Marchan en Reforma para protestar por feminicidios

En el estado de México viven “en el país de las mentiras”

Piden declarar la alerta de violencia de género en todo el país

Organizaciones no gubernamentales marchan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Hemiciclo a JuárezFoto María Luisa Severiano Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada

 

Unos 200 manifestantes realizaron ayer una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para protestar por el clima de violencia feminicida que impera en todo el país, y que recientemente ha cobrado la vida de las activistas Marisela Escobedo y Susana Chávez.

Alrededor de las 12:30 horas, la movilización convocada por diversas organizaciones civiles, entre ellas Agenda LGBT, la Liga de Trabajadores Socialistas y Pan y Rosas, partió de la glorieta del Ángel rumbo a la Alameda Central, luego de cambiar de última hora el destino final, que era la Secretaría de Gobernación.

Con pancartas donde se leían frases como “No más violencia contra las mujeres”, “Susana y Marisela, sus voces no se apagan” y “Ni una asesinada más”, los inconformes caminaron por Paseo de la Reforma ocupando sólo un par de carriles.

 

En entrevista con La Jornada, Darla Ávila, integrante del colectivo Mujeres Libres en Resistencia, explicó que la finalidad de la movilización no es exigir soluciones a un gobierno que no puede ofrecerlas, sino mantener visible el problema de las agresiones contra las mujeres.

 

“Estamos hartas de tanta violencia, de esta guerra que sí es guerra, y así la ha mencionado el Presidente. También estamos de luto por lo que pasó con Marisela Escobedo y luego a Susana Chávez, a quien se quiere deslindar de los feminicidios diciendo que su asesinato no tuvo que ver con su trabajo como defensora de derechos humanos”, señaló.

Para la activista, el hecho de que las autoridades se hayan negado a declarar la alerta de violencia de género en el estado de México, alegando que dicha acción en realidad buscaría un golpe político contra Enrique Peña Nieto, es una prueba de que el gobierno “quiere tapar todo lo que está sucediendo y otra vez vivir en el país de las mentiras”.

 

Durante la movilización –que se sumó a la campaña “No más sangre”, iniciada por el caricaturista Eduardo del Río, Rius– se insistió en la necesidad de esclarecer todos los casos de feminicidio, remover a las autoridades incompetentes, tipificar en el código penal el delito de asesinato contra mujeres por motivos de odio y decretar la alerta de violencia de género en todo el país.

Por su parte, Lolkin Castañeda, de la organización civil Sociedad Unida, hizo notar que hasta el momento no se le ha puesto la suficiente atención a la forma en que los medios de comunicación siguen reproduciendo contenidos sexistas y machistas que alimentan al fenómeno de los asesinatos contra mujeres.

 

Maquillan cifras en el Edomex

 

Al término de la marcha se anunció que hoy domingo, a las 18 horas, se llevará a cabo una manifestación frente a la sede de la Procuraduría General de la República, en el número 211 de Paseo de la Reforma, y el lunes se realizarán protestas en varias embajadas de México en el mundo.

Como se publicó en este diario el pasado 2 de enero, en 2010 se registró la cantidad más alta de asesinatos de mujeres en 18 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, con un saldo de 306 víctimas, según datos de la PGR, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Fiscalía General del estado de Chihuahua.

 

En todo el estado, la cifra rebasó los 400 casos durante el año pasado, la gran mayoría de ellos atribuidos a los grupos de delincuencia organizada que pelean entre sí por el control de la venta de droga en la plaza.

Además de Chihuahua, una de las entidades donde el asunto del feminicidio es especialmente grave es el estado de México, pero a pesar de ello, el procurador general de Justicia de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, anunció el pasado jueves una nueva depuración de la cifra de víctimas registradas, que pasó de 944 a 468.

 

De acuerdo con el funcionario, el número se ajustó a la baja debido a que muchas de las mujeres fueron asesinadas en asaltos a casas habitación o murieron en accidentes y no por una cuestión de odio de género, y agregó: “algunas ni siquiera eran originarias del estado de México”, en una declaración que le acarreó múltiples críticas.

“Ni un feminicidio más”

Diversas organizaciones marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir que cese la violencia contra las mujeres Foto María Luisa Severiano

Ni una muerta más

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en las dos décadas pasadas fueron uno de los anticipos más claros de la ola de violencia delictiva que México padece en la actualidad y que afecta a hombres y mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales y de una buena parte del territorio nacional. En efecto, desde mediados de los años 90 del siglo pasado, en esa localidad fronteriza se configuró un patrón de homicidios cuyas víctimas eran mujeres –jóvenes en su gran mayoría, por lo general de clase baja y en situación de desprotección social– y muchas de ellas empleadas en las industrias maquiladoras instaladas en la ciudad; se trataba de crímenes particularmente crueles y violentos, con indicios inequívocos de violencia de género, como mutilaciones y rastros de violación.

El fenómeno suscitó un clamor social local, primero, nacional, y luego internacional, en demanda de justicia y de prevención. Las autoridades de todos los niveles respondieron con negaciones de la realidad, minimizaron los hechos, inventaron culpables y desvirtuaron, en forma sistemática, las averiguaciones. En tales reacciones injustificables tuvo un papel destacado el entonces procurador de Chihuahua, y actual procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

De entonces a la fecha, los feminicidios se han vuelto una atrocidad frecuente en otras entidades, particularmente en el estado de México, y son, hoy, una expresión agravante del auge delictivo que devasta al país, pero las dependencias encargadas de procurar justicia y de garantizar la seguridad de la población no han sido capaces ya no digamos de detener, sino incluso de reducir, el índice de homicidios caracterizados por la violencia de género. Para colmo, nuevas formas de violencia, como los cruentos y espectaculares combates en gran escala entre bandas de maleantes o entre éstas y las fuerzas del orden, han hecho que se reduzca la atención social hacia los feminicidios.

Un hecho particularmente exasperante fue el veto de los gobiernos estatales priístas, en el seno del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a investigar los asesinatos de mujeres en el estado de México, en lo que fue interpretado como un acto de protección a los intereses electorales del tricolor en esa entidad y a las aspiraciones presidenciales del aún gobernador Enrique Peña Nieto.

Por lo que hace a Ciudad Juárez, resulta desoladora la continuidad en los asesinatos de mujeres, manifestada por los homicidios de dos activistas contra ese fenómeno: Marisela Escobedo, a finales de diciembre pasado, y Susana Chávez, hace unos días.

En correspondencia con la irresponsabilidad oficial ante los feminicidios, crece la indignación social y la exigencia de poner un alto a esta vertiente de la barbarie en la que se debate el país. Por ética elemental, por básico sentido humanitario y hasta por motivo de supervivencia, la ciudadanía consciente tiene ante sí el deber de hacer suya la consigna atribuida a Susana Chávez: “Ni una muerta más”, y actuar en consecuencia para exigir un alto a los homicidios de mujeres y a sus secuelas de impunidad.