Por Guadalupe Lizárraga
LOS ÁNGELES, California.- Para el antropólogo forense de Guatemala, Fredy Peccerelli, en el caso de las osamentas de los feminicidios de Juárez, es más importante revisar que los procedimientos de análisis de ADN sean acreditados de acuerdo a las normas de calidad internacional. Y mencionó que un tiempo razonable para hacer este trabajo forense es de quince días hasta tres meses. “Si el trabajo se lleva más tiempo, hay que dudar de la calidad del procedimiento y considerar la angustia de los familiares”, dijo en entrevista telefónica para Los Ángeles Press.
Respecto al tiempo que la fiscalía de Chihuahua se ha llevado en identificar a las víctimas de feminicidios y en entregar los cuerpos, consideró que si las autoridades se han tardado tanto tiempo es comprensible que los familiares tengan dudas y desconfianza, porque los procedimientos seguramente no son los adecuados “y eso sí puede ser un problema, pese a que cada caso es diferente”.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, en un periodo de tres meses, con todos los elementos necesarios, ha logrado identificar hasta 124 osamentas, como parte de la campaña “Mi nombre no es XX”. La cifra es significativa porque se trata de 124 familias que pudieron recuperar los restos de sus familiares.
En Guatemala, señaló el científico, se han obtenido resultados satisfactorios en un 70 por ciento del total de las osamentas analizadas, y se han recuperado los restos de más de cinco mil víctimas fallecidas durante la dictadura. Pero se calcula que fueron más de 45 mil víctimas de desaparición forzada en este país, entre 1960 y 1996.
El antrópologo, Fredy Peccerelli, ha destacado internacionalmente por documenpar evidencias e identificar a víctimas de desaparición forzada en Guatemala. Junto con la antropóloga Kate Doyle, ha sido galardonado con el segundo premio ALBA/Puffin de Nueva York, por su trabajo contra la impunidad en Latinoamérica.
Antropólogas argentinas desmienten a la Fiscalía de Chihuahua
“Los crímenes de mujeres en Juárez necesitan ser atendidos por investigadores internacionales. Si las fiscalía insiste en seguir haciéndolo localmente, va directo al fracaso”, habría dicho la antropóloga argentina Marcela Doretti a la representante jurídica del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Juárez, Francisca Galván Segura.
La cuestión principal es que las investigaciones están “demasiado corrompidas”, dijo la antropóloga en entrevista con la asesora jurídica del Comité de Madres. Le explicó que parte de esta corrupción es “el desorden que prevalece en la fiscalía”, y en el Servicio Mexicano Forense (SEMEFO).
Así lo hizo saber en el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregado en dos ocasiones a la Fiscalía de Chihuahua, el 1 de octubre de 2010, y el 11 de diciembre de 2011, un reporte que se ha vuelto público, a raíz de las declaraciones de las autoridades gubernamentales sobre el supuesto abandono de la investigación de las osamentas por parte del equipo de forenses argentinas, “quienes además se fueron sin dejar documento alguno”.
Las antropólogas trabajaron hasta septiembre de 2010, con la identificación de 83 osamentas recuperadas entre 1995 y 2005, de las cuales 33 fueron plenamente identificadas. Del total de las estructuras óseas identificadas, 26 tenían reporte de desaparecidas en Ciudad Juárez, y 7 en la ciudad de Chihuahua.
Doretti señaló que se habían dado a la tarea de reconstruir los cuerpos que no se habían entregado a los familiares porque estaban desarticulados y sin identificar. Y que el resto de las osamentas, 50 cuerpos más fueron identificados como mujeres adolescentes en su mayoría, pero que no lograron su identidad con precisión, porque sólo lograron obtener 195 muestras de familiares con desaparecidas.
Huesos tirados en diferentes instalaciones en 2008
Mercedes Doretti fue entrevistada en 2008, por el digital de noticias género Artemisa, respecto a las investigaciones de los cuerpos encontrados en Juárez en ese entonces. Dijo que la recuperación de restos había sido larga y difícil y que el equipo que encabezaba “tuvo que hacer la mayor parte del trabajo como buscar todos los libros del cementerio, de los servicios forenses, ir a las funerarias, al registro civil y conseguir todos los permisos para hacer su labor”.
Entre la información que daría en su informe también señaló que incorporaría el número de restos identificados, las causas de muerte de las mujeres asesinadas, así como una serie de recomendaciones para el gobierno de México. Y ya para esa fecha, Doretti había adelantado el número de cuerpos recuperados, “había un número estimado de 80 restos completos e incompletos, de los cuales, se ha logrado identificar positivamente a 27, y que ya fueron entregados a los familiares”. A la fecha, confirmó que fueron identificados finalmente 33 cuerpos.
El 29 de noviembre de 2011, Los Ángeles Press denunció la existencia de los cuerpos guardados en la morgue desde 2008. Pero la fiscalía negó los hechos, y hostigó a los investigadores, incluyendo a las madres de Juárez por “filtrar” información. De igual manera este medio denunció las mentiras de la fiscalía, así como la manipulación y ocultamiento de las evidencias. Incluso varios medios mexicanos reprodujeron la información, alterándola como si la entrega de los cuerpos hubiese sido una iniciativa de la fiscalía y como resultado de recientes rastreos.
Esta fábrica de mentiras y de corrupción de las investigaciones, ha sido un asunto muy familiar para Doretti, ya que la antropóloga había denunciado, en ese año de 2008, que la documentación oficial de la fiscalía no coincidía con la realidad. Según la fiscalía, los cadáveres encontrados hasta 1997 habían sido enviados a una fosa común. Pero la antropóloga descubrió que había restos de mujeres enterradas con tres años de muerte, es decir, desde el 2005.
El problema de los tiempos para hacer este trabajo forense de reconstruir cuerpos, explicó en ese tiempo Doretti, es que ha sido muy lento, porque los huesos estaban en diferentes lugares, sin orden, sin clasificación, en laderas y algunos tirados. “Fueron sometidos a exámenes y se les dejó sin cráneo, tórax y otras partes perdidas bajo custodia".
Todavía hay 50 mujeres guardadas en la morgue sin que aún se logre saber su identidad. Pudieron haber sido asesinadas entre 1993 y 2005, de acuerdo a las investigaciones de las forenses. Sin embargo las preguntas con respecto a la fiscalía de Chihuahua siguen en el aire.
¿Qué ha hecho la fiscalía, si los resultados de ahora han sido producto del trabajo de las antropólogas argentinas, desde 2004? ¿Por qué la fiscalía ha estado ocultando la información, manipulando las evidencias y promoviendo información falsa o incompleta en los medios mexicanos? ¿Por qué presionan a testigos de feminicidios a que alteren sus declaraciones ante el Ministerio Público, como el caso de Manuel García, quien ayudaba a buscar a su sobrina desaparecida desde 2009, Brenda Berenice Castillo García de 17 años de edad, y colaboraba con Marisela Escobedo, asesinada por pedir justicia para su hija? ¿Por qué las amenazas de muerte?