¿Imperio de la ley...?
Cuestiona ONU condiciones de vulnerabilidad de los defensores
Reforma
Ciudad de México (9 diciembre 2011).- En el último año, de diciembre 2010 a diciembre 2011, al menos 11 activistas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en México.
Las muertes de estos defensores, cuya lucha estuvo dirigida a exigir a las autoridades federales y locales justicia por los feminicidios, el fin de los abusos en la lucha contra la delincuencia organizada o la localización de desaparecidos, así como proteger los derechos ambientales, indígenas y de las minorías sexuales, permanecen impunes.
Como en el caso de Marisela Escobedo, quien fue asesinada la noche del 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde tenía montado un campamento de protesta para exigir justicia por la muerte de su hija Rubí. Hasta ahora, no han sido detenidos los autores materiales e intelectuales del homicidio.
De acuerdo con el Informe Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos que presentó la CNDH en julio de este año, 27 activistas fueron asesinados por grupos delictivos y autoridades entre 2005 y 2011. En ese lapso se registraron 523 quejas por agresiones a defensores.
Según grupos de la sociedad civil, 63 activistas y defensores han sido asesinados desde que inició la administración de Felipe Calderón. La cifra varía debido a que las organizaciones de la sociedad civil reivindican personajes que los organismos oficiales no reconocen.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que los activistas se encuentran desprotegidos en México y que ante esa ausencia de los Gobiernos se debe buscar mecanismos propios de protección.
"Hay una ineficiencia gubernamental, hay falta de medidas y complicidad entre autoridades y grupos delictivos. Esto lo debemos seguir señalando, denunciando", dijo.
"Sin embargo, en la práctica la realidad y desprotección nos exige tener un análisis mayor de cómo estamos realizando nuestro labor. Es cierto que la violencia a quienes estamos en las organizaciones nos ha tomado por sorpresa, entonces necesitamos plantear nuestra labor en medio de este contexto. Tener propuestas más claras".
Para Clara Jusidman, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la falta de seguridad gubernamental, aún cuando existen alertas sobre el riesgo que viven los activistas, es motivo de sospecha.
"Debemos hacer revisión de acciones del Movimiento por pérdida de credibilidad y confianza en procesos de denuncia (...). Estamos seriamente preocupados por el grado de corrupción, de impunidad", sostuvo.
En un informe publicado en 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la labor de los defensores resulta incómoda para grupos de poder, ya sea particulares, integrantes del crimen organizado o funcionarios públicos.
En 2010, en la actualización del documento "Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo", encontró que pese a la coincidencia de la necesidad de generar mecanismos de protección, las condiciones de desprotección, vulnerabilidad e impunidad no habían mejorado.
En los informes, la ONU alertó que alrededor de los activistas hay prejuicios y tanto Gobierno como sociedad no reconocen su labor, la cual colabora al fortalecimiento de la democracia, al combate de la impunidad, a la protección de los derechos de las víctimas, a generar espacios de diálogo, a la rendición de cuentas y a dar voz a quienes no la tienen.
Por otra parte, la ONU-DH condenó el homicidio del líder comunero Trinidad de la Cruz, en Michoacán, y la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, en Guerrero, los tres integrantes del Movimiento por la Paz.
En un comunicado, exhortó a las autoridades a impulsar investigaciones serias en ambos casos y a incorporar en la estrategia de seguridad la protección de las y los defensores de derechos humanos.
Reforma
Ciudad de México (9 diciembre 2011).- En el último año, de diciembre 2010 a diciembre 2011, al menos 11 activistas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en México.
Las muertes de estos defensores, cuya lucha estuvo dirigida a exigir a las autoridades federales y locales justicia por los feminicidios, el fin de los abusos en la lucha contra la delincuencia organizada o la localización de desaparecidos, así como proteger los derechos ambientales, indígenas y de las minorías sexuales, permanecen impunes.
Como en el caso de Marisela Escobedo, quien fue asesinada la noche del 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde tenía montado un campamento de protesta para exigir justicia por la muerte de su hija Rubí. Hasta ahora, no han sido detenidos los autores materiales e intelectuales del homicidio.
De acuerdo con el Informe Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos que presentó la CNDH en julio de este año, 27 activistas fueron asesinados por grupos delictivos y autoridades entre 2005 y 2011. En ese lapso se registraron 523 quejas por agresiones a defensores.
Según grupos de la sociedad civil, 63 activistas y defensores han sido asesinados desde que inició la administración de Felipe Calderón. La cifra varía debido a que las organizaciones de la sociedad civil reivindican personajes que los organismos oficiales no reconocen.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que los activistas se encuentran desprotegidos en México y que ante esa ausencia de los Gobiernos se debe buscar mecanismos propios de protección.
"Hay una ineficiencia gubernamental, hay falta de medidas y complicidad entre autoridades y grupos delictivos. Esto lo debemos seguir señalando, denunciando", dijo.
"Sin embargo, en la práctica la realidad y desprotección nos exige tener un análisis mayor de cómo estamos realizando nuestro labor. Es cierto que la violencia a quienes estamos en las organizaciones nos ha tomado por sorpresa, entonces necesitamos plantear nuestra labor en medio de este contexto. Tener propuestas más claras".
Para Clara Jusidman, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la falta de seguridad gubernamental, aún cuando existen alertas sobre el riesgo que viven los activistas, es motivo de sospecha.
"Debemos hacer revisión de acciones del Movimiento por pérdida de credibilidad y confianza en procesos de denuncia (...). Estamos seriamente preocupados por el grado de corrupción, de impunidad", sostuvo.
En un informe publicado en 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la labor de los defensores resulta incómoda para grupos de poder, ya sea particulares, integrantes del crimen organizado o funcionarios públicos.
En 2010, en la actualización del documento "Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo", encontró que pese a la coincidencia de la necesidad de generar mecanismos de protección, las condiciones de desprotección, vulnerabilidad e impunidad no habían mejorado.
En los informes, la ONU alertó que alrededor de los activistas hay prejuicios y tanto Gobierno como sociedad no reconocen su labor, la cual colabora al fortalecimiento de la democracia, al combate de la impunidad, a la protección de los derechos de las víctimas, a generar espacios de diálogo, a la rendición de cuentas y a dar voz a quienes no la tienen.
Por otra parte, la ONU-DH condenó el homicidio del líder comunero Trinidad de la Cruz, en Michoacán, y la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, en Guerrero, los tres integrantes del Movimiento por la Paz.
En un comunicado, exhortó a las autoridades a impulsar investigaciones serias en ambos casos y a incorporar en la estrategia de seguridad la protección de las y los defensores de derechos humanos.
