Con colocar una piedra, simularán cumplir sentencia de CoIDH

A un año de Campo Algodonero en Ciudad Juárez

De la redacción

México, D.F 9 dic 10 (CIMAC).- A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sentenció al Estado mexicano por el caso “Campo Algodonero”, y ante la nula disposición de los gobiernos local y federal para darle cumplimiento, las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, solicitarán a la Corte que realice una audiencia de supervisión.

En un comunicado de prensa, las familias de las víctimas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) de Ciudad Juárez, Chihuahua, evidenciaron que hasta hoy la condena no se ha cumplido y tampoco nadie ha sido sancionado por los asesinatos de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette.

Denunciaron que mañana 10 de diciembre al cumplirse un año de la sentencia, cuando el gobierno mexicano debería de informar a la CoIDH sobre las acciones realizadas para cumplirla, los gobiernos local y federal pretenden realizar un acto para “reconocer la responsabilidad internacional del Estado” y colocar la primera piedra del monumento en memoria de las víctimas.

Sin embargo, este no cumplirá con lo que establece la sentencia ya que, “no será público ni lo encabezará el gobernador del Estado de Chihuahua y tampoco Felipe Calderón, debido a la inseguridad que se vive en Ciudad Juárez y por el temor de una manifestación en su contra”.

A esta simulación, se añade que en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal “colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio, tal y como lo establece la sentencia”.

Cabe destacar que para el evento se incluyó la participación de las familias Monreal, Monárrez y González sin consultarlas previamente, por lo que afirmaron no acudirán al acto porque consideran que esto contradice el espíritu y lo establecido en la sentencia, pues no será un acto reparador para las familias y la sociedad mexicana.

AUDIENCIA DE SUPERVISIÓN A LA CoIDH

Las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, informaron que solicitarán a la CoIDH realice una Audiencia de supervisión, por la nula disposición de los gobiernos local y federal para dar cabal cumplimiento a la sentencia.

Solicitarán a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados informe a la Corte sobre el proceso de ejecución de la sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento.

Igualmente, que exija a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, a Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, y al presidente Municipal de Ciudad Juárez Héctor Murguía Lardizábal, el cumplimiento de la Sentencia.

Cabe recordar que en la sentencia de la CoIDH, se acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.

Si bien en su sentencia, la Corte no reconoce el término feminicidio, sí reconoce que en México existen los asesinatos por motivos de género, es decir se asesina a las mujeres por el sólo hecho de serlo, Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres.

De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, durante este primer año, el Estado mexicano debió: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes.

Investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua.

Crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; crear un Banco Nacional de Información genética; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

10/GTR/LR/LGL

Primer aniversario de la Sentencia de “Campo Algodonero”

BOLETIN DE PRENSA

Atención jefes de información, Organizaciones de la Sociedad Civil, corresponsales internacionales

El 10 de diciembre primer aniversario de la Sentencia de “Campo Algodonero”, no habrá monumento en memoria de mujeres víctimas de violencia de género.

Se rechaza el acto que los gobiernos local y federal pretenden realizar para reconocer su responsabilidad internacional y se exige que sea el Presidente Calderón quien lleve a cabo dicho acto

Las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, solicitarán a la CoIDH realice una Audiencia de supervisión y siente nuevamente al Estado mexicano en el banquillo de los acusados.

El día 10 de diciembre se cumple el primer aniversario de la publicación de la Sentencia de “Campo Algodonero”, la cual responsabiliza a las autoridades del Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Tres casos entre miles de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en esta entidad y en el resto del país, sobre lo que la UNIFEM informó el pasado 25 de noviembre que de 135 países sin guerra, México encabeza el primer lugar en feminicidios, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en su boletín No. 109/10 del 5 de noviembre pasado su“…preocupación por la situación de derechos humanos en México[…] así como por la persistencia de la violencia contra las mujeres, que incluye torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y doméstica, así como la situación de impunidad generalizada que rodea estos casos. La CIDH hará un seguimiento especial a la situación en México en los próximos meses…”

De acuerdo a la Sentencia de la CoIDH, durante este primer año, el Estado mexicano debió: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes; investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; crear un Banco Nacional de Información genética; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

Sin embargo, los gobiernos federal, estatal y municipal no han dado cumplimiento cabal a ninguno de los resolutivos. Asimismo, como un nuevo acto de simulación, el pasado 8 de diciembre se informó a las familias González, Monreal, Monárrez y a sus representantes, que los gobiernos local y federal realizarán un evento para “reconocer la responsabilidad internacional del Estado” y colocar la primera piedra del Monumento en memoria de las víctimas, incluyendo la participación de las familias Monreal, Monárrez y González en la agenda de su evento sin consultarlas previamente.

Este acto evidentemente fue organizado “al vapor” ya que el gobierno mexicano debe informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 10 de diciembre las acciones realizadas para cumplir la sentencia.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, este acto no será público ni lo encabezará el Gobernador del Estado de Chihuahua ni el Presidente de la República, quien por información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no acudiría al evento ante la inseguridad que se vive en la Ciudad y por el temor de una manifestación en su contra.

Por otra parte, en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio.

Ante estos hechos, las familias Herrera Monreal, Ramos Monárrez, González y las organizaciones que las representan informamos a la opinión pública que:

1. No acudiremos al acto planeado por los gobiernos local y federal, ya que contradice el espíritu y lo establecido en la Sentencia, pues no será un acto reparador para las familias y la sociedad mexicana.

2. Solicitaremos a la CoIDH la realización de una audiencia de supervisión, ante la nula disposición de los gobiernos local y federal para dar cabal cumplimiento a la sentencia.

3. Solicitaremos a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados que:

-Informe a la CoIDH sobre el proceso de ejecución de la Sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento.

- Exija a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, al Presidente de la República, al Gobernador de Chihuahua y al presidente Municipal de Ciudad Juárez el cumplimiento de la Sentencia.

Atte.

Asociación Nacional de Abogados democraticos

CEDIMAC

Red Ciudadana De No Violencia y Dignidad Humana

Denuncian ONG a Estado mexicano por falta de atención a feminicidios

Lo acusan de violaciones a los derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, quien en febrero de 2004 fue asesinada por su esposo a pesar de haber denunciado previamente violencia intrafamiliar

Organizaciones de derechos humanos pidieron a la Secretaría de Gobernación, una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México, ya que ha sido demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por impunidad en un caso de feminicidio en la entidad.

En la actualidad la lucha contra el narcotráfico, la violencia extrema y el ambiente generalizado de inseguridad que se vive en el país, han llevado al Estado mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres, a pesar de que éstos se han incrementado en los últimos años.

 

Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 1,728 feminicidios en sólo 18 estados del país.

Las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C, consideraron, mediante un comunicado que es lamentable que a 17 años de haberse reconocido esta problemática, el Estado mexicano no cuente con información precisa de la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

 

Ello, a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, en su artículo 7° transitorio mandata la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

No obstante lo anterior, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través de la información proporcionada por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la obtenida en las recientes comparecencias de Procuradores estatales ante la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados y los resultados del monitoreo realizado, revelan que en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Estado de México existen alarmantes niveles de violencia contra las mujeres.

 

Sin soslayar que hay estados en los que las autoridades no proporcionaron suficiente información para analizar la problemática del feminicidio, como Quintana Roo, Chiapas y Baja California, entre otros; en los cuales es uegente se declare una alerta de violencia de género.

La existencia de un contexto de impunidad y permisibilidad estatal en el que el Estado de México violenta los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses y de toda mujer que transita por su territorio, ha llevado a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio a solicitar ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación, una declaratoria de alerta de violencia de género por violencia feminicida en el Estado de México, mecanismo previsto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

Lo anterior con el objeto de que se conforme un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para que investigue y se tomen acciones urgentes para erradicar la violencia feminicida.

Los hallazgos, dicen en el comunicado, demuestran que existe un patrón sistemático de violencia contra las mujeres en el Estado de México, el cual no está siendo atendido debidamente por parte de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, pues de los 922 homicidios de mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010, destaca que las autoridades ignoran o desconocen quién es el homicida en el 56.72 por ciento de los crímenes y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida, pareja, familiar o vecino, la autoridad conoce la identidad del victimario, contrario a esta información, las autoridades han pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito familiar.

La información proporcionada por la Procuraduría demuestra la existencia de un contexto de impunidad y permisibilidad del estado en el que las graves deficiencias en las investigaciones son consecuencia también, de un patrón de discriminación contra las mujeres.

Ejemplo de esto lo constituye el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, mujer asesinada en febrero de 2004 por su esposo y su cuñado, quien a pesar de haber denunciado previamente violencia intrafamiliar y de tener a sus menores hijos como testigos presenciales de los hechos, su caso se encuentra en la impunidad por las irregularidades que desde el inicio de la investigación permitieron la valoración deficiente de tres magistrados de una sala penal en el Estado de México.

 

Por lo anterior, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. junto con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. denunciaron nuevamente al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.