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La ausencia de la jovencita de 17 años de edad, quien posteriormente fue encontrada sin vida fue el motivo que llevó a su madre Norma Esther Andrade, a su hermana Malú García Andrade y la activista local Marisela Ortiz, a fundar el proyecto que coordinan desde lejos.
“Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha recibido alrededor de una treintena de amenazas y hostigamientos, incluyendo el allanamiento de nuestras oficinas por desconocidos que sustrajerkn documentos y computadoras con información sobre nuestro trabajo. Desde 2008 decidimos no tener oficinas fijas, -pero- aunque cada integrante realizó su trabajo por separado el hostigamiento jamás cesó”, señaló ayer Ortiz en un comunicado, a través de su página de Facebook.
Ante el peligro que se consideró que corrían las activistas, el 13 de junio de 2008 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano garantizar sus vidas e integridad física, así como ha de sus familias, a través de medidas cautelares.
Pese a la petición de la CIDH, actualmente ninguna de sus fundadoras pueden vivir en Ciudad Juárez.
“Huimos tras las graves amenazas de muerte, y el atentado a balazos contra Norma Andrade”, señaló Ortiz.
Malú Andrade huyó en febrero del año pasado de la ciudad luego de que intentaron quemar su casa; Marisela Ortiz salió el mes siguiente, tras recibir amenazas de muerte contra ella y su familia a través de una manta colocada en la puerta de la escuela donde trabajaba; mientras que Norma Andrade se refugia desde el 15 de diciembre pasado en la capital del país, luego de recibir cinco balazos en el exterior de su casa y haber sido nuevamente amenazada.
Y aunque hizo caso a las advertencias y huyó de esta frontera, el pasado 3 de febrero Andrade fue nuevamente atacada en el exterior de su vivienda, con un cuchillo en el cuello, por lo cual tuvo que ser resguarda por agentes de la AFI y el Gobierno del Distrito Federal, y analiza salir del país.
Para Ortiz, uno de los logros más importantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa fue recurrir junto con otras organizaciones civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar los asesinatos de mujeres ocurridos en el Campo Algodonero, con lo que se logró que el máximo tribunal de justicia de la región condenara al Estado mexicano por no proteger la vida de la población femenina.
“También presentamos ante la CIDH en 2002, los casos de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera; ambos en espera de ser admitidos para su análisis”.
“Y aunque hemos continuado nuestro trabajo desde el exilio, no existen en Ciudad Juárez las condiciones para desarrollar nuestra labor como lo hacíamos en los últimos años, ni la garantía de vida que necesita todo ser humano para desenvolverse con las libertades que debe gozar todo individuo”, apuntó.
Esto no significa que el trabajo terminó, seguirá con más fuerza, entrega, y quizá con diferente problemática, pero continuará, aseguró.
Porque “la defensa de los Derechos Humanos es una responsabilidad de por vida... por una lucha que nos cobró demasiado alto el intentar la justicia para nuestras mujeres asesinadas, y acabar esta terrible condición para las mujeres”, concluyó.
