domingo, 8 de julio de 2018

Cientos de casos de feminicidios en espera de investigación; Javier Corral no responde...


Sanjuana Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 8 de julio de 2018, p. 11
Ciudad Juárez, Chih.
La colonia Lomas de Poeleo es un llano enorme de desierto polvoriento ubicado al poniente de esta ciudad, famosa por los feminicidios y la lucha por la tenencia de la tierra. Colindante con El Paso, Texa. Por estas calles sin pavimentar, la pobreza y la inseguridad se juntan y también la reivindicación de la justicia.
Para llegar a la casa de doña Paula Flores es necesario recorrer zonas de marginación por donde ni la policía ni los taxis quieren entrar. Es de noche y las alimañas andan al acecho, como aquel 16 de abril de 1998, el día que su hija María Sagrario González, de 17 años, desapareció cuando iba rumbo a la maquiladora donde trabajaba junto con su papá y su hermana mayor.
Han pasado 20 años y doña Paula no ha dejado de pensar en ella ni un día de su vida: A los dos meses de cambiarle el turno desaparece. Salió a las 4:30 de la mañana y mi hijo la echó en la ruta 10 y ahí en el centro se bajó para agarrar la ruta central. Antes y ahora, las muchachas siguen desapareciendo al llegar al centro de la ciudad, dice doña Paula, mientras sus hijas preparan enchiladas para cenar y sus nietos van llegando de la escuela o el trabajo.
Añade: Pensamos que se había quedado tiempo extra en la maquiladora. Dimos avisos a la policía municipal, pero no quisieron actuar porque había que esperar 72 horas; la buscamos en hospitales. Duró 14 días desaparecida.
El día 29 de abril María Sagrario apareció sin vida en el otro extremo de la ciudad. Encontraron su cuerpo en Loma Blanca en el siniestro Valle de Juárez, donde han encontrado decenas de restos de jovencitas asesinadas: Fue violada y estrangulada, tenía seis puñaladas. Hasta ahorita sigue el misterio. ¿Por qué?.
Zorros del Desierto
Las ocho cruces rosas destacan al final de Lomas de Poleo. Entre la tierra suelta, el calor sofocante, la desolación, los nombres de las mujeres y niñas víctimas de feminicidio que la agrupación de vecinos como doña Paula, Zorros del Desierto, rastrearon hasta encontrar sus cuerpos.
Luego se convirtieron en detectives. Doña Paula y su hija Guillermina se unieron al grupo Voces sin Eco y pintaron cruces negras con fondo rosa, convertidas ahora en símbolo de los feminicidios: Estas niñas tenían el mismo perfil como Sagrario, niñas tranquilas, como mi hija que pertenecía al coro de la iglesia y le gustaba escribir poesía, hay muchas niñas así en las estadísticas.
Doña Paula buscó al asesino de su hija hasta encontrarlo. Se trata de José Luis Hernández Flores, alias Manuelillo Gatica, encarcelado desde 2005 y sentenciado a 29 años de prisión, aunque piensa que no actúo solo, sino que fue por encargo de autoridades coludidas, los llamados mulones (agentes judiciales):
Siempre se lo hemos atribuido al propio gobierno. A José Luis le pagaron 500 dólares para que los llevara donde mi hija trabajaba. Sigo creyendo en su primer declaración cuando mencionó nombres y retratos hablados, da domicilios de quienes le pagaron, pero para las autoridades esas otras personas no existen y lo quieren ver como único responsable.
Luego lo trasladaron a la prisión de Puente Grande, Jalisco: Es un chavo que se crió en la calle. Él se juntaba con los hijos de mi cuñado. Desde que llegamos notamos que le gustaba mi hija. Siempre fue un sospechoso porque después le dio remordimiento y nos dijo que la buscáramos en Loma Blanca pero se fue y nunca lo buscaron. Tenían abandonado el caso. Hasta que vuelve en 2005. Y se lo entregamos a la policía.
▲ Paula Flores, madre de Sagrario González, víctima de femincidio.Foto Sanjuana Martínez
Añade: Pero los verdaderos y principales asesinos de mi hija siguen libres, si es que aún viven. Las autoridades quieren dar carpetazo, pero yo como madre nunca lo he permitido. Son 20 años y no han hecho nada.
Por eso, doña Paula está exigiendo la reconstrucción de hechos que nunca hicieron: Se nos negó. Yo aunque pida limosna quiero ir para ver si realmente está en Puente Grande, Jalisco, o en Oaxaca ahora. Que lo traigan, es lo que estamos pidiendo, pero no nos hacen caso.
Sin justicia
María Sagrario luce sonriente en la foto que su madre mira con cariño infinito. Dice que el gobernador Javier Corral no ha hecho nada por el esclarecimiento de cientos de feminicidios aún sin resolver: No ha hecho nada, es como todos los gobernadores. Las autoridades siempre nos han tratado así. Mucho respeto y mucha labia, pero no tienen ética. No hay cambio.
La investigación sobre el asesinato de su hija, dice, es la más sucia que ha existido. El primer examen de ADN que hicieron a su cuerpo salió negativo, con la fiscal Silvia Loya: Nos mandó llamar para preguntarme si mi hija era adoptada. Luego hicieron la exhumación sin nosotros, nos hicieron las pruebas otra vez y salió positivo.
Sin embargo, doña Paula se dirigió al cementerio y vio que la tumba de su hija estaba intacta: Todo estaba igual. Era mentira. Fue un 2 de junio y les reclamé y me enseñaron un documento donde decía fosa 73 y mi hija esta en la 74. Se equivocaron de tumba. Y otra vez, salieron negativos.
Y lamenta la forma de trabajar de las autoridades: “Sin ser investigadora descubrí todas las mentiras. Y fui a denunciarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y me extraña que aún no se pronuncien porque ahí están todas las pruebas de que el Estado mexicano no ha hecho una investigación seria.
Doña Paula tiene seis hijos y sigue luchando por la verdad, por eso espera que la CIDH resuelva: Estoy pidiendo que se castigue a todos los funcionarios que hicieron mal las cosas y que hasta ahora las siguen haciendo, siguen cometiendo terribles errores con mi hija y con muchas más niñas.
Confiesa que está cansada, pero no quiere permanecer en silencio: Es desgastante, se me está yendo la vida en esto, nos llevamos entre las patas a nuestros hijos que nos quedan. He perdido muchos momentos con ellos haciendo antesalas, buscando justicia, pero es la misma impunidad. No hay justicia. Esto va a seguir.
Doña Paula sigue retocando las cruces rosas pintadas en los postes de las calles principales y todavía hay gente que le pregunta qué significan. Quiere que sean un símbolo de la tragedia, una advertencia para las demás niñas y mujeres de esta ciudad.
La última vez que soñó a su hija, cambió todo: “La soñé y le dije: hija ya no te vayas, pero ella me respondió: Mamita, ya no quiero que llore, prométamelo. Y así deje de llorar, pero mientras no haya justicia no la dejo descansar. Ni modo. Voy a seguir, no me he vuelto loca porque Dios es grande”.

viernes, 29 de junio de 2018

En 2018, la mayor cifra de asesinatos de mujeres desde 2015, con mil 75 casos: SG


Casi todos los ataques al sector se consideran lesiones dolosas o culposas
Fabiola Martínez.
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 11
El mayor número de agresiones cometidas contra las mexicanas son clasificadas como lesiones dolosas o intencionales.
Los registros revelan que a nivel general, la menor parte es ataque con arma de fuego o blanca, de ahí que se abre la posibilidad de que las lesiones dolosas en mención sean producto sustancialmente de golpizas, según funcionarios consultados.
En lo que va de este año, casi 80 por ciento de las víctimas fueron clasificadas en el rubro de lesiones: 62.4 dolosas y 16.1 culposas (quien las comete no tenía intención de hacerlo).
Cifras oficiales indican que de enero a mayo fueron denunciados en el país 24 mil 436 casos de lesiones dolosas, en una dinámica ascendente, de casi 6 mil casos cada mes. En abril, por ejemplo, fueron 5 mil 157, y para mayo subió a 5 mil 770.
Por cúmulo de expedientes, el estado de México está en primer sitio, con 6 mil de las poco más de 24 mil denuncias; le siguen Guanajuato, con 2 mil 443, y Jalisco, con mil 920.
Las mujeres continúan en el foco de la violencia, desde las lesiones hasta los feminicidios, según estadísticas difundidas esta semana por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información oficial que le hacen llegar procuradurías y fiscalías estatales.
Si bien en mayo se redujo el número de asesinatos de mujeres (de 70 perpetrados en abril bajó a 56), en el recuento de los primeros cinco meses del año, 2018 sigue como el más crudo de los tres recientes.
En el mismo periodo de 2015, los feminicidios registrados fueron 154; en 2016, también en ese lapso, 251, y en 2017, 280, esto es, 35 menos que de enero a mayo del año en curso.
Actualmente, Veracruz está a la cabeza, con 28 de estos hechos de violencia extrema.
En segundo sitio se ubica Nuevo León, con 27; en tercero, estado de México, con 25; cuarto, Chihuahua y Guerrero, con 20 cada uno, y Ciudad de México y Sinaloa, con 19.
Por grupos de edad, la mayoría (42 de 58 casos) de las víctimas eran adultas y ocho niñas, pero en ocho casos más no se especifica.
Si se toma en cuenta el lugar de los hechos, los municipios de Culiacán, en Sinaloa; Ciudad Juarez, Chihuahua, y Monterrey, Nuevo León, son los que concentran este año el mayor número de esos crímenes.
A escala nacional, asesinaron a mil 75 mujeres en el lapso referido. Sin embargo, las características de los hechos no fueron suficientes para calificarlos de feminicidio, sino de homicidio doloso, salvo en Sinaloa, donde toda muerte violenta de mujer se describe y se atiende como tal.
También hay nuevos picos en llamadas de emergencia por abuso sexual, acoso y hostigamiento, así como violencia de pareja y familiar.
En incidentes de abuso sexual, en mayo hay un récord de 491 llamados de auxilio. Es el nivel más alto desde la recopilación de estos datos, en 2015.

Otras notas de Política Trabas y burocracia desalientan el voto de paisanos en el exterior, denuncia movimiento migrante En 2018, la mayor cifra de asesinatos de mujeres desde 2015, con mil 75 casos: SG Más de 230 feminicidios cada mes en el país: ONG Su trabajo periodístico, la principal línea indagatoria en crimen de Valdez: PGR Alargan tres meses proceso penal contra El Larry, presunto homicida de Breach EU quita visa a periodista de Juárez que tomó fotos a centro de detención de niños Noticias de Hoy Más de 230 feminicidios cada mes en el país: ONG


Arturo Sánchez y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 11
Cada mes se registran más de 230 feminicidios en México. Es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años, afirmó la ingeniera geofísica María Salguero, quien elaboró el Mapa del Feminicidio, con base en información publicada en los periódicos del país y con el apoyo de herramientas digitales. Sobre el tema, organizaciones civiles y colectivos de familiares afirmaron que el estado de México es una de las entidades con más casos de violencia contra ese sector a escala nacional.
Señalaron que sólo en esa entidad se han reportado mil 790 casos de desaparición de niñas, adolescentes y adultas entre 2015 y 2017; exigieron a las autoridades emitir la alerta de violencia de género para varios municipios de la entidad, por los sistemáticos casos de desapariciones de mujeres, de las cuales 58 por ciento son menores de edad.
En estos tres años, 579 víctimas han sido sólo de siete municipios: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco
Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y colectivos de familiares indicaron que en ese mismo periodo se dio un incremento de 227 por ciento de niñas, adolescentes y mujeres extraviadas y desaparecidas en territorio mexiquense.
Las acciones realizadas por el estado de México para prevenir el delito no han tenido el impacto necesario para atacar el grave fenómeno de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Mientras a escala nacional este sector representa 26 por ciento de los casos de personas ausentes, en esta entidad equivale a cerca del doble (49 por ciento).

Feminicidios al alza pese a fallo sobre el Campo Algodonero

Sin cumplir, sentencia de la CIDH
César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 13
Casi una década después no se han cumplido los resolutivos de la sentencia sobre el caso del Campo Algodonero, publicada el 10 de diciembre de 2009, señaló Rosa María Álvarez González, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso González Banda,  entre otras.
“Las medidas de prevención establecidas en la sentencia no han sido eficientes, lo cual se corrobora con el aumento de feminicidios en el país y ante la inactividad e indiferencia del Estado responsable de protegerlas. A pesar de la actualización del marco jurídico federal y local en materia de protección de los derechos humanos, la impunidad y corrupción, cual jinetes del Apocalipsis, han puesto a prueba un sistema de por sí ineficaz, que se ha visto manifiestamente desbordado por un desafío. Un tribunal mexicano del Estado no ha sido capaz de afrontar con el cumplimiento del fallo en sus aspectos más relevantes.
Desde entonces ninguno de los homicidas ha sido detenido, las autoridades omisas en el cumplimiento de sus obligaciones no han sido castigadas de acuerdo con la ley. Quizá los homicidas no fueron identificados, pero las autoridades sí tienen nombre y apellido.
En el fallo, el Estado mexicano estaba obligado, entre otras cosas, a elaborar una página de Internet con la información de todas las niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez en los pasados 17 años, así como garantizar a las familias de las mujeres asesinadas o desaparecidas servicios sicológicos y de salud.
Al participar en el segundo Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar: el Género y los Derechos Humanos, la investigadora dijo que el número de víctimas aún se desconoce. Indicó que Ciudad Juárez, Chihuahua, se convirtió en foco de atención de la comunidad nacional e internacional a partir de 1993, cuando los medios de comunicación dieron cuenta sobre la desaparición de niñas y mujeres y posteriormente de los hallazgos de los cuerpos con evidentes signos de tortura y vejaciones sexuales.
La mayoría de los asesinatos de mujeres cometidos antes de 2004 quedaron impunes. Los homicidas nunca fueron castigados, ni siquiera localizados. Las fuentes difieren en el número de muertas, se hablaba de 200 hasta de mil mujeres desaparecidas, todavía seguimos sin saber a ciencia cierta cuántas fueron.
Recordó que la mayoría de las víctimas provenían de los estados del sur de la República y eran de escasos recursos económicos. Agregó que las políticas para modificar las agresiones siguen sin funcionar ya que la violencia va al alza a escala nacional.

sábado, 23 de junio de 2018

Sentencian a dos hombres por delitos de índole sexual en perjuicio de dos menores

JUEZ SENTENCIÓ a 2 AÑOS de CÁRCEL a Eric Cardiel Morales, de 37 años, POR ABUSAR SEXUALMENTE a una NIÑA de tan solo 6 AÑOS. 

Son las sentencias "ejemplares" que consigue la fiscalía de Chihuahua.

Ciudad Juárez.- En diferentes audiencias, se llevó a cabo el juicio abreviado de dos sujetos acusados por delitos de índole sexual, en perjuicio de 2 menores.
El primer caso se trata de Manuel Tarango Pérezde 22 años, quien fue sentenciado por la autoridad judicial a 8 años de prisión, ya que de acuerdo a la carpeta de investigación, el día 20 de diciembre del 2015, en el interior del domicilio ubicado en la colonia “La Joya”, de esta ciudad, se introdujo a la casa de su vecina de 15 años, para violentarla sexualmente, toda vez que aprovechó los tiempos en que la madre se fue a trabajar.
De acuerdo a la declaración de la afectada, este sujeto, se metió por una ventana a su domicilio sin su consentimiento, y la sometió físicamente para lograr su objetivo, después huyó.
Posteriormente la joven le contó a su madre lo sucedido por lo que acudieron a esta autoridad a denunciar inmediatamente.
En un segundo hecho, un Juez sentencio a 2 años de cárcel a Eric Cardiel Morales, de 37 años, por abusar sexualmente de su vecina de tan solo 6 años.
Los hechos sucedieron el día 13 de marzo del 2017, en una tapia ubicada en calle Costa del Pacifico, del fraccionamiento Parajes de San José, cuando la víctima y su hermano iban a la tienda y se toparon con el agresor, quien jaló a la niña a una tapia y abusó de ella casi frente a su hermanito.
Luego de que los menores llegaron a su casa le comentaron a su madre lo que había sucedido, por ello llamaron al número de emergencias 911, y policías preventivos lograron detener a este sujeto en el término de flagrancia, para después consignarlo a  esta  autoridad a fin de que respondiera por sus actos.
Por este sentido, el Juez impuso para Eric Cardiel Morales 2 años de cárcel y el pago a la reparación del daño.
En ambos casos, la declaración de las víctimas y los resultados de la valoración psicológica y física fueron importantes para acreditar la responsabilidad penal de los agresores.

domingo, 27 de mayo de 2018

De nuevo el país alcanza récord en feminicidios: 70 sólo en abril

  • Según cifras oficiales, este año se perfila como el más violento para las mujeres
  • Nuevo León, Veracruz, Guerrero y estado de México, entidades en que más casos han ocurrido
Las protestas contra la violencia hacia las mujeres son cada vez más frecuentes en el paísFoto Xinhua
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 27 de mayo de 2018, p. 3
En abril pasado ocurrieron 70 asesinatos de mujeres, que por sus características y gravedad fueron clasificados como feminicidios. Por segunda vez, desde el levantamiento de la estadística –en 2015–, se llega al récord de 70 crímenes de este tipo en tan sólo un mes.
El periodo anterior con este pico fue en junio del año pasado.
Con la suma de los casos de abril, el acumulado nacional en el primer cuatrimestre del año ya es de 258 feminicidios.
Si siguiera esta tendencia, 2018 sería el más violento para las mujeres, luego de que en 2015 la muerte de 389 de ellas fue considerada por las fiscalías y procuradurías estatales como feminicidios, según las definiciones y características de cada uno de los códigos penales estatales.
En 2016 la cuenta fue de 578, y para 2017 de 683.
La entidad que prevalece en primer sitio por el número de asesinatos de este tipo es Nuevo León, con 23 durante el periodo enero-abril del año en curso, a la par de Veracruz, con la misma cantidad; le siguen Guerrero y estado de México, con 18 cada uno, y Ciudad de México, con 16.
Un poco más abajo se ubican Jalisco y Sonora, con 14 casos de feminicidio en el primer cuatrimestre de este año, y luego Chiapas, con 11, y Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, con 10 cada uno.
No obstante, esta problemática que refiere un grado extremo de violencia contra la mujer es prácticamente un hecho generalizado en todo el país.
Sólo tres entidades (Baja California Sur, Campeche y Querétaro) no han reportado feminicidios en lo que va del año.
El estudio muestra gran parte de víctimas mayores de edad, aunque en el caso de Veracruz hay una franja importante de casos en donde no se especifica la edad de la persona; para Nuevo León y el estado de México hay un porcentaje cercano a 10 y 20 por ciento, respectivamente, de menores de edad asesinadas.
Por municipio, los que tienen el mayor número de casos son Culiacán (nueve), Ciudad Juárez (siete), Monterrey (cinco), Chihuahua, Acapulco y Chilpanchingo con cuatro feminicidios cada uno.
Si se toma en cuenta el tamaño de la población, Colima encabeza la tabla, seguido de Zacatecas y Guerrero.
De manera paralela, la incidencia de homicidios dolosos en que la víctima es una mujer llegó a 831 en el periodo enero-abril de este año.
Esta cifra igualmente mantiene un nivel alarmante, con más de 200 casos cada mes.
En 2015, mil 755 mujeres fueron asesinadas con dolo; el año siguiente, 2 mil 210, y para 2016, la suma fue de 2 mil 558 casos en instancias del fuero común.
Para 2018, igualmente en los primeros cuatro meses del año, el número de mujeres privadas de la vida de manera intencional fue de 831.
Las cifras anteriores fueron difundidas ayer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación.
También hay alzas en otro tipo de violencia, con recrudecimiento en el círculo más íntimo de la mujer: su familia y su pareja.
La estadística hecha con base en llamadas de emergencia indica un repunte en incidentes de abuso sexual, al pasar en enero de este año de 282 a 408, con lo que suman mil 444 llamadas de auxilio por este motivo.
También hay un incremento en los avisos de emergencia por acoso u hostigamiento sexual, al alcanzar un máximo de 2015 a la fecha, con 504 llamadas en abril pasado.
Lo mismo ocurre con los presuntos casos de incidentes de violación, de violencia de pareja (casi 90 mil en el primer cuatrimestre del año), al tiempo que se registra una ligera baja en los incidentes de violencia familiar, al llegar a 20 mil 957 telefonemas en ese mismo lapso, según las cifras oficiales.

Parar la violencia feminicida


D
e nueva cuenta las estadísticas sobre el feminicidio en México muestran que, al margen de las campañas orientadas a detener y erradicar la violencia contra la mujer y diseñar estrategias que permitan preverla, las cifras de esa práctica criminal continúan en aumento. Tanto así que desde que se confeccionan registros sobre el particular (es decir unos escasos tres años) el pasado mes de abril el número de víctimas llegó a 70, intensificando las señales de alarma que la violencia feminicida mantiene encendidas desde que, tardíamente, organizaciones defensoras de mujeres y de los derechos humanos lograron posicionar el tema en una agenda pública que tradicionalmente había preferido minimizarlo, cuando no ignorarlo directamente.
La mera descripción del grave problema, su magnitud y la profundidad que alcanzan sus sombrías motivaciones parecen ser insuficientes para que la sociedad en su conjunto cobre conciencia de las dañinas implicaciones colectivas que tiene el feminicidio; prácticamente a diario los medios dan a conocer hechos que sumados conforman una matanza sistemática, sin que las distintas instancias de gobierno atinen a articular medidas para detenerla de manera efectiva.
Y es que desde el punto de vista de la tipología penal, por ejemplo, la imprecisión que surge por parte de los juzgadores cuando se trata de interpretar el concepto de violencia de género, donde como expresión extrema se enmarca el feminicidio, dificulta la adopción de patrones punitivos claros para penar este delito. En otras palabras, un alto porcentaje de los hombres y mujeres que tienen a su cargo la misión de impartir justicia no están familiarizados con un crimen cuyos elementos no están acostumbrados a valorar. Cuando el móvil de fondo no es la venganza, el llamado crimen pasional o el robo, sino que arraiga en los sentimientos de odio y temor a las mujeres que configura la misoginia, las fiscalías (y en general la mayoría de quienes integran el sistema judicial) se ven en problemas para encontrar argumentos penales contundentes y que resulten claros para todos. Los resultados, casi siempre, son investigaciones mal orientadas, acusaciones deficientemente montadas, sentencias simplistas y condenas discutibles.
En términos jurídicos, el texto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, oficializó en México la noción de violencia feminicida, mientras la expresión feminicidio empezó a ser incorporada en algunas entidades federativas unos años después (actualmente quedan 12 que no tipifican así los asesinatos de mujeres). Pero una rápida lectura de la legislación de esos estados evidencia que la definición que dan de ese delito no es coincidente, lo que demuestra que el grado de confusión en torno al propio concepto continúa siendo alta y explica parcialmente los traspiés y contradicciones en que frecuentemente incurren jueces y magistrados, así como la diferente pena que reciben distintos asesinos de mujeres en parecidas circunstancias.
Hasta ahí uno de los aspectos de la cuestión, apretadamente expuesto. La compleja y perturbadora problemática del feminicidio no se agota ahí, y hay un vasto trabajo por hacer en los ámbitos de la política, la educación, la familia y los distintos grupos poblacionales si se pretende ir disminuyendo esta brutal expresión de la violencia de género. Pero como necesaria tarea ciudadana se impone exigir de manera constante al Estado que cumpla con la responsabilidad que le cabe en cuanto a resguardar los derechos de las mujeres. Y entre esas responsabilidades figura, de manera urgente, la de homogeneizar las herramientas legales para identificar, aprehender y castigar a los asesinos de mujeres, y especialmente vigilar que éstos no queden mayoritariamente, como sucede ahora, en una vergonzosa impunidad.

miércoles, 9 de mayo de 2018

Norma Andrade ante la CIDH



Durante 17 años buscó justicia en México por el feminicidio de su hija. Ante los nulos resultados, Norma Andrade logró que la CIDH analice el caso

martes, 8 de mayo de 2018

Analizan en la CIDH caso de feminicidio

Se trata de una joven de 17 años que desapareció en Ciudad Juárez en el 2001 y fue hallada muerta; hasta ahora no hay ningún imputado por ello.



Ana Langner

El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por las deficiencias, dilación e insensibilidad que han existido en las investigaciones de la desaparición y posterior muerte de la adolescente Lilia Alejandra García, ocurrida hace 17 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un contexto de un patrón de violencia contra las mujeres.
Durante el primer día de audiencias públicas del 168 periodo de sesiones del organismo multilateral, que se realiza en Santo Domingo, Norma Esther Andrade, madre de la víctima, y sus representantes alegaron que la investigación se ha caracterizado por su lentitud, así como por irregularidades en las actuaciones de las autoridades.
Los representantes Norma, David Peña Rodríguez y Michelle Salas,  integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Defensores, expusieron que Lilia Alejandra de 17 años desapareció el 14 de febrero del 2001 luego de salir de su trabajo en la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles SA y desde ese día no se volvió a saber nada de ella, hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida el 21 de febrero del 2001 con signos de tortura y violencia sexual, en un lote baldío ubicado muy cerca de donde laboraba.
Los peticionarios de esta audiencia abundaron que, desde su desaparición, transcurrieron aproximadamente siete días en los cuales las autoridades no contaban con agentes suficientes para emprender su localización.
Señalaron que la madre de la presunta víctima afirmó que en la fecha en que su hija desapareció, únicamente dos agentes estaban a disposición del área de desapariciones.
Asimismo denunciaron que desde que se abrió la averiguación previa con folio 4324/2001, el 21 de febrero del 2001, no se ha determinado la responsabilidad penal de persona alguna, encontrándose abierta la averiguación hasta la fecha.
“No confío en las autoridades mexicanas, pero sí en ustedes (la CIDH), espero que ustedes comisionados ayuden a acercarnos a la tan anhelada justicia”, dijo Norma, quien iba acompañada por sus dos nietos, hijos de Lilia.
Así, David Peña Rodríguez adelantó que no era posible una solución amistosa a la luz de las demoras en la investigación.
Como parte de los representantes del Estado mexicano, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, dijo: “ El Estado dejará claro, en un primer momento, su reconocimiento de su responsabilidad internacional por los hechos de este caso y las medidas de reparación que corresponden a los estándares interamericanos aplicables”, y refrendó el ofrecimiento de iniciar un diálogo para tratar de llegar a una solución amistosa.
Por su parte, Rafael Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación declaró:
“Reconocemos nuestra responsabilidad internacional por el incumplimiento en el deber de prevención en torno a esta desaparición y privación de la vida de Lilia Alejandra a la luz del contexto que se existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos terribles hechos.
“El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación y por la insensibilidad que ha existido en las investigaciones y las deficiencias que en su momento obedecieron a una ausencia de estructuras especializadas, debidamente capacitadas en la investigación de delitos relacionados con violencia por motivo de género”, expuso Avante Juárez y aclaró que los errores alcanzaron todos los casos involucrados con este fenómeno.
Los representantes del Estado mexicano se comprometieron a, desde ahora, “de manera muy diligente”, continuar con las investigaciones del caso.
Al tomar la palabra, la comisionada presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, añadió que la situación de feminicidios en México continúa desde hace tanto tiempo, lo que trae consigo sentimientos de frustración y de impotencia.
A su vez, Margarette May Macaulay exigió a las autoridades mexicanas que ninguna otra niña debe pasar por esto. “El Estado debe resolver de manera urgente este asesinato y encontrar y sancionar a los culpables”.

OTRAS AUDIENCIAS

En el primer día de audiencias del periodo de sesiones, se celebraron también otras dos relacionadas con México; en una se revisó la situación de los defensores de derechos humanos que atienden casos de tortura y en otra los derechos de los adultos mayores.
En la audiencia donde se revisó lo relativo a la situación de defensores, las organizaciones Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC; la Organización Mundial en contra de la Tortura y Servicios y Asesoría para la Paz instaron al gobierno mexicano a reformar la Constitución para crear una Fiscalía “autónoma, independiente y profesional” para investigar los casos de tortura.
Este martes frente a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llevará a cabo la audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento que supervisa la investigación del caso Ayotzinapa.
En este espacio el gobierno federal deberá rendir cuentas en las diferentes líneas de investigación, así como informar de las distintas acciones de búsqueda para dar con el paradero final de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Norma Andrade rechazó “solución amistosa” por el feminicidio de su hija

Feminicidio Ciudad Juárez
   Estado mexicano prometió “programas sociales” como reparación del daño


Imagen retomada de la CIDH
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/05/2018
La defensora de Derechos Humanos, Norma Esther Andrade, rechazó el acuerdo de “solución amistosa” que el Estado mexicano le propuso para cerrar el caso de feminicidio de su hija Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001, caso que está en análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Después de 17 años de buscar respuesta y justicia para su hija, este lunes 7 de mayo Norma Andrade escuchó cómo el Estado mexicano reconoció, ante el organismo, su responsabilidad internacional en el retraso en la impartición de justicia y las negligencias ocurridas en la investigación del feminicidio de Lilia Alejandra.
Durante el 168 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebran del 3 al 11 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana, Norma Andrade presentó su testimonio sobres el feminicidio de su hija, Lilia García Andrade, joven de 17 años de edad y trabajadora de la maquila, quien el 14 de febrero de 2001 fue privada de la libertad en Ciudad Juárez. Una semana después, el 21 de febrero, fue encontrada asesinada y con signos de tortura sexual en un lote baldío.
Luego de 17 años desde que ocurrió el crimen, el Estado mexicano esperó hasta que el caso llegó a la CIDH para acercarse a Norma Andrade y ofrecerle una salida a la investigación; no obstante, presentó una respuesta que la maestra de profesión no estuvo dispuesta a tomar.
En marzo de 2012 la CIDH aceptó conocer el caso del feminicidio de Lilia Alejandra, desde entonces, el Estado mexicano no entregó a la Comisión Interamericana informes sobre el seguimiento del caso, repentinamente, con la invitación a asistir a esta audiencia pública, el pasado marzo de 2018 el gobierno presentó un informe.
En esa misma fecha las autoridades mexicanas propusieron un “acuerdo de solución amistosa” a Andrade, la cual contempla la integración de sus dos nietos, hijos de Lilia, a programas sociales, una disculpa pública, e investigar “esta vez” de manera diligente el caso.
En la audiencia de esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, explicó a las presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y a la vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en qué consistía esta solución amistosa: por medio del fideicomiso para víctimas de Segob ofrecieron la reparación del daño material e inmaterial a la familia, atender sus necesidades médicas a través de la Secretaría de Salud de Chihuahua, otorgar “becas educativas” a la hija e hijo de Lilia, asimismo, celebrar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad el Estado mexicano por las violaciones en la investigación del feminicidio de la joven, como lo quisiera la familia.
A la propuesta, Norma Andrade respondió sin titubeos: “Son programas a los cuales podría acceder sin que me hubieran asesinado a mi hija”. Así rechazó la solución y recordó que por 17 años 4 gobernadores de Chihuahua, 9 Fiscales de Justicia de la entidad y 3 presidentes de la República le han prometido lo mismo, “Todos, todos, me han mentido”, protestó.  
La maestra se hizo escuchar, fuerte leyó un fragmento de una carta que escribió a su hija: “Querida hija mía, hace 17 años que fuiste arrancada de mi vida, justo tu edad, 17 años, y seguimos exigiendo justicia. Me negaron el derecho de abrazarte y despedirme de ti, se me negó el privilegio de cerrar tus ojos [...] y cuando finalmente volviste siete días después a mí, fue en un ataúd, y ahí frente a tu féretro, te prometí que no iba descansar hasta que hiciera justicia. Ingenua de mí, que creía en el gobierno, que creía que iban hacer su trabajo y detener a tus agresores, y darme las explicaciones que queríamos conocer tu padre y yo”.
Norma sigue cumpliendo su promesa de no claudicar hasta obtener justicia, una exigencia que cada vez está más cerca, más aún ahora que el caso está en la CIDH. Mientras tanto sus dos nietos, quienes quedaron en la orfandad a los 5 meses y un año de edad, respectivamente, están por cumplir la mayoría de edad, ellos también esperan la reparación del daño. En esta ocasión ambos jóvenes estuvieron presentes en la audiencia, los dos portaron playeras con la fotografía de su madre.
La primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, calificó la propuesta del Estado mexicano como una “solución anticipada”, por la inminente posibilidad de que el caso pueda pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). De ser así, por segunda ocasión el Estado mexicano recibirá otra sentencia por feminicidio. La primera fue en 2012 por el asesinato de tres, de ocho mujeres, en Ciudad Juárez, caso conocido como “Campo Algodonero”.
CIDH PIDE REPENSAR SOLUCIÓN AMISTOSA
Sobre los avances en la investigación de quién o quiénes asesinaron a Lilia Alejandra, no se revelaron detalles, el agente del Ministerio Público (MP) de Ciudad Juárez que ahora se encarga del caso, Sergio Castro Guevara, dijo que estaba “limitado” a hacer públicos estos datos porque podrían entorpecer la investigación, pero invitó a Norma Andrade y a sus abogados, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, a tener una reunión privada –con la presencia de la CIDH– para dar la información.  
Micheel Salas, abogada experta en violencia contra las mujeres y quien al igual que David Peña, litigó el caso de Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, respondió que acudirían a la reunión, aunque escépticos, porque saben que después de 17 años todavía mantienen una línea de investigación abierta y sin resultados. De acuerdo con los abogados, el MP Sergio Castro, es nuevo en el caso, lo que muestra la premura para resolver el caso.
Hasta ahora lo único que se conoce sobre el feminicidio de Lilia Alejandra es que pudo ser cometido por un grupo de hombres que también asesinó a otras niñas de 10 a 17 años de edad entre 1994 a 2005 en la frontera norte de Ciudad Juárez, según explicó el abogado David Peña a las integrantes de la CIDH.
Esto, dijo, se corroboró en 2008 por la intervención de la Asociación de Abogados Democráticos, organización que comenzó a litigar el caso, quienes tuvieron que empezar desde cero la investigación porque había siete líneas de investigación que seguía la Fiscalía de General de Justicia de Chihuahua a partir de datos anónimos.
Este equipo de abogados pidió analizar todas las evidencias con las que se contaban, una muestra de sangre encontrada en la cobija en que la que envolvieron el cuerpo de Lilia Alejandra arrojó un perfil genético de un hombre, sin embargo, no se ha logrado confrontar a quien pertenece este perfil genético.
También solicitaron vincular el caso de Lilia Alejandra con otros casos de feminicidio y a través de las muestras de semen recogidos del cuerpo de la víctima encontraron que era el mismo agresor de otras víctimas, todas ellas menores de edad: Rocío Cordero Esquivel, Coral Arrieta Medina, Sonia Iveth Sánchez Ramírez y Rosa Antena Quintanilla.
Con esta información, al cotejar el perfil genético con las bases de datos la Fiscalía de Chihuahua en 2010 se halló que el agresor es familiar del agente ministerial de Ciudad Juárez, Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado ese mismo año.
La presidente de la CIDH, Margarette May Macaulay, preguntó también sobre los asesinatos de las otras niñas, interrogante que no tuvo respuesta.
Asimismo, aplaudió la oferta del gobierno de México de tener esta reunión inmediata y pidió a Norma Andrade que después de este acercamiento repensara su decisión de rechazar la solución amistosa del Estado, no obstante, la última palabra es de ella, por lo que extendió el apoyo total de la CIDH hasta que obtuviera justicia y se reconociera su labor como defensora durante estos años.
La presidenta del órgano internacional también demandó al gobierno de México dar celeridad a la investigación del caso y terminar con el fuerte problema de asesinatos de niñas que hay en el país, y de la misma forma, a partir de lo que decida Norma Andrade, también la CIDH hará un pronunciamiento de fondo sobre el caso.
Otras cuestiones que fueron abordadas en la audiencia fueron los dos atentados contra Norma Andrade. En diciembre de 2011, en Juárez, Norma recibió cinco disparos de arma de fuego que le provocaron heridas en el torso, hombro derecho y la mano derecha, hecho que la llevó a salir de su ciudad y refugiarse en la capital del país. El segundo atentado ocurrió dos meses después, en la Ciudad de México, cuando un sujeto la hirió con un arma blanca y la hirió en el cuello. Ambos crímenes fueron en presencia de sus nietos.
Los integrantes de la CIDH cuestionaron al Estado mexicano si conocían si estos intentos de asesinar a Andrade se deben a su labor como defensora de Derechos Humanos o tenían un vínculo con la búsqueda de justicia para su hija. A esta interrogante el gobierno no respondió y únicamente ofreció “integrarla” al Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos  y periodistas de la Secretaría de Gobernación, del cual, cabe mencionar que Norma Andrade ya cuenta con medidas de protección.
18/HZM

Ante la CIDH, el Estado reconoce omisión para aclarar feminicidio

  • Desde 1994 se ha tolerado la operación de un individuo o grupo que mata niñas: ONG
  • Norma Andrade, madre de joven asesinada en 2001, ha sido víctima de dos atentados
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 8 de mayo de 2018, p. 3
El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra García Andrade, en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El caso se debatió ayer durante las audiencias del 168 periodo de sesiones de ese organismo regional, que se celebra esta semana en Santo Domingo, República Dominicana. Ahí se abordaron también los casos de criminalización de víctimas de tortura y de los defensores de derechos humanos que abordan esos temas. Respecto de esto, los afectados y organizaciones civiles pidieron medidas para que en el país se acabe con la impunidad en miles de casos.
En la audiencia sobre el caso de Lilia Alejandra, Norma Andrade, madre de la víctima, y sus representantes legales señalaron que se han dado una serie de omisiones y obstáculos tanto a escala estatal como federal para mantener el caso impune, y a más de 17 años de distancia no hay un solo detenido.
Denunciaron que en 2010 se determinó el perfil genético de un hombre que habría participado en el crimen y que también coincidió con el encontrado en al menos otros cuatro casos de feminicidios de adolescentes en Ciudad Juárez (tres anteriores y uno posterior). El ADN corresponde con el de un familiar, hombre, del policía ministerial de la entidad Enrique Castañeda.
El Estado mexicano ha tolerado la operación de un individuo o grupo de feminicidas que secuestra, tortura sexualmente y mata niñas desde 1994, subrayó Karla Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que acompaña el caso.
Lilia Alejandra, entonces de 17 años, fue secuestrada el 14 de febrero de 2001 tras salir de la maquiladora en la que trabajaba. Por varios días sufrió tormentos sexuales y su cuerpo sin vida fue localizado el 21 de ese mismo mes. Dejó dos pequeños de un año ocho meses y cinco meses.
Desde entonces su madre, Norma Andrade, ha buscado justicia. Ha sido víctima de dos atentados contra su vida, sin que hasta ahora, denunció, se hayan abierto investigaciones al respecto, lo que causó el asombro de los comisionados de la CIDH.
Los peticionarios exigieron que en las indagatorias se tome en cuenta el contexto de violencia contra las mujeres que desde la década de los 90 se dio en Ciudad Juárez, la relación de los otro cuatro casos donde se halló el ADN de uno de los posibles responsables, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso conocido como Campo Algodonero, también sobre feminicidios en esa urbe fronteriza.
Norma Andrade detalló que recientemente recibió una propuesta de solución amistosa por parte del Estado mexicano, pero señaló que no acepta los actuales términos, porque no confía en el gobierno. Por ello pidió a la CIDH su intervención para alcanzar la verdad y la justicia.
Por el Estado mexicano, los subsecretarios para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, reconocieron la responsabilidad internacional de México.
El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación e insensibilidad que ha habido en las investigaciones, dijo Avante.
Se comprometieron a que las indagatorias desde ahora serán elocuentes y se garantizará el acceso a la verdad y la justicia. Los comisionados de la CIDH presentes lamentaron la incapacidad oficial para llegar a fondo y se comprometieron a acompañar a los deudos en su búsqueda de justicia.
Durante el tema de criminalización de los defensores de víctimas de tortura, los representantes de organizaciones no gubernamentales demandaron al Estado crear un mecanismo internacional para combatir la impunidad en miles de estos casos, lo que permitiría a las autoridades investigar y presentar acusaciones contra quienes hayan cometido o tolerado este delito, incluidos funcionarios públicos.
Los funcionarios, por su parte, recordaron las normas y protocolos que se han aprobado para combatir la tortura, así como todos los posicionamientos oficiales para reconocer la labor de los defensores de derechos humanos, y dijeron que las autoridades no avalan los estigmas contra los activistas.
En las audiencias de ayer también se abordó el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los adultos mayores. Este martes tocará el turno al caso Ayotzinapa.

lunes, 7 de mayo de 2018

Audiencia en vivo ante la CIDH: Caso Lilia Alejandra García Andrade


La CIDH debatirá 4 casos de violación a derechos en México

Se efectúa el 168 periodo de sesiones en República Dominicana
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Lunes 7 de mayo de 2018, p. 17
El Estado mexicano deberá responder, una vez más, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre varios casos en los que se presume violación a las garantías fundamentales.
En el contexto del 168 periodo de sesiones de este organismo regional, que se celebra en Santo Domingo, República Dominicana hasta el 11 de mayo, se efectuarán audiencias para cuatro casos de México en particular.
Se discutirá el asunto de la desaparición y feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, de una adolescente, en 2001. Lilia Alejandra García Andrade, de entonces 17 años, madre de dos bebés y estudiante de la preparatoria abierta, desapareció el 14 de febrero de aquel año, al salir de la maquiladora donde trabajaba.
Su cuerpo fue hallado siete días después, semidesnudo y con huellas de tortura (le ataron las manos, fue violada de manera tumultuaria y estrangulada).
Su madre, Norma Esther Andrade, ha luchado por justicia durante 17 años. Ha acusado de sordera a las autoridades, particularmente a los titulares del Ejecutivo federal que han gobernado el país en estas casi dos décadas: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En su búsqueda de verdad y justicia ha sido amenazada y ha sufrido dos atentados contra su vida, lo que la llevó a dejar Ciudad Juárez. Debido a que en México las indagatorias no han prosperado, el caso se presenta este lunes ante la CIDH, donde se espera un informe a fondo en el que se recomiende al Estado mexicano reparar el daño, impartir justicia y sancionar a los responsables.
También hoy los comisionados atenderán otros dos temas en torno de México: la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores de 60 años, uno de los sectores más discriminados y estigmatizados; y la situación que enfrentan los defensores que han sido víctimas de la tortura en el país
El martes, la CIDH, representantes del gobierno mexicano y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 expondrán sus argumentos como parte del Mecanismo de Seguimiento creado por esta instancia internacional para el caso.

martes, 10 de abril de 2018

Justicia en Comisión Interamericana para feminicidio en Juárez


Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la asociación pionera en exigir justicia para las víctimas de feminicidio y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, requiere apoyo económico para viajar ella y sus nietos a presentar audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo mayo de 2018.
Lilia Alejandra García Andrade entonces de 17 años, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, desapareció el 14 de febrero de 2001 camino a la parada de autobuses de la carretera panamericana y Avenida Ejército Nacional que la conduciría a su domicilio, luego de haber salido de trabajar en la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles S.A.
A pesar de que su madre, la profesora Norma Esther García Andrade acudió a denunciar la desaparición de Lilia Alejandra a la Fiscalía de Mujeres en Ciudad Juárez, transcurrieron 72 horas sin que las autoridades iniciaran su búsqueda.
Durante 7 días no se supo del paradero de Lilia Alejandra, hasta que el día 21 de febrero su cuerpo fue encontrado en un lote baldío ubicado muy cerca de la maquila donde laboraba.
Ese mismo día, las autoridades iniciaron la averiguación previa 4324/2001, misma que a la fecha continua abierta, ya que ninguna persona ha sido sancionada por estos hechos y la investigación realizada por las autoridades no ha arrojado datos relevantes para el esclarecimiento de los mismos.
Dado el retraso injustificado e inconsistencias en la investigación por el feminicidio de Lilia Alejandra, aunado al contexto de violencia contra las mujeres que prevalecía en el momento en que sucedieron los hechos así como las diversas amenazas y atentados a la vida e integridad personal de la familia y abogados de la víctima, el 9 de abril de 2003 se remitió a esta Comisión una petición para el análisis de diversas violaciones a los derechos humanos derivadas de estos hechos.
El 19 de marzo de 2012, la CIDH emite el informe de admisibilidad Nº. 59/121, en el cual refiere admitir el presente asunto “para analizar la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 19 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento en perjuicio de Lilia Alejandra García Andrade. Así mismo, esta Comisión consideró que los hechos expuestos por los representantes podrían tratarse de violaciones al artículo 7 de la Convención Belém Do Pará, así como a los artículos 5.1, 8.1, 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado respecto de Norma Esther Andrade (madre), José García Pineda (padre), Jade García Andrade (hija), José Kaleb García Andrade (hijo) y María Luisa García Andrade (hermana).
La investigación del feminicidio de Lilia se ha caracterizado por irregularidades como: que el levantamiento del cadáver de Lilia no se realizó adecuadamente, que hubieron demoras en la realización de diversas pruebas al cuerpo de la víctima que si se hubieran analizado adecuadamente hubieran arrojado información valiosa para el esclarecimiento de los hechos. Las autoridades además pretendieron incriminar a familiares y amigos de Lilia Alejandra como responsables de su asesinato; sin embargo; una vez que se realizaron las pruebas de ADN, dicha hipótesis fue descartada.
A pesar de que los representantes de la víctima hemos presentado información relevante a las autoridades, éstas han sido omisas en realizar una investigación exhaustiva para sancionar al menos a alguno de los perpetradores. En este sentido, a pesar de que se logró identificar a uno de los agresores, se desconocen cuáles han sido las diligencias que las autoridades han realizado al respecto.
Norma Esther Andrade, además ha sido víctima de múltiples amenazas y de dos atentados contra su vida, de los cuales sus nietos, en ese entonces de 12 y 11 años fueron testigos presenciales. En el primero, Norma recibió 5 disparos, uno a 10º del corazón, otro en la mano y tres en el brazo. Dos meses después fue atacada por un agresor con arma punzo cortante.
Ayudemos a Norma Andrade y a sus nietos a obtener justicia para Lilia Alejandra 17 años después de que fue asesinada y a sentar un precedente para que todos los casos de desapariciones y feminicidios sean atendidos. Además de que se generen las políticas públicas necesarias para prevenir la muerte de más mujeres y que se creen registros de los hijos huérfanos de las mujeres víctimas de la violencia misógina para que reciban atención y apoyos para su cuidado.
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Norma Andrade, founder of Nuestras Hijas de Regreso a Casa, the pioneering association that demands justice for victims of feminicide and missing women in Ciudad Juárez, Chihuahua, requires financial support to travel with her grandchildren to be present at an audience before the Inter-American Court of Human Rights next May 2018.
Lilia Alejandra García Andrade, then 17 years old, originally from Ciudad Juárez, Chihuahua, disappeared on February 14, 2001 on her way to the bus stop on the Pan-American highway and Avenida Ejercito Nacional that would take her to her home, after having left work in the Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles S.A.
Despite the fact that her mother, Norma Esther García Andrade, reported the dissapearance to the Women's District Attorney in Ciudad Juarez, 72 hours passed without the authorities initiating the search.
For 7 days the whereabouts of Lilia Alejandra were not known, until February 21st, when her body was found in a vacant lot located very close to the maquila where she worked.
That same day, the authorities initiated the preliminary investigation 4324/2001, which to the present day continues open, since no one has been prosecuted for this crime and the investigation carried out by the authorities has not found any relevant information.
Given the unjustified delay and inconsistencies in the investigation for the feminicide of Lilia Alejandra, in addition to the context of violence against women that prevailed at the time of the events, as well as the various threats and attacks on the life and personal integrity of the family and lawyers of the victim, on April 9th, 2003, a request was sent to this Inter-American Court for the analysis of various human rights violations arising from these events.
On March 19th, 2012, the IACHR issued the admissibility report No. 59/121, which accepted the present case "to analyze the alleged violation of the rights enshrined in Articles 4, 5, 7, 19, and 24 of the American Convention on Human Rights, in connection with Articles 1.1 and 2 of said instrument against Lilia Alejandra García Andrade". Likewise, this Court considered that the facts presented by the representatives could be violations of article 7 of the Belém Do Pará Convention, as well as articles 5.1, 8.1, 25 in accordance with articles 1.1 and 2 of said treaty with respect to Norma Esther Andrade (mother), José García Pineda (father), Jade García Andrade (daughter), José Kaleb García Andrade (son) and María Luisa García Andrade (sister).
The investigation of Lilia's femicide has been characterized by irregularities such as: the removal of Lilia's body was not carried out properly, that there were delays in carrying out various tests on the body of the victim that, if properly analyzed, would have yielded valuable information for the clarification of the facts. The authorities also tried to incriminate relatives and friends of Lilia Alejandra as responsible for her murder; Nevertheless, once the DNA tests were performed, this hypothesis was discarded.
Despite the fact that the representatives of the victim have presented relevant information to the authorities, they have been omitted to conduct a thorough investigation to sanction at least one of the perpetrators. In this sense, despite the fact that one of the aggressors was identified, it is unknown what the authorities have done in this regard.
Norma Esther Andrade has also been the victim of multiple threats and two attempts on her life, of which her grandchildren, then 12 and 11 years old, were eyewitnesses. In the first, Norma received 5 shots, one at 10º of the heart, another in the hand and three in the arm. Two months later, she was attacked by an aggressor with a knife.

miércoles, 7 de marzo de 2018

Feminicidios y violencia de género: no más negligencia


J
an Jarab, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, exhortó ayer al gobierno mexicano a hacer más para combatir la violencia de género, sobre todo para erradicar el feminicidio, delito que, según cifras dadas a conocer ayer mismo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se incrementó de manera grave en dos años: los homicidios dolosos contra mujeres pasaron de mil 755 casos en 2015 a 2 mil 585 en 2017; de esta última cifra, sólo 671 fueron reconocidos como feminicidios.
Belén Sanz, representante en México de ONU-Mujeres, dijo que hasta 2015 había en el país un promedio de siete mujeres asesinadas a diario, cifra que en 2016 subió a 7.5. No puede haber justificación para la violencia de género y no hay excusa para respuestas negligentes, afirmó Jarab, y llamó a las instancias gubernamentales a proveer los recursos necesarios para erradicar este prevenible y atroz fenómeno.
Postura similar adoptó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que los niveles de violencia que sufren las mujeres son intolerables y su aumento constituye una señal de alerta que debe ser atendida con la mayor urgencia y seriedad, situación que se agrava si tomamos en consideración que es muy probable que continúen en la impunidad la mayoría de esos homicidios o lesiones.
En entrevista con este diario, la cuarta visitadora general de la CNDH, Eréndira Cruz Villegas, y la directora general del programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad de esa institución, Elsa Conde, señalaron que la falta de voluntad política y los reducidos presupuestos para atender la violencia hacia las mujeres son las principales razones para que los feminicidios persistan en el país. Ambas funcionarias destacaron que aunque hasta ahora se ha iniciado o adoptado la declaratoria de emergencia de género en 27 entidades, la Federación otorga fondos insuficientes para aplicar las medidas correspondientes, en tanto que los gobiernos estatales consideran ese mecanismo golpeteo político y los presidentes municipales ni siquiera realizan acciones para evitar e investigar los feminicidios.
La discriminación –institucional, económica, social y cultural– hacia las mujeres, los roles de género imbuidos desde el hogar a la mayoría de la población y el machismo imperante constituyen el caldo de cultivo que debe ser atacado para –como dijo Arie Hoekman, del Fondo de Población de la ONU– romper el círculo de violencia y formar generaciones nuevas, igualitarias, solidarias y más productivas, y poner fin a la normalización de la violencia en contra de las mujeres.
Pero antes que nada, los responsables de los tres niveles de gobierno deben decidirse a combatir la impunidad que prevalece en la mayoría de las agresiones contra las mujeres, desde los hostigamientos callejeros hasta el feminicidio, y hacerlo ya, pues cada día de indolencia institucional se traduce en siete vidas cegadas y en muchos más casos de violación, lesiones y hostigamiento. En tanto ello no ocurra, México seguirá ostentando un sitio oprobioso en las estadísticas mundiales de la violencia de género.