De nuevo el país alcanza récord en feminicidios: 70 sólo en abril

• Según cifras oficiales, este año se perfila como el más violento para las mujeres
• Nuevo León, Veracruz, Guerrero y estado de México, entidades en que más casos han ocurrido

Las protestas contra la violencia hacia las mujeres son cada vez más frecuentes en el paísFoto Xinhua

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 27 de mayo de 2018, p. 3

En abril pasado ocurrieron 70 asesinatos de mujeres, que por sus características y gravedad fueron clasificados como feminicidios. Por segunda vez, desde el levantamiento de la estadística –en 2015–, se llega al récord de 70 crímenes de este tipo en tan sólo un mes.

El periodo anterior con este pico fue en junio del año pasado.

Con la suma de los casos de abril, el acumulado nacional en el primer cuatrimestre del año ya es de 258 feminicidios.

Si siguiera esta tendencia, 2018 sería el más violento para las mujeres, luego de que en 2015 la muerte de 389 de ellas fue considerada por las fiscalías y procuradurías estatales como feminicidios, según las definiciones y características de cada uno de los códigos penales estatales.

En 2016 la cuenta fue de 578, y para 2017 de 683.

La entidad que prevalece en primer sitio por el número de asesinatos de este tipo es Nuevo León, con 23 durante el periodo enero-abril del año en curso, a la par de Veracruz, con la misma cantidad; le siguen Guerrero y estado de México, con 18 cada uno, y Ciudad de México, con 16.

Un poco más abajo se ubican Jalisco y Sonora, con 14 casos de feminicidio en el primer cuatrimestre de este año, y luego Chiapas, con 11, y Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, con 10 cada uno.

No obstante, esta problemática que refiere un grado extremo de violencia contra la mujer es prácticamente un hecho generalizado en todo el país.

Sólo tres entidades (Baja California Sur, Campeche y Querétaro) no han reportado feminicidios en lo que va del año.

El estudio muestra gran parte de víctimas mayores de edad, aunque en el caso de Veracruz hay una franja importante de casos en donde no se especifica la edad de la persona; para Nuevo León y el estado de México hay un porcentaje cercano a 10 y 20 por ciento, respectivamente, de menores de edad asesinadas.

Por municipio, los que tienen el mayor número de casos son Culiacán (nueve), Ciudad Juárez (siete), Monterrey (cinco), Chihuahua, Acapulco y Chilpanchingo con cuatro feminicidios cada uno.

Si se toma en cuenta el tamaño de la población, Colima encabeza la tabla, seguido de Zacatecas y Guerrero.

De manera paralela, la incidencia de homicidios dolosos en que la víctima es una mujer llegó a 831 en el periodo enero-abril de este año.

Esta cifra igualmente mantiene un nivel alarmante, con más de 200 casos cada mes.

En 2015, mil 755 mujeres fueron asesinadas con dolo; el año siguiente, 2 mil 210, y para 2016, la suma fue de 2 mil 558 casos en instancias del fuero común.

Para 2018, igualmente en los primeros cuatro meses del año, el número de mujeres privadas de la vida de manera intencional fue de 831.

Las cifras anteriores fueron difundidas ayer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación.

También hay alzas en otro tipo de violencia, con recrudecimiento en el círculo más íntimo de la mujer: su familia y su pareja.

La estadística hecha con base en llamadas de emergencia indica un repunte en incidentes de abuso sexual, al pasar en enero de este año de 282 a 408, con lo que suman mil 444 llamadas de auxilio por este motivo.

También hay un incremento en los avisos de emergencia por acoso u hostigamiento sexual, al alcanzar un máximo de 2015 a la fecha, con 504 llamadas en abril pasado.

Lo mismo ocurre con los presuntos casos de incidentes de violación, de violencia de pareja (casi 90 mil en el primer cuatrimestre del año), al tiempo que se registra una ligera baja en los incidentes de violencia familiar, al llegar a 20 mil 957 telefonemas en ese mismo lapso, según las cifras oficiales.

Parar la violencia feminicida

D

e nueva cuenta las estadísticas sobre el feminicidio en México muestran que, al margen de las campañas orientadas a detener y erradicar la violencia contra la mujer y diseñar estrategias que permitan preverla, las cifras de esa práctica criminal continúan en aumento. Tanto así que desde que se confeccionan registros sobre el particular (es decir unos escasos tres años) el pasado mes de abril el número de víctimas llegó a 70, intensificando las señales de alarma que la violencia feminicida mantiene encendidas desde que, tardíamente, organizaciones defensoras de mujeres y de los derechos humanos lograron posicionar el tema en una agenda pública que tradicionalmente había preferido minimizarlo, cuando no ignorarlo directamente.

La mera descripción del grave problema, su magnitud y la profundidad que alcanzan sus sombrías motivaciones parecen ser insuficientes para que la sociedad en su conjunto cobre conciencia de las dañinas implicaciones colectivas que tiene el feminicidio; prácticamente a diario los medios dan a conocer hechos que sumados conforman una matanza sistemática, sin que las distintas instancias de gobierno atinen a articular medidas para detenerla de manera efectiva.

Y es que desde el punto de vista de la tipología penal, por ejemplo, la imprecisión que surge por parte de los juzgadores cuando se trata de interpretar el concepto de violencia de género, donde como expresión extrema se enmarca el feminicidio, dificulta la adopción de patrones punitivos claros para penar este delito. En otras palabras, un alto porcentaje de los hombres y mujeres que tienen a su cargo la misión de impartir justicia no están familiarizados con un crimen cuyos elementos no están acostumbrados a valorar. Cuando el móvil de fondo no es la venganza, el llamado crimen pasional o el robo, sino que arraiga en los sentimientos de odio y temor a las mujeres que configura la misoginia, las fiscalías (y en general la mayoría de quienes integran el sistema judicial) se ven en problemas para encontrar argumentos penales contundentes y que resulten claros para todos. Los resultados, casi siempre, son investigaciones mal orientadas, acusaciones deficientemente montadas, sentencias simplistas y condenas discutibles.

En términos jurídicos, el texto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, oficializó en México la noción de violencia feminicida, mientras la expresión feminicidio empezó a ser incorporada en algunas entidades federativas unos años después (actualmente quedan 12 que no tipifican así los asesinatos de mujeres). Pero una rápida lectura de la legislación de esos estados evidencia que la definición que dan de ese delito no es coincidente, lo que demuestra que el grado de confusión en torno al propio concepto continúa siendo alta y explica parcialmente los traspiés y contradicciones en que frecuentemente incurren jueces y magistrados, así como la diferente pena que reciben distintos asesinos de mujeres en parecidas circunstancias.

Hasta ahí uno de los aspectos de la cuestión, apretadamente expuesto. La compleja y perturbadora problemática del feminicidio no se agota ahí, y hay un vasto trabajo por hacer en los ámbitos de la política, la educación, la familia y los distintos grupos poblacionales si se pretende ir disminuyendo esta brutal expresión de la violencia de género. Pero como necesaria tarea ciudadana se impone exigir de manera constante al Estado que cumpla con la responsabilidad que le cabe en cuanto a resguardar los derechos de las mujeres. Y entre esas responsabilidades figura, de manera urgente, la de homogeneizar las herramientas legales para identificar, aprehender y castigar a los asesinos de mujeres, y especialmente vigilar que éstos no queden mayoritariamente, como sucede ahora, en una vergonzosa impunidad.