martes, 8 de mayo de 2018

Analizan en la CIDH caso de feminicidio

Se trata de una joven de 17 años que desapareció en Ciudad Juárez en el 2001 y fue hallada muerta; hasta ahora no hay ningún imputado por ello.



Ana Langner

El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por las deficiencias, dilación e insensibilidad que han existido en las investigaciones de la desaparición y posterior muerte de la adolescente Lilia Alejandra García, ocurrida hace 17 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un contexto de un patrón de violencia contra las mujeres.
Durante el primer día de audiencias públicas del 168 periodo de sesiones del organismo multilateral, que se realiza en Santo Domingo, Norma Esther Andrade, madre de la víctima, y sus representantes alegaron que la investigación se ha caracterizado por su lentitud, así como por irregularidades en las actuaciones de las autoridades.
Los representantes Norma, David Peña Rodríguez y Michelle Salas,  integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Defensores, expusieron que Lilia Alejandra de 17 años desapareció el 14 de febrero del 2001 luego de salir de su trabajo en la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles SA y desde ese día no se volvió a saber nada de ella, hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida el 21 de febrero del 2001 con signos de tortura y violencia sexual, en un lote baldío ubicado muy cerca de donde laboraba.
Los peticionarios de esta audiencia abundaron que, desde su desaparición, transcurrieron aproximadamente siete días en los cuales las autoridades no contaban con agentes suficientes para emprender su localización.
Señalaron que la madre de la presunta víctima afirmó que en la fecha en que su hija desapareció, únicamente dos agentes estaban a disposición del área de desapariciones.
Asimismo denunciaron que desde que se abrió la averiguación previa con folio 4324/2001, el 21 de febrero del 2001, no se ha determinado la responsabilidad penal de persona alguna, encontrándose abierta la averiguación hasta la fecha.
“No confío en las autoridades mexicanas, pero sí en ustedes (la CIDH), espero que ustedes comisionados ayuden a acercarnos a la tan anhelada justicia”, dijo Norma, quien iba acompañada por sus dos nietos, hijos de Lilia.
Así, David Peña Rodríguez adelantó que no era posible una solución amistosa a la luz de las demoras en la investigación.
Como parte de los representantes del Estado mexicano, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, dijo: “ El Estado dejará claro, en un primer momento, su reconocimiento de su responsabilidad internacional por los hechos de este caso y las medidas de reparación que corresponden a los estándares interamericanos aplicables”, y refrendó el ofrecimiento de iniciar un diálogo para tratar de llegar a una solución amistosa.
Por su parte, Rafael Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación declaró:
“Reconocemos nuestra responsabilidad internacional por el incumplimiento en el deber de prevención en torno a esta desaparición y privación de la vida de Lilia Alejandra a la luz del contexto que se existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos terribles hechos.
“El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación y por la insensibilidad que ha existido en las investigaciones y las deficiencias que en su momento obedecieron a una ausencia de estructuras especializadas, debidamente capacitadas en la investigación de delitos relacionados con violencia por motivo de género”, expuso Avante Juárez y aclaró que los errores alcanzaron todos los casos involucrados con este fenómeno.
Los representantes del Estado mexicano se comprometieron a, desde ahora, “de manera muy diligente”, continuar con las investigaciones del caso.
Al tomar la palabra, la comisionada presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, añadió que la situación de feminicidios en México continúa desde hace tanto tiempo, lo que trae consigo sentimientos de frustración y de impotencia.
A su vez, Margarette May Macaulay exigió a las autoridades mexicanas que ninguna otra niña debe pasar por esto. “El Estado debe resolver de manera urgente este asesinato y encontrar y sancionar a los culpables”.

OTRAS AUDIENCIAS

En el primer día de audiencias del periodo de sesiones, se celebraron también otras dos relacionadas con México; en una se revisó la situación de los defensores de derechos humanos que atienden casos de tortura y en otra los derechos de los adultos mayores.
En la audiencia donde se revisó lo relativo a la situación de defensores, las organizaciones Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC; la Organización Mundial en contra de la Tortura y Servicios y Asesoría para la Paz instaron al gobierno mexicano a reformar la Constitución para crear una Fiscalía “autónoma, independiente y profesional” para investigar los casos de tortura.
Este martes frente a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llevará a cabo la audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento que supervisa la investigación del caso Ayotzinapa.
En este espacio el gobierno federal deberá rendir cuentas en las diferentes líneas de investigación, así como informar de las distintas acciones de búsqueda para dar con el paradero final de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Norma Andrade rechazó “solución amistosa” por el feminicidio de su hija

Feminicidio Ciudad Juárez
   Estado mexicano prometió “programas sociales” como reparación del daño


Imagen retomada de la CIDH
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/05/2018
La defensora de Derechos Humanos, Norma Esther Andrade, rechazó el acuerdo de “solución amistosa” que el Estado mexicano le propuso para cerrar el caso de feminicidio de su hija Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001, caso que está en análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Después de 17 años de buscar respuesta y justicia para su hija, este lunes 7 de mayo Norma Andrade escuchó cómo el Estado mexicano reconoció, ante el organismo, su responsabilidad internacional en el retraso en la impartición de justicia y las negligencias ocurridas en la investigación del feminicidio de Lilia Alejandra.
Durante el 168 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebran del 3 al 11 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana, Norma Andrade presentó su testimonio sobres el feminicidio de su hija, Lilia García Andrade, joven de 17 años de edad y trabajadora de la maquila, quien el 14 de febrero de 2001 fue privada de la libertad en Ciudad Juárez. Una semana después, el 21 de febrero, fue encontrada asesinada y con signos de tortura sexual en un lote baldío.
Luego de 17 años desde que ocurrió el crimen, el Estado mexicano esperó hasta que el caso llegó a la CIDH para acercarse a Norma Andrade y ofrecerle una salida a la investigación; no obstante, presentó una respuesta que la maestra de profesión no estuvo dispuesta a tomar.
En marzo de 2012 la CIDH aceptó conocer el caso del feminicidio de Lilia Alejandra, desde entonces, el Estado mexicano no entregó a la Comisión Interamericana informes sobre el seguimiento del caso, repentinamente, con la invitación a asistir a esta audiencia pública, el pasado marzo de 2018 el gobierno presentó un informe.
En esa misma fecha las autoridades mexicanas propusieron un “acuerdo de solución amistosa” a Andrade, la cual contempla la integración de sus dos nietos, hijos de Lilia, a programas sociales, una disculpa pública, e investigar “esta vez” de manera diligente el caso.
En la audiencia de esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, explicó a las presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y a la vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en qué consistía esta solución amistosa: por medio del fideicomiso para víctimas de Segob ofrecieron la reparación del daño material e inmaterial a la familia, atender sus necesidades médicas a través de la Secretaría de Salud de Chihuahua, otorgar “becas educativas” a la hija e hijo de Lilia, asimismo, celebrar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad el Estado mexicano por las violaciones en la investigación del feminicidio de la joven, como lo quisiera la familia.
A la propuesta, Norma Andrade respondió sin titubeos: “Son programas a los cuales podría acceder sin que me hubieran asesinado a mi hija”. Así rechazó la solución y recordó que por 17 años 4 gobernadores de Chihuahua, 9 Fiscales de Justicia de la entidad y 3 presidentes de la República le han prometido lo mismo, “Todos, todos, me han mentido”, protestó.  
La maestra se hizo escuchar, fuerte leyó un fragmento de una carta que escribió a su hija: “Querida hija mía, hace 17 años que fuiste arrancada de mi vida, justo tu edad, 17 años, y seguimos exigiendo justicia. Me negaron el derecho de abrazarte y despedirme de ti, se me negó el privilegio de cerrar tus ojos [...] y cuando finalmente volviste siete días después a mí, fue en un ataúd, y ahí frente a tu féretro, te prometí que no iba descansar hasta que hiciera justicia. Ingenua de mí, que creía en el gobierno, que creía que iban hacer su trabajo y detener a tus agresores, y darme las explicaciones que queríamos conocer tu padre y yo”.
Norma sigue cumpliendo su promesa de no claudicar hasta obtener justicia, una exigencia que cada vez está más cerca, más aún ahora que el caso está en la CIDH. Mientras tanto sus dos nietos, quienes quedaron en la orfandad a los 5 meses y un año de edad, respectivamente, están por cumplir la mayoría de edad, ellos también esperan la reparación del daño. En esta ocasión ambos jóvenes estuvieron presentes en la audiencia, los dos portaron playeras con la fotografía de su madre.
La primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, calificó la propuesta del Estado mexicano como una “solución anticipada”, por la inminente posibilidad de que el caso pueda pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). De ser así, por segunda ocasión el Estado mexicano recibirá otra sentencia por feminicidio. La primera fue en 2012 por el asesinato de tres, de ocho mujeres, en Ciudad Juárez, caso conocido como “Campo Algodonero”.
CIDH PIDE REPENSAR SOLUCIÓN AMISTOSA
Sobre los avances en la investigación de quién o quiénes asesinaron a Lilia Alejandra, no se revelaron detalles, el agente del Ministerio Público (MP) de Ciudad Juárez que ahora se encarga del caso, Sergio Castro Guevara, dijo que estaba “limitado” a hacer públicos estos datos porque podrían entorpecer la investigación, pero invitó a Norma Andrade y a sus abogados, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, a tener una reunión privada –con la presencia de la CIDH– para dar la información.  
Micheel Salas, abogada experta en violencia contra las mujeres y quien al igual que David Peña, litigó el caso de Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, respondió que acudirían a la reunión, aunque escépticos, porque saben que después de 17 años todavía mantienen una línea de investigación abierta y sin resultados. De acuerdo con los abogados, el MP Sergio Castro, es nuevo en el caso, lo que muestra la premura para resolver el caso.
Hasta ahora lo único que se conoce sobre el feminicidio de Lilia Alejandra es que pudo ser cometido por un grupo de hombres que también asesinó a otras niñas de 10 a 17 años de edad entre 1994 a 2005 en la frontera norte de Ciudad Juárez, según explicó el abogado David Peña a las integrantes de la CIDH.
Esto, dijo, se corroboró en 2008 por la intervención de la Asociación de Abogados Democráticos, organización que comenzó a litigar el caso, quienes tuvieron que empezar desde cero la investigación porque había siete líneas de investigación que seguía la Fiscalía de General de Justicia de Chihuahua a partir de datos anónimos.
Este equipo de abogados pidió analizar todas las evidencias con las que se contaban, una muestra de sangre encontrada en la cobija en que la que envolvieron el cuerpo de Lilia Alejandra arrojó un perfil genético de un hombre, sin embargo, no se ha logrado confrontar a quien pertenece este perfil genético.
También solicitaron vincular el caso de Lilia Alejandra con otros casos de feminicidio y a través de las muestras de semen recogidos del cuerpo de la víctima encontraron que era el mismo agresor de otras víctimas, todas ellas menores de edad: Rocío Cordero Esquivel, Coral Arrieta Medina, Sonia Iveth Sánchez Ramírez y Rosa Antena Quintanilla.
Con esta información, al cotejar el perfil genético con las bases de datos la Fiscalía de Chihuahua en 2010 se halló que el agresor es familiar del agente ministerial de Ciudad Juárez, Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado ese mismo año.
La presidente de la CIDH, Margarette May Macaulay, preguntó también sobre los asesinatos de las otras niñas, interrogante que no tuvo respuesta.
Asimismo, aplaudió la oferta del gobierno de México de tener esta reunión inmediata y pidió a Norma Andrade que después de este acercamiento repensara su decisión de rechazar la solución amistosa del Estado, no obstante, la última palabra es de ella, por lo que extendió el apoyo total de la CIDH hasta que obtuviera justicia y se reconociera su labor como defensora durante estos años.
La presidenta del órgano internacional también demandó al gobierno de México dar celeridad a la investigación del caso y terminar con el fuerte problema de asesinatos de niñas que hay en el país, y de la misma forma, a partir de lo que decida Norma Andrade, también la CIDH hará un pronunciamiento de fondo sobre el caso.
Otras cuestiones que fueron abordadas en la audiencia fueron los dos atentados contra Norma Andrade. En diciembre de 2011, en Juárez, Norma recibió cinco disparos de arma de fuego que le provocaron heridas en el torso, hombro derecho y la mano derecha, hecho que la llevó a salir de su ciudad y refugiarse en la capital del país. El segundo atentado ocurrió dos meses después, en la Ciudad de México, cuando un sujeto la hirió con un arma blanca y la hirió en el cuello. Ambos crímenes fueron en presencia de sus nietos.
Los integrantes de la CIDH cuestionaron al Estado mexicano si conocían si estos intentos de asesinar a Andrade se deben a su labor como defensora de Derechos Humanos o tenían un vínculo con la búsqueda de justicia para su hija. A esta interrogante el gobierno no respondió y únicamente ofreció “integrarla” al Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos  y periodistas de la Secretaría de Gobernación, del cual, cabe mencionar que Norma Andrade ya cuenta con medidas de protección.
18/HZM

Ante la CIDH, el Estado reconoce omisión para aclarar feminicidio

  • Desde 1994 se ha tolerado la operación de un individuo o grupo que mata niñas: ONG
  • Norma Andrade, madre de joven asesinada en 2001, ha sido víctima de dos atentados
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 8 de mayo de 2018, p. 3
El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra García Andrade, en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El caso se debatió ayer durante las audiencias del 168 periodo de sesiones de ese organismo regional, que se celebra esta semana en Santo Domingo, República Dominicana. Ahí se abordaron también los casos de criminalización de víctimas de tortura y de los defensores de derechos humanos que abordan esos temas. Respecto de esto, los afectados y organizaciones civiles pidieron medidas para que en el país se acabe con la impunidad en miles de casos.
En la audiencia sobre el caso de Lilia Alejandra, Norma Andrade, madre de la víctima, y sus representantes legales señalaron que se han dado una serie de omisiones y obstáculos tanto a escala estatal como federal para mantener el caso impune, y a más de 17 años de distancia no hay un solo detenido.
Denunciaron que en 2010 se determinó el perfil genético de un hombre que habría participado en el crimen y que también coincidió con el encontrado en al menos otros cuatro casos de feminicidios de adolescentes en Ciudad Juárez (tres anteriores y uno posterior). El ADN corresponde con el de un familiar, hombre, del policía ministerial de la entidad Enrique Castañeda.
El Estado mexicano ha tolerado la operación de un individuo o grupo de feminicidas que secuestra, tortura sexualmente y mata niñas desde 1994, subrayó Karla Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que acompaña el caso.
Lilia Alejandra, entonces de 17 años, fue secuestrada el 14 de febrero de 2001 tras salir de la maquiladora en la que trabajaba. Por varios días sufrió tormentos sexuales y su cuerpo sin vida fue localizado el 21 de ese mismo mes. Dejó dos pequeños de un año ocho meses y cinco meses.
Desde entonces su madre, Norma Andrade, ha buscado justicia. Ha sido víctima de dos atentados contra su vida, sin que hasta ahora, denunció, se hayan abierto investigaciones al respecto, lo que causó el asombro de los comisionados de la CIDH.
Los peticionarios exigieron que en las indagatorias se tome en cuenta el contexto de violencia contra las mujeres que desde la década de los 90 se dio en Ciudad Juárez, la relación de los otro cuatro casos donde se halló el ADN de uno de los posibles responsables, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso conocido como Campo Algodonero, también sobre feminicidios en esa urbe fronteriza.
Norma Andrade detalló que recientemente recibió una propuesta de solución amistosa por parte del Estado mexicano, pero señaló que no acepta los actuales términos, porque no confía en el gobierno. Por ello pidió a la CIDH su intervención para alcanzar la verdad y la justicia.
Por el Estado mexicano, los subsecretarios para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, reconocieron la responsabilidad internacional de México.
El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación e insensibilidad que ha habido en las investigaciones, dijo Avante.
Se comprometieron a que las indagatorias desde ahora serán elocuentes y se garantizará el acceso a la verdad y la justicia. Los comisionados de la CIDH presentes lamentaron la incapacidad oficial para llegar a fondo y se comprometieron a acompañar a los deudos en su búsqueda de justicia.
Durante el tema de criminalización de los defensores de víctimas de tortura, los representantes de organizaciones no gubernamentales demandaron al Estado crear un mecanismo internacional para combatir la impunidad en miles de estos casos, lo que permitiría a las autoridades investigar y presentar acusaciones contra quienes hayan cometido o tolerado este delito, incluidos funcionarios públicos.
Los funcionarios, por su parte, recordaron las normas y protocolos que se han aprobado para combatir la tortura, así como todos los posicionamientos oficiales para reconocer la labor de los defensores de derechos humanos, y dijeron que las autoridades no avalan los estigmas contra los activistas.
En las audiencias de ayer también se abordó el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los adultos mayores. Este martes tocará el turno al caso Ayotzinapa.