Hay una epidemia de desapariciones en México, afirma reporte de la Redim

En 2014 se llegó a 1,179 casos de menores de cero a 17 años en esa condición

Blanca Juárez

 

Periódico La Jornada
Viernes 1º de abril de 2016, p. 6

De 2012 a 2014 aumentó 255 por ciento el número de adolescentes femeninas desaparecidas de entre 15 y 17 años, al pasar de 172 a 612, de acuerdo con un reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La situación se agrava al observar que no hay nada que garantice que estén buscando a todas las personas en esa condición, las únicas constantes son la impunidad y la corrupción, sostuvo ayer Juan Martín Pérez García, director ejecutivo del organismo.

Al dar a conocer un reporte sobre niños y adolescentes desaparecidos, que presentará la Redim el próximo 7 de abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el activista afirmó que en México hay una epidemia de desapariciones.

El informe señala que existe un incremento en las desapariciones de niñas y adolescentes de cero a 17 años, que llegó a 191 por ciento. En 2012 se tenían registradas a 404 y dos años después la cifra alcanzó mil 179.

El análisis comprende de 2006 a 2014, y en él se da cuenta que desde el inicio del actual gobierno, en 2012, comenzó un repunte de desapariciones de niños y adolescentes que no ha parado, comentó Pérez García en conferencia de prensa.

En ese periodo de ocho años se reportaron más de 27 mil personas ausentes, de las cuales 30 por ciento son menores de edad; es decir, 6 mil 725. La crisis de derechos humanos en el país ha impactado a ese sector y la mitad de las víctimas de feminicidios son menores de edad, lamentó.

Para realizar el reporte, integrantes de la Redim se basaron en la información que el Centro de Investigación y Docencia Económicas obtuvo y procesó del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Las cifras oficiales, como están presentadas en esa plataforma digital, tienen inconsistencias, por ejemplo, indicar que alguien ya apareció sin dar evidencia de ello.

Tamaulipas, estado de México, Guanajuato, Baja California y Coahuila son las cinco entidades donde más desaparecidos de ambos géneros hubo entre 2006 y 2014. En la primera entidad se registraron mil 914 casos, de los cuales mil 305 eran hombres, y en la segunda, 562, la mayoría mujeres: 396.

En cuanto a municipios, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, ocupan los tres primeros lugares, y le siguen Tijuana, Baja California; y Ciudad Victoria, también en Tamaulipas. La mayoría son localidades fronterizas.

De 2 mil 506 adolescentes desaparecidos entre 2006 y 2014, con edades de 15 a 17 años, mil 628 son mujeres. Es decir, 65 por ciento. La mayoría de los casos ocurrieron en el estado de México, Tamaulipas y Baja California, principalmente. Existe un patrón que vincula al crimen organizado con la desaparición masivade jovencitas, que podrían estar siendo explotadas sexualmente, sostuvo.

La situación cambia para los desaparecidos de cero a cuatro años de edad, pues la mayoría son varones, lo que coincide con las peticiones de familias adoptantes en el país y el extranjero: hombres, pequeños y de tez blanca.

La próxima semana, la Redim buscará apoyo internacional al dar a conocer esta información en la CIDH en una audiencia temática elegida por el organismo entre miles de solicitudes, explicó Pérez García.

Desapariciones: futuro

D

e acuerdo con un informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre 2012 y 2014 los casos de desaparición de niñas y adolescentes menores de 17 años aumentaron 191 por ciento, al pasar de 404 a mil 179. El conteo se inserta en el marco de un estudio más amplio que abarca de 2006 a 2014: durante estos años se reportaron más de 22 mil casos de desapariciones, cuyas víctimas son, en 30 por ciento de los casos, menores de edad. Por añadidura, de acuerdo con el documento, a partir del inicio del actual gobierno federal se observa un despunte de desapariciones de niñas y adolescentes que no ha parado.

Un precedente ineludible de la difusión de estos datos es la presentación, a principios de marzo, de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual se indica que nuestro país pasa por una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años, en la que destacan numerosos casos de desaparición forzada.

Debe recordarse que la respuesta oficial se centró en descalificar el informe –con el argumento de que tenía un sesgo de su metodología inicial– y a enumerar las acciones adoptadas para hacer frente a la situación.

Sin embargo, a raíz de cifras como las dadas a conocer por la Redim, la descripción de la realidad nacional enunciada en el informe de la CIDH es dolorosamente acertada. Más allá de los episodios sobresalientes, como el ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, en perjuicio de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el país padece una proliferación sistemática y creciente de desapariciones y el Estado ha sido incapaz de poner un freno a esos eventos, que desembocan, por lo general, en trata de personas, explotación sexual y laboral, en los casos menos peores, o en ejecuciones extrajudiciales.

Particularmente desgarrador es el incremento exponencial en los casos de niñas y adolescentes desaparecidas, no sólo por el desolador componente de género que se percibe tras ese fenómeno, sino también porque da cuenta de un país y un Estado que nada han hecho por evitar que un componente esencial de su futuro y viabilidad sea literalmente desaparecido, traficado y alienado.

Lo anterior implica que las instituciones siguen siendo omisas en su responsabilidad fundamental y prioritaria de brindar seguridad a los habitantes y garantizar su derecho a la vida. En ese contexto, resulta difícil negar que el país atraviesa por una crisis gravísima de derechos humanos y por un quebranto generalizado del estado de derecho. En el caso particular de las desapariciones, ese quebranto persiste en la medida en que los ausentes permanecen en tal condición.

El primer paso para resolver problemas como el comentado consiste en admitir su existencia; en cambio, la negativa oficial a los diagnósticos que reflejan de manera precisa la exasperante realidad que sufren miles de víctimas y sus entornos familiares abre un campo propicio para la persistencia de estos flagelos.