México no quiere pagar por los feminicidios en Ciudad Juárez

Según abogados de las víctimas

En lo que va de año unas 13 niñas han desaparecido en esa peligrosa localidad

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mexicano "se niega" a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los casos de feminicidios del caso conocido como "Campo Algodonero" en la que el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó al Estado por la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, denunciaron este miércoles los abogados de las víctimas.

En noviembre de 2009, la CoIDH ordenó a las autoridades mexicanas "reiniciar" las investigaciones de los homicidios de tres de las ocho mujeres que fueron asesinadas en el año 2001 en Ciudad Juárez, así como de los casos de violencia sexual y desaparición, "pero ha habido una resistencia por parte del Estado para cumplir con la sentencia", dijo a Europa Press David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

El fallo histórico de la Corte condenó al Estado mexicano por no haber implementado las medidas adecuadas para proteger de la violencia a las víctimas del "Campo Algodonero", responsabilizándole de la muerte de Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Laura Berenice Ramos, de 17, y Claudia Ivette González, de 19.

A partir de la decisión, las autoridades mexicanas, especialmente, la Procuraduría General del estado de Chihuahua, estaban en la obligación de ejecutar una serie de medidas "que no han sido acatadas". De las 16 disposiciones, tan solo ha cumplido con publicar la sentencia en el boletín oficial "sin que esto se haya traducido en un compromiso por parte del Estado para cumplir" con lo dispuesto por la Corte "ni tampoco se traduce en acciones concretas", lamentó Peña.

Peña precisó que el Estado mexicano ha incumplido, básicamente, en "redirigir" las investigaciones criminales de los "hechos en sí" formulando nuevas hipótesis, además de iniciar las investigaciones a los funcionarios involucrados en los homicidios por violación a los Derechos Humanos y a aquellos que amenazaron a las familias de las víctimas.

La Corte establece en el fallo "los lineamientos de las investigaciones" sobre estos homicidios en Ciudad Juárez. "No se trata de empezar desde cero, sino de que se planteen nuevas hipótesis en torno a estos crímenes y se redirijan las investigaciones para poder juzgar a los responsables", explicó el letrado.

Asimismo, señaló que las autoridades han incumplido su deber de ofrecer a los familiares de las víctimas un "servicio médico integral" con ayuda psicológica y psiquiátrica. "El Estado mexicano se ha negado a brindarles estos servicios más allá de lo que ofrece la sanidad pública", acotó.

Estas conclusiones se extraen del primer informe presentado por la ANAD, la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CDIM) al cumplirse seis meses de haberse dado a conocer la resolución. Aunque el plazo que da la CoIDH al Estado mexicano es de un año para entregar un primer balance, la defensa de las víctimas ha expresado su preocupación por la "falta de voluntad" de las autoridades para hacer frente a los feminicidios en Ciudad Juárez.

CONTINÚAN LAS DESAPARICIONES

Para Peña, la principal preocupación es que ante esta falta de interés del Estado mexicano los crímenes en Ciudad Juárez siguen ocurriendo. En lo que va de año, 13 niñas han desaparecido en esa peligrosa localidad, donde desde 1993 se han registrado más de 500 feminicidios, sin que hasta la fecha se hayan juzgado a los responsables.

La sentencia de la Corte es la primera que emite ese organismo contra un Estado miembro y es, asimismo, la primera resolución que se conoce sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. "Es por esta razón la importancia de que el Estado dé cumplimiento (al fallo)" porque de lo contrario se reforzaría más la "impunidad" que existe sobre estos casos, subrayó el abogado.

Peña advirtió de que "cuanto más tiempo pase" sin que las autoridades comiencen a dar cumplimiento a la sentencia "las pocas pruebas que quedan se van ir a perdiendo y se van a complicar aún más las investigaciones, y los casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez van seguir ocurriendo.

Feminicidios en Juárez, heridas que no cierran

"Algunas familias ya se cansaron, la gente ya se acostumbró al tema y las niñas siguen desapareciendo, que ahora no las encuentren tan rápido es otra cosa", madre de una de las mujeres asesinadas.

Ciudad Juárez. "En ocasiones ando muy animada, pero otras no le hallo caso al trabajo en la comunidad y hasta a la vida", dijo Paula Flores, convertida en emblema de la demanda de justicia para las mujeres desaparecidas y asesinadas en esta ciudad mexicana, en la línea fronteriza con Estados Unidos.

"A veces toco fondo", reconoció a IPS esta mujer de 52 años en su hogar, con la voz apagada y una mirada tristísima detenida en algún lugar del desierto que rodea el barrio de Lomas de Poleo, ubicado en el extrarradio poniente de Ciudad Juárez, a una media hora del centro y donde la pobreza es evidente.

La arena que cubre sus calles sin pavimentar es una extensión del largo desierto, que durante las últimas dos décadas ha sido testigo de una de las manifestaciones más grotescas e impunes de la violencia sexista en el mundo.

Paula Flores es la protagonista de un documental que participó en el Tercer Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos, que se celebró del 21 de mayo al 3 de junio en Ciudad de México, a mil 840 kilómetros al sur Juárez.

Dirigida por José Bonilla, "La Carta. Sagrario nunca has muerto para mí" recupera a través de la madre los 12 años de la batalla por justicia de la familia de Sagrario González Flores, violada, torturada y asesinada en 1998.

"Juárez es un tema que nos cuestiona a todos", dijo el director a IPS.

Sagrario desapareció el 16 de abril de 1998, dos meses antes de cumplir 18 años. Su martirizado cuerpo se localizó en el desierto 14 días después. Era la cuarta de los siete hijos de Paula Flores y Jesús González. El padre se suicidó en 2006, incapaz de superar la pena.

La familia había llegado a Juárez en 1995, procedente de una localidad del vecino estado de Durango, con el sueño de mejorar sus vidas en la ciudad donde prosperaban las maquiladoras.

México se convirtió en los años 70 en tierra fértil para esas ensambladoras de bienes para la exportación, que gozan de exenciones, desregulaciones y mano de obra barata, a cambio de generar empleo, especialmente femenino.

"No sabíamos lo que nos esperaba aquí", musitó Flores.

En febrero de 2005, la familia logró que la policía detuviese a José Luis Hernández, alias El Manuelillo, conocido del barrio y dedicado a cruzar personas a Estados Unidos. Había desaparecido siete años desde poco después del crimen y la investigación familiar conducía a él.

En su primera declaración, Hernández dijo que dos hombres le pagaron 500 dólares por entregar a la joven, a la que interceptaron al salir de la maquiladora, poco después de las 3 de la tarde y una vez que le cambiaron intempestivamente de turno, lo que impedía que su padre pudiese acompañarla.

Durante el juicio cambió su declaración y aseguró que actuó solo. Ahora cumple una condena de 28 años en una cárcel del lejano y suroccidental estado de Jalisco, en la costa pacífica.

"El caso no está resuelto", dijo la madre, mientras mostraba recortes de periódicos que registran 12 años en busca de justicia.

"Nunca se hizo una reconstrucción de los hechos y cuando increpé al Manuelillo me dijo que los milones (policías) le dijeron que declarara eso para cerrar el caso", aseguró.

Desde 1993, cuando se conocieron los primeros asesinatos de mujeres trabajadoras, los crímenes por violencia de género no se han detenido y las diferentes organizaciones de víctimas coinciden en que ya superan el millar.

Los datos oficiales reportan casi 800 mujeres muertas desde entonces. Pero las autoridades no las registran como feminicidios, la forma en que pasaron a definirse los asesinatos por razones de género o por odio sexista a raíz de los crímenes de Juárez.

Los organismos gubernamentales solo reconocen que más de ocho por ciento de las muertes femeninas son atribuibles a "crímenes pasionales" o "problemas familiares" y 12 por ciento a causas "sin identificar".

La tasa actual de asesinadas en Juárez, de 23 por cada 100 mil mujeres, triplica el índice que la Organización Mundial de la Salud considera como epidemia. Pero está muy por debajo de los 354 asesinados por cada 100 mil hombres.

"Esta otra violencia ha rebasado el tema (del feminicidio), pero las niñas siguen desapareciendo, que ahora no las encuentren tan rápido es otra cosa", dijo Flores.

Según un estudio del no gubernamental Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Juárez, los asesinatos de mujeres aumentaron 579 por ciento desde que la ciudad quedó en medio de la guerra contra los carteles del narcotráfico.

De las 259 mujeres asesinadas en los últimos dos años, 51 fueron totalmente atribuibles a la violencia de género.

"La impunidad es la clave del feminicidio en Juárez", resumió a IPS Patricia Ravelo, quien realizó toda la investigación para el documental protagonizado por Flores.

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el asesinato de tres mujeres en Campo Algodonero, en Juárez, en el primer fallo de su tipo en el mundo y que estableció reparaciones con perspectiva de género.

Pero quienes tienen que atender el fallo inapelable son funcionarios que fueron denunciados por apoyar la impunidad de los feminicidios.

En especial, las familias de las víctimas señalan a Arturo Chávez, actual Procurador General mexicano, quien era procurador del estado de Chihuahua, donde está Juárez, cuando ocurrieron los asesinatos del Campo Algodonero.

Su nombramiento fue criticado duramente por las organizaciones de mujeres en Chihuahua. Pero, denunciaron, el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón, que no ha buscado un acercamiento con las familias, ignoró las protestas.

"Nos estamos enfrentando a que el Estado mexicano se resiste a cumplir la sentencia", dijo David Peña, abogado de Amnistía Internacional.

Paula Flores presentó en 2007 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creó la Fundación Sagrario, que busca articular una propuesta cultural como alternativa para la violencia.

Además, desde 2002, en Lomas de Poleo opera en forma oficial el jardín infantil María Sagrario Flores González, que acoge a 250 niños menores de seis años.

"Algunas familias ya se cansaron y la gente ya se acostumbró al tema" de los feminicidios, reconoció Flores, para quien la estrategia del gobierno central y estadual es minimizar el fenómeno y desprestigiar a las organizaciones.

"Pero mi hija no es un mito, como dice el gobernador (José Baeza), que las muertas de Juárez son un mito. Yo no me la inventé, Sagrario vivió y tenía muchas ganas de vivir".

En Ciudad Juárez las heridas de las mujeres no cierran

Por Daniela Pastrana, enviada especial

Paula Flores delante de la foto de su hija asesinada


Crédito: Daniela Pastrana /IPS


CIUDAD JUÁREZ, México, jun (IPS) - "En ocasiones ando muy animada, pero otras no le hallo caso al trabajo en la comunidad y hasta a la vida", dijo Paula Flores, convertida en emblema de la demanda de justicia para las mujeres desaparecidas y asesinadas en esta ciudad mexicana, en la línea fronteriza con Estados Unidos.

"A veces toco fondo", reconoció a IPS esta mujer de 52 años en su hogar, con la voz apagada y una mirada tristísima detenida en algún lugar del desierto que rodea el barrio de Lomas de Poleo, ubicado en el extrarradio poniente de Ciudad Juárez, a una media hora del centro y donde la pobreza es evidente.

La arena que cubre sus calles sin pavimentar es una extensión del largo desierto, que durante las últimas dos décadas ha sido testigo de una de las manifestaciones más grotescas e impunes de la violencia sexista en el mundo.

Paula Flores es la protagonista de un documental que participó en el Tercer Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos, que se celebró del 21 de mayo al 3 de junio en Ciudad de México, a 1.840 kilómetros al sur Juárez.

Dirigida por José Bonilla, "La Carta. Sagrario nunca has muerto para mí" recupera a través de la madre los 12 años de la batalla por justicia de la familia de Sagrario González Flores, violada, torturada y asesinada en 1998.

"Juárez es un tema que nos cuestiona a todos", dijo el director a IPS.

Sagrario desapareció el 16 de abril de 1998, dos meses antes de cumplir 18 años. Su martirizado cuerpo se localizó en el desierto 14 días después. Era la cuarta de los siete hijos de Paula Flores y Jesús González. El padre se suicidó en 2006, incapaz de superar la pena.

La familia había llegado a Juárez en 1995, procedente de una localidad del vecino estado de Durango, con el sueño de mejorar sus vidas en la ciudad donde prosperaban las maquiladoras.

México se convirtió en los años 70 en tierra fértil para esas ensambladoras de bienes para la exportación, que gozan de exenciones, desregulaciones y mano de obra barata, a cambio de generar empleo, especialmente femenino.

"No sabíamos lo que nos esperaba aquí", musitó Flores.

En febrero de 2005, la familia logró que la policía detuviese a José Luis Hernández, alias El Manuelillo, conocido del barrio y dedicado a cruzar personas a Estados Unidos. Había desaparecido siete años desde poco después del crimen y la investigación familiar conducía a él.

En su primera declaración, Hernández dijo que dos hombres le pagaron 500 dólares por entregar a la joven, a la que interceptaron al salir de la maquiladora, poco después de las 3 de la tarde y una vez que le cambiaron intempestivamente de turno, lo que impedía que su padre pudiese acompañarla.

Durante el juicio cambió su declaración y aseguró que actuó solo. Ahora cumple una condena de 28 años en una cárcel del lejano y suroccidental estado de Jalisco, en la costa pacífica.

"El caso no está resuelto", dijo la madre, mientras mostraba recortes de periódicos que registran 12 años en busca de justicia.

"Nunca se hizo una reconstrucción de los hechos y cuando increpé al Manuelillo me dijo que los milones (policías) le dijeron que declarara eso para cerrar el caso", aseguró.

Desde 1993, cuando se conocieron los primeros asesinatos de mujeres trabajadoras, los crímenes por violencia de género no se han detenido y las diferentes organizaciones de víctimas coinciden en que ya superan el millar.

Los datos oficiales reportan casi 800 mujeres muertas desde entonces. Pero las autoridades no las registran como feminicidios, la forma en que pasaron a definirse los asesinatos por razones de género o por odio sexista a raíz de los crímenes de Juárez.

Los organismos gubernamentales solo reconocen que más de ocho por ciento de las muertes femeninas son atribuibles a "crímenes pasionales" o "problemas familiares" y 12 por ciento a causas "sin identificar".

La tasa actual de asesinadas en Juárez, de 23 por cada 100.000 mujeres, triplica el índice que la Organización Mundial de la Salud considera como epidemia. Pero está muy por debajo de los 354 asesinados por cada 100.000 hombres.

"Esta otra violencia ha rebasado el tema (del feminicidio), pero las niñas siguen desapareciendo, que ahora no las encuentren tan rápido es otra cosa", dijo Flores.

Según un estudio del no gubernamental Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Juárez, los asesinatos de mujeres aumentaron 579 por ciento desde que la ciudad quedó en medio de la guerra contra los carteles del narcotráfico.

De las 259 mujeres asesinadas en los últimos dos años, 51 fueron totalmente atribuibles a la violencia de género.

"La impunidad es la clave del feminicidio en Juárez", resumió a IPS Patricia Ravelo, quien realizó toda la investigación para el documental protagonizado por Flores.

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el asesinato de tres mujeres en Campo Algodonero, en Juárez, en el primer fallo de su tipo en el mundo y que estableció reparaciones con perspectiva de género.

Pero quienes tienen que atender el fallo inapelable son funcionarios que fueron denunciados por apoyar la impunidad de los feminicidios.

En especial, las familias de las víctimas señalan a Arturo Chávez, actual Procurador General mexicano, quien era procurador del estado de Chihuahua, donde está Juárez, cuando ocurrieron los asesinatos de Campo Algodonero.

Su nombramiento fue criticado duramente por las organizaciones de mujeres en Chihuahua. Pero, denunciaron, el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón, que no ha buscado un acercamiento con las familias, ignoró las protestas.

"Nos estamos enfrentando a que el Estado mexicano se resiste a cumplir la sentencia", dijo David Peña, abogado de Amnistía Internacional.

Paula Flores presentó en 2007 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creó la Fundación Sagrario, que busca articular una propuesta cultural como alternativa para la violencia.

Además, desde 2002, en Lomas de Poleo opera en forma oficial el jardín infantil María Sagrario Flores González, que acoge a 250 niños menores de seis años.

"Algunas familias ya se cansaron y la gente ya se acostumbró al tema" de los feminicidios, reconoció Flores, para quien la estrategia del gobierno central y estadual es minimizar el fenómeno y desprestigiar a las organizaciones.

"Pero mi hija no es un mito, como dice el gobernador (José Baeza), que las muertas de Juárez son un mito. Yo no me la inventé, Sagrario vivió y tenía muchas ganas de vivir". (FIN/2010)

Incumple el Gobierno 16 recomendaciones sobre muertas de Juárez: ONG's

Manrique Gandaria / El Sol de México

Ciudad de México.- El Estado mexicano incumplió con una de las 16 disposiciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le impuso por el caso de las muertas de Juárez, al no publicar el pasado jueves, una página web con una base de datos actualizada y enriquecida que contenga la información necesaria para realizar investigaciones sobre mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Así lo denunciaron las organizaciones Red Mesa de Mujeres y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)-México, quienes recordaron que el pasado 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana hizo pública la sentencia sobre Campo Algodonero en la que dicta al Estado mexicano cumplir de manera obligatoria con las disposiciones que logren erradicar la violencia contra las mujeres que ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde que inició el registro de feminicidios en 1993.

Subrayó que la disposición número 10 de la sentencia, hace referencia a la publicación de una base de datos que contenga información relevante sobre las mujeres desparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, misma que se interrelaciona con la armonización del protocolo Alba a estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas.

De esta manera, la CIDH fijó un plazo de seis meses a partir de la publicación de la sentencia para que esta base de datos fuera publicada en una página web alojada en el sitio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), organismo encargado de dar seguimiento y coordinar el cumplimiento de las disposiciones.

"El plazo estricto que dio la Corte al Estado para la publicación no se cumplió, aunque el pasado 26 de mayo, la comisionada de la Conavim, Laura Carrera, expuso que los trabajos sobre la base de datos estaban ya muy avanzados durante la presentación del libro Campo Algodonero, análisis y propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano", informaron dichas organizaciones.

Red Mesa de Mujeres y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)-México, consideraron que es importante como un primer paso para que el Estado pueda impulsar políticas públicas que reviertan la situación de violencia que aqueja a las mujeres de Juárez desde hace más de una década.

Además de esperar que la publicación de esta base de datos se dé lo antes posible, las organizaciones consideran que esta debe ir acompañada de un boletín de prensa emitido por las instancias correspondientes para dar su máxima difusión y que cualquier persona pueda acceder a la búsqueda con facilidad además de poder brindar datos sobre mujeres desaparecidas de manera anónima.

Estas organizaciones están documentando cada una de las acciones del Estado en torno a las disposiciones de la Corte para producir el informe que expondrían durante la audiencia de presentación de avances del Estado en la CIDH.

Estas audiencias se harán cada año durante los tres años que tiene el Estado para cumplir con la totalidad de la sentencia.

"El Estado tiene seis meses de plazo, pero teniendo todos los recursos humanos, técnicos y económicos, no tendría porque esperar hasta el último momento para cumplir. Los familiares de las desaparecidas no tiene plazo ni fecha límite, ellos y ellas todos los días están preguntándose por el paradero de las desaparecidas", comentó Imelda Marrufo de Red Mesa de Mujeres mientras esperaba el cumplimiento.

Publica PGJE de Chihuahua “Página Web” sobre mujeres desaparecidas

En mandato a sentencia de CoIDH sobre Campo Algodonero

Por Anayeli García y Gladis Torres Ruiz

México, DF, 11 jun 10 (CIMAC).- Aunque el Estado mexicano publicó hoy “una página electrónica” con información de las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993, esta disposición, que tendría que cumplir con una parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso Campo Algodonero, es de difícil acceso y poco clara.

De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, el Estado mexicano estaba obligado a crear, en un plazo de seis meses, a partir de la notificación de la sentencia el pasado 10 de diciembre, una página electrónica con información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas.

Ayer venció ese plazo, por ello esta agencia de noticias buscó la respuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependencia a través de la cual, el gobierno federal, sigue el cumplimiento de la resolución del máximo tribunal de justicia de la región.

Agustín Verduzco Espinoza, director general adjunto de la Conavim, informó a este medio, que la Procuraduría general de justicia del estado (PGJE) es quien debe dar cumplimiento a este punto de la sentencia. Informó que dicha instancia ayer notificó que, dentro de su página oficial (http://pgje.chihuahua.gob.mx/), se encuentra un micrositio con la información correspondiente.

Sin embargo Cimacnoticias, pudo constatar que la página oficial no contiene ninguna leyenda que precise la publicación de información que mandata la sentencia, es decir, la página web sobre mujeres desaparecidas.

Además, los datos que la CoIDH pidió hacer públicos (nombres y situación jurídica de los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua desde 1993) se encuentran al final de una presentación de 42 hojas en formato PDF.

Cabe recordar que en el documento de la sentencia, se expresa claramente que dicha página electrónica debería “permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos”.

No obstante el micrositio llamado “El estado actual de las investigaciones de los homicidios 1993-abril 2008”, se enfoca en enumerar los logros y respuestas de las autoridades estatales en torno al feminicidio, pero es necesario hacer una búsqueda minuciosa para encontrar los teléfonos de la Procuraduría, y aunado a ello, contiene algunos banners (ligas) que mandan a páginas inexistentes.

POLÍTICA DE SIMULACIÓN

Ante esta situación, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, comentó a Cimacnoticias que acciones como éstas dejan ver la “política de simulación” que mantiene el Estado mexicano para aparentar que resuelve el femincidio en el país, pues consideró que esto no es cumplir con la disposición número 10 de la sentencia de la CoIDH.

 

Además, precisó: “desde el Centro dimos seguimiento al cumplimiento de la disposición y hasta las 12 de la noche de ayer 10 de junio, eso no se consumó, lo que habla de la falta de interés para cumplir con la sentencia”.

En la página electrónica, la PGJE, reporta que de 1993 a 2010, se registraron 4 mil 522 mujeres desaparecidas, de ese total, 4 mil 488 fueron encontradas con vida. También señala que fueron resueltos 313 homicidios; ante esta afirmación Luz Estela Castro cuestionó cómo se están clasificando los feminicidios para tener estas cifras.

“Los asesinatos de mujeres en el estado están siendo encubiertos por el crimen organizado y la militarización, donde las mujeres son botín de guerra, y como hacen esta división habría que ver a qué le llaman feminicidio, ver el contexto en el que lo están utilizando para sacar estas cifras”, enfatizó.

Cabe destacar que a seis meses de que se hizo pública la sentencia, sólo se han cumplido dos de los 16 lineamientos que marca, estos son: la publicación de la sentencia en diferentes medios de comunicación y en la página Web de instancias gubernamentales, y la atención psicológica para las y los familiares de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, 3 de víctimas del feminicidio de Campo Algodonero.

10/AGM/GTR//LR/LGL

Incumple México sentencia de CIDH sobre desaparición de mujeres en Ciudad Juárez

 Staff

Agencia Reforma | 12-06-2010 | 00:05 | Nacional

Distrito Federal— El pasado jueves venció el plazo fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado mexicano difunda a través de internet una base de datos actualizada sobre mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La obligación forma parte de la sentencia de Campo Algodonero, emitida el 10 de diciembre de 2009.

La disposición número 10 de la sentencia, hace referencia a la publicación de una base de datos que contenga información relevante sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y se basa en el protocolo Alba sobre estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas.

La CIDH fijó un plazo de seis meses a partir de la publicación de la sentencia para que la base de datos fuera publicada en una página web alojada en el sitio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), organismo encargado de dar seguimiento y coordinar el cumplimiento de las disposiciones.

El plazo que dio la Corte al Estado mexicano para la publicación no se cumplió, a pesar de que el pasado 26 de mayo la titular de la Conavim, Laura Carrera, aseguró que los trabajos para elaborar la base de datos estaban ya muy avanzados.

La Red Mesa de Mujeres y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer llamaron a cumplir con la instrucción de la CIDH.

Feminicidio juarense

LUIS PERAZA PARGA - Dublín, Irlanda

México lleva décadas ignorando olímpicamente las centenares de niñas y mujeres asesinadas en la fronteriza ciudad de Juárez. Los fiscales especiales vienen y van en medio de una impunidad creciente que ha decidido atajar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal regional ha estado a la altura del necesario compromiso social con las víctimas juarenses. El juez americano de derechos humanos, ejerciendo su responsabilidad moral, donde impera el componente social de la función pública, aceptó la imperiosa necesidad de un compromiso gubernamental a largo plazo.

De lo contrario, la vergüenza propia y ajena se enseñorea de gobiernos locales, estatales y el federal, convirtiéndose en macabra burla para las víctimas y para el pueblo mexicano.

La dura realidad de los feminicidios

(Johari Gautier Carmona)

“El Estado Mejicano tiembla cada vez que se habla de los feminicidios en el extranjero”. Con estas palabras, la abogada mejicana Andrea Medina Rosas ha querido denunciar el silencio que trata de ejercer continuamente el gobierno sobre una situación desastrosa.

Un gran número de mujeres del norte del país son víctimas de una violencia extrema que, en muchas ocasionas, termina con sus vidas. La abogada insiste en que el apoyo de la comunidad internacional, y España en concreto, es crucial para remediar a los graves atentados que padecen las mujeres.

Las cifras hablan por sí solas: después de Guatemala, el estado de México es el país con el más alto índice de feminicidios. Sólo en el año 2009, 529 mujeres perdieron la vida. Y ante esas condenables cifras, la respuesta del Estado mejicano es todo lo que no debería ser al restarle importancia y alegar que los crímenes se deben a una fuerte violencia fronteriza causada por el tráfico de inmigrantes, drogas y armas. El discurso gubernamental ha tratado incluso de rebajar la alarma explicando que muchas de las mujeres asesinadas son en su mayoría prostitutas. Por otro lado, quitando de esta forma la consonancia del género y relegando la muerte de estas mujeres a la esfera doméstica, se ha establecido un “sexismo o machismo institucional” que va claramente en contra de los derechos humanos.

En su esfuerzo por atraer capitales y contener el avance de las condiciones laborales, el Estado trata de dar menor relevancia a estos problemas en los medios de comunicación. La abogada comenta que el ejecutivo mejicano se preocupa mucho por su imagen internacional. “En casos anteriores de sentencias judiciales que le implicaban directamente, el gobierno mejicano hizo lo imposible para que no tuviera impacto en los medios. Y lo logró”, nos comenta Andrea Medina. Por estos motivos la abogada defiende que España y Europa en general pueden ser una fuente de presión para la defensa de los derechos humanos. “Se debe exigir desde aquí que el Estado cumpla con su deber”.

Más allá de las maniobras del Estado por ocultar esos crímenes, Andrea Medina explica que los asesinatos responden especialmente a un perfil de mujer pobre, joven, criada en una familia monoparental y con rasgos indígenas. Aún así, no se debe caer en la estigmatización de una tragedia que también afecta a mujeres estudiantes y defensoras de los derechos de la mujer. “Trabajar defendiendo a las mujeres es muy difícil psicológicamente porque se lidia continuamente con la muerte y emociones dolorosas. Además, las mujeres que ayudan sufren de estigmas y son amenazadas”.

Muchos programas se están formando en el país para detener estas olas de violencia. En la ciudad de Juárez se está aplicando un programa de “calles seguras” (basado en una iniciativa ya experimentada en Colombia). Sin embargo, una de las propuestas más interesantes se ha producido en el estado de Oaxaca donde se hizo una reflexión colectiva en la que también participaron hombres. “La inclusión de los hombres es esencial para la solución del problema”, comenta Andrea Medina y, efectivamente, como bien es conocido en España, la lucha por los derechos de la mujer requiere el compromiso de todos y estrategias creativas a largo plazo.

Agencia Latinoamericana de Información: http://alainet.org/