Ciudad Juárez, el Doble Crimen a las Mujeres

Jenaro Villamil

Edición Especial de Proceso, No. 34

Foto/Fuente: http://www.libertadlatina.org

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.-En 1983, una década antes que esta ciudad alcanzara notoriedad internacional por la historia de femincidios y desapariciones de mujeres, la sociedad juarense se conmovió con el caso de Cynthia Liliana González Rivero, una niña secuestrada, violada y asesinada, con particular sadismo.

La Procuraduría de Justicia del estado, entonces a cargo de Toribio Porras Villegas, quiso cerrar el caso con celeridad e inculpó a Lucas Juárez Lozano, trabajador de la construcción, sin que hubiera evidencia sólida en su contra. Se le condenó a 35 años de prisión con base en un solo testimonio realizado bajo presión y tortura.

La prensa y la sociedad juarenses estaban convencidas de que se trataba de un “chivo expiatorio”. En 1986 el gobernador priista Fernando Baeza Meléndez ordenó el indulto de Juárez Lozano. Entre la opinión pública predominó la idea de que los verdaderos responsables eran “varios juniors”, hijos de personajes influyentes en la política y la economía de Ciudad Juárez.

Nadie los investigó. El juez que consignó a Juárez Lozano fue José Chávez Aragón. Por sus buenos servicios, ascendió a magistrado de la Segunda Sala Penal, y llegó a ser entre 2004 y 2007, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.

La cadena de impunidad iniciada en 1983 llegó hasta finales de 2010, con el caso de Rubí Marisol Freyre, una joven de 17 años asesinada en Chihuahua en 2008. La sombra de Chávez Aragón se hizo presente en este homicidio.

En mayo de 2010 los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado, este último protegido de Chávez Aragón, dejaron libre al asesino confeso de Rubí, Rafael Barraza Bocanegra.

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Pronunciamiento ante el reciente atentado contra Norma Andrade de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Ante el atentado contra Norma Andrade de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa
¡Alto al hostigamiento a las y los luchadores Sociales!
Este viernes 3 de febrero Norma Andrade fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, sufrió un nuevo atentado contra su vida; afuera de su casa en el distrito federal, donde vive desde mediados de diciembre del año pasado, tras tener que exiliarse en esta Ciudad después de sufrir un atentado el 2 de diciembre del año pasado, en Ciudad Juárez, Chih.
Este nuevo intento de acabar con su vida muestra que lejos de brindarle protección y garanticen la seguridad de la activista, el gobierno federal no tiene ninguna intención de propiciarles estas medidas, dejando campo abierto para que se siga atentando contra la vida de los luchadores sociales y la integridad de las mujeres. No podemos seguir esperando que la vida de una activista siga dependiendo del tan podrido y corrupto estado y sus instituciones, permeado por los carteles, donde con la complicidad de aquel, siguen operando las bandas de narcotraficantes, sicarios, paramilitares, etc. Al mismo tiempo que este estado que dice respetar los derechos humanos se niega a cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y sentencias en este sentido.
Esto ocurre mientras los Gobiernos federal y locales mantienen militarizado el país, violan las garantías de miles con allanamientos, participan con sus fuerzas militares y policíacas de levantones o de atentados contra la vida como fue el caso de los normalistas asesinados en Guerrero en un operativo conjunto con el gobierno de ese estado. Ya vemos en manos de quien esta la seguridad de las compañeras, del mismo estado que actúa impunemente y que da manga ancha para que ocurran estos atentados a los luchadores sociales.
A más de un año del asesinato de Marisela Escobedo (16/12/10), otra incansable luchadora contra el feminicidio, este recrudecimiento de la política represiva por parte del gobierno, se hace más evidente ante el ataque a Norma y los asesinatos de Susana Chávez, también luchadora contra el feminicidio, Pedro de Alba, dirigente de la policía comunitaria de Guerrero, que se organizaba contra los ataques de paramilitares y del ejército, Nepomuceno Moreno, integrante del MPJD, y Carlos Cuevas, activista y estudiante de la UNAM. El aumento alarmante de la violencia y los feminicidios, perpetrados por sicarios o paramilitares, está bajo el amparo de la militarización del país y de la impunidad imperante en las instituciones estatales y en los funcionarios públicos. Los casos anteriores son un claro ejemplo del aumento de la paramilitarización y la represión sistemática hacia los y las luchadoras sociales que levantan las banderas de lucha contra el feminicidio y la militarización del país.
Se hace indispensable que los sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos entre otras sean las que breguen por la seguridad de la activista así como de su hija también luchadora social, Malú García y el conjunto de su familia.
Repudiamos el brutal ataque contra Norma Andrade, y no lo desligamos de la larga lista de asesinatos para los que pedimos esclarecimiento en los casos, juicio y castigo a los responsables.
¡Toda nuestra solidaridad con Nuestras Hijas de Regreso a Casa!
¡Por comisiones independientes integradas por defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, de mujeres y de víctimas, que lleven los casos de feminicidio!
¡Alto al feminicidio! Basta de impunidad.
¡Alto a la militarización! Fuera ejército de las calles.

Dan de alta a la activista Norma Andrade; analiza irse del país

MÉXICO, D.F. (apro).- La activista juarense Norma Andrade fue dada de alta este sábado del hospital donde se encontraba internada luego de ser atacada por un desconocido con un arma punzocortante.

Personas cercanas a la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señalaron que ésta permanecerá en un domicilio que por seguridad no fue revelado y bajo la custodia de agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Las autoridades aseguraron que Andrade está fuera de peligro, tras recibir atención médica en la clínica 52 del IMSS debido a la herida que le causaron en el cuello.

La vigilancia especial fue solicitada por el Ministerio Público que abrió la averiguación previa tras el atentado que sufrió la activista la mañana del viernes en su domicilio en la delegación Coyoacán.

La abogada de la activista, Carla Michel Sala, dijo que analizan la posibilidad de que Andrade salga del país, debido a que las autoridades no han respondido a la necesidad de brindarle protección.

NAR condena enérgicamente el atentado contra Norma Andrade

Norma Andrade es una mujer fuerte, no cabe duda. Ha sobrevivido a dos ataques armados contra su persona, pero especialmente ha sobrevivido y vivido con entereza primero, la desaparición y luego, el brutal asesinato de su hija Lilia Alejandra, después de 5 días de torturas, en febrero de 2001; desde esa fecha y hasta diciembre de 2011, Norma se había resistido a dejar Ciudad Juárez.

Fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, junto con Marisela Ortiz y luego otras madres y activistas, Norma ha sido una incansable luchadora social que convirtió su dolor en su fuerza; su trabajo -junto con el de otras y otros muchos-, ha puesto en evidencia la ineptitud, la corrupción y, especialmente la indiferencia de autoridades omisas en los tres órdenes de gobierno.

Después del ataque con arma de fuego en diciembre pasado, por fin sus compañeras y amigos, la convencieron de dejar Ciudad Juárez, con su pequeña nieta (hija de Lilia Alejandra), para trasla`arse a la Ciudad de México, donde supuestamente estaría más segura. Pero la brutalidad la volvió a alcanzar.

Bajo la supuesta custodia de la Procuraduría General de la República, el largo brazo de una oscura fuerza le asestó varias cuchilladas a su ya mermado cuerpo –nuevamente en presencia de su nieta-.

¿Volverán a decir las autoridades que se trató de un intento de robo de automóvil? En su manual de declaraciones tan precipitadas como absurdas, las “autoridades” encontrarán la manera de justificar por qué Norma no estaba siendo vigilada y por qué los agentes designados para su custodia, no aparecieron hasta horas después del ataque. ¿Quién responde por esta cadena de intolerables abusos, violencias, impunidades?

Ante estos hechos, Nuestra Aparente Rendición (que lleva a cabo un proyecto en conjunto con Nuestras Hijas), no puede guardar silencio.

Las 107 mujeres que desaparecieron en 2010 en el estado de Chihuahua, continúan sin ser localizadas, 71 de ellas (66%), son menores de edad. Por ello el trabajo de Norma Andrade, Marisela Ortiz y tantas y tantos otros, que con su labor vuelven evidente la ausencia del Estado, es fundamental.

Como escritores, periodistas, intelectuales, artistas y académicos, los miembros de NAR, señalamos que:

a) Estos hechos ratifican que –pese a la negación del Ejecutivo Federal-, México está ya en manos de un Para-Estado, que opera en lo cotidiano con total impunidad.

b) Que ante la incapacidad visible de los cuerpos de seguridad, es urgente que los Tribunales Internacionales de justicia, derechos humanos y situaciones de crisis, condenen y exijan a las autoridades mexicanas el cumplimiento de las normativas internacionales para salvaguardar la integridad de las y los defensores de derechos humanos.

c) Que no bastan las palabras sentidas y las “enérgicas condenas” emitidas por distintos funcionarios en Twitter u otros medios. La gravedad de la situación exige una respuesta legal y eficiente, la sociedad no puede aguantar más.

d) Que resulta irrebatible el fracaso absoluto de las labores de inteligencia y el trabajo preventivo de la autoridad.

e) Que resulta intolerable y patético que la “agenda electoral” predomine en un momento en el que todos los actores políticos deberían concentrar sus esfuerzos en poner fin a la grave situación de violencia, persecución y muerte en el país.

En NAR, hacemos patente nuestra preocupación y solidaridad con Norma Andrade y con Nuestras Hijas de Regreso a Casa. No más impunidad, no más muertes, no más violencia.

Publicitario, discurso sobre apoyo a defensores: ONG

No sirve el convenio suscrito por Calderón

 

Ángeles Cruz y Rubén Villalpando

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 5 de febrero de 2012, p. 10

Las declaraciones del presidente Felipe Calderón sobre garantizar la protección de los derechos humanos de los activistas han sido sólo un evento publicitario. El mecanismo dado a conocer en julio de 2011 carece, hasta ahora, de contenido, además de que las supuestas medidas para cuidarlos no funcionan, como quedó demostrado con el ataque sufrido por Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, afirmaron organizaciones civiles de derechos humanos.

Durante la visita a México de Navi Pillay, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cobierno federal suscribió el acuerdo por el que se establecieron las bases del mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos. Pero hasta ahora, ese compromiso no se ha traducido en nada que beneficie al sector.
De hecho, según el informe anual de labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los ataques crecieron 23 por ciento en el último año.
En cambio, en todos los discursos en que aborda el tema, Calderón se refiere a una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado, en la cual un aspecto fundamental es la preservación de las garantías fundamentales. No ha sido así para los defensores, señalaron las agrupaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos condenó la agresión. El titular del organismo, José Luis Armendáriz González, señaló: Los activistas sociales, defensores de los derechos humanos, así como los periodistas, son pilares fundamentales en la consolidación de los estados democráticos. Por tanto, el que atenten contra ellos es atacar el orden social y político de la República.

Diversas organizaciones civiles también expresaron su condena al ataque contra Norma Andrade, quien, se supone, gozaba de medidas cautelares por los gobiernos federal y de Chihuhua desde diciembre pasado, cuando resultó herida por arma de fuego.
La evidencia de la impunidad es que a más de dos meses de dicha agresión, todavía no se han esclarecido los hechos, subrayaron los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro, Fray Francisco de Vitoria, la Montaña Tlachinollan, el Comité Cerezo y decenas de organizaciones más de 22 estados de la República.
Expresaron que el nuevo atentado contra Andrade se suma a las agresiones que la defensora e integrantes de su familia y de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa han sido víctimas a causa de su trabajo.
Las autoridades han sido omisas en su responsabilidad de garantizar la protección de la vida de la defensora de los derechos humanos. Es claro, dijeron, que resulta insuficiente que el gobierno federal diga que reconoce la problemática, si en los hechos no se traduce en nada.
Llama la atención que el atentado se haya concretado, pese a que el domicilio de Andrade sólo era conocido por autoridades federales y de Chihuahua.

La SG incumplió acuerdo para proteger a Norma Andrade

Evalúa la activista salir del país, ante la ausencia de autoridad

Periódico La Jornada
Domingo 5 de febrero de 2012, p. 10

La Secretaría de Gobernación (SG) incumplió el acuerdo de diciembre pasado para dar protección a la activista Norma Esther Andrade, quien desde que llegó a la ciudad de México, luego de sufrir un atentado en Ciudad Juárez, Chihuahua, careció de las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física, contraviniendo lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó la abogada de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Karla Michel Salas.

Luego de ser dada de alta del hospital por el atentado que sufrió frente a su domicilio, Norma Andrade y su familia analizan la posibilidad de abandonar el Distrito Federal e incluso salir del país, ante la ausencia de Estado y de autoridad para garantizar su seguridad.
Michel Salas recordó que desde hace mes y medio, antes de que Andrade llegara a la ciudad de México, en el marco de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, se solicitó a la SG protección para la defensora de los derechos humanos, y la dependencia se comprometió a proporcionarle ascolta, lo cual no sucedió.
Fue hasta después de la agresión, la mañana del viernes pasado, cuando fue custodiada por agentes policiacos capitalinos y federales. Sólo el gobierno de la ciudad de México ha manifestado su compromiso de que la protección será permanente, dijo, por su lado, Malú García, hija de la activista.

Michel Salas explicó que desde 2004 las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa por lo menos 30 veces han sido víctimas de amenazas y agresiones, que en la mayoría de los casos han sido denunciadas ante autoridades de Chihuahua y la Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta el momento hayan sido capturados los responsables.
Respecto de la investigación por el ataque, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal pidió la colaboración de la PGR y de la Fiscalía General de Chihuahua, con el propósito de establecer si está relacionado con el que sufrió la activista en Ciudad Juárez en diciembre pasado.
Asimismo, se toman las declaraciones de testigos, con el propósito de realizar el retrato hablado del agresor. Mientras, familiares de la afectada solicitaron al Ministerio Público local que verifique si en la zona donde ocurrieron los hechos hay cámaras de seguridad que pudieran haber captado el atentado.

Norma Andrade: ¿dónde está el Estado?

La agresión cometida anteayer en esta capital en contra de la activista Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, exhibe en toda su crudeza el carácter fallido de la actual estrategia de seguridad pública; fortalece las sospechas de que en el país se desarrolla, a la par del paroxismo de violencia atribuible al narcotráfico y las medidas oficiales para combatirlo, una cacería contra activistas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos, y exhibe la inoperancia de las autoridades de distintos niveles ante la vulnerabilidad en que se encuentran ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia, y la población en general.

Luego de ser baleada a las afueras de su domicilio en Ciudad Juárez, en diciembre pasado, la activista fue trasladada al Distrito Federal bajo custodia de la Procuraduría General de la República; sin embargo, según testimonios de familiares, Andrade se encontraba sin protección al momento de ser agredida con un arma blanca el pasado viernes. Ayer, tras recibir el alta médica, la activista juarense manifestó, por medio de su abogada, que evalúa dejar el país ante la probada incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para protegerla.
Acaso la conclusión más grave de cuantas puedan extraerse de los hechos referidos es una ausencia del Estado, para todos los efectos prácticos, en lo que hace a la protección y salvaguarda de quienes luchan por los derechos humanos, demandan justicia para las víctimas de los delitos y se movilizan por la pacificación del territorio.
Si algo tienen en común los atentados cometidos contra Andrade y los asesinatos de varios miembros de la familia Reyes Salazar, de Marisela Escobedo, de Nepomuceno Moreno, de Trinidad de la Cruz y de otros ciudadanos que han muerto recientemente en hechos violentos, es que todos ellos habían venido denunciando amenazas y acoso de presuntos delincuentes y de las propias autoridades. Pese a ello, los gobiernos nada pudieron o quisieron hacer para impedir que las agresiones continuaran y llegaran, en la mayoría de los casos, a desenlaces trágicos.

Semejante circunstancia indica que las expresiones del gobierno calderonista sobre el supuesto fortalecimiento del estado de derecho a raíz de la estrategia de seguridad vigente –lo que la propaganda oficial llama la semilla de un México seguro– son pura demagogia: aun suponiendo que fuera cierto el argumento de que tomará tiempo al Estado restablecer el imperio de la ley en las zonas del territorio bajo dominio del crimen organizado, resulta inverosímil que las autoridades sean incapaces de dar protección, cuando menos, a activistas que vienen siendo amenazados y agredidos sistemáticamente durante meses o incluso años.
Frente al quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, las autoridades de los distintos niveles!2C empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea discursiva de emitir condenas enérgicas –como hizo la víspera la Secretaría de Gobernación– cada que se presentan hechos como éste, y de formular ofrecimientos de protección que, como ha quedado de manifiesto hasta ahora, no sirven para nada. En lo inmediato, lo que cabe demandar a las autoridades es que pasen al terreno de los hechos: que investiguen las agresiones cometidas contra la activista juarense, garanticen su vida y su integridad física e impidan cualquier agresión en contra de otros dirigentes sociales o activistas de derechos humanos. De lo contrario se extenderá la percepción de un Estado que, en lo que toca a brindar protección a los ciudadanos bajo acecho y a la sociedad en general, es llanamente inexistente.