Se trata de funcionarios que en un acto de “voluntad” respondieron al llamado que les extendió dicha Comisión. El objetivo: dar cuenta de los feminicidios y desapariciones de mujeres a nivel local y seguimiento a los resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras versus México (conocida también como Campo Algodonero), y que se refiere a la “desaparición y ulterior muerte” de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001.
Así, se sabe que Aguascalientes y Chiapas registraron, juntos, 89 feminicidios. En tanto, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Guerrero y Guanajuato sumaron 4 mil 330 homicidios dolosos de mujeres.
También, que durante la actual administración federal de Felipe Calderón Hinojosa han sido consignados 947 casos, ya sea por feminicidio u homicidio doloso de mujeres, en 12 de estas 17 entidades. En el Estado de México, 236; Michoacán, 163; Sonora, 88; Sinaloa, 84; Guanajuato, 71; Nuevo León, 68; Guerrero, 65; Jalisco, 58; Chiapas, 44; Oaxaca, 38; Tamaulipas, 27; y Aguascalientes, cinco. Tabasco sólo notifica que 48 averiguaciones previas fueron determinadas.
Las entidades con más homicidios dolosos de mujeres son Chihuahua, que en 3 años acumuló 796; y el Estado de México, con 686, de 2007 a agosto de 2010.
Destaca Sinaloa, que de 2007 a 2010 presentó un incremento del 131 por ciento, al pasar de 48 a 111 homicidios dolosos de mujeres; y Nuevo León, en donde estos crímenes también se dispararon: en 2007 sumaban 24 y en 2010, 78.
En San Luis Potosí, el promedio anual de homicidios dolosos de mujeres, en 2005 y 2006, fue de 12; de 2007 a 2011, se incrementó a 34. Al tomar en cuenta los registros de una década (2000-2010), 2008 es el año en que Veracruz sumó más de estos delitos: 85; le sigue 2009, con 75.
En el caso de Nuevo León, el número de homicidios dolosos de mujeres durante los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón (169) superó en 29 por ciento los que ocurrieron durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (131). Algo similar sucede en Quintana Roo: de 2003 a 2006 registró 96 homicidios dolosos de mujeres y de 2007 a 2011, 445, es decir, 364 por ciento más.
La situación en Nuevo León es tal que el 8 de febrero pasado organizaciones de la sociedad civil, como Arthemisas por la Equidad, AC, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se movilizaron, aunque sin éxito, para exigir al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que “emita la alerta de género” en Nuevo León. Arthemisas asegura que en esa entidad los feminicidios se incrementaron en 689 por ciento, de 2010 a 2011. En tanto, el Observatorio “registró un total de 176 asesinatos de mujeres, de enero de 2009 a junio de 2011”.
Aguascalientes, Chiapas, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco proporcionaron información relativa a la edad de las víctimas. De los datos de estas procuradurías se desprende que alrededor del 10 por ciento del total de mujeres asesinadas (en esas entidades) eran menores. También, que al menos el 50 por ciento eran jóvenes y adultas de entre 18 y 40 años.
Cerca del 30 por ciento, de un total de 1 mil 344 mujeres –las víctimas en Chiapas, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas– se dedicaban al hogar o eran amas de casa. Respecto de la suma de Sonora, Chihuahua, Estado de México y Tamaulipas, alrededor del 30 por ciento eran solteras; y del 20, casadas. Tamaulipas informa que 39 de las 169 mujeres asesinadas en la entidad cursaron estudios de secundaria; 35, de primaria; y 22, de nivel superior.
De los 1 mil 264 casos registrados en Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, en 281, como mínimo, existía algún parentesco entre la víctima y el victimario. En 130 de éstos, el asesino es el esposo, cónyuge o concubino.
A las características del crimen se refieren Aguascalientes, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas. Juntos suman 2 mil 457 homicidios dolosos de mujeres y feminicidios. En el 50 por ciento de éstos, aproximadamente, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego. Sobre el móvil del crimen, Chihuahua menciona que en 492 casos es la delincuencia organizada. Nuevo León, que en 45, es ejecución; en 29, pasional, y en 28, violencia familiar. Y Tamaulipas que en 13, pasional; en ocho, desavenencias conyugales, y en siete, consecuencia colateral de enfrentamiento entre grupos delincuenciales.
Nuevo León y Chihuahua coinciden en que la vía pública es el lugar en el que comúnmente son encontrados los cuerpos sin vida. En el Estado de México y Tamaulipas, en cambio, es en casas habitación.
Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, de la Cámara de Diputados, reconoce el “esfuerzo” realizado por las procuradurías de 17 entidades federativas para entregar la información. Sin embargo, advierte que todavía 15 estados de la república “no dan nada”.
A decir de la diputada del Partido de la Revolución Democrática los esfuerzos son insuficientes. Tener datos confiables es “una cuesta arriba”, pues éstos siguen siendo “incompletos y, a veces, hasta inconsistentes”. Por eso, en marzo de este año, la Comisión que preside presentará a la Conferencia de Procuradores y a la Conferencia Nacional de Gobernadores una propuesta “para un registro estandarizado” de feminicidios, de tal manera que la información sea “comparable, sistemática y consistente”.
Un ejemplo claro de la inconsistencia y “enorme discrecionalidad” de los datos, que ya es de conocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es el caso de Veracruz: “Entre dos gobiernos ha habido tres procuradores; cada uno nos ha entregado información distinta en muy poco tiempo”, explica Incháustegui.
En octubre de 2010, Marco Antonio Ledezma, entonces encargado de la Procuraduría de Veracruz, informó que de 2007 a 2010 se abrieron 206 investigaciones ministeriales por homicidio doloso de mujeres. En mayo de 2011, Amaranta Mónica Castineyra Toledo, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres, aseguró que fueron 219. En tanto, en septiembre de 2011, el exprocurador Reynaldo Escobar indicó, en comparecencia, que en estos cuatro años se registraron 292 denuncias por el mismo delito.
De 2010 a la fecha, han comparecido o rendido algún tipo de informe a esta Comisión los siguientes procuradores y exprocuradores: Marco Higuera, de Sinaloa; Miguel Mancera, del Distrito Federal; Alfredo Castillo, del Estado de México; Carlos Zamarripa, de Guanajuato; Alberto López y David Sotelo, de Guerrero; Tomás Coronado, de Jalisco; Jesús Montejano, de Michoacán; Manuel López, de Oaxaca; Abel Murrieta, de Sonora; Gregorio Romero, de Tabasco; Bolívar Hernández, de Tamaulipas; Salvador Mikel y Reynaldo Escobar, de Veracruz; Felipe Muñoz, de Aguascalientes; Víctor Carrancá, de Puebla; Miguel García, de San Luis Potosí; Alicia Fragoso, de Tlaxcala; Gaspar García, de Quintana Roo; Arsenio Durán, de Querétaro; Arturo Nahle, de Zacatecas. También Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua; Miguel Cebreros, coordinador de Averiguaciones Previas de Sinaloa; y las procuradurías de Nuevo León y Chiapas.
Quien definitivamente se “ha negado a cooperar” con esta Comisión es Rommel Moreno Manjarrez, procurador de Baja California. “Desde hace más o menos un año y medio se le ha pedido que venga reiteradas veces; y no [lo hace]. Tiene una serie de barreras tan grades para llegar a él, que nos habla el secretario y el secretario del secretario”, indica Teresa Incháustegui.
Incluso, por parte de la Cámara de Diputados hubo un punto de acuerdo para exhortar a dicho procurador. Lamentablemente –continúa la también secretaria de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública– el legislativo federal, “entre tantas limitaciones”, carece de “atribuciones” para obligar a un funcionario local a comparecer, salvo en casos extraordinarios.
OCNF: 3 mil 193 feminicidios en cuatro años
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2007 a junio de 2011 se han cometido al menos 3 mil 193 feminicidios en 13 entidades (sin contar Chihuahua). De 2007 a junio de 2008, 1 mil 14; de 2009 a junio de 2010, 890; y de 2010 a junio de 2011, 1 mil 235.
Se trata, en todos estos casos, de asesinatos en los que la alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres afirma que “el componente de discriminación contra las mujeres está presente”.
Durante el último periodo –enero de 2010 a junio de 2011–, el Observatorio logró documentar la problemática de ocho entidades: Estado de México, con 320 feminicidios; Tamaulipas, 169; Sinaloa, 168; Jalisco, 142; Nuevo León, 138; Distrito Federal, 125; Oaxaca, 102; y Sonora, con 71.
Su análisis revela que los feminicidios no han disminuido y que en el Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa se han incluso incrementado; que los blancos son mujeres jóvenes en edad reproductiva (41 por ciento entre 11 y 30 años; 35, entre 31 y 50; y 13 por ciento, de más de 50 años); que el 60 por ciento de los casos se encuentran en trámite; y que sólo el 19 por ciento han sido consignados. De éstos últimos, el 4 por ciento ha tenido sentencias.
Preocupa al Observatorio uno de sus hallazgos: el hecho de que, a pesar de que las investigaciones se encuentran en proceso, las autoridades adjudican “todos los crímenes que les cuesta trabajo resolver”, en este caso el 25 por ciento de los asesinatos de mujeres, al crimen organizado,ejecuciones y enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
Sinaloa, por ejemplo, informó que el 94 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres están vinculados con el crimen organizado, aunque sólo ha consignado el 16 por ciento. Nuevo León atribuye a la delincuencia organizada el 52 por ciento, cuando ha consignado apenas el 30 por ciento. Durante su comparecencia del 23 de agosto de 2011 en la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua, señaló que el móvil en 492 casos –de los 796 que ocurrieron de 2009 a 2011, en esa entidad– es la delincuencia organizada.
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del OCNF, lamenta que esta “?guerra contra el narcotráfico” haya incrementado, exacerbado e invisivilizado la violencia contra las mujeres. “Lo que han hecho las autoridades es culpar a las víctimas. Para nosotras es una actitud muy cómoda de exonerarse de su responsabilidad. No es que nosotras digamos que ninguna mujer está implicada; nosotras queremos escuchar información profunda, clara, contundente”.
Por otro lado, habla de la metodología que han construido para determinar cuántos feminicidios ocurren en el país. Lo primero es realizar solicitudes de información pública a las procuradurías locales respecto del número de homicidios dolosos de mujeres y sus características.
A partir de ahí, analizan 17 variables, entre las que se encuentran: edad, ocupación, estado civil, escolaridad y nivel económico de la víctima; actos violentos anteriores a su ejecución; causa de muerte; motivo del asesinato; objeto o método empleado para tal fin; lugar y forma en que fue encontrado el cuerpo; relación víctima-victimario. Contribuye a su investigación el seguimiento hemerográfico y el litigio de algunos casos.
Los obstáculos: la negativa de algunas entidades de proporcionar datos, así como la falta de información completa y de forma continua, por parte de otras.
En esta situación se encuentran Chihuahua, que “tramposamente” limita la información: “Solamente nos da números totales; no nos permite caracterizar más a las víctimas”. Otro ejemplo es Tlaxcala, “corredor de trata de blancas”, en donde ni siquiera sirve la investigación hemerográfica, puesto que la prensa no documenta este tipo de casos.
Segob: 75 por ciento cumplida la sentencia Campo Algodonero
A finales de noviembre de 2011, Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, ofreció disculpas a las mujeres mexicanas, porque el gobierno no ha logrado erradicar la violencia en su contra.
En aquella ocasión, en la que emitió la planilla postal con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la funcionaria pidió perdón a todas las mujeres víctimas de violencia, feminicidio, vituperio, violación, insulto y violencia económica.
Semanas antes, entre abucheos y reclamos, el ya fallecido Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, también se disculpó por las muertes y desapariciones de mujeres en el país y aceptó la responsabilidad del Estado mexicano por omisiones. Esto ocurrió durante la develación del Monumento en Memoria de las Mujeres Víctimas de Homicidio por razones de género en Ciudad Juárez –resolutivos 16 y 17 de la sentencia del Campo Algodonero–. El funcionario refirió en particular el feminicidio de Claudia González, Esmeralda Monreal y Laura Ramos.
Los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil calificaron de “simulación” el acto, pues además el monumento sólo fue presentado parcialmente. Por eso, y por la “negativa de incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993, y cuando menos hasta 2006, como ordenó el tribunal internacional en su sentencia del 10 de diciembre de 2009”, los parientes más cercanos de las víctimas declinaron estar ahí. Faltaron también, aunque por razones distintas –de agenda, de acuerdo con la titular de la Conavim–, el presidente Felipe Calderón; César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua, y Héctor Murguía Lardizábal, presidente municipal de Juárez.
A decir de Dilcya García, ésta fue una ceremonia “muy exitosa porque cada quien hizo lo que tenía que hacer”: el gobierno federal, “el acto de reconocimiento mediante un alto funcionario público, pues la sentencia no determina que tenga que ir el presidente”; las víctimas, “adoptar una postura ante esta situación”; y la sociedad civil, “gritar consignas, reprochar y reclamarle al Estado, porque ¿tú te imaginas a las Abuelas de la Plaza de Mayo, en un acto de reconocimiento público por parte del Estado, sentadas, calladas?”.
Respecto de la ausencia de los familiares de las víctimas, la encargada de la Conavim aclara que Benita Monárrez, mamá de Laura Ramos, “desde hace años no quiere saber absolutamente nada de nosotros ni de la sentencia Campo Algodonero”, por recomendación de su terapeuta. En cuanto a las “señoras Irma [Monreal Jaime] e Irma [Josefina González Rodríguez]”, mamás de Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, respectivamente, “ellas decidieron apoyar a sus abogados”, quienes “exigían a la Segob poner los nombres de más de 500 víctimas dentro del memorial”.
Las autoridades “estamos abiertas a que se pongan todos los nombres que tengan que ir”, asegura Dilcya García. No obstante, explica que no pueden hacerlo sin el consentimiento de las familias, pues “las víctimas no son de nuestra propiedad”, además “porque es un tema muy doloroso; de respeto”. Así, informa que han girado cartas a los familiares, quienes tienen hasta el 8 de marzo próximo, para consentir, por escrito, que los nombres de sus hijas aparezcan en el monumento.
—¿El Estado mexicano ha fracasado en el combate a la violencia contra las mujeres, que puede culminar en feminicidio? –se le pregunta a Dilcya García.
—Me parece que decir que es un fracaso del gobierno sería muy fuerte. Pero sí creo que es algo que el Estado mexicano todavía no ha logrado soslayar. Y claro que por eso tenemos que pedirles perdón a las mujeres. ¿De quién es la responsabilidad más que de uno (el gobierno)?
No obstante, la representante de la Segob asegura que el actual gobierno sí ha emprendido esfuerzos, “que sería muy ingrato no reconocer”.
Por ejemplo, la Conavim participó en la elaboración de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y de estadísticas judiciales con perspectiva de género. También en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el Diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, que acredita que la mayoría de las procuradurías “no tienen datos, porque ni siquiera han construido un esfuerzo metodológico”; a finales de 2012, esta instancia y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias presentarán el Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen la violencia contra las mujeres.
Para Dilcya García el trabajo más importante está en las entidades, “porque finalmente los feminicidios no ocurren en la federación”. Por eso, durante 2012, prevé visitar cada de una de éstas, en particular a los procuradores y diputados, para apuntalar la tipificación del feminicidio y “el tema de la política y estadística criminal con perspectiva de género”.
A decir de la funcionaria, el principal reto es que las autoridades locales venzan el “miedo” a “descubrir que, de tantos años que se dejó el asunto, de pronto creció tanto, que algunos estados sienten que si encaran la situación van a encontrar algo por debajo de la alfombra tan terrible que se les va a salir de las manos”.
Las entidades en donde “faltaría hacer un trabajo más fino” son Tamaulipas, Guanajuato y Tlaxcala –sin contar a la procuradora, “quien se está rompiendo la cara para sacar estos temas”–. Las más “valientes”: el Distrito Federal, Chihuahua y Baja California.
Al cuestionarla respecto del cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero –ya que la Conavim es la encargada de la observancia del derecho internacional y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, derivadas de convenios, acuerdos y tratados internacionales–, Dilcya García asegura que “está muy avanzada: en un 75 por ciento”.
Explica que esta Comisión ha trabajado en “uno de los puntos más abandonados: la creación de un modelo de salud específico para familias que han tenido la desgracia de sufrir un feminicidio. El gobierno del estado [Chihuahua] intentó darle cumplimiento a través del Seguro Popular, pero no fue muy exitosa la medida. Entonces estamos buscando crear un modelo de intervención mucho más eficaz que le abone a los recursos federales y locales”.
—¿Coincide en que se ha cumplido ya el 75 por ciento de la sentencia Campo Algodonero?
—No. Para nada –expresa, tajante, Teresa Incháustegui.
Para la diputada federal “hay un avance que no se puede despreciar” en términos de protocolos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los bancos de información genética, “hay como 12 entidades que no tienen ni siquiera cómo identificar cadáveres”; ni con la capacitación: “una cerecita minúscula frente a unpastel del lodo”. Además de que en muchas entidades no se capacita a los forenses y ministeriales, “esta parte no es significativa, ni está en los currículos de certificación, requisitos para la permanencia en el puesto, escalafón o estímulos”.
Respecto del desempeño del gobierno de Chihuahua, la perredista señala que se está “dando un giro” porque, por ejemplo, ya se reconoció a los desaparecidos. Pero “en la investigación, en la reparación del daño que plantea la sentencia, todavía no conocemos avances”.
