Condenamos enérgicamente el intento de asesinato contra la defensora de derechos humanos Norma Andrade

Al Congreso de la Unión, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-México,

A la Secretaría de Gobernación,

A la Procuraduría General de la República,

A la  Comisión Nacional para Preveniry Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM),

Al gobierno del Estado de Chihuahua,

Al Congreso de Chihuahua,

A la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua,

A los medios de comunicación y

A la ciudadanía en general.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil y personasfísicas de la Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Territorio Nacional, la Subcomsión de Educación en Derechos Humanosy la Subcomsión de Ciudad Juárez para Prevenir  y Erradicar la violencia contra la mujer, manifestamosnuestra indignación ante los hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre del añoen curso, en el que fue herida a balazos Norma Andrade fundadora y co-presidenta de laorganización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC) en Ciudad Juárez, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001 y de Malú García Andradeactivista también de NHRC y quien por amenazas de muerte ha tenido que cambiarsu lugar de residencia para resguardarse en la Ciudad de México.

Derivado de sus actividades como defensora de los derechos humanos de las mujeres, particularmente la defensa en el caso Campo algodonero contra elEstado Mexicano, Norma había sido amenazada de muerte sistemáticamente en la escuela donde trabajaba como maestra, por tal motivo, solicitó medidas deprotección, entre las que se incluyen un cambio de sede en su  plaza de maestra para resguardarsejunto a su hija, en el DF.

En este contexto, el 16 de noviembre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso al Gobierno mexicano una serie de medidas cautelaresa favor de la familia Andrade.

Sin embargo, el Gobierno Mexicano no cumplió, fue omiso y simulador dadoque: Norma Andrade sigue viviendo en Ciudad Juárez, su plaza de maestra no hasido cambiada y no contaba con tipo alguno de protección cuando sufrió elatentado.

Norma Andrade es una defensora de derechos humanos que hamovilizado a organizaciones,  instituciones y poderes para acabar con el feminicidio en Ciudad Juárez, su ataque visibiliza aún más la desprotección que el Estadomexicano mantiene contra las defensoras, así demuestra su falta de responsabilidad para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Ante los recientes hechos, así como ante los asesinatos cometidos aotras y otros activistas defensoras/es de derechos humanos en circunstanciasmuy similares, como lo fueron Marisela Escobedo Ortiz y Nepomuceno MorenoNúñez, entre muchos más.

Convocamos a las organizaciones de la sociedad civil del país a que se pronuncien y se sumen a las demandas de exigencia:

• Responsabilizamos     al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, sobre el ataque ocurrido     a Norma Andrade, una vez que no fue capaz de garantizar su vida y     seguridad, asimismo de cualquier otro acto en     su contra o a su familia. 
• Siguiendo     a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigimos al Estado cumpla     y garantice las medidas cautelares para la integridad y seguridad de Norma     Andrade y su familia.
• Exigimos que el     Estado celebre una reunión urgente donde participen los tres órdenes de     Gobierno –Federal, estatal y municipal- la Comisión Nacional de Derechos     Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado     de Chihuahua para girar de inmediato las medidas cautelares a favor de     Norma Andrade, su hija María Luisa García Andrade y para toda su familia.
• Exigimos     la existencia de garantías de protección para las mujeres víctimas de     violencia y defensoras de derechos humanos.
• Exigimos a los     gobiernos federal y estatal establezcan de inmediato un mecanismo que     garantice la protección de todas las personas defensoras de los derechos     humanos en México.
• Demandamos que se     cumplan todas las disposiciones de la Sentencia Campo Algodonero, en la     que la Corte Interamericana especifica acciones para prevenir, investigar     y sancionar a quienes realizan los hostigamientos y agresiones en contra     de las familias y organizaciones que buscan justicia a favor de los     derechos humanos de las mujeres.
• Demandamos un sistema     de protección para defensoras-es de derechos humanos.
• Esclarecimiento de     los hechos a partir de una investigación, pronta, expedita y con la debida     diligencia, donde se sancione al o los responsables de este atentado.
• Exigimos atención     médica especializada durante el proceso de rehabilitación que implique la     recuperación de Norma Andrade. 
• Exigimos se brinde     todo el apoye necesario a la familia con los gastos económicos y cuales     sean las necesidades prioritarias que demande la familia: transporte,     ropa, alimentación, etc.

Subcomisiones firmantes:

Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Territorio Nacional

Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua

Subcomisión de Educación en Derechos Humanos

Amenazan a médicos que atendieron a activista agredida en Juárez

Mauricio Rodríguez
8 de diciembre de 2011
Narcotráfico

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- La activista Malú García Andrade, hija de la también derecho humanista Norma Andrade, quien el fin de semana pasado sufriera un intento de asesinato, denunció que el personal donde su madre estaba hospitalizada fue amenazado por haberle salvado la vida.

También advirtió que una manta con amenazas hacia su persona y su familia fue colocada en la escuela donde trabajaba su madre; sin embargó, el mensaje fue retirado por elementos de la policía municipal y hasta el momento se desconoce su contenido.

García Andrade manifestó que dicha situación pudo haber sido la causa de que su madre haya sido dada de alta de manera repentina el pasado martes, cuando aún se encontraba convaleciente de las heridas provocadas por los cinco disparos sufridos en distintas partes del cuerpo.

En una carta enviada la noche del miércoles, García Andrade dijo que su madre salió el día 6 del hospital y con el traslado tuvo una recaída por sus afectaciones de diabetes, y presión.

La activista social se comunicó ayer a través de las redes sociales para dar a conocer su preocupación por dichos acontecimientos y solicitó a las autoridades seguridad para el personal de la institución hospitalaria y del plantel educativo, así como redoblar esfuerzos en las investigaciones para esclarecer los hechos.

García Andrade dijo que al enterarse de la supuesta manta, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte para solicitar copias fotostáticas de la misma y conocer el contenido, pero le informaron que en ese lugar no la tenían ya que cuando acudieron al lugar donde fue colocada a recogerla, ésta había sido retirada minutos antes por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

La activista social narra que, en primera instancia, la respuesta de la SSPM fue “que desconocía de que estaban hablando y que ninguno de sus elementos habían recogido alguna manta en el lugar en mención, ante la insistencia de Policía Ministerial quienes son los encargados de la investigación del atentado del cual fue víctima mi mamá la SSPM reconoce que efectivamente elementos de su dependencia recogieron la manta pero que desconocen el paradero de la misma”.

Malú García dijo que a estos hechos se suman una serie de llamadas que fueron recibidas durante el martes en el hospital donde atendían a su madre, pues el personal fue advertido que por haber recibido a Andrade, serían víctimas de un atentado.

Esto obligó a que Norma Andrade fuera dada de alta, ya que “sabían que mi mamá se encontraba hospitalizada en el lugar, que yo me encontraba en ese momento con ella y que por tenerla a ella ahí atentarían contra el personal que labora en el hospital, ante estas amenazas y temiendo por la vida e integridad del personal sospechamos que se aceleró la salida de mi mamá del nosocomio”.

Por esta razón, la activista hizo un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez para que solicite al titular de la SSPM Julián Leyzaola Pérez investigue cuáles fueron las patrullas que se encargaron de retirar la manta, los nombres de los agentes, a que se dé un informe detallado de porque la policía municipal no dio aviso a las autoridades investigadoras.

“¿Acaso los agentes de la SSPM están protegiendo a alguien y por eso no entregan la manta ni dan a conocer el contenido de la misma?”, cuestionó García Andrade al finalizar su mensaje.

Más atentados en México

www.fronterad.es /Blog Multiverso

Por Sergio González Rodríguez

La defensora de derechos de las mujeres Norma Andrade sufrió un atentado en Ciudad Juárez, crimen que las autoridades mexicanas han minimizado.

Dicho atentado forma parte de una larga serie de actos criminales que permanecenimpunes:

1) el asesinato diez años atrás de la hija de Norma Andrade, Lilia Alejandra García Andrade);

2) el asedio de policías, funcionarios y personas anónimaspara que Norma Andrade abandonara las pesquisas familiares sobre el asesinatode su hija;

3) las omisiones de las autoridades frente a este asesinato;

4) lanegligencia de las mismas frente a las amenazas de muerte que, a lo largo delos años, han padecido la propia Norma Andrade y Marisela Ortiz, fundadoras delgrupo civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa;

5) en los últimos meses fueronamenazadas de muerte tanto Marisela Ortiz como María Luisa García Andrade, hermana de Alejandra e hija de Norma, por lo que debieron abandonar Ciudad Juárez.

 Las autoridades mexicanas se han mostradoincapaces de brindar protección a ninguna de ellas, como tampoco a otrasactivistas sociales que fueron asesinadas, JosefinaReyes, Susana Chávez, oMarisela Escobedo, quien reclamaba justicia ante el asesinato de su hija y cayóvíctima del ataque de un sicario frente al Palacio de Gobierno del estado de Chihuahuaun año atrás.

  Durante su campaña electoral, Felipe Calderónse comprometió a solucionar la impunidad de los asesinatos de mujeres en CiudadJuárez. En viaje a Italia y ante legisladoras italianas, reiteró su promesa. Nadaal respecto cumplió. Su gobierno ni siquiera ha respondido en forma integral,excepto simulaciones propagandísticas, a la sentencia de la Corte Penal de laComisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó un par de años antes al Estado mexicano por expedientes del Campo Algodonero.

Estos hechos vuelven a evidenciar lacarencia de un Estado de derecho en México, del que es co-responsable tambiénel poder legislativo, y,  frente altema de los derechos de las mujeres, sus comisiones de equidad y género, lassenadoras y diputadas a cargo, quienes al lado de las funcionarias del ramo,son ya figuras decorativas que validan un estado de desorden institucional.

La presunción de legalidad oficial secontradice día tras días frente a un país estragado por la violencia, lainseguridad y la ineptitud de sus instituciones para enfrentar el problema. Díasatrás, fueron asesinados también el activista social Nepomuceno Moreno Núñez enHermosillo, Sonora, y José Trinidad de la Cruz en Aquila, Michoacán.

En México, impera la propaganda y lamanipulación informativa del gobierno y sus vocingleros. Y cunde la furiapresidencial ante las exigencias civiles, síntoma de la frustración ante elfracaso de la estrategia de combate al crimen organizado que emprendió sugobierno: debe recordarse, contra la amnesia gubernativa, que el problemaactual de México inició en gran parte con los asesinatos sistemáticos contramujeres en Ciudad Juárez hacia 1990, debido a la corrupción y la impunidadpropiciada por los acuerdos del poder económico-político y el crimen organizadoen tal frontera, y bajo la connivencia del gobierno federal

A la fecha, y a pesar de los programas deseguridad que el gobierno federal emprendió en Ciudad Juárez, esta localidadpermanece como la más violenta del país, con 300 homicidios al mes de acuerdocon las estimaciones oficiales. De poco vale que el gobierno actual culpe a losanteriores de la situación presente. O que busque legitimarse a través de“diálogos” demagógicos que cuentan con la complacencia de algunos dirigentes degrupos civiles,  como los del Movimientopor la Paz con Justicia y Dignidad. El altísimo índice de violación a derechoshumanos por parte de policías, soldados y marinos bajo el pretexto del combateal crimen organizado delata una disfunción institucional: se trata de delitossistémicos, es decir, pertenecientes o relativos a la totalidad del sistema deseguridad, un hecho que ningún alegato de legalidad interna o externa puedecancelar. Mucho menos justificarlo mediante el apego a los acuerdos internacionalesde respeto a derechos humanos mientras se tolera su incumplimiento dentro del país.

La erosión institucional de ahora es unasunto gestado a lo largo de los años, algo que pocos quieren observar y recordar,e implica a funcionarios, ex funcionarios, policías, militares y protagonistas políticosde diversos partidos, además de empresarios y capitalistas.

La acusación reciente de 23 milciudadanos mexicanos, encabezados por académicos y ex funcionarios, contra FelipeCalderón en la Corte Penal Internacional de la Haya por delitos de lesahumanidad y crímenes de guerra, desató las amenazas presidenciales: “elgobierno explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra dequienes realizan calumnias, acusaciones temerarias”. Quiere pasar por alto quela propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla elderecho de que se demande al presidente de la República. En la fase terminal desu gobierno, Calderón se queja de que se le quiera comparar con Hitler yMilosevic, y se ha quedado solo en tierra de nadie: carente de legalidad y delegitimidad. Sujeto ya al escrutinio internacional, como tanto otros“demócratas” latinoamericanos que dijeron “apegarse a la ley” y se hundieron alfinal en la tradición autoritaria del continente.

Bajo tal contexto, la Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha declarado a México el segundopaís con mayor desigualdad entre sus afiliados, causa fundamental de la crisisdel país. Basta de mentiras, engaños, triunfalismos falsos.

En este momento, se divulga que acaban derecibir nuevas amenazas de muerte Norma Andrade, María Luisa García Andrade yMarisela Ortiz del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Policía municipal desaparece evidencia de amenazas contra madres de Juárez

REDES SOCIALES.- Las amenazas se han intensificado contra Norma Andrade, y se han extendido a su hija Malú García Andrade, así como a otras madres de Juárez, que han dado seguimiento a los feminicidios y desapariciones de sus hijas. Ahora de manera pública, denuncia Malú García en un comunicado a las redes sociales, que "colocaron una manta amenazante en el lugar de trabajo de su madre", y pese a la confirmación de la Fiscalía del Estado y autoridades ministeriales, la activista de la organización Nuestra hijas de regreso a casa, señala que la evidencia fue retirada y desaparecida por miembros de la Policía Municipal.

De acuerdo a la confirmación de las autoridades de la Fiscalía, la manta con la amenaza fue recogida por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y Malú García Andrade solicitó información detallada del mensaje porque incluía, además de su nombre, el de otras madres de Juárez quienes han sido acosadas anónimamente ya en otras ocasiones. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) negó los hechos y dijo que “que ninguno de sus elementos habían recogido alguna manta en el lugar en mención".

A esta situación, continúa el comunicado de García Andrade, “se suma que recibieron llamadas telefónicas en el lugar donde se encontraba hospitalizada mi mamá", según mencionó el mismo personal del hospital a la Policía Ministerial, por lo que se sospecha que Norma Andrade habría sido de alta con premura. "Los sujetos que llamaron, afirma el comunicado de García, mencionaron que sabían que mi mamá se encontraba hospitalizada en el lugar, y que yo me encontraba en ese momento con ella y que por tenerla a ella ahí atentarían contra el personal que labora en el hospital”.

Es en este contexto, se explica en el comunicado público, que las amenazas al personal del hospital también han sido frecuentes en otros casos similares, por lo que "que varias clínicas privadas han realizado convenios con el gobierno de Estado de Chihuahua para no admitir a personas que hayan sido agredidas por impactos de bala y se trate de casos de alto riesgo”. Las constantes amenazas, en algunos casos han terminado en asesinatos de enfermeros y médicos que atienden a personas con este tipo de agresiones.

Malú García circula en las redes sociales cinco cuestiones sobre las nuevas amenazas contra Norma Andrade, contra su propia persona y contra otras madres de Juárez, por lo que solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, y hace un llamado de solidaridad y atención a los organismos de derechos humanos internacionales:

1. Se solicita al titular de la SSPM, Julián Leyzaola, investigue ¿cuáles fueron las unidades de la SSPM que arribaron al lugar donde labora Norma Andrade con la finalidad de retirar la manta?

2. ¿Cuáles son los nombres de los agentes que acudieron al lugar?

3. ¿Por qué la SSPM no dio parte a la autoridad correspondiente para que fuera retirada y analizada la manta por peritos expertos?

4. Se solicita la sanción de los agentes de la SSPM por no haber dado parte a la Policía Ministerial y por ocultar evidencia, ya que están obstruyendo una investigación sobre hechos graves.

5. ¿Acaso los agentes de la SSPM están protegiendo a alguien y por eso no entregan la manta ni dan a conocer el contenido de la misma?

Responsable de la edición Guadalupe Lizárraga.

Atentado contra Norma Andrade: suma de impunidad y negligencia

* Sin respuesta, medidas de protección para defensoras

Anayeli García/Patricia Mayorga

México, DF.- El intento de homicidio contra la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, se suma a los cinco casos de amenazas y cinco asesinatos de defensoras de Derechos Humanos (DH) que han denunciado la impunidad del feminicidio y la trata de mujeres en Ciudad Juárez.

Cerca de las dos de la tarde del pasado viernes, Norma Andrade, una de las pioneras en documentar y acompañar los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Juárez, recibió cinco impactos de bala cuando pretendía abordar su camioneta para ir a trabajar. Ahora permanece hospitalizada.

Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años que desapareció el 14 de febrero de 2001 y fue encontrada asesinada el 21 de febrero del mismo año en un predio de localidad fronteriza.

Desde entonces Norma, junto con su hija María Luisa García Andrade –conocida como Malú– y la maestra Marisela Ortiz fundaron Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

LOS HECHOS

Norma, quien también es profesora, se encontraba afuera de su casa y en compañía de sus dos nietos, hijos de Lilia Alejandra, cuando fue atacada por un sujeto que disparó un arma de fuego provocándole heridas en torso, hombro derecho y la mano derecha.

De acuerdo con la vocera de la organización, Adazahira Chávez, la activista fue operada ayer para reconstruirle la mano y ponerle un clavo en el hombro derecho.

Al respecto, Malú señaló que la operación fue exitosa, pero debido a que Norma padece diabetes, ha resultado difícil controlarle la alta presión y el azúcar. “Está mejorando, pero aún está delicada”, reportó.

La vocera dijo a Cimacnoticias que según datos proporcionados por compañeros de trabajo de la escuela primaria donde Norma daba clases, a las 8 de la mañana de ese viernes sujetos desconocidos hablaron por teléfono al plantel preguntando “si había llegado a trabajar y a qué hora se presentaría”. Este hecho debe ser investigado, advirtió Chávez.

Malú, quien permanecía refugiada al interior de la República, regresó el pasado sábado a Juárez para apoyar a su madre, cuidar a sus sobrinos y exigir que se investigue el atentado. Ayer María Luisa y el fiscal de la Zona Norte, Jorge González Nicolás, se reunieron en privado para ver cómo van las investigaciones.

En este encuentro, la también luchadora social le pidió al fiscal que declarara públicamente que el atentado fue un intento de homicidio y no un robo como se ha manejado, a lo cual accedió; sin embargo, hasta el momento no hay una declaración pública y por el contrario, la protección policiaca que había en el hospital esta mañana fue retirada.

María Luisa refirió que ella y su madre eran custodiadas por agentes de la Fiscalía de la Zona Norte, pero sin mayor explicación hoy fueron retirados del lugar, dejándolas en la total indefensión, acusó.

OTROS CASOS

El atentado contra Norma se suma a las amenazas que recibieron María Luisa García, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González; y se agrega a los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes. Todas ellas defensoras de DH en Ciudad Juárez.

Aunque desde 2008 María Luisa García y Marisela Ortiz cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y pese a que a finales de septiembre pasado María Luisa pidió a las autoridades federales y estatales que las medidas de protección se ampliaran a favor de su madre, ellas han sido blanco de hostigamiento y amenazas.

La madrugada del pasado 10 de marzo apareció una manta con frases intimidatorias en la escuela secundaria donde Marisela Ortiz daba clases en Juárez. Tras los hechos se vio obligada a abandonar el país y a refugiarse en Estados Unidos.

María Luisa García también tuvo que salir de Juárez y dejar a su madre, luego de que la madrugada del pasado 17 de febrero unos desconocidos quemaron el techo de su casa mientras ella estaba en un plantón en apoyo a la familia Reyes Salazar, una familia que también ha sufrido amenazas y asesinatos.

Cabe recordar que el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada la activista Marisela Escobedo, quien buscaba justicia para su hija, Rubí Marisol, asesinada en 2008. A ella un hombre le disparó en la cabeza a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde instaló un plantón de protesta.

Organizaciones civiles han exhortado a las autoridades a adoptar un mecanismo nacional de protección eficaz que garantice la seguridad de todas las personas que se dedican a la promoción y defensa de los DH. El pasado 7 de julio, el gobierno federal publico un acuerdo para crear ese mecanismo, pero a la fecha está pendiente.

POSIBLE REPRESALIA

La abogada de la familia, Karla Michel Salas, quien se encuentra en Juárez para participar en un foro sobre feminicidio, explicó que ya se integró una carpeta de investigación (averiguación previa) que incluye testimonios de vecinos y de los trabajadores de la escuela que recibieron las llamadas intimidatorias.

Salas afirmó que hay elementos suficientes para acreditar que no se trató de un robo sino de un atentado planeado por un grupo de sujetos que tenían el claro objetivo de asesinar a la activista, por lo que confió en que las investigaciones prosperen.

La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro, dijo que aunque la primera reacción de la Fiscalía fue asegurar que el ataque se debió a un robo, el respaldo de 75 organizaciones civiles del país y la exigencia de la familia de la activista llevaron a las autoridades a abrir la investigación por intento de homicidio.

Castro dejó entrever que el atentado contra la activista podría estar ligado a las denuncias que ha hecho por la desaparición y asesinato de mujeres, entre ellas Adriana Sarmiento Enríquez, joven de 15 años que desapareció el 18 de enero del 2008 cuando se dirigía de la preparatoria a su casa.

La joven fue localizada asesinada el 5 de noviembre de 2008, y después de tres años, el 29 de noviembre de 2011, se notificó su identidad a pesar de que fue identificada desde julio de 2011. Cabe mencionar que el mismo día del atentado contra Norma, grupos civiles asistieron al entierro de Adriana Sarmiento.

MADRES EXIGEN INVESTIGACIÓN

Norma, quien perdió a su hija asesinada, también exigió justicia para Adriana, al igual que el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que en reiteradas ocasiones han exigido el cotejo de ADN entre los cuerpos de mujeres sin identificar con los de las desaparecidas.

El pasado viernes, estas agrupaciones pidieron la implementación de procedimientos expeditos y confiables en la identificación de las mujeres, e información precisa en tiempo y forma a las madres y familiares sobre los resultados de las investigaciones.

Tan sólo en 2011 el Comité de Madres y la Red han documentado la identificación de cuatro mujeres localizadas asesinadas en Chihuahua: Hilda Gabriela Rivas Campos, el 13 de abril; Janeth Rivera Chávez, el 20 de septiembre, y Mónica Liliana Delgado Castillo, el 27 de septiembre. Todas desaparecidas en años anteriores.

Las activistas denunciaron que el gobierno estatal y local son negligentes al no realizar una investigación científica y oportuna en los casos de jóvenes y niñas desaparecidas, y mencionaron que el caso de Adriana Sarmiento es un ejemplo de la ineficacia de las autoridades, las que no generaran líneas de investigación serias.

“No toleramos que se siga reproduciendo lo vivido desde 1993 y que sigamos denunciando lo plenamente señalado en la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, que continúen las prácticas negligentes, deficientes e ineficaces de las autoridades competentes”, indicaron en un comunicado el Comité de Madres y la Red.

Asociaciones tinerfeñas expresan su condena al atentado sufrido por Norma Andrade

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife y la Asociación Mercedes Machado han decidido sumarse a los manifiestos de diversas organizaciones nacionales e internacionales expresando su condena al atentado sufrido por Norma Andrade, activista de la defensa de los Derechos Humanos y confundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

A través de un comunicado de prensa, han expresado su repulsa ante estos hechos y ha solicitado y exigido al Gobierno de la República Mexicana, al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Chihuahua, César Durate, todas las medidas necesarias para el traslado de la familia de Andrade a la ciudad de México.

Asimismo, hacen responsable al Gobierno mexicano de cualquier daño que puedan sufrir en Juárez y/o en el Distrito Federal tanto Norma Andrade como su familia, al tiempo que han requerido la apertura de una investigación, así como que se castigue a los culpables del atentado.

¿Cacería de activistas?

El secuestro y posterior asesinato del líder comunero Trinidad de la Cruz –ocurridos entre el martes y ayer en localidades de la costa michoacana–, así como el levantón –en el trayecto de Petatlán a Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero– de los activistas campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, todos ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), son los eslabones más recientes de una cadena de agresiones en contra de activistas de esa organización. Apenas el pasado 6 de octubre, en Santa María Ostula, Michoacán, fue asesinado a tiros el comunero Pedro Leyva Domínguez, quien se desempeñaba como integrante de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunitaria, y como representante del MPJD en ese municipio michoacano. Menos de dos meses después, el 28 de noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez fue abatido en Hermosillo, Sonora, tras haber recibido amenazas anónimas por parte de presuntos policías estatales.

 

La lista, sin embargo, no se circunscribe a integrantes del citado movimiento: hace casi dos años –en enero de 2010– fue asesinada la activista juarense Josefina Reyes, quien desde 2008 emprendió movilizaciones por la desaparición de uno de sus hijos, y el hecho marcó el inicio de una cadena de agresiones contra varios miembros de su familia. En diciembre de ese mismo año, Marisela Escobedo, madre de una joven asesinada, fue ultimada de un balazo frente al palacio de gobierno de Chihuahua. Y apenas el viernes pasado, Norma Andrade, dirigente de la organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de gravedad a las afueras de su domicilio.

Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada a raíz de la guerra contra el narcotráfico, el país asiste a una cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma particularmente trágica.

Ante el quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, y frente a los indicios de lo que pudiera ser una campaña de eliminación de activistas, luchadores sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, los gobiernos de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea argumentativa de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la adecuada y que no debe, por tanto, ser modificada: la continuidad en las agresiones comentadas exhibe el carácter contraproducente de la política de seguridad en curso. Se ha puesto en evidencia que las autoridades no son capaces de dar protección, cuando menos, a aquellos sectores de la sociedad a los que han erigido como sus propios interlocutores.

En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos estatales y federal investigar las muertes y agresiones referidas. En caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública –además de los más de 50 mil muertos y de una creciente descomposición institucional– son la ampliación de los márgenes de maniobra para la eliminación de activistas políticos y sociales, y el retroceso del país a escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos.

Desde que no estás

Desde que no estás - trailer from Lilith Producciones on Vimeo.

DESDE QUE NO ESTÁS
testimonios de las madres de Juárez
Rodado en Ciudad Juárez, México (2006-2008)

Escrito, dirigido y editado por Rossella M. Bergamaschi
Fotografía de Eduardo Rangel
Música original de William Guillén Narro
©Lilith Producciones           

Colocan manta con mensaje amenazante donde trabaja mi mamá Norma Andrade y amenazan al personal donde estaba ella hospitalizada

Hola a tod@s:

El día de ayer Martes 6 de diciembre les mencione que mi mamá había sido dada de alta y que con el traslado tuvo una recaída por su situación de diabetes, presión y que aún está un poco débil por lo ocurrido.

Hoy me entero por parte del personal docente del plantel educativo donde labora mi mamá mencionan que unos sujetos colocaron una manta. Los vecinos cercanos al plantel educativo mencionan desconocer el contenido exacto de la manta lo único que alcanzan a leer de la leyenda es que: venía mi nombre con letras rojas y que lo ocurrido a mi mama había sido solo un susto. De igual marera mencionan algunos otros nombres pero desconocemos de quien más se trate.

Ante estos nuevos hechos me dirigí a las instalaciones de la fiscalía con la finalidad de que me proporcionaran copias fotostáticas de la manta y de su contenido exacto para coadyuvar con la autoridad y tratar de dar con los responsables. Al llegar me entreviste con el Ministerio Público y el Comandante a cargo de la investigación así como la asesora del Fiscal de la zona norte, una vez en el lugar ellos me confirmaron que acudieron al lugar donde labora mi mamá con la finalidad de recoger la manta mencionándoles vecinos del lugar de los hechos que momentos antes habían arribado al lugar unidades de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) retirando la manta, por lo que los Agentes Ministeriales ya se encontraban haciendo las diligencias correspondientes para que la SSPM les entregara la manta.

La respuesta de la SSPM fue que desconocía de que estaban hablando y que ninguno de sus elementos habían recogido alguna manta en el lugar en mención, ante la insistencia de Policía Ministerial quienes son los encargados de la investigación del atentado del cual fue víctima mi mamá la SSPM reconoce que efectivamente elementos de su dependencia recogieron la manta pero que desconocen el paradero de la misma.

A estos hechos se le suman que el día de ayer se recibieron unas llamadas en el lugar donde se encontraba hospitalizada mi mamá mencionando el personal del hospital a Policía Ministerial que los sujetos que realizaron la llamada mencionaron que: sabían que mi mamá se encontraba hospitalizada en el lugar, que yo me encontraba en ese momento con ella y que por tenerla a ella ahí atentarían contra el personal que labora en el hospital, ante estas amenazas y temiendo por la vida e integridad del personal sospechamos que se aceleró la salida de mi mamá del nosocomio, esta misma información fue corroborada por parte de uno de los agentes que están a cargo de la investigación del atentado de mi mamá ya que mencionan que algunas clínicas particulares tienen un convenio con Gobierno del Estado donde no admitirán a personas que hayan sido agredidas por impactos de bala y que se trate de casos de alto riesgo ya que en meses atrás en ciudad Juárez a enfermeros y médicos se les ha amenazado y algunos los han asesinado por atender a personas con estas lesiones, el Agente Ministerial me menciona que al nosocomio se le informo que mi mamá entro por un supuesto “carjakin”. Al darse cuenta el personal del hospital del alto riesgo en el que está mi mamá y al verse amenazado el personal aceleró la salida de mi mamá.

Es realmente lamentable que por la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad los propios hospitales se tengan que ver orillados a restringir la atención a pacientes con estas características.

Por todo lo arriba mencionado hoy miércoles solicite a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez que:

1. solicite al titular de la SSPM Julián Leyzaola investigue ¿cuáles fueron las unidades de la SSPM que arribaron al lugar donde labora mi mamá con la finalidad de retirar la manta?

2. los nombres de los agentes que acudieron al lugar.

3. se informe por qué la SSPM no dio parte a la autoridad correspondiente de la manta para que fueran ellos los que retiraran la manta para que esta fuera analizada por peritos expertos

4. la sanción de los agentes de la SSPM por no haber dado parte a Policía Ministerial y por ocultar la manta ya que están obstruyendo la investigación

¿Acaso los agentes de la SSPM están protegiendo a alguien y por eso no entregan la manta ni dan a conocer el contenido de la misma?

Es por eso recurro a tod@s ustedes, amig@s, compañer@s, medios de comunicación, instituciones etc. Para que le hagan llegar de diferentes partes las peticiones al titular de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal para que dé respuesta y se proceda de inmediato ya que esta pudiera tratarse de información de suma relevancia para la investigación.

Por otra parte quisiera mencionar que si bien es verdad que la autoridad ya cuenta con el retrato hablado de uno de los sujetos que participaron en el atentado de mi mamá se trata de la persona que pudiera haber estado conduciendo en vehículo que aborda la persona que dispara contra mi mamá.

De antemano agradecemos a tod@s su apoyo, solidaridad y el que sigan al pendiente de la salud de mi mamá, de la seguridad de ambas y de la investigación del atentado.

Malú.