(Johari Gautier Carmona)
“El Estado Mejicano tiembla cada vez que se habla de los feminicidios en el extranjero”. Con estas palabras, la abogada mejicana Andrea Medina Rosas ha querido denunciar el silencio que trata de ejercer continuamente el gobierno sobre una situación desastrosa.
Un gran número de mujeres del norte del país son víctimas de una violencia extrema que, en muchas ocasionas, termina con sus vidas. La abogada insiste en que el apoyo de la comunidad internacional, y España en concreto, es crucial para remediar a los graves atentados que padecen las mujeres.
Las cifras hablan por sí solas: después de Guatemala, el estado de México es el país con el más alto índice de feminicidios. Sólo en el año 2009, 529 mujeres perdieron la vida. Y ante esas condenables cifras, la respuesta del Estado mejicano es todo lo que no debería ser al restarle importancia y alegar que los crímenes se deben a una fuerte violencia fronteriza causada por el tráfico de inmigrantes, drogas y armas. El discurso gubernamental ha tratado incluso de rebajar la alarma explicando que muchas de las mujeres asesinadas son en su mayoría prostitutas. Por otro lado, quitando de esta forma la consonancia del género y relegando la muerte de estas mujeres a la esfera doméstica, se ha establecido un “sexismo o machismo institucional” que va claramente en contra de los derechos humanos.
En su esfuerzo por atraer capitales y contener el avance de las condiciones laborales, el Estado trata de dar menor relevancia a estos problemas en los medios de comunicación. La abogada comenta que el ejecutivo mejicano se preocupa mucho por su imagen internacional. “En casos anteriores de sentencias judiciales que le implicaban directamente, el gobierno mejicano hizo lo imposible para que no tuviera impacto en los medios. Y lo logró”, nos comenta Andrea Medina. Por estos motivos la abogada defiende que España y Europa en general pueden ser una fuente de presión para la defensa de los derechos humanos. “Se debe exigir desde aquí que el Estado cumpla con su deber”.
Más allá de las maniobras del Estado por ocultar esos crímenes, Andrea Medina explica que los asesinatos responden especialmente a un perfil de mujer pobre, joven, criada en una familia monoparental y con rasgos indígenas. Aún así, no se debe caer en la estigmatización de una tragedia que también afecta a mujeres estudiantes y defensoras de los derechos de la mujer. “Trabajar defendiendo a las mujeres es muy difícil psicológicamente porque se lidia continuamente con la muerte y emociones dolorosas. Además, las mujeres que ayudan sufren de estigmas y son amenazadas”.
Muchos programas se están formando en el país para detener estas olas de violencia. En la ciudad de Juárez se está aplicando un programa de “calles seguras” (basado en una iniciativa ya experimentada en Colombia). Sin embargo, una de las propuestas más interesantes se ha producido en el estado de Oaxaca donde se hizo una reflexión colectiva en la que también participaron hombres. “La inclusión de los hombres es esencial para la solución del problema”, comenta Andrea Medina y, efectivamente, como bien es conocido en España, la lucha por los derechos de la mujer requiere el compromiso de todos y estrategias creativas a largo plazo.
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