Demanda AI activar alerta de género para frenar feminicidios

• Necesaria, para detener los asesinatos violentos en el estado de México, sostiene
• Se deben derrumbar obstáculos que impiden emitir la declaratoria, dice el director ejecutivo de AI México 
• El observatorio ciudadano documentó más de 800 muertes de 2011 a la fecha

El director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, dijo que corresponde a la SG reforzar la voluntad política formalizando la declaratoria de alerta de géneroFoto Guillermo Sologuren

Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Domingo 12 de julio de 2015, p. 3

Amnistía Internacional (AI) exigió a la Secretaría de Gobernación (SG) activar la alerta de género que solicitó el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, a fin de tener apoyo para frenar el alto número de asesinatos violentos y desapariciones de mujeres en la entidad, así como romper el círculo de impunidad.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México, se pronunció por derrumbar todos los obstáculos que en la práctica impiden que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Snpasevm) declare la alerta en 11 municipios mexiquenses.

Aseguró que esos obstáculos “suscitan serias preocupaciones del compromiso de autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género.

Indicó que la solicitud del gobernador Ávila representa un paso importante en la aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. Ahora, señaló Quiroz, corresponde a la SG reforzar esa voluntad política formalizando la declaratoria de alerta de género.

Ésta, sostuvo, debe ser concebida como mecanismo emergente de intervención del Estado para proteger los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia, no como mecanismo de sanción a los gobiernos.

La intención final de la declaratoria, afirmó, es revertir patrones de comportamiento arraigados en las costumbres políticas y sociales del país, y lograr una respuesta efectiva de diversas autoridades con la participación de la sociedad.

Su activación, destacó, permitirá impulsar políticas públicas que den prioridad a la prevención de la violencia hacia las mujeres en el estado de México, y cumplir las recomendaciones que ha recibido México por los organismos internacionales de derechos humanos.

Urgió a la SG a que presente los resultados del informe del grupo multidisciplinario e interinstitucional para que se conozcan las acciones para atender la situación de violencia feminicida.

Recordó AI que en enero de 2011, el Snpasevm rechazó la declaratoria de alerta de género para la entidad, solicitada por organizaciones sociales.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos solicitarion un amparo que finalmente llevó a una resolución judicial que obliga al sistema a considerar nuevamente su decisión de forma motivada y fundada.

El 28 de abril de 2014, el sistema admitió la procedencia de la solicitud de declaratoria de alerta para el estado de México y comenzó la etapa de investigación.

De septiembre de 2011 a la fecha, el OCNF documentó más de 800 muertes violentas de mujeres, de las cuales menos de una cuarta parte han sido reconocidas e investigadas como feminicidios por la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

Edomex: violencia de género y alerta tardía

Más vale tarde que nunca, podría decirse de la determinación del gobierno del estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, de solicitar la declaratoria de alerta de género en 11 municipios de esa entidad con el fin de fortalecer nuestras políticas públicas a favor de las mujeres e incluso obtener recursos adicionales para canalizarlos al sector.

La decisión referida era lo mínimo que habría podido esperarse de las autoridades mexiquenses ante el cúmulo de asesinatos y actos de violencia con componentes claros de género en la entidad. Debe recordarse que en abril pasado el periódico británico The Guardian documentó que entre 2011 y 2012 un total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el estado de México. Según el mismo rotativo, entre 2005 y 2011 fueron asesinadas mil 200 mujeres.

Ante la gravedad de la circunstancia, resulta explicable que organizaciones de la sociedad civil hayan solicitado la emisión de la alerta de género en la entidad desde hace por lo menos cinco años. Por contraste, es inadmisible la actitud omisa que tuvo el gobierno mexiquense en la atención y el combate a las distintas expresiones de violencia de género que se desarrollan en esa entidad. Un hecho particularmente exasperante es el bloqueo sistemático de los gobernadores priístas, en el contexto del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la solicitud de emitir una alerta de género en el estado de México, lo que en su momento fue interpretado como un acto de protección a los intereses político-electorales del tricolor.

Por lo demás, las circunstancias desfavorables, lacerantes y hasta trágicas que enfrentan las mujeres en esa entidad y el país tienen componentes estructurales que han sido sistemáticamente desatendidos: el desempleo, la precariedad, la carestía, el deterioro educativo, la descomposición de los tejidos sociales, la conjunción de corrupción e impunidad y, en general, el desprecio por la vida humana que se desprende del modelo neoliberal aún vigente, el cual concibe a los seres humanos como objetos susceptibles de ser explotados y desechados.

Por si fuera poco, al igual que otras regiones del país, el estado de México enfrenta una disolución del estado de derecho que coloca a esa entidad en los primeros lugares a escala nacional en robo, secuestro, homicidio y extorsión. En esa circunstancia, los persistentes asesinatos de mujeres, los casos de explotación sexual, la violencia doméstica y los abusos y otras expresiones de violencia de género terminan por diluirse en la violencia a secas y ello merma todavía más las perspectivas de justicia y esclarecimiento para las víctimas.

Es positivo que las autoridades mexiquenses reconozcan una realidad que llevaba mucho tiempo siendo innegable y que coloca a esa entidad como una de las más peligrosas para las mujeres. Pero es necesario que se centren en contener el conjunto de factores que han hecho del territorio mexiquense una negación rotunda de la legalidad.