washington. La Jornada ,31/10/03).

¿Quiénes están detrás de estos apellidos? Algunos de los más destacados de estos apellidos, en el mismo orden alfabético citado, se trata de:

Jorge López Molinar, Subprocurador de Justicia de la Zona Norte de Chihuahua en el gobierno panista de Francisco Barrio; Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez y del Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad y también propietario de NaftaExpress, a la que el IMSS le embargó en septiembre dos tractocamiones por adeudos.

Jorge Hank Rohn, hijo del extinto jefe de los dinosaurios priistas, Carlos Hank Rohn, empresario de casas de juego y apuestas, el mayor controlador de este rubro en el país, donde se lava dinero, también tuvo el control del Laredo Nacional Bank, relacionado con el lavado de dinero de “Amigos de Fox”, dueño del hipódromo de Agua Caliente (Tijuana) por una concesión que le dio el fallecido jefe de la DFS en la matanza de Tlatelolco y la guerra sucia de los 70, Fernando Gutiérrez Barrios, hombre clave de las cloacas del sistema. Hank Rohn está vinculado al atentado contra el periodista Jesús Blancornelas, que investigaba los nexos del narcotráfico, el lavado de dinero y sus vínculos en el PAN y PRI, y junto con su padre y hermano, Carlos, estuvo vinculado al asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.

Víctor Rivera es diputado local del PRI, actualmente en el equipo de campaña del precandidato priista a la gubernatura de Chihuahua, José Reyes Baeza.

Miguel A. Fernández Iturriza. Argos, propiedad de los Iturriza, es el embotellador de Coca Cola de Juárez, Sonora, Baja California y Sinaloa, y es una fuerte empresa constructora de Ciudad Juárez. Hay que detenerse un poco en el currículum. Fernández Iturriza es el presidente y director general del Sistema Argos que en 1997 obtuvo ingresos por 2 mil 569 millones de pesos. Con una larga trayectoria en el panismo es el prototipo del empresario dispuesto a apoyar fuertemente las causas políticas. Acompañó a Luis H. Alvarez como suplente en la presidencia municipal de Chihuahua (1983-1986) y luego, después de perder las elecciones al mismo puesto en 1986, durante siete años (1987-1994), se desempeñó como encargado de las finanzas nacionales de su partido cuando Alvarez dirigió al PAN. Fue o es Miembro del Comité Estatal y del Consejo Nacional, presidiendo en éste la Comisión de Financiamiento Público. En 1997 se le nombró uno de los cien ejecutivos más importantes de México. Fernández Iturriza coordinó la campaña del precandidato a la gubernatura, Enrique Terrazas, uno de los dueños de Cementos de Chihuahua, filial de Cementos de México (Cemex). Años atrás, en 1995, había coordinado la campaña a la presidencia municipal juarense de José Antonio Badía San Martín, miembro distinguido del DHIAC (Desarrollo Humano Integral, organización considerada como de extrema derecha) y en 1992 fue el tesorero de la campaña de Francisco Barrio. Algunas de las asesinadas tenían grabado en su cuerpo un triangulo invertido, símbolo de la extrema derecha. Hay muchos personajes de “El Yunque” y del antiguo MURO en posiciones de gobierno y en la estructura del PAN (el mismo presidente panista Luis Felipe Bravo Mena o el conocido Luis Pazos) como denuncia el periodista Álvaro Delgado en su reciente libro “El Yunque: la extrema derecha en el poder”.

Varios de estos empresarios figuran en la lista de los cien hombres de negocios más ricos del país, difundida por la Revista Expansión. Entre ellos se encuentran precisamente Fernández Iturriza al frente del grupo Arca-Coca Cola. Además, algunos de estos empresarios que ahora apoyan el Plan Estratégico para el Desarrollo de Juárez, entre ellos el mismo Fernández Iturriza, al arrancar el proceso electoral de 1983 buscaron acceder al ejercicio del poder político, a través del Frente Cívico de Participación Ciudadana (FCPC), fundado para negociar con el PRI la postulación de Francisco Barrio Terrazas, entonces empleado ejecutivo del Grupo Bermúdez, como candidato a presidente municipal. Ante la negativa del PRI a aceptar la propuesta del FCPC, Barrio fue postulado finalmente por el PAN ganando la elección en Juárez. Con el apoyo de los grupos empresariales, los panistas también triunfaron en Chihuahua, Camargo, Delicias, Parral, Meoqui y Casas Grandes. Fernández Iturriza fue electo alcalde suplente de Luis H. Alvarez en la capital en 1983.Su hermano Luis Fernández Iturriza, es presidente de la organización World Trade Center El Paso-Juárez.

También hay que detenerse en Jesús Alonso Zaragoza López y la familia Zaragoza Fuentes, una de las más influyentes actualmente en México y en Los Pinos. Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), involucró en las aportaciones a la campaña foxista a Jesús Alonso Zaragoza López, miembro de la familia originaria de Ciudad Juárez, Zaragoza Fuentes, que controla la distribución de gas en más de 14 estados, en Centroamérica, Perú, Texas e invertirá 90 millones de dólares en una planta en Murcia (España). En el mismo sentido, José Camargo Ascencio, uno de los ex supervisores de la CNBV, declaró en la PGR "que existía lavado de dinero" en Amigos de Fox, pero que "esas partes -de la declaración ministerial- han sido sustraídas del expediente que ha sido remitido a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales". Jesús Zaragoza no puede cruzar la frontera de Estados Unidos por sus negocios ilícitos. Un funcionario de alto nivel de la DEA en Estados Unidos confirmó a la revista Proceso que Jesús Zaragoza es investigado y que cuentan con información. Un informe del Servicio de Aduanas estadounidense —fechado el 19 de noviembre de 1991— elaborado a partir del descubrimiento de un cargamento de casi cuatro toneladas de cocaína, en Mesa de Otay, California, ya mencionaba el nombre de Jesús Zaragoza (el apellido aparece como Zaragosa). Seis semanas antes del aseguramiento en Mesa de Otay, “Jesús Zaragosa envió 5 pipas de Hidrogas de Yucatán a la planta en Mexicali y de ahí a Tijuana”. En una pipa de esa empresa, la Policía Judicial Federal descubrió en noviembre de 1990 una tonelada de cocaína. En abril de 1997, el programa 60 Minutos de la cadena de televisión CBS, transmitió un reportaje sobre la corrupción en el Servicio de Aduanas estadounidense; agentes de la DEA afirmaban que cuando menos siete camiones de la empresa Hidrogas habían sido modificados para introducir droga a Estados Unidos.

Y ahora, el exembajador USA en México, Jeffrey Davidow, en el libro recién a la venta, “El oso y el puercoespín” relata que en un embarque de brócoli de una empresa del Grupo de Vicente Fox y hermanos (Vegetales Frescos, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada”, una empresa asentada en León, Guanajuato), fue descubierto en EU un cargamento de drogas. Esto sucedió poco unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 6 de julio de 2000. Las investigaciones fueron frenadas por el departamento de Estado de EU.

La familia Zaragoza Fuentes, los dueños del Grupo Z, formaron parte de “Amigos de Fox”. “Lean las listas de ‘Amigos de Fox’ en campaña y encontrarán a la familia Zaragoza Fuentes, de ahí es de donde se deriva hoy la protección del actual gobierno a esta empresa”, según el exdiputado federal del PRD Alfredo Hernández Raigoza. La familia Zaragoza tiene estrecha relación con miembros del gabinete de Vicente Fox, según Raymundo Riva Palacio, de “El Universal”. Según Riva Palacio, el ex canciller Jorge Castañeda “presionó a las embajadas mexicanas en Centroamérica para que apoyaran las gestiones de la familia Zaragoza en la hegemonía del mercado del gas en la región”. Por cierto, Castañeda fue el único miembro del gabinete que asistió a la boda de Stephanie Korrodi con Fernando Baeza, hijo del ex gobernador de Chihuahua, Fernando Baeza Meléndez, en febrero del 2002.

Las empresas de dichas familias tenían la distribución de 72% del gas en cilindro a nivel nacional, prácticamente de la gran mayoría del gas que se distribuye en Centroamérica y ahora cuentan con una gran planta en Perú. Miguel Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Zeta, en su página de Internet da a conocer que el grupo está formado por más de 80 empresas en México —donde distribuye más del 14% del gas del mercado nacional— y tiene operaciones en Estados Unidos, Belice, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Perú. Y anunció inversiones en Murcia, España, por 90 millones de dólares.

Pedro Zaragoza Fuentes, cabeza del Grupo Agroindustrial Zaragoza, que produce un millón de litros diarios, es concesionario de la cerveza Corona, propietario de dos estadios en Juárez y de centros de diversión en esa frontera y de más de 80 gasolineras sólo en Juárez, fue investigado por defraudación fiscal por 2.2 millones de dólares, durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando la PGR lo vinculó con el Cártel de Amado Carrillo, a partir del hecho de que sus dos cuñadas estaban casadas con los narcos Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muñoz Talavera. Aunque la PGR le aseguró más de 38 propiedades en septiembre de 1994, la investigación no prosperó en los tribunales, además de que el entonces gobernador Francisco Barrio intercedió en su favor, por considerarlo un “empresario honesto”. La familia Zaragoza Fuentes es propietaria de terrenos precisamente en Lomas de Poleo, donde han aparecido cuerpos. Otro miembro de esta familia es Tomás Zaragoza Fuentes, propietario de la empresa de distribución de gas natural Tomza.

Otro miembro en torno a la sociedad secreta es Arnoldo Cabada de la O, concesionario de la televisora Canal 44, dueño del grupo ACASA, quién hasta agosto de 2002 tenía la concesión del canal local 44 con TV Azteca, y miembro prominente del PRI local y presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez hasta el 10 de junio de este año. Como presidente de los periodistas la Asociación se vio envuelta en un escándalo de corrupción por recibir dinero (chayoteo) de la Feria de la ciudad.

Jorge Molina Espinoza, ex presidente de la Renata y actualmente en el equipo de campaña del otro precandidato por el PRI a la gubernatura de Chihuahua, Anchondo.

Valentín Fuentes Téllez, de la poderosa familia Fuentes, también distribuidores de gas. Las cabezas de la familia Fuentes, fueron Don Valentín y Clara Varela. Sus hijos formaron el Grupo Imperial, hoy dirigido por Angélica Fuentes Téllez; Valentín Fuentes Téllez está casado con Karla Korrodi, hija de Lino Korrodi, el cerebro financiero de ‘Amigos de Fox’.

El diario Milenio publicó una nota el 24 de julio acerca de la intervención en un acto sobre las asesinadas de Juárez de Angélica Fuentes: “Inmediatamente después habló una joven, Angélica Fuentes, de una de las familias más poderosas de la entidad y que no tenía respaldo de las organizaciones de derechos humanos locales, que, casualmente, habló mucho de la economía de la ciudad pero que, también, olvidó referirse a lo que nos llevaba a Juárez: las mujeres asesinadas, la violencia, el narcotráfico.”

Angélica Fuentes es directora del Grupo Imperial, que son de los principales distribuidores de Gas Natural en México. Por cierto, fue considerada una de las mujeres más influyentes de México por la revista Expansión en su edición de Febrero 2003. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural por dos períodos de dos años cada uno, hasta diciembre de 2000, y actualmente es la Presidente de la Red Empresarial del Sector Energético del APEC (Energy Business Network of the Asia Pacific Cooperation Agreement), Es una de las principales impulsoras, y beneficiarias junto a su familia que controla un 14% del mercado del gas y un 70% de la distribución en México, de la contrarreforma energética de Fox, como transnacional que son y como actual líder de la APEC, que también es.

Salvador Urbina Quiroz, es el vicepresidente de las Barras y Colegios de Abogados de Chihuahua y ha sido uno de los más críticos a la designación de la Comisionada Guadalupe Morfín. “La Ley Orgánica de la Procuraduría y el Código Penal le impiden el acceso a los expedientes e, incluso, a obtener copias de estos”, declaró a la prensa burguesa.

Martín Martínez Zamora, “El Vampiro”, es un narcotraficante de Juárez.

Jorge Domínguez, es propietario de Teleservicio Domínguez, en la calle rancho El Becerro, lugar donde se denunció el secuestro y posterior asesinato de Lilia Alejandra García. Domínguez está también vinculado al narcotráfico en Juárez.

Los asesinatos de mujeres no sólo se dan en Juárez. Desde que el gobierno de Vicente Fox ganó las elecciones en 2000 los crímenes con similitudes a Ciudad Juárez se han extendido por todo el país. Se trata de cinco homicidios en Chihuahua (noreste), cinco en Nogales, Sonora (noroeste) y 16 en León (centro). También ha aparecido algún caso en Tlaxcala, y como fenómeno internacional, hasta en Guatemala, con 600 asesinadas de 2001 hasta octubre de 2003, ligado a las maras (pandillas) y, de nuevo, al narcotráfico y “escuadrones de la muerte”.

Hay un hilo de Ariadna que nos lleva de 1993 a Ciudad Juárez, pasando por Lomas Taurinas, Colosio, el aeropuerto de Guadalajara con el asesinato del cardenal Posadas, el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, el suicidio de su hermano Mario en EU. Los actores principales en este drama de la descomposición social de la burguesía en México son los mismos: políticos priistas y panistas, obispos y nuncio, narcotraficantes, grandes empresarios incluidos en la lista de los 100 hombres más ricos de México. Drogas, corrupción, orgías, asesinatos políticos. Las redes que salen de Ciudad Juárez y Tijuana conducen a Guadalajara, al DF, a Hermosillo, Sonora y a Quintana Roo y Yucatán (Mario Villanueva Madrid, el gobernador: o las vacaciones de Fox en la finca del banquero Roberto Hernández, enclavada en la llamada “península de la coca”, en ese entonces propietario de Banamex y luego vendida al Citibank, sin pagar impuestos y tras filtrar la embajada USA en República Dominicana un aviso sobre las vinculaciones de Hernández con el narco y el lavado de dinero.

Los hilos superiores de la madeja, si aplicamos el análisis de que el gobierno es tan sólo el comité ejecutivo de los que mandan de verdad en las sombras, es decir, los grandes empresarios, que encumbraron a Salinas (de quién se dice que Carlos Hank González lo eligió para el cargo) y a Barrio, que participaron en el asesinato de Colosio para que no hubiera un “cambio de rumbo” económico, y también en el de Posadas para que no los delatara, el mismo móvil que en relación a Ruiz Massieu; el propio Vaticano, que con su negocios sucios designó como delegado en una plaza jugosa por el número de fieles y de negocios sucios existentes a ese verdadero capo de la mafia con sotana que responde o respondía al nombre de Girolamo Prigione. Los que dieron dinero a “Amigos de Fox” para subir a éste a la presidencia, con la asesoría de EU. El cuartel general de la campaña foxista en 2000 se encontraba en Atlanta y no en México. Por cierto, uno de los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana, es sacerdote y reside en Roma, en el Vaticano.

Una rama de esta madeja transformó la cantidad de corrupción y descomposición social en México, que llevó al propio departamento de Estado USA a declarar públicamente que México era un “narcoestado” (¡Bien lo sabrán ellos!), en un producto más elevado: el asesinato de mujeres pobres y trabajadores, un verdadero genocidio. Y los actores de este drama saben muy mucho de los demás, pues forman parte de la misma madeja a diferentes niveles, tapándose unos a otros, encubriéndose. Es un juego de espejos múltiples donde todos se observan y si alguien habla le replican y callan con la amenaza de un dossier o de una bala. Esta es la razón oculta de la impunidad: están todos involucrados en alguna medida. Si no fuera así no es posible explicar que ni un solo crimen de Estado desde 1993, que inició con el cardenal Posadas, y hasta los asesinatos de Ciudad Juárez sigan impunes, y con inocentes o chivos expiatorios detenidos como “asesinos solitarios” o “culpables solitarios”, como Mario Aburto en el caso Colosio, o el egipcio Sharif o la banda de los Ruleteros en el caso de Juárez. Así, intentan despistar, sembrar confusión, borrar evidencias, descalificar a las madres de “Por nuestras hijas de vuelta a casa” y otras organizaciones que claman por sus hijas. El PAN calla; el PRI no dice nada. Así, se convierten en cómplices. Sólo dizque actúan, un mero distractivo, bajo la presión de las declaraciones y el informe de Amnistía Internacional o cuando el juez español Baltasar Garzón declara que estaría dispuesto a investigar los asesinatos de Juárez, o cuando se dan manifestaciones en las principales capitales del mundo. En ambos casos. Amnesty y Garzón, fueron descalificados, el primero se encargó de la tarea sucia el gobierno de Chihuahua (y le hicieron un atentado al gobernador Patricio Martínez en 2001, con gatillera ex-Policía Judicial y tesis de “asesino solitario” a lo Mario Aburto, en el caso Colosio, para que no se saliera del huacal) y del segundo usaron como vocero al responsable de la CNDH, José Luis Soberanes, que a lo mejor está haciendo méritos para ver si es ascendido después a la PGR, camino que recorrió antes Jorge Madrazo.

¿Por qué se da la impunidad para actuar contra empresarios como los Fuentes o los Zaragoza? No es sólo por las aportaciones de campaña electoral de Fox ya descritas. A ello se suma el control de productos estratégicos para el país que tienen. Entre el 70 y 80% del mercado de almacenamiento y distribución del gas natural en México lo controlan las familias Fuentes y Zaragoza. El gobierno sabe quienes son pero lo oculta y no hace nada por detenerlos y juzgarlos. La justicia, bajo el sistema capitalista, es tan sólo una moneda de cambio, se usa para negociar. El gobierno no lo usa como un chantaje político contra estos empresarios, como piensa la investigadora de El Paso Times Diana Washington, o en todo caso, esto no es lo central. Existe un ocultamiento claro, una complicidad. Algunos de estos empresarios forman parte de los 100 hombres más ricos de México, son parte del verdadero “gobierno en la sombra”, que toma decisiones sobre nuestras vidas y nos explota cada día más como trabajadores, y controlan sectores estratégicos del país, en particular el gas natural, además de controlar casas de juego y apuestas, hipódromos y galgódromos donde lavan dinero. ¿EU usó está información en las elecciones de 2000 para que estos empresarios dejaran de dar dinero al PRI y se lo dieran a “Amigos de Fox”, cuyo cuartel general se encontraba en esos días en Atlanta (Georgia) y contaban con asesores estadounidenses que le diseñaron a Fox la estrategia de la campaña que le llevaría a Los Pinos?. Es muy posible y habría que investigar mucho más este hilo negro de la madeja. El objetivo era obvio: cerrar el paso a Cuauhtémoc Cárdenas y al PRD y evitar un gobierno PRD en 2000, y por supuesto deshacerse de un PRI exprimido como un limón que ya no les servía para controlar nada socialmente hablando.

Sólo la acción de la clase obrera y la juventud acabando para siempre con este sistema capitalista criminal y sus pesadillas puede lograr evitar que la descomposición social, bajo el manto de la corrupción y la impunidad, siga cobrando víctimas de jóvenes mujeres trabajadoras y estudiantes no sólo en Ciudad Juárez, México o Centroamérica sino en todo el mundo. La democracia obrera es la única alternativa para lograr una justicia permanente. Capitalismo significa horror sin fin. La lucha por encontrar a las desaparecidas y por poner fin a esta pesadilla pasa por derribar este podrido sistema capitalista. No hay otra alternativa: socialismo o barbarie.


Condena ONU atentado contra Norma Andrade

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) condenaron enérgicamente el atentado por el que resultó herida con arma de fuego el pasado 2 de diciembre la Sra. Norma Andrade, co-presidenta de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” en esta ciudad.

Ambos organismos, repudiaron también el asesinato del activista Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ocurrido el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora.

En un comunicado de prensa, la Oficina del Alto Comisionado señaló que tanto Nepomuceno como Norma se habían destacado por haber transformado el dolor por la desaparición y asesinato de su hijo e hija respectivamente, en causa de vida en favor de la justica y la promoción de los derechos humanos.

A partir de la desaparición de su hijo, Jorge Mario Moreno León, ocurrida en julio de 2010, Nepomuceno demandó el esclarecimiento de su paradero y el castigo a los responsables.

Muy recientemente, el 14 de octubre, durante el Segundo Encuentro entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Presidente de la República, el Nepomuceno expuso el riesgo que enfrentaba y entregó la documentación relacionada con la desaparición de su hijo.

Por su parte, Norma Andrade, desde el asesinato de su hija, Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en febrero de 2001, inició su labor como defensora de derechos humanos de las mujeres, en particular, exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio en el Estado de Chihuahua.

La organización que copreside, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, ha recibido múltiples amenazas y actos de hostigamiento, refirió la oficina de la ONU-DH.

Se repite la historia en caso Campo Algodonero


Fiscalía “atrapa” por cuarta vez a presunto homicida de Esmeralda Herrera

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 2 dic 11 (CIMAC).- Sin pruebas suficientes, la Fiscalía del estado de Chihuahua, pretende juzgar a Eduardo Chávez Marín, por el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, una de las ocho víctimas encontradas en el “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió Karla Michele Salas, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

La tarde de ayer la Unidad Especializada en Investigación para Homicidios de Mujeres presentó a Eduardo Chávez Marín para que rindiera su declaración sobre el feminicidio de Esmeralda.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada de la ANAD quien litigó conjuntamente con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), explicó que se giró una orden de presentación contra Chávez Marín para que volviera a presentar su declaración, sin embargo, será en un término de 48 horas cuando se defina su situación legal.

Está es la cuarta vez que Chávez Marín es presentado ante las autoridades pero de acuerdo con la abogada no hay pruebas fehacientes para vincularlo con el homicidio de la joven de 15 años toda vez que lo único que se tiene son testimonios “de oídas” que jurídicamente no tienen valor probatorio.

¿CHIVO EXPIATORIO?

Según información difundida en los medios por la Fiscalía de Chihuahua, Chávez Marín estaba prófugo de la justicia desde 2006, cuando las autoridades de la ciudad fronteriza iniciaron su búsqueda tras las indagatorias y testimonios levantados que asegura la instancia, “se obtuvieron”, para acreditar su presunta responsabilidad en el delito.

Salas recordó que el día que desapareció Esmeralda (29 de octubre de 2001) se vería con Eduardo, quien entonces trabajaba en una imprenta. Sin embargo, él ha declarado anteriormente que el encuentro nunca se dio.

Señaló que no es de extrañar que esta noticia se dé a unos días de que se cumplan dos años de que la CoIDH sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de tres de ocho jóvenes encontradas en el Campo Algodonero en 2001.

Además alertó que aunque Chávez Marín tiene antecedentes penales por intento de violación y por violencia intrafamiliar, no tiene el perfil de los asesinos de las jóvenes encontradas en 2001, por lo que advirtió que el Estado mexicano pretende mantener la hipótesis de que los ocho homicidios fueron hechos aislados.

Explicó que durante los últimos diez años las autoridades han presentado a 10 personas como responsables de los homicidios, sin embargo, “nunca han existido pruebas jurídicamente válidas para acusarlas”, por lo que expresó su preocupación de que una vez más se trate de “un chivo expiatorio”.

Señaló que los asesinos de Esmeralda, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, siguieron el mismo “modus operandi”: las desaparecieron, torturaron, las privaron de la vida, y arrojaron los cuerpos en el mismo lugar.

INVESTIGACIONES CUESTIONADAS

Cuando el caso de Campo Algodonero se analizó en la CoIDH, el entonces Comisionado de la ONU, fiscal Carlos Castresana, presentó un peritaje en materia de investigación criminal donde determinó que estos crímenes eran perpetrados por agentes del Estado o por personas que actuaban con anuencia de las autoridades.

El experto puntualizó que se podía concluir que la investigación realizada por las Procuradurías de Justicia estatal y General de la República “no cumplía con los estándares internacionales de debida diligencia en la investigación”.

En ese momento el ex comisionado de la ONU expresó: “Las circunstancias que mejor caracterizan los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, y entre ellos muy significativamente los crímenes del Campo Algodonero, no son las de los crímenes en sí, sino las de la falta de respuesta y diligencia institucional para el esclarecimiento y persecución de los crímenes”.

Aunque los casos de feminicidio hicieron que las autoridades crearan la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, diez años después de las muertes de Campo Algodonero no se han podido esclarecer los asesinatos y sólo se tiene a un presunto culpable: Eduardo Chávez Marín.

En este escenario la abogada recordó que de acuerdo con la sentencia, emitida el 9 de noviembre de 2009, el Estado mexicano tiene que informar periódicamente cómo va el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, por lo que no descartó que esta detención sea para que “tenga algo que informar”, el próximo 10 de diciembre, segundo aniversario de la sentencia.
11/AGM/LGL

Urgente: situación de Norma Andrade y Malú Gracía Andrade

URGENTE

La Fiscalía de la Zona Norte hoy le retiró la seguridad que había dado el fin de semana a Norma Andrade y a Malú Andrade, dejándolas en un estado de indefensión inaceptable antes los hechos ocurridos y las amenazas precedentes.

Por esta actitud irresponsable de la ficalía los hacemos responsables de lo que pueda sucederles en un momento tan grave. Les exigimos que garanticen la seguridad de Norma, Malú y sus familiares.

Firmas en Jilotzingo en apoyo a Norma Andrade


Recolectamos muchas firmas en Jilotzingo con los ejidatarios que apoyan a Norma y aportaron recursos que depositaré mañana a la cuenta de Banamex.

Amnesty International condanna l'attentato contro l'attivista Norma Andrade


Amnesty International condanna fermamente l'attentato contro Norma Andrade, attivista dell'associazione Nuestras Hijas de Regreso a Casa (Nostre figlie di ritorno a casa). Venerdì 2 dicembre, mentre tornava a casa, a Ciudad Juárez, Norma Andrade è stata aggredita da un uomo sconosciuto armato. È ricoverata in ospedale e le sue condizioni sembrano stabili.

L'organizzazione per i diritti umani sollecita le autorità federali e statali a garantire la Norma Andrade e ai familiari, compresa la figlia Malú García Andrade, direttrice di Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Quanto accaduto deve essere indagato in modo imparziale ed efficace, soprattutto considerando le numerose minacce nei confronti di Norma Andrade e gli altri membri della organizzazione di Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Norma Andrade è una delle fondatrici dell'organizzazione dei diritti umani Nuestras Hijas de Regreso a Casa che chiede giustizia per i casi di donne e bambine assassinate e sparite a Ciudad Juárez. Questa organizzazione ha giocato un ruolo fondamentale nel portare davanti alla Corte interamericana per i diritti umani il caso "Campo di Cotone", che terminò con la sentenza della Corte contro il Messico per l'assassinio di diverse giovani donne nel 2001.

Norma Andrade è anche madre di Lilia Alejandra García Andrade, assassinata a Ciudad Juárez nel 2001. Non ha rinunciato a lottare per la giustizia e la verità sul caso di sua figlia e anche per tante altre famiglie colpite dal femminicidio in Ciudad Juárez,

La Corte interamericana ha disposto misure provvisorie nei confronti di Norma Andrade, Malú García Andrade e altri attivisti di Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Atentado contra activista por caso de trata: Castro. Con Ricardo Rocha

Lucha Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, indicó que el atentado en contra de Norma Andrade el viernes en Juárez, no fue un intento de robo de un vehículo, sino se debió a un caso reciente de trata en el que hay complicidad por parte de la Fiscalía. Harán un Tribunal de Conciencia en memoria de Marisela Escobedo, el 16 de diciembre a un año de lo calificó como su feminicidio.



Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, indicó que el atentado en contra de la activista Norma Andrade sucedido el viernes pasado, no fue un intento de robo de un vehículo por la violencia que se vive en Ciudad Juárez, como lo han querido manejar las autoridades, sino que fue baleada por un caso reciente de trata en el que existe una confabulación por parte de la Fiscalía del estado.

En entrevista con Ricardo Rocha, la luchadora social, dijo referirse al caso de la niña Adriana Sarmiento de 15 años de edad, quien desapareció el 18 de enero del 2008, cuando se dirigía de la preparatoria a su casa.

De acuerdo con la también abogada, el 5 de noviembre del 2009 fueron encontrados los restos de esta niña en Valle de Juárez y la Fiscalía no hizo el cotejo de ADN de inmediato, sino que fue hasta julio del 2011 cuando dio a conocer la identidad de Adriana, manteniendo oculta esta información por largo tiempo.

Asimismo, aseguró que estos hechos corroboran que el problema de trata de personas, también está dentro de la Fiscalía, al encubrir a las personas que realizan estos delitos, "son parte de ellos y ante estas denuncias se empezaron a exacerbar, -y- pues esta es la respuesta", indicó.

Igualmente, reiteró que el caso de Norma Andrade quien presuntamente seguía el caso de esta menor, es una situación de impunidad que tiene que ver con la simulación del Estado mexicano en relación al trabajo que realizan los defensores de derechos humanos.

Por otra parte, dio a conocer que el estado de salud de la activista ya mejoró, aunque, indicó que será operada.

Agregó que una vez que se tuvieron las evidencias científicas y que fue trasladada al hospital, se pudo comprobar que no se trató de un intento de robo como la autoridad lo estaba construyendo.

A pregunta expresa sobre qué han dicho las autoridades sobre las exigencias de justicia, Lucha Castro, respondió que tanto ellos, como la familia de la activista exigieron a través de un comunicado, que se reconozca el atentado a Norma Andrade como un ataque y no como parte de la violencia callejera que se vive en Ciudad Juárez, además a partir de ello que comiencen a realizar las investigaciones hasta llegar a las últimas consecuencias.

Finalmente, dio a conocer que debido a que el 16 de diciembre se celebrará el primer aniversario de lo calificó como feminicidio, de la también activista, Marisela Escobedo, que aún sigue impune, harán un Tribunal de Conciencia para preservar su memoria, a las 10:00 horas, en el lugar en que fue asesinada.

CDHDF exige detener las agresiones a activistas

En contra de los defensores de derechos humanos se ha generado un ambiente de intolerancia en el que “no existe claridad sobre si todas estas amenazas y acciones vienen del gobierno federal o de otros grupos que se dedican a la delincuencia”, afirmó el ombudsman capitalino, Luis González Placencia.

Al recordar el asesinato del activista Nepomuceno Moreno, en Sonora, y la agresión contra Norma Andrade, en Chihuahua, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF llamó a las autoridades federales y estatales a investigar ambos hechos para que cese esa hostilidad.

“Hemos conocido diversas situaciones que van desde amenazas hasta actos que atentan contra la integridad de organizaciones y de defensores, en lo personal, aunque también de compañeros de los medios de comunicación.

“Lo que se ha generado es un ambiente de intolerancia en el que, desafortunadamente, como no existe claridad sobre si todas estas amenazas y acciones vienen del gobierno federal o de otros grupos que se dedican a la delincuencia, se dificulta mucho tomar acciones concretas.”

Refugio político
En tanto, ONG pideron al gobierno del DF dar “refugio político” a familiares de la activista Norma Andrade, atacada y herida el viernes pasado en Ciudad Juárez.

Andrade fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa hace 10 años para denunciar los feminicidios en Chihuahua.

En la 10 Feria de Derechos Humanos, realizada en el Zócalo capitalino, organizaciones civiles exigieron a los gobiernos federal y de Chihuahua investigar el intento de asesinato y proteger a la activista y a su familia.

Habla luchadora social que sufrió ataque: ‘fue intento de homicidio’

Sandra Rodríguez Nieto

Norma Andrade está convencida de que la agresión que sufrió el viernes fue un intento de homicidio y no de asalto.

El atacante, dijo ayer la víctima en entrevista, no le pidió la bolsa ni trató de llevarse su camioneta, sino que simplemente se le acercó y, a quemarropa y sin forcejeo alguno, le disparó en cinco ocasiones, hiriéndola tres veces en el hombro izquierdo y dos en la mano derecha debido a que ella levantó ambas extremidades en reacción de protección.

“Estoy viva de milagro, por un pelito”, dijo Andrade desde la cama en la que continúa hospitalizada.

“Fue un intento de homicidio. Yo le daba las llaves de mi camioneta, le quise dar mi bolsa, le dije ‘llévate todo’, pero él no me dijo nada; sólo me descargó todos los tiros y salió corriendo”, agregó la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

El ataque se registró alrededor de la 1:50 de la tarde del 2 de diciembre, cuando la maestra Andrade salía de su vivienda –entre las calles Fernando Pacheco Parra y Toronja Roja, en la colonia Infonavit Solidaridad, al suroriente de Juárez–, se disponía a subirse a su camioneta y en eso observó a un sujeto desconocido aproximarse con un arma.

Fue entonces que ella pensó que querían asaltarla, por lo que decidió no mostrar resistencia y trató de poner sus pertenencias a disposición del agresor. Pero éste, dijo Andrade, no le dijo una sola palabra y sólo le disparó. “No hizo nada por agarrar mi bolsa o la camioneta”, agrega Andrade, de 51 años y quien también cuestiona: quién detona cinco balazos para llevarse una camioneta de modelo tan antiguo (una Escort año 1991).

Por motivos de seguridad, Andrade fue trasladada la noche del sábado del Hospital 66 del Seguro Social a un nosocomio privado de esta frontera, cuya ubicación se mantiene en reserva a petición de la familia. “Me da mucho miedo que sepan dónde estoy”, dice la mujer que también por cuestiones de seguridad prefirió responder la entrevista de manera telefónica.

Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años desaparecida el 14 de febrero de 2001 y encontrada asesinada y ultrajada sexualmente el siguiente día 21 en un lote baldío de esta frontera.

A partir del crimen, junto con su colega Marisela Ortiz, Andrade fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, desde donde llevó a nivel internacional la demanda de justicia para su hija y para las familias de otras mujeres igualmente asesinadas en esta frontera.

Si bien Andrade dejó de participar activamente en la organización desde hace varios años, su otra hija, María Luisa García Andrade, o “Malú”, continuaba en los movimientos sociales y, a la fecha, coadyuvaba en la investigación ministerial de una probable red de trata de blancas que podría estar operando en el centro de esta frontera.

Entrevistada también ayer, “Malú” –que desde octubre vive fuera de Ciudad Juárez– no duda en atribuir a esa investigación el atentado contra su madre y, por tanto, descarta el intento de robo, que fue una de las líneas abiertas y anunciadas oficialmente el viernes por la Fiscalía General del Estado.

“No me cabe la menor duda de que fue por el trabajo que yo realizo. La amenaza que yo tuve y por la que me fui en octubre fue que no diera unos datos y que, si decía algo, la garantía que tenían era mi mamá. Entonces por eso, cuando me fui, insistía en que le dieran medidas de seguridad. Tenía tres meses pidiéndolas, y estas son las consecuencias”, agregó García Andrade, de 31 años y quien volvió de emergencia a esta frontera para vigilar la salud de su madre.

“Malú” agrega que ya revisó la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado e insiste en que hay indicios suficientes para calificar el ataque como tentativa de homicidio, entre ellos declaraciones de testigos que, antes de los disparos, vieron sujetos cuyas características coinciden con las de quienes, horas antes, también fueron vistos rondando la escuela Francisco I. Madero, donde trabaja Andrade.

A diferencia de lo ocurrido en otros casos, García dijo ayer confiar en la investigación que están realizando los agentes de la Fiscalía General del Estado y en que se dé con el o los responsables.

“Han estado dando seguimiento, pusieron seguridad, he tenido acceso al expediente en todo momento, lo leí con calma, estoy coadyuvando y he visto que no han parado; están todo el día hasta muy tarde trabajando para tener más indicios de ver qué fue lo que ocurrió”, dijo.

El estado de salud de Andrade fue reportado ayer como estable y su vida fuera de peligro. La recuperación, sin embargo, se prevé larga debido a que está inhabilitada de ambos brazos.

Asustadas ambas, madre e hija insisten en solicitar que no se revelen detalles del lugar en el que se encuentran y en el peligro que persiste alrededor de Andrade si vuelve a su casa o a su trabajo.

“Malú” se dice además muy enojada. “Si no hubiera impunidad, si las autoridades hicieran su trabajo y castigaran los crímenes, no habría activistas ni organizaciones ni mamás buscando a los homicidas de sus hijas, ni mi mamá estaría ahora aquí”, dijo García.

Mensaje de Norma Andrade, vía Marisela Ortiz

LA SALUD DE NORMA ES DELICADA, ELLA TEME QUE LA BALA QUE LE PEGO EN EL PECHO PUEDA TRAERLE CONSECUENCIAS; SU MANO DERECHA FUE RECONSTRUIDA PERO NO TIENE ESPERANZAS DE QUE LE QUEDE BIEN; SIN EMBARGO AGRADECE A LOS MEDICOS Y A DIOS QUE PUDO SALVAR LA VIDA EN ESTE ATENTADO. Y QUIERE AGRADECER A TODAS LAS PERSONAS QUE LE ENVIARON SUS ENERGÍAS PARA SUPERAR ESTA TRAGEDIA.

Piden aclarar agresiones a Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Felipe Calderón ha confiado más en Televisa y la propaganda que en los hechos y la realidad; apuesta más al consenso de los medios (afines) que a la opinión pública; acepta más la versión de quienes lucran con ella que la verdad que muestran los muertos, las víctimas y los heridos que dejan la guerra contra la delincuencia y el narco. Su guerra que no excluye a ciudadanos inocentes.

Ni la sociedad es protegida, ni se investiga a los criminales, ni se hace justicia a la ciudadanía. La guerra es sorda, sucia y brutal contra todos, incluso contra los que desde la sociedad civil intentan defender los derechos de los demás. Ya amenazó Calderón a quienes reclaman el estado de derecho en los tribunales internacionales, debido a que aquí las autoridades niegan o dilatan la justicia.

¿Adónde llevan la nación: a una alternativa de solución o al despeñadero?

Apenas el 2 de diciembre atentaron contra la vida de Norma Esther Andrade, defensora de mujeres, jóvenes y niñas de Ciudad Juárez, creadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya hija Lilia fue asesinada en 2001, por no ser protegida por el gobierno federal ni el de Chihuahua. ¿Por qué los gobiernos no investigan y protegen a la gente que más lucha por los demás?

Ella ha realizado una lucha de más de 5 años en defensa de las mujeres en los tribunales nacionales e internacionales en favor de las víctimas de Juárez. ¿Acaso eso ha molestado a los gobiernos, para no protegerla?

La ANAD exige a los gobiernos que cumplan con su obligación: esclarecer, investigar y castigar a las responsables de la agresión a Norma Andrade; aclarar las amenazas a los miembros de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y ofrecer los mecanismos de protección a todos los defensores de derechos humanos.

Por la ANAD: Enrique Larios, Medardo Bañuelos, Karla Micheel, David Peña, Manuel Fuentes, Estela Ríos, María Luisa Campos, Edith Ramírez y O. Alzaga