Más vale tarde que nunca, podría decirse de la determinación del gobierno del estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, de solicitar la declaratoria de alerta de género en 11 municipios de esa entidad con el fin de
fortalecer nuestras políticas públicas a favor de las mujeres e incluso obtener recursos adicionales para canalizarlos al sector.
La decisión referida era lo mínimo que habría podido esperarse de las autoridades mexiquenses ante el cúmulo de asesinatos y actos de violencia con componentes claros de género en la entidad. Debe recordarse que en abril pasado el periódico británico The Guardian documentó que entre 2011 y 2012 un total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el estado de México. Según el mismo rotativo, entre 2005 y 2011 fueron asesinadas mil 200 mujeres.
Ante la gravedad de la circunstancia, resulta explicable que organizaciones de la sociedad civil hayan solicitado la emisión de la alerta de género en la entidad desde hace por lo menos cinco años. Por contraste, es inadmisible la actitud omisa que tuvo el gobierno mexiquense en la atención y el combate a las distintas expresiones de violencia de género que se desarrollan en esa entidad. Un hecho particularmente exasperante es el bloqueo sistemático de los gobernadores priístas, en el contexto del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la solicitud de emitir una alerta de género en el estado de México, lo que en su momento fue interpretado como un acto de protección a los intereses político-electorales del tricolor.
Por lo demás, las circunstancias desfavorables, lacerantes y hasta trágicas que enfrentan las mujeres en esa entidad y el país tienen componentes estructurales que han sido sistemáticamente desatendidos: el desempleo, la precariedad, la carestía, el deterioro educativo, la descomposición de los tejidos sociales, la conjunción de corrupción e impunidad y, en general, el desprecio por la vida humana que se desprende del modelo neoliberal aún vigente, el cual concibe a los seres humanos como objetos susceptibles de ser explotados y desechados.
Por si fuera poco, al igual que otras regiones del país, el estado de México enfrenta una disolución del estado de derecho que coloca a esa entidad en los primeros lugares a escala nacional en robo, secuestro, homicidio y extorsión. En esa circunstancia, los persistentes asesinatos de mujeres, los casos de explotación sexual, la violencia doméstica y los abusos y otras expresiones de violencia de género terminan por diluirse en la violencia a secas y ello merma todavía más las perspectivas de justicia y esclarecimiento para las víctimas.
Es positivo que las autoridades mexiquenses reconozcan una realidad que llevaba mucho tiempo siendo innegable y que coloca a esa entidad como una de las más peligrosas para las mujeres. Pero es necesario que se centren en contener el conjunto de factores que han hecho del territorio mexiquense una negación rotunda de la legalidad.
