martes, 4 de enero de 2011

Los grandes pendientes de inicio de año

Cada 24 horas matan a una mujer en Chihuahua

 
Por Anayeli García Martínez

México, D.F, 3 ene 11 (CIMAC).- En los últimos 12 meses, la violencia contra las mujeres en México llegó a cifras sin precedentes, tan sólo en Chihuahua cada 24 horas fue asesinada una mujer.

Según información del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados, de los cuales 890 fueron definidos como feminicidio.

El asesinato de las defensoras de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz, el 16 de diciembre; y Josefina Reyes, el 3 de enero, reflejan el dato. Pese a ello, las organizaciones señalan que el feminicidio es invisibilizado por el combate al crimen organizado.

El 2010 comenzó con una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de tres, de ocho, jóvenes encontradas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, fallo que aún no se ha cumplido.

Sin agenda de Derechos Humanos

En octubre pasado, la CoIDH volvió a condenar al Estado mexicano, esta vez por su responsabilidad en la violación sexual ejercida por militares contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo.

De acuerdo con Abel Barrera, director de Tlachinollan, una de los peticionarios del caso ante el sistema interamericano, con esta resolución se debe reformar el sistema de justicia militar para que delitos como estos sean investigados por el fuero civil y se garantice el pleno acceso a la justicia.

Agniezka Raczynska, de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, considera que estas sentencias, junto con la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, son importantes pero persiste la falta de una agenda en la materia.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de septiembre de 2009 a octubre de 2010, se documentaron 37 presuntas agresiones en contra de activistas.

Pendientes en salud

El año se inicia con la prevalencia de la Muerte Materna y la limitación del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente al aborto seguro y legal.

Raffaela Schiavon, directora de Ipas, México opinó que la reforma constitucional, promovida por el PRI y el PAN en Tamaulipas que criminaliza el aborto, representa “un grave retroceso” para el acceso a la salud de las mujeres.

Con esta reforma, suman 18 los estados que penalizan la interrupción del embarazo, por lo que las mujeres organizadas en torno al derecho a decidir temen que otra “oleada” de modificaciones similares en Aguascalientes, Veracruz y el Estado de México.

La muerte materna es otra preocupación, ya que pese a las acciones anunciadas por el gobierno federal para disminuirla, el número de mexicanas que pierden la vida por padecimientos vinculados al embarazo, parto o puerperio aumentó de 55.6 a 62.8 por cada 100 mil mujeres, de 2007 a 2009.

En 2010 se modificó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM-041) para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, que retardó 10 años la edad mínima para que las mujeres se realicen por primera vez una mastografía.

En opinión de Miriam Ruiz, de la “Iniciativa Global Komen, para la concientización sobre el cáncer de mama en México”, que la edad sea a los 50 años, “es un desatino de las autoridades que aumentará potencialmente la muerte de mexicanas por esta enfermedad”.

Pese a que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 registró un aumento en los recursos destinados a la salud sexual y reproductiva, e igualdad de género en salud de 692 millones de pesos (mdp), a mil 549 mdp, no se realizaron modificaciones a los instrumentos de rendición de cuentas.

Daniela Díaz, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, aseguró que no tomar en cuenta este tema, representa una “oportunidad perdida”, porque se mantiene “la posibilidad del uso discrecional de los recursos, con una mínima obligación de los estados para rendir cuentas”.

Desigualdad laboral

La mayoría de las 16.8 millones de mexicanas trabaja sin el acceso a derechos mínimos como la seguridad social y la organización sindical, aún las que se ocupan en el mercado formal.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del tercer trimestre de 2010, el número de personas en la economía informal aumentó en 74 mil personas respecto al año anterior, pues se situó en 12.4 millones de trabajadoras y trabajadores, el 28 por ciento del total de la población ocupada.

Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la UNAM, señala con base en datos oficiales, que 61.2 por ciento de los empleos en México carecen de protección social, alrededor de 26 millones de trabajadoras y trabajadores no tiene acceso a este derecho, establecido en la legislación nacional y tratados internacionales.

De acuerdo con Ramírez López, en el año que comienza, las trabajadoras tienen menores oportunidades de capacitación para un mejor trabajo y disponen de menor tiempo para laborar jornadas completas.

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Calderón develará en Juárez monumento al feminicidio


Gloria Leticia Díaz

MEXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- El presidente Felipe Calderón se “comprometió” a ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, a develar un monumento en memoria de cientos de mujeres asesinadas en esa ciudad fronteriza, y ofrecerá una “disculpa pública” a los familiares de las víctimas que demandaron a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), reveló David Peña, representante de las víctimas.

Integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Peña informó, en entrevista, que de acuerdo con negociaciones con el gobierno de Calderón, “existe el compromiso de que el próximo 8 de marzo acuda él o, en su defecto, el secretario de Gobernación Francisco Blake, a develar el memorial de los feminicidios en el área que se conoce como Campo Algodonero”.

En noviembre de 2001 se localizaron en ese lugar ocho cuerpos de mujeres jóvenes que habían sido secuestradas. Sólo en tres de esos casos, los de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, los familiares llevaron hasta las últimas consecuencias las denuncias para el esclarecimiento. Las presentaron primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que terminó demandando a México en 2008 ante la CoIDH, debido al incumplimiento de recomendaciones para investigar los crímenes.

El 10 de diciembre de 2009, finalmente la CoIDH dio a conocer la sentencia, en la que encontró al Estado mexicano responsable de violar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal; de incumplir con su deber de investigar los crímenes contra las tres jóvenes de Ciudad Juárez en perjuicio también de sus familiares, así como de violar el derecho de no discriminación.

Peña dijo que, luego de “largas y tediosas sesiones de negociaciones para el cumplimiento de la sentencia, el gobierno federal nos hizo un ofrecimiento de develar el memorial el 10 de diciembre, sólo con los nombres de las tres jóvenes que aparecieron en la sentencia, en un evento al que asistiría el subsecretario de Gobernación, Luis Felipe Zamora, y la secretaria General de Gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz”.

En representación de los familiares de las víctimas, agregó, “Michelle Salas y yo, mi compañera en el litigio, rechazamos rotundamente participar en un evento tan mediocre que lo que pretende es restarle importancia a una sentencia internacional”.

Después, dijo, el gobierno de Calderón ofreció agendar el evento de “disculpa pública” y la inauguración del monumento el 8 de marzo de 2011. “Hasta ahora logramos que se incluyeran los más de mil nombres de mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez desde 1993, en apego a la sentencia que es una condena a la violencia contra las mujeres”.

Tras destacar que dos días antes de que se venciera el plazo para notificar a la Corte sobre el avance de la sentencia, el gobierno federal cubrió las reparaciones del daños a las tres familias de las víctimas, Peña señaló que el tribunal interamericano aún no les ha reenviado el informe de avances enviado por el gobierno de Calderón el 10 de diciembre.

“Sabemos que se envió el documento en tiempo y forma. Esperamos que en enero se nos reenvíe a nosotros para que fijemos nuestra posición sobre el mismo. Por lo pronto no hay avances en las investigaciones de los crímenes ni se ha castigado a los funcionarios responsables de las fallas en las investigaciones, ni tampoco se han indagado sobre las amenazas que recibieron las familias al exigir justicia”, dijo.

Del resto de los puntos que tendría que cumplir el gobierno de Calderón, apuntó el abogado, “no tenemos mucha información, pero suponemos que de haber existido previamente a la fecha de notificación de la Corte, el mismo gobierno ya lo hubiera cacareado”.

La sentencia obliga al Estado mexicano también a estandarizar “manuales, protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violación sexual y homicidios de mujeres”, así como adecuar el Protocolo Alba, para realizar búsquedas de oficio por desapariciones de mujeres y niñas; destinar recursos materiales, humanos, económicos, científicos y logísticos necesarios, en un plazo de seis meses, para crear una base de datos de mujeres y niñas desaparecidas. (Proceso 1728).

En noviembre pasado, un grupo de litigantes feministas llegó a México como parte de la Misión Internacional Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana, y manifestó su preocupación por los pobres avances en el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH y en el nulo interés por hacer justicia.

Después de varias reuniones con funcionarios, la vocera del grupo, Victoria de Pablo, integrante de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía española, contó detalles de la última reunión que sostuvieron con el subsecretario Luis Felipe Zamora.

Luego de escuchar un discurso en el que se comprometía al cumplimiento de la sentencia, las litigantes le aclararon que “por encima de indemnizaciones, del memorial, de las placas o de los monolitos, las familias de las víctimas lo que quieren es justicia, lo que implica la investigación de los hechos: quieren saber por qué y quién asesinó a sus hijas. Él (Zamora) dijo que lo entendía, pero que no era de su competencia (Proceso 1776).