Pese al cambio de gobierno el flagelo persiste intacto
Viernes 9 de octubre de 2020, p. 12
Amnistía Internacional (AI) México denunció la falta de avance sustantivo por parte del Estado mexicano en el cumplimiento de las recomendaciones que le hizo en 2018 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, específicamente en materia de feminicidio, desaparición de mujeres y alerta de violencia de género.
En un informe que envió a dicho comité, AI señaló que en 2019, las fiscalías estatales reportaron 934 carpetas de investigación por feminicidio, 4.8 por ciento más que en 2018, mientras que de enero a junio de 2020 se registraron 476 carpetas, lo que representa un incremento de 1.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2019.
Añadió que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 3 mil 656 asesinatos de mujeres en 2018 y 3 mil 810 en 2019. Estas cifras representan un aumento de 4.2 por ciento en el número absoluto
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Amnistía Internacional destacó que la impunidad es un factor clave en la persistencia de los feminicidios. Refirió que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de 2015 a 2018 fueron asesinadas en México 12 mil 378 mujeres y únicamente se dictaron 407 sentencias condenatorias por delitos de feminicidio. Agregó que entre 2015 y 2018, en ocho entidades no se dictaron sentencias por asesinatos de mujeres por razones de género.
Respecto de la desaparición de mujeres y niñas, expuso que en los primeros 22 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 11 mil 662 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 24.82 por ciento son mujeres, lo que da cuenta de la continuidad de la problemática
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Sobre las alertas de género, AI indicó que las autoridades tienen activos 21 de estos mecanismos, que si bien han servido para visibilizar violencias sistemáticas contra las mujeres y vacíos legales y en política pública, no se observan cambios sustanciales en la disminución de la violencia feminicida
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