viernes, 1 de mayo de 2015

Estado mexicano omiso, negligente y doloso frente a ola feminicida en el país: Amnistía Internacional

Por:  / 30 abril, 2015
feminicidios
(30 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Amnistía Internacional México, en coordinación con otras organizaciones civiles, emplazó a Estado mexicano a que adopte a la mayor brevedad posible, medidas concretas sobre la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, particularmente en el Estado de México, donde se vive una emergencia feminicida.
Las organizaciones propusieron un plan de acción que tiene como objetivo denunciar la violencia feminicida, visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres víctimas de violencia al acudir al sistema de justicia, monitorear la actuación del Estado, exigir frenar la violencia feminicida y colocar los derechos humanos de las mujeres en el centro de la atención, así como la adopción por parte del Estado de medidas efectivas contra los persistentes patrones de graves violaciones a derechos de las mujeres y la impunidad prevaleciente en los casos.
María de la Luz Estrada, colaboradora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, denunció que en México son asesinadas seis mujeres al día.
Entre 2012 y 2013, 3 mil 892 casos fueron documentados, pero únicamente 613 de ellos fueron investigados como feminicidios por falta de perspectiva de género de las autoridades y de acuerdo a información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nuestro país supera por casi dos puntos la tasa de feminicidios en el mundo.
“Condenamos la inacción del Estado porque no ha generado las condiciones que permitan la implementación real de la legislación, pues ni siquiera establece mecanismos para hacerlos verdaderamente exigibles; es la propia autoridad la que genera obstáculos que impiden que el marco legal se aplique…estamos hablando de una situación alarmante: a las mujeres las asesinan por su condición de ser mujeres, por la cultura discriminatoria que puede evitarse si el Estado asume su responsabilidad”, señaló Estrada.
Añadió que en 2007 se presentaron 200 muertes de niñas y adolescentes, pero en 2012, la cifra aumentó a 372, lo que representa un incremento del 86 %; sin embargo, la organización considera que las medidas que las autoridades han tomado son insuficientes, pues tienen registro de que las víctimas son maltratadas y discriminadas a l tratar de acceder al sistema de justicia, lo que evidencia los altos niveles de impunidad que confirman que el feminicidio no es un tema prioritario para el Estado mexicano.
Denunció que el Estado mexicano frente a tales denuncias se ha mostrado omiso, negligente y doloso, pues tal parece que en lugar de investigar las agresiones, pareciera dedicarse a impedir el funcionamiento de los mecanismos de protección con la finalidad de evitar el reconocimiento de los vacíos de autoridad para hacer frente a la problemática.
“Uno de los principales responsables de que funcione el Mecanismo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres  es la Secretaría de Gobernación, pero ha obstaculizado los procedimientos legales para que los estados no sean investigados por la denuncia de los feminicidios y desaparición…los gobiernos de los estados también son responsables porque ocultan información y sólo hacen acciones paliativas”, recalcó Estrada.

Cifras escalofriantes, indolencia exacerbada
A partir de 2008, cuando se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, varias organizaciones civiles han solicitado, en por lo menos 11 ocasiones, la aplicación de la Alerta de Género en estados como Oaxaca, Guanajuato, estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Baja California sin que el gobierno federal o los estatales hayan hecho caso alguno.
El caso de la entidad mexiquense implica particularmente una preocupación para las organizaciones promotoras de derechos humanos.
Las estadísticas que han logrado documentar prenden las alarmas: en 2010 se solicitó la activación de la Alerta de Género tras registrarse 900 casos de asesinatos de mujeres; en la mitad de ellos, se desconocía a los agresores; sin embargo no se logró que se implementara dicho mecanismo, pues las autoridades estatales alegaron que dicha petición era parte de la estrategia política de la oposición, ante las elecciones a efectuarse en 2011.
Entre 2011 y 2012 desaparecieron en el estado de México mil 239 mujeres; 60 % de ellas, menores de 17 años. En 2014 se contabilizaron 400 desapariciones de mujeres menores de edad y hasta la fecha, la autoridad no ha informado sobre sus paraderos.
Entre 2011 y 2013 se cometieron cerca de 840 asesinatos de mujeres de los que solamente 145 fueron investigados como feminicidios, a pesar de que la mayoría de ellos reunían las características.
Pero el estado de México, entidad gobernada desde hace muchos sexenios por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no es la única fuente de preocupación.
En 2013 se cometieron 73 feminicidios en Guanajuato, mientras que entre 2014 y lo que va del año, se han contabilizado 90 casos más.
Morelos no se queda atrás: entre 2011 y 2013 han sido asesinadas al menos 530 mujeres.

Mujeres migrantes, doblemente vulnerables
Manuel Arellano, quien participó en la reunión en representación del padre Alejandro Solalinde, declaró que es preocupante que las autoridades federales y estatales no cuenten con datos específicos sobre la desaparición de mujeres migrantes, pues “en toda la ruta migrante en México, el índice de desapariciones es exponencial, además de que se han incrementado los secuestros”.
Denunció que se tiene conocimiento de que al año, en México desaparecen en promedio mil migrantes y según sus estimaciones, por lo menos el 30 % son mujeres.
“Este gobierno tapa todo, maquilla todo y obstruye la impartición de justicia. Nos parte el alma ver a mujeres buscando a sus hijas, paregrinando en instancias, con gobiernos y autoridades”, argumentó.
Rodolfo Domínguez, integrante del colectivo Justicia, Derechos Humanos y Género criticó que el gobierno del Edomex mantiene una política de simulación que “implica una inacción que se traduce en la falta de investigaciones con diligencia y perspectiva de género…hay un actuar negligente y omiso que refleja la falta de capacidad y sensibilidad de las autoridades encargadas de procurar justicia para ocultar los hechos de violencia”.

Actividades específicas
Las organizaciones informaron que llevarán a cabo varias acciones específicas que comenzarán con una campaña de sensibilización y concientización -a nivel nacional e internacional- a través de redes sociales y medios de comunicación, en la que se visibilice el contexto de violencia feminicida que se vive en el país.
Acudirán a embajadas -en especial en aquellas cuyo país ha hecho recomendaciones específicas en la materia- como España, Francia y Holanda, para  hacerles llegar información precisa sobre la situación de violencia feminicida en el país y les solicitarán reuniones para expresar las preocupaciones del colectivo.
Aunado a eso, el colectivo realizará peticiones para que la comunidad internacional coadyuve en el proceso de monitoreo y exigencia del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humano de las mujeres, mismas que ha suscrito el Estado mexicano.
Impulsarán una acción colectiva de exigencia de responsabilidad a los estados, iniciando con el Edomex, para urgir el alto a la violencia; para que se realice la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, además de exigir se garantice el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.
Por último, exigen que  la Segob informe del estado que guardan las solicitudes de alerta de género en el estado de México, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato y Morelos, así como una explicación sobre las razones de que no se haya decretado las mismas a pesas de la prevaleciente violencia.
Exigieron que Miguen Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, rinda cuentas sobre la violencia feminicida en el país y sobre las acciones que se tomarán para prevenir, atender, investigar y sancionar la misma y argumentaron que tiene responsabilidad directa en el tema, al ser Gobernación la instancia encargada de aplicar al mecanismo de prevención de violencia contra las mujeres.
Entre las organizaciones que se sumaron a la exigencia se encuentran: Alianza por los Derechos de las Mujeres en el estado de México; Amnistía Internacional; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Feminicidios Nunca Más; Grupo Académicas en Acción Crítica Permanente; Justicia, Derechos Humanos y Genero AC; Hermanos en el Camino; Albergue de Migrantes Ixtepec Oaxaca; Observatorio Nacional del Feminicidio;  Red de Mujeres y Organizaciones Feministas del estado de México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; Red por los Derechos de la Infancia en México y Artes en Resistencia AC.