miércoles, 7 de marzo de 2018

Feminicidios y violencia de género: no más negligencia


J
an Jarab, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, exhortó ayer al gobierno mexicano a hacer más para combatir la violencia de género, sobre todo para erradicar el feminicidio, delito que, según cifras dadas a conocer ayer mismo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se incrementó de manera grave en dos años: los homicidios dolosos contra mujeres pasaron de mil 755 casos en 2015 a 2 mil 585 en 2017; de esta última cifra, sólo 671 fueron reconocidos como feminicidios.
Belén Sanz, representante en México de ONU-Mujeres, dijo que hasta 2015 había en el país un promedio de siete mujeres asesinadas a diario, cifra que en 2016 subió a 7.5. No puede haber justificación para la violencia de género y no hay excusa para respuestas negligentes, afirmó Jarab, y llamó a las instancias gubernamentales a proveer los recursos necesarios para erradicar este prevenible y atroz fenómeno.
Postura similar adoptó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que los niveles de violencia que sufren las mujeres son intolerables y su aumento constituye una señal de alerta que debe ser atendida con la mayor urgencia y seriedad, situación que se agrava si tomamos en consideración que es muy probable que continúen en la impunidad la mayoría de esos homicidios o lesiones.
En entrevista con este diario, la cuarta visitadora general de la CNDH, Eréndira Cruz Villegas, y la directora general del programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad de esa institución, Elsa Conde, señalaron que la falta de voluntad política y los reducidos presupuestos para atender la violencia hacia las mujeres son las principales razones para que los feminicidios persistan en el país. Ambas funcionarias destacaron que aunque hasta ahora se ha iniciado o adoptado la declaratoria de emergencia de género en 27 entidades, la Federación otorga fondos insuficientes para aplicar las medidas correspondientes, en tanto que los gobiernos estatales consideran ese mecanismo golpeteo político y los presidentes municipales ni siquiera realizan acciones para evitar e investigar los feminicidios.
La discriminación –institucional, económica, social y cultural– hacia las mujeres, los roles de género imbuidos desde el hogar a la mayoría de la población y el machismo imperante constituyen el caldo de cultivo que debe ser atacado para –como dijo Arie Hoekman, del Fondo de Población de la ONU– romper el círculo de violencia y formar generaciones nuevas, igualitarias, solidarias y más productivas, y poner fin a la normalización de la violencia en contra de las mujeres.
Pero antes que nada, los responsables de los tres niveles de gobierno deben decidirse a combatir la impunidad que prevalece en la mayoría de las agresiones contra las mujeres, desde los hostigamientos callejeros hasta el feminicidio, y hacerlo ya, pues cada día de indolencia institucional se traduce en siete vidas cegadas y en muchos más casos de violación, lesiones y hostigamiento. En tanto ello no ocurra, México seguirá ostentando un sitio oprobioso en las estadísticas mundiales de la violencia de género.

Provocó guerra antinarco aumento de crímenes contra las mujeres: Red TDT

Presenta hoy informe acerca de la experiencia de ser mujer
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de marzo de 2018, p. 4
México está muy lejos de garantizar los derechos de las mujeres. Este sector enfrenta una situación de violencia extrema que se ha incrementado debido al contexto de inseguridad, vulnerabilidad y graves violaciones a derechos humanos generados a partir de la estrategia contra el narcotráfico iniciada en el sexenio pasado y seguida durante la actual administración federal.
Así lo reporta la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) en su informe Derechos y violencias: la experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-2017, que se presenta este miércoles.
En el estudio se presenta un panorama de lo que viven las mujeres en el país. Con base en datos oficiales y de organizaciones civiles nacionales e internacionales, la Red TDT señala que la política contra la criminalidad exacerbó la situación de vulnerabilidad en que ya se encontraban las mujeres en México, violencia que no sólo proviene de sus grupos cercanos, sino del crimen organizado o agentes del Estado.
El feminicidio es la cúspide de la violencia extrema contra el sector, destaca el informe. Sin embargo, no se conoce el número de víctimas por las deficiencias para acreditar el delito en algunos estados y el actuar de las procuradurías. De 2011 a 2017 se han cometido 13 mil 129 homicidios dolosos de mujeres, y de éstos sólo 29.7 por ciento (2 mil 903) fueron investigados como feminicidios.
Agrega que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, 41 por ciento (19 millones 205 mil 219) de mujeres de 15 años o más han sido víctimas de violencia sexual.
Cifras del Sistema Nacional de Seguridad ubican al estado de México como la entidad en la que más violaciones han ocurrido de 2008 a noviembre de 2017, con 24 mil 152 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas; seguido por Ciudad de México, Veracruz, Baja California y Jalisco, con 8 mil 563, 6 mil 495, 6 mil 117 y 5 mil 956, respectivamente.
Debido a que las autoridades estatales y federales no reconocen la práctica generalizada de tortura en México, no se puede determinar el número de mujeres víctimas de ésta o de tortura sexual. La Red TDT indica que en el periodo de estudio, 30 comisiones estatales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitieron 326 recomendaciones relacionadas con violencia sexual perpetrada por servidores públicos, y en 41 de éstas se constató que agentes del Estado fueron los agresores con la finalidad de obtener confesiones, castigar o aprovecharse del estado de indefensión de ellas y de su autoridad.
Las mujeres víctimas de desaparición son más vulnerables a actos de violencia sexual u otras formas de agresiones de género. De acuerdo con el registro oficial, hay 8 mil 495 desaparecidas en el país entre 2008 y octubre de 2017. Las entidades más riesgosas son estado de México, 2 mil 24 casos; Tamaulipas, mil 245; Puebla, 855; Nuevo León, 657, y Sinaloa, 365.
De 2008 a la fecha se han integrado 3 mil 312 investigaciones por trata de personas con fines de explotación sexual. El informe indica que en este periodo se han contabilizado 4 mil 230 mujeres víctimas de trata y al menos 466 eran menores de 18 años.
Entre 2008 y junio de 2017 se presentaron 2 mil 659 denuncias penales contra mujeres por el delito de aborto –a pesar de que diversos acuerdos de derechos humanos consideran esa prática como una garantía para el sector– debido a ello, 25 de ellas están bajo proceso o han sido sentenciadas en 13 estados de la República.

ONU urge al gobierno erradicar violencia de género y feminicidios

En promedio, en México son asesinadas siete cada día: ONU-Mujeres
No puede haber justificación para los crímenes ni excusas para respuestas negligentes, expresa
Jessica Xantomila
 
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de marzo de 2018, p. 4
Representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México urgieron al gobierno a reforzar las acciones para combatir la violencia de género, en especial el feminicidio.
No puede haber justificación para la violencia de género y no hay excusa para respuestas negligentes, aseveró Jan Jarab, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Llamó también al gobierno a que brinde los recursos necesarios para erradicar este prevenible y atroz fenómeno.
En entrevista, dijo que si bien el interés político por atacar este problema se ha incrementado, no se ha logrado cambiar la situación del país. La impunidad y la procuración de justicia son elementos clave. La primera, dijo, es muy alta por lo que no se puede ver el efecto disuasivo de la sanción y esto tiene su importancia para la prevención.
Previamente, en conferencia de prensa, en la víspera del Día Internacional de la Mujer –que se conmemora el 8 de marzo– Belén Sanz, de ONU-Mujeres, expuso que en México en promedio siete mujeres son asesinadas al día; en 2016 la cifra se incrementó a 7.5. En el mundo cada año 64 mil mujeres y niñas son asesinadas.
Los niveles de violencia son altos y alarmantes en el país, 66 por ciento de las mexicanas manifiesta haber sido víctimas de ésta en algún momento de sus vidas, aseguró. El origen, agregó, es la discriminación y desigualdad estructural de género, esta última tiene graves consecuencias no sólo en la vida de las mujeres sino en toda la sociedad.
Belén Sanz señaló que uno de los principales retos a enfrentar son las normas sociales, valores, actitudes, prácticas, estereotipos negativos que normalizan la violencia y culpabilizan a las víctimas, son factores que generan una actitud de impunidad.
Arie Hoekman, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, dijo que las adolescentes y mujeres jóvenes están en mayor riesgo ante la violencia sexual, el feminicidio, las uniones y embarazos tempranos, que ponen en riesgo su transición a una vida plena y con igualdad de oportunidades. Por ello llamó a formar generaciones nuevas, igualitarias, solidarias y más productivas.
Christian Skog, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, dijo que gran parte de la violen-cia de género tiene sus raíces en los primeros años de vida, cuando padres de familia, docentes y sociedad refuerzan los roles discriminatorios y tradicionales.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dijo que si bien hay avances en derechos para las mujeres, éstos todavía no llegan a la mayoría.

martes, 6 de marzo de 2018

Sistema de justicia mexicano ya no me engaña: Norma Andrade

 El caso de feminicidio de su hija llegó a la CIDH por la omisión de autoridades  
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/03/2018
Desde hace 17 años, Norma Andrade emprendió un largo camino en la búsqueda de justicia para su hija Lilia Alejandra García Andrade. A lo largo de este tiempo ha tocado puertas en diferentes instancias de justicia en el país para conseguirla, pero sin éxito. Se volvió una experta en investigaciones y derecho, y ahora conoce muy bien este ineficiente sistema de justicia mexicano, que asegura, ya no la engaña.
Norma Andrade recibió a Cimacnoticias en sus oficinas a propósito del aniversario luctuoso número 17 de su hija y del proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien desde hace 6 años tiene el caso en sus manos y pronto deberá definir si emite un informe de fondo o lo envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde podría obtener una sentencia contra el Estado mexicano (sería la segunda por feminicidio en Ciudad Juárez).
En entrevista, narró lo que ha encontrado en estos 17 años de indagatorias que le permitan responder las preguntas que la rondan desde entonces: quién o quiénes mataron a su hija y por qué.
LOS HALLAZGOS EN 17 AÑOS
Lilia Alejandra tenía 17 años de edad cuando desapareció, un 14 de febrero de 2001 luego de salir de trabajar de la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles SA, ubicada entre la Avenida Ejército Nacional y la Carretera Panamericana, en Ciudad Juárez, donde abordaba un camión para regresar a su hogar. Su cuerpo fue hallado, el 21 de febrero del mismo año, en un lote baldío, dentro de una sobrecama enfrente de una plaza comercial y cerca del lugar donde laboraba.
Dejó en orfandad a su hija de 5 meses, y a un niño de 1 año 8 meses de edad. Acababa de reiniciar sus estudios en la preparatoria abierta con el anhelo de convertirse en periodista; y para lograrlo, como la mayoría de las mujeres en la frontera norte del país, se empleaba en la industria de la maquila.
En el certificado de autopsia se determinó que Lilia Alejandra fue asesinada por asfixia aproximadamente 24 horas antes de que fuera hallado su cuerpo. Además, había sido víctima de violación tumultuaria por un tiempo prolongado y eran evidentes las marcas de tortura.
Norma Andrade recordó que antes del asesinato de su hija hubo una llamada al 060 alertando que una joven huía semidesnuda sobre la Avenida Ejército Nacional. La mujer que realizó la denuncia aseveró que un grupo de hombres la alcanzó, sometió y subió a un coche blanco.
Ante la angustia y desesperación, Norma pegó volantes en la zona para localizar a Lilia pero cuando fue al Ministerio Público éste desestimó su denuncia diciéndole que su hija seguro regresaría por su pago a su trabajo. Recordó que pasó escondida todo el día enfrente de la maquiladora. Lilia Alejandra nunca apareció.
Narró que se enteró del asesinato de su hija por la llamada funesta de un hombre que aseguró estar en el lugar donde fue hallado el cuerpo de una mujer que correspondía con la descripción de Alejandra. Al identificar la llamada, las autoridades corroboraron que eso era imposible pues provenía de una distancia mucho más larga de donde hallaron el cuerpo. Nunca se supo quién la hizo.
Desde entonces, siguió todos y cada uno de los supuestos testimonios que aseguraban haber visto escapar a una joven de una tienda de televisiones (ubicada a 50 metros del lote baldío donde fue encontrada su hija). Vigiló por días la entrada del supuesto lugar donde la tuvieron cautiva, constató el ir y venir de droga, pero ninguna pista que le asegurara que en ese lugar explotaban sexualmente a mujeres.
También- continúa- siguió la línea de investigación de la Oficina del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FIB, por sus siglas en inglés) que aseguraba que el feminicidio de Lilia Alejandra estaba vinculado con presuntos narcotraficantes de la zona. Salió a la calle a realizar entrevistas con los vecinos pero tampoco pudo comprobar tal hipótesis.
¿ASESINOS SERIALES?
Tuvieron que pasar nueve años y la intervención de varios abogados expertos para tener un poco de luz sobre quiénes podrían ser los responsables. Fue así como Norma Andrade solicitó la ayuda de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y el abogado David Peña Sánchez -quien conjuntamente con la abogada Karla Micheel Salas-litigó uno de los casos de feminicidio del Campo Algodonero ante la CoIDH- tomó el caso. La primera acción que hizo, recuerda Norma, fue pedir de inmediato al Ministerio Público realizar un peritaje a la cobija en la que Lilia Alejandra fue envuelta.
Esta prueba, afirmó Norma Andrade, arrojó seis perfiles genéticos por medio de los cuales no sólo se corroboró que fue un grupo de hombres quienes la privaron de la libertad, violaron y asesinaron, también se identificó que estuvieron relacionados con otros tres casos de feminicidio. En suma, dijo la defensora, al cotejar con las bases de datos, resultó que uno de los agresores era familiar de un Fiscal de la procuraduría de Chihuahua.
Norma recordó que después se identificaría otra víctima más de este grupo, hecho que se constató porque el cuerpo fue expuesto de manera similar y tenía los mismos patrones de las otras víctimas: niñas y adolescentes entre 10 y 17  años de edad que eran privadas de la libertad alrededor de tres días y encontradas asesinadas con signos de violencia sexual y tortura.
La primera de ellas fue en 1994, se llamaba María del Rocío Cordero Esquivel, tenía 10 años de edad y fue identificada por el patrón de operación de los agresores y exposición del cuerpo; hubo otras dos víctimas en 1995 y 1996. Alejandra fue la cuarta mujer asesinada en 2001 y la última fue en 2005, Coral Arrieta Medina también de 17 años de edad y trabajadora de la maquila.
Norma Andrade mencionó que sólo conoce a la familia de una de las víctimas de los mismos asesinos de su hija. Las autoridades se han negado a darle la información sobre las demás. “Las sigo buscando”, dijo firme la también impulsora, junto con Marisela Ortiz, de la organización pionera en registrar el feminicidio en Ciudad Juárez y hacer búsquedas con otras mujeres, “Nuestras hijas de regreso a casa”.
LA ESPERANZA: LA CIDH
El 9 de abril de 2003 la CIDH recibió la petición de admisibilidad del caso, “por la falta de investigación en la desaparición y posterior muerte de Lilia Alejandra García”. Norma Andrade argumentó la serie de irregularidades que hubo en la investigación del feminicidio de su hija: pérdida de evidencias, negligencias, falta de personal calificado y malos tratos, y -como se requiere previo a acudir a la Comisión- que había agotado todos los recursos legales dentro del país sin obtener justicia.
Norma Andrade argumentó ante la CIDH que se perdió la posibilidad de hallar con vida a Alejandra debido a los retardos y omisiones de las autoridades. De acuerdo con la petición de admisibilidad, Andrade indicó que sólo había dos agentes a disposición del área de desapariciones y no había evidencia que constatara que se buscó a Lilia Alejandra. La investigación comenzó hasta que encontraron su cuerpo.
El Estado mexicano defendió la inadmisibilidad del caso. Justificó que la averiguación (4324/2001) “se encontraba en etapa de investigación” y que contaba con el perfil genético del posible feminicida de Alejandra pero “no correspondía a las muestras biológicas que tomó de las personas señaladas como presuntas responsables”, describe el documento de admisibilidad del caso.
Asimismo el Estado alegó que de los 33 servidores públicos que intervinieron en la investigación sancionó a dos por posible responsabilidad penal y a otros siete por violaciones administrativas, y que realizaba esfuerzos para mitigar el fenómeno del feminicidio en Juárez.
Pero estos dichos no fueron suficientes para la Comisión Interamericana, quien el 19 de marzo de 2012 finalmente resolvió atraer la petición de Norma Andrade y sin entrar en el análisis del caso, refirió que a (entonces) 11 años del feminicidio de Lilia Alejandra “el Estado mexicano no había proporcionado información concreta sobre la conclusión del proceso o medidas sobre el avance en la investigación más allá de la etapa inicial”.
La CIDH no sólo concluyó admitirlo por la violación a las garantías de acceso a la justicia para la víctima, también por las violaciones a los derechos de la familia de Lilia Alejandra: de sus dos hijos, de su madre, Norma Andrade; de su padre, José García; y su hermana, María Luisa García; entre los que se encuentra el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, derechos de la niñez y protección judicial.
Hoy, la única salida para que Lilia Alejandra obtenga justicia y se dé celeridad con la investigación es que la CIDH se pronuncie al respecto y pueda dar paso a que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
17 AÑOS DE IMPUNIDAD
A lo largo de 17 años, la maestra de profesión, ha visto a personal ministerial irse y entrar, pero la investigación del caso de su hija nunca avanzó. Ahora, obligada a vivir en el exilio tras los intentos de asesinato de que fue víctima, sus visitas a Ciudad Juárez para revisar el expediente de su hija son “exprés”. Sólo tiene unas horas para revisar el expediente y retornar a la Ciudad de México.
En diciembre de 2011, en Juárez, Norma Andrade recibió cinco disparos de arma de fuego cuando abordaba su camioneta para ir a trabajar provocándole heridas en torso, hombro derecho y la mano derecha, hecho que la llevó al exilio. El segundo atentado ocurrió dos meses después, en la Ciudad de México, con un arma blanca que la hirió en el cuello. Ambos incidentes fueron presenciados por sus nietos.
En enero de este año, visitó la frontera norte. Ahí le informaron de la Fiscalía sobre la posibilidad de que cierren la línea de investigación que ubica al grupo de hombres con los registros genéticos encontrados en la cobija donde envolvieron a Lilia y que es la única esperanza que tiene de saber quiénes la asesinaron.
El argumento que le dieron para cerrar la línea de investigación es que “sería como encontrar una aguja en un pajar”, le dijeron que es “muy complicado” llegar a la o las personas responsables, pues eso les implicaría tener que hacer pruebas a cada hombre que ha sido señalado como responsable de feminicidio.
“Ellos tienen perfiles genéticos y lo único que tienen que hacer es la prueba a la persona indicada y cotejar quién fue” asevera Norma Andrade, pero no quieren.
Por ello, dice, es que el caso se encuentra donde está, en la CIDH donde espera que pase a la Corte. Mientras tanto afirmó contundente que “no se va a cuadrar” como ha ocurrido con otras madres y activistas de Juárez, hasta que obtenga justicia para su hija.
18/HZM/LGL


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