Atención jefes de información, Organizaciones de la Sociedad Civil, corresponsales internacionales
El 10 de diciembre primer aniversario de la Sentencia de “Campo Algodonero”, no habrá monumento en memoria de mujeres víctimas de violencia de género.
Se rechaza el acto que los gobiernos local y federal pretenden realizar para reconocer su responsabilidad internacional y se exige que sea el Presidente Calderón quien lleve a cabo dicho acto
Las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, solicitarán a la CoIDH realice una Audiencia de supervisión y siente nuevamente al Estado mexicano en el banquillo de los acusados.
El día 10 de diciembre se cumple el primer aniversario de la publicación de la Sentencia de “Campo Algodonero”, la cual responsabiliza a las autoridades del Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Tres casos entre miles de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en esta entidad y en el resto del país, sobre lo que la UNIFEM informó el pasado 25 de noviembre que de 135 países sin guerra, México encabeza el primer lugar en feminicidios, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en su boletín No. 109/10 del 5 de noviembre pasado su“…preocupación por la situación de derechos humanos en México[…] así como por la persistencia de la violencia contra las mujeres, que incluye torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y doméstica, así como la situación de impunidad generalizada que rodea estos casos. La CIDH hará un seguimiento especial a la situación en México en los próximos meses…”
De acuerdo a la Sentencia de la CoIDH, durante este primer año, el Estado mexicano debió: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes; investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; crear un Banco Nacional de Información genética; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.
Sin embargo, los gobiernos federal, estatal y municipal no han dado cumplimiento cabal a ninguno de los resolutivos. Asimismo, como un nuevo acto de simulación, el pasado 8 de diciembre se informó a las familias González, Monreal, Monárrez y a sus representantes, que los gobiernos local y federal realizarán un evento para “reconocer la responsabilidad internacional del Estado” y colocar la primera piedra del Monumento en memoria de las víctimas, incluyendo la participación de las familias Monreal, Monárrez y González en la agenda de su evento sin consultarlas previamente.
Este acto evidentemente fue organizado “al vapor” ya que el gobierno mexicano debe informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 10 de diciembre las acciones realizadas para cumplir la sentencia.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, este acto no será público ni lo encabezará el Gobernador del Estado de Chihuahua ni el Presidente de la República, quien por información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no acudiría al evento ante la inseguridad que se vive en la Ciudad y por el temor de una manifestación en su contra.
Por otra parte, en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio.
Ante estos hechos, las familias Herrera Monreal, Ramos Monárrez, González y las organizaciones que las representan informamos a la opinión pública que:
1. No acudiremos al acto planeado por los gobiernos local y federal, ya que contradice el espíritu y lo establecido en la Sentencia, pues no será un acto reparador para las familias y la sociedad mexicana.
2. Solicitaremos a la CoIDH la realización de una audiencia de supervisión, ante la nula disposición de los gobiernos local y federal para dar cabal cumplimiento a la sentencia.
3. Solicitaremos a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados que:
-Informe a la CoIDH sobre el proceso de ejecución de la Sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento.
- Exija a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, al Presidente de la República, al Gobernador de Chihuahua y al presidente Municipal de Ciudad Juárez el cumplimiento de la Sentencia.
Atte.
Asociación Nacional de Abogados democraticos
CEDIMAC
Red Ciudadana De No Violencia y Dignidad Humana
