Gloria Leticia Díaz
Desplazados de los espacios noticiosos por la guerra contra el narcotráfico, los asesinatos de mujeres, especialmente en Ciudad Juárez, siguen aumentando. Incluso en el entorno de la violencia y las matanzas, la mujer padece discriminación, concluye una misión internacional que vino a verificar el acatamiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el año pasado condenó al Estado mexicano por no hacer justicia en varios casos de violación de garantías fundamentales.
Pese a que el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a causa de los feminicidios en Ciudad Juárez, este problema se ha eclipsado frente a la guerra contra el narcotráfico y la indolencia de las autoridades, concluyen integrantes de la Misión Internacional Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana que visitaron el país del 8 al 10 de noviembre.
Antes, del lunes 1 al domingo 7, la misión recorrió Nicaragua y Honduras para pedir a organizaciones sociales información sobre la violencia contra las mujeres y entrevistarse con las autoridades de los sistemas de administración y procuración de justicia.
Su trabajo aquí fue el mismo pero con una encomienda adicional: indagar el avance en el cumplimiento de la sentencia emitida en noviembre de 2009 por dicha corte sobre el caso conocido como “campo algodonero”, por el que México fue condenado en relación con los asesinatos de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, cometidos en Ciudad Juárez en 2001.
Por gestiones de la diputada federal Teresa Incháustegui Romero, durante tres días las especialistas de la misión se reunieron con funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Secretaría de Gobernación.
Ni el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Manuel Alcántara Soria, ni representantes del gobierno de Chihuahua acudieron a la cita con las expertas en derecho internacional y de género.
Uno de los objetivos de la misión
–que forma parte de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres– fue “hacer ver que como país estamos siendo vigilados por instancias internacionales de derechos humanos; los ojos y oídos de varias organizaciones están vigilantes del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, pero también de los convenios internacionales que ha firmado México para combatir la violencia contra la mujer”, afirma Incháustegui.
Entrevistadas por Proceso, las integrantes de la misión alertan de la gravedad de la violencia contra la mujer y manifiestan su preocupación por la lentitud para atender la sentencia de la Corte Interamericana por los feminicidios en Ciudad Juárez.
“En México este fenómeno y la violencia contra las mujeres ha quedado oculto frente a la batalla contra el narcotráfico; hay un desprecio institucional por la vida de las mujeres y, por tanto, se niega la realidad”, afirma Victoria de Pablo, integrante de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, que agrupa a más de 250 mil litigantes.
Asesinatos en aumento
Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte y perito ante la Corte Interamericana para el caso “campo algodonero”, afirma que hay evidencia de que los crímenes contra las mujeres se han incrementado, especialmente en Ciudad Juárez:
“De 1993 a 2007, teníamos registro de 500 niñas y mujeres asesinadas; de 2008 a octubre de 2010 ya eran 567 más. Sin embargo, el gobierno se niega a aceptar que haya feminicidios y adjudican esas muertes a ajustes de cuentas entre el narcotráfico, con lo que se desentienden de su responsabilidad de investigar.”
Por su parte Yolanda Hernández Sanic, expresidenta del Consejo Indígena Mesoamericano y actual coordinadora del área de la mujer de la Secretaría de la Paz de Guatemala, señala: “La violencia contra la mujer es un problema planetario y en Mesoamérica prevalece una cultura de impunidad, pero en el caso de México es más grave porque es un país que ha firmado todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de protección a las mujeres”.
Marta Eugenia Solano Arias, representante del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (del que depende la misión que visitó México) manifiesta su preocupación porque a casi un año de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, “no hay visos ni señales del Estado mexicano de intentar cumplirla; oímos hablar a funcionarios que nos decían: ‘eso no es mi competencia’, y al final no sabemos a quién le corresponde cumplir”.
En esta inquietud coincide María Eugenia Solís García, quien fue juez de la Corte Interamericana y es consultora de la Corte Penal Internacional:
“De acuerdo con lo dicho por la ministra Olga Sánchez Cordero, me parece una aberración que la Suprema Corte esté discutiendo si la sentencia de ‘campo algodonero’ es de cumplimiento forzoso o no. Y de los encuentros con los funcionarios parece que el sistema mexicano está formateado para zafarse: nadie admite responsabilidad en el principal problema, que es la justicia.”
Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), aporta números: de enero de 2009 a junio de 2010, en 18 estados mexicanos se cometieron mil 768 asesinatos de mujeres. De ellos, en mil 74 los patrones corresponden a feminicidios (homicidios de mujeres como resultado de la discriminación de género) y ocurrieron en 13 entidades, pero sólo se dictaron 40 sentencias.
En los casos de feminicidio las víctimas fueron arrojadas en la vía pública, sus edades iban de 11 a 30 años, tenían huellas de abuso y fueron ejecutadas por estrangulamiento, quemaduras o con arma punzocortante.
Además de Chihuahua, donde se registraron 245 crímenes de ese tipo, en las 13 entidades de las que el OCNF tuvo información para ese mismo periodo las de mayor incidencia son el Estado de México (309), Quintana Roo (204), Sinaloa (125), Tamaulipas (103), Jalisco (88) y Veracruz (82).
En el Estado de México, de acuerdo con el OCNF, entre 2005 y 2010 se cometieron 900 homicidios dolosos de mujeres; de éstos, en 57% se desconoce al responsable, en tanto que en 37% el autor fue un familiar, conocido o pareja de la víctima. Además, en la entidad se tienen 99 víctimas no identificadas, lo que para Estrada podría significar que eran migrantes centroamericanas.
Otra entidad con números alarmantes es Jalisco: según datos de la procuraduría estatal, en el último año y medio ha habido 187 mujeres desaparecidas con edades de entre 11 y 17 años.
Después de conocer la realidad mexicana De Pablo acota: “En España, con 46 millones de habitantes, es un escándalo social que haya 65 mujeres muertas al año. Pero la respuesta judicial allá es que 20% de las mujeres se suicidó y, en el resto de los casos, 90% de los responsables están en la cárcel.
“En México ni siquiera se sabe con certeza cuántas mujeres mueren de forma violenta al año… hay un alto nivel de impunidad. Hemos detectado que el tema de los feminicidios no está en la agenda política del gobierno como una prioridad.”
Dinero europeo
El interés internacional por que se acate la sentencia sobre los feminicidios en Ciudad Juárez es tal que la Unión Europea (UE) destinó recursos a México para el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos, el 18, referente a la estandarización de protocolos, manuales, criterios ministeriales y servicios periciales para la investigación de delitos de violencia contra las mujeres.
En respuesta a una solicitud de información formulada por Proceso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Dirección de Derechos Humanos y Democracia de la dependencia señaló que como parte del Convenio de Financiación CDI/ALA2007/019-116, la UE aportó 350 mil euros al Programa de Derechos Humanos Unión Europea-México (PDHUEM), que comprende ocho mesas temáticas, una de ellas relativa a los protocolos.
De ese monto, 300 mil euros se destinaron a la contratación de asistencia técnica, ya que la cancillería dispuso a través del PDHUEM que el grupo de trabajo de la PGR para el cumplimiento del numeral 18 de la sentencia contara con asistencia técnica “a través de la contratación de expertos nacionales e internacionales”. Los fondos son administrados por la UE a través de BAA Consultors, según la información proporcionada por la SRE el pasado 30 de agosto.
No obstante, hasta esta fecha la Dirección de Derechos Humanos y Democracia de la SRE confirmó que la PGR no había llamado a expertos internacionales, sino a tres nacionales, y la dependencia dijo desconocer el monto de sus contratos.
De acuerdo con información entregada a la misión por el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera, los especialistas contratados son Samuel González Ruiz, constitucionalista y extitular de la desaparecida Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada; Teresita Gómez de León, abogada y excolaboradora de Guadalupe Morfín en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR; y Efraín Nieves Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, exfuncionario de la Fevimtra y de la CNDH.
En entrevista, Karla Michelle Salas Ramírez, representante legal de las familias de las víctimas del caso “campo algodonero”, detalla las dificultades para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, de cuyos avances el gobierno federal tiene que rendir un informe el próximo 10 de diciembre: el gobierno de Chihuahua no ha publicado la sentencia, la Fevimtra se ha negado a atraer las investigaciones de los casos de desaparición y homicidio de las mujeres localizadas en el campo algodonero en 2001, no se ha sancionado a los funcionarios públicos que obstaculizaron el esclarecimiento de los crímenes y no se ha investigado ni castigado a quienes hostigan a los familiares de las víctimas.
Otros puntos de la sentencia se refieren a la construcción de “un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez” y el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado en las muertes de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González.
“Alejandro Negrín (director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE) informó a David Peña, mi compañero en la defensa de los familiares de las víctimas, que el memorial –que pedimos estuviera en el campo algodonero al que se refiere el caso– no se iba a construir porque es propiedad privada y no se han puesto de acuerdo qué mecanismo seguir para edificarlo, sobre todo porque el gobierno no acepta nuestra exigencia de que se incluyan los nombres de más de mil mujeres que han sido asesinadas de 1993, cuando se denunció el fenómeno, a la fecha.
“El gobierno se resiste a que Ciudad Juárez quede marcada no sólo por la violencia producto del narcotráfico sino por los feminicidios. El memorial sería para el gobierno de Calderón el muro de la vergüenza”, dice Salas.
En cuanto a la disculpa pública a la que está obligado el Estado mexicano, agrega la abogada, “se prepara un evento encabezado por Calderón al que se pretende llevar a familiares de las víctimas del campo algodonero” y a deudos de Rosendo Radilla, líder campesino desaparecido por el Ejército en Guerrero durante la guerra sucia y por cuyo caso la Corte Interamericana también condenó a México (Proceso 1706 y 1729).
A menos de 30 días de que se cumpla el plazo para que el gobierno federal rinda su informe sobre el cumplimiento de la sentencia sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, el único avance concreto es la tramitación de indemnizaciones para los familiares de las tres víctimas por parte de la Comisión Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer (Conavim), apunta Salas Ramírez.
Por su parte, la abogada Victoria de Pablo dice que en la última reunión de la misión internacional en México, el martes 9, fue con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, quien se comprometió a que se acatará la sentencia del tribunal interamericano.
De Pablo dice estar satisfecha porque al menos su grupo logró arrancar a los representantes del Estado algunos compromisos para el cumplimiento de la sentencia de “campo algodonero”, que serán verificados en marzo de 2011 en otra gira de la misión.
La PGR se comprometió a crear un registro nacional unificado de denuncias de homicidios dolosos de mujeres en la que se integre una base de datos genética; a reformar el Protocolo Alba, que se pone en marcha cuando desaparece una mujer o una niña; y poner a disposición de todos los procuradores de los estados los protocolos para investigar casos de violencia contra mujeres.
A su vez, el Consejo de la Judicatura Federal acordó dar difusión masiva a la sentencia y todos sus estándares, sobre todo en los contenidos sobre perspectiva de género, así como a reforzar sus programas de capacitación con perspectiva de género entre el cuerpo de jueces y magistrados.
De Pablo apunta que las expertas le aclararon al subsecretario Zamora que “por encima de las indemnizaciones, del memorial, de las placas o los monolitos, las familias de las víctimas lo que quieren es justicia, lo que implica la investigación de los hechos: quieren saber por qué y quién asesinó a sus hijas. Él dijo que lo entendía, pero que no era de su competencia”.
