domingo, 28 de noviembre de 2021

Madres de víctimas de feminicidio luchan con uñas y dientes contra la impunidad

 
Periódico La Jornada
Domingo 28 de noviembre de 2021, p. 4

Frente al feminicidio o la desaparición de sus hijas, las madres de las víctimas se tienen que volver investigadoras y hasta abogadas ante las omisiones de las autoridades. Así ha sido para María Antonia Márquez, Norma Andrade, Araceli Osorio y María Esperanza Lucciotto, quienes coincidieron en que para tener acceso a la justicia tenemos que luchar con uñas y dientes y en muchos casos no lo logramos.

En un conversatorio organizado por Amnistía Internacional México, también denunciaron “el clasismo de las autoridades, ya que para quienes no tienen dinero no hay justicia.

A raíz de la muerte de Nadia (en 2004 en Cuautitlán Izcalli, estado de México) nunca creí tener la fortaleza que he tenido hasta ahora, dijo su madre, María Antonia Márquez. Sabía que tenía que luchar a brazo partido para poder encontrar justicia. Es incansable lo que se ha tenido que hacer, mencionó tras recordar que cuando levantaron el cuerpo de su hija era increíble ver las burlas que hacían las autoridades y cómo se estaban poniendo de acuerdo con los abogados de la familia de Bernardo (el feminicida) y decían que todo iba a estar bien.

Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, quien desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 14 febrero de 2001 y su cuerpo fue encontrado una semana después, señaló que en 20 años de lucha ha visto que no hay justicia para nosotros los pobres y que tenía que aprender mis derechos para poderlos exigir porque no se me daban en automático, como debería ser.

Por su parte, Araceli Osorio destacó que tras el feminicidio de su hija Lesvy Berlín Rivera Osorio, en 2017 en la capital del país, aprendió a interpelar a un sistema de justicia, al Estado y sus instituciones. A no guardar silencio.

María Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, también víctima de feminicidio en 2012 en San Luis Potosí, manifestó que el camino a la justicia es muy duro, fatal y gracias a todas estas compañeras que estamos en esta lucha es que estamos visibilizando lo que las autoridades no quieren ver, no quieren estar presentes y que cada día tenemos más índices de violencia hacia la mujer.

sábado, 20 de noviembre de 2021

Asesinadas, 10 mujeres al día en México, señala AI

 
Periódico La Jornada
Sábado 20 de noviembre de 2021, p. 15

Como parte de los 16 días de activismo por del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, Amnistía Internacional (AI) México, junto con el Museo Memoria y Tolerancia, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, entre otros, inauguraron un par de galerías urbanas sobre masculinidades y feminicidio en la Glorieta de Insurgentes.

Marcela Villalobos, presidenta de AI México, expuso que en el país, todos los días, 10 mujeres son asesinadas. Señaló que desde hace 20 años se ha hablado de la violencia feminicida, con los casos registrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero la diferencia es que ahora esto se presenta en todo el territorio mexicano.

Con la exposición Masculinidad-Es, en la que también participa la Fundación Pozo de Vida, los organizadores buscan desmitificar roles y patrones patriarcales y arcaicos que infunden violencia de manera sistemática, y aspiran a promover el cambio como una de las varias soluciones a la violación de los derechos humanos de mujeres, niños, población de la diversidad sexual, entre otros.

En tanto que con la exposición Hasta ser escuchadas, se busca que las investigaciones relacionadas con las denuncias de desaparición de mujeres sean tratadas con perspectiva de género, logrando hacer los procesos eficientes para no llegar a desenlaces mortales. Surgió de la iniciativa de Amnistía Internacional para recabar firmas y llevar reparación y justicia a cuatro víctimas de feminicidio en el estado de México.

Con esta iniciativa los organizadores pretenden impactar a más de 150 mil personas que transitan a diario por esta glorieta.

lunes, 1 de noviembre de 2021

Activistas colocan la ofrenda Por las que ya no están

Estas fechas son de protesta por los feminicidios, expresó una de las autoras de la obra.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 1º de noviembre de 2021, p. 17

En el contexto del Día de Muertos, activistas instalaron la ofrenda colectiva Por las que ya no están, en la antigua Glorieta a Colón, a la cual renombraron Por las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma.

Colocaron alfombras de aserrín de colores con la frase México Feminicida, acompañadas de flores de cempasúchil, papel picado, veladoras y algunas fotografías de mujeres asesinadas. También escribieron poemas y pensamientos para las que ya no están, pero su lucha nos sigue resonando. Quienes acudieron al Desfile del Día de Muertos también se acercaron a la ofrenda colectiva para leer los nombres de víctimas de feminicidio pintados en las vallas metálicas que cubren el monolito donde se encontraba la estatua de Cristóbal Colón.

Marcela, del colectivo Antimonumenta, señaló que se trata de una ofrenda combativa, ya que nosotras no celebramos el Día de Muertos, sino es uno en memoria y en protesta por las víctimas de feminicidio.

Asimismo, dijo que la acción es para recordar por qué y por quienes seguimos luchando.

Expresó que los asesinatos de mujeres no son cifras. Tenemos rabia e indignación, pero un espíritu de lucha que nos parece fundamental, ya que participamos desde el acompañamiento a madres de desaparecidas y desaparecidos, así como a víctimas de feminicidio y de luchan por justicia.

Otra de las asistentes recordó que a diario en México más de 10 mujeres son asesinadas por violencia de género. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2021, los feminicidios se incrementaron ocho por ciento respecto del mismo periodo del año pasado.

Para Marcela, la crisis de feminicidios desaparecidos en este país es una epidemia salvaje. No tiene precedente. Es importante que la gente sea solidaria. Vivimos en un país brutal. Nadie debe vivir lo que estas madres. El gobierno no sólo no ha podido erradicar estos crímenes, sino que no los acepta. Es muy lamentable, nos parece grave porque no pueden ocultarlos. No hay manera de esconder esta violencia.

jueves, 28 de octubre de 2021

Acompáñanos a colocar nuestra Antiofrenda


Se invita:

A todas las familias de Feminicidio y desaparecidas, activistas, feministas, colectivas, a la ciudadanía en general se les invita el sábado 30 de octubre a las 11am en la Antimonumenta de Feminicidios frente a Bellas Artes
Para recordar a nuestras hijas y hermanas que han sido asesinadas y exigir la aparición inmediata de las que han sido desaparecidas
Traer tus fotografías, papel picado, aserrín, velas, flores de la temporada en especial de cempasúchil y copal. Ayúdanos a compartir en los grupos, páginas y en tu muro 💜🖤✝️💜✝️

viernes, 1 de octubre de 2021

In Messico vengono uccise dieci donne al giorno e i crimini restano impuniti

Violenza contro le donne

Il dolore di una madre di Ciudad Juarez per l’uccisione delle due figlie di 17 e 21 anni © Spencer Platt, Getty Images

3.723 donne sono state uccise in Messico nel 2020. Per le famiglie cercare giustizia è un inferno. La polizia non indaga e minaccia chi andrebbe protetto.

Sono 3.723 le donne uccise in Messico nel 2020. Almeno dieci donne al giorno. Per le famiglie delle vittime cercare giustizia è un viaggio all’inferno, spesso senza fine. In un report, Amnesty International denuncia un sistema con falle vertiginose fra le autorità dello stato del Messico, il più popoloso del paese: prove perse, indagini incompiute e minacce ai famigliari che premono per avere delle risposte: “Non fate troppo rumore”, è l’avvertimento da parte della polizia.

Una madre e la figlia camminano vicino alla scena di un crimine in cui sono state ammazzate due giovani donne © Spencer Platt/Getty Images

A rinvenire sotto terra il corpo della madre, Julia Sosa Conde, sono state le figlie. Lo hanno trovato scavando con le loro mani nel campo in cui lavorava il compagno, a una settimana circa dalla scomparsa della donna. La polizia è arrivata 21 ore dopo: “Non abbiamo uomini”, è stata la motivazione. Per quel tempo interminabile le figlie hanno vegliato sul cadavere della madre, proteggendo la scena del crimine. Una di loro, Vanessa, racconta anche di come sia stata raccolta la sua denuncia: lei elencava i fatti e l’agente si assopiva, senza ritegno. “Mi faceva le domande e poi si addormentava. È stato orribile”.

Attiviste scendono in strada a Cancun, Messico, per dire basta alla carneficina © Erick Marfil/ Getty Images

La polizia chiede alle madri di avanzare con le indagini

“Cos’hai scoperto, hai qualcosa per noi?”. È la domanda che Laura Curiel, madre di Daniela Sanchez Curiel, scomparsa dal marzo 2015, si è vista fare più volte dagli ufficiali. La signora Curiel lavorava di notte in un call center, per potersi dedicare di mattina alle ricerche della figlia Daniela, prendendosi anche cura del nipotino che all’epoca aveva solo tre anni. Poi sono iniziate le intimidazioni e il livello di stress è salito al punto tale da non riuscire più a lavorare.

Non si contano le donne che perdono l’indipendenza economica, la salute e la libertà per trovare almeno il corpo delle figlie e assicurare i colpevoli alla giustizia, in un sistema omertoso e indifferente.

I nomi delle vittime di femminicidio sui cartelli di una manifestazione a Città del Messico © Karen Melo/ Getty Images

Le indagini si muovono solo le famiglie fanno pressione 

In un’intervista condotta da Amnesty International, un dipendente dell’ufficio della procura ha dichiarato che l’andamento delle indagini dipende in buona parte dalle pressioni che ricevono sul caso. “Quando andiamo nell’ufficio del procuratore generale vediamo molti fascicoli su omicidi di donne che non vengono nemmeno toccati – racconta ancora Laura Curiel –. Chiediamo ai famigliari delle vittime se ci sono degli sviluppi, la risposta è no, non sanno nulla. Ho sempre pensato che ogni minimo passo fatto delle autorità fosse solo frutto della nostra presenza costante e determinata”.

Indagare, cercare prove, ottenere informazioni, oltre a costare parecchio tempo e denaro, significa mettersi in pericolo. La protezione che dovrebbe essere garantita alle famiglie delle vittime è una chimera. “La realtà è che mi sono sempre protetta da sola”, aggiunge la madre di Daniela. “Ho cambiato casa migliaia di volte. È così che vado avanti, appena mi sento in pericolo mi muovo. Salto da un posto all’altro, perché le autorità non mi hanno mai garantito alcuna sicurezza”.

Le croci rosa dedicate alle vittime di femminicidio in Messico © Yuri Cortez/Afp via Getty Images

I femminicidi in Messico non sono solo a Ciudad Juarez

La piaga dei femminicidi in Messico non riguarda quindi solo le strade polverose e desertiche di Ciudad Juarez e lo stato del Chihuahua, ma tutta la repubblica federale, con un’attenzione crescente allo stato del Messico che, negli ultimi dieci anni, è diventato teatro di una rete sempre più fitta di organizzazioni criminali. Nel 2018, il 79,6 per cento degli abitanti viveva in uno stato di povertà, vulnerabilità e privazione, con un tasso di criminalità tra i più alti del paese.

Lo stato è responsabile degli episodi di violenza compiuti sul suo territorio

Nel 2009, la Corte interamericana dei diritti umani aveva condannato il Messico per violazione dei diritti alla vita, all’integrità, alla libertà personale, per la violazione del dovere di tutelare i minori e per la violazione del divieto di non discriminazione. Una sentenza storica che stabilisce la responsabilità internazionale dello stato per gli episodi di violenza di genere avvenuti sul proprio territorio, con obbligo di riparazione di sedici violazioni entro un anno dalla sentenza.

Un risultato importantissimo, ottenuto dopo anni di battaglie da parte dei famigliari di tre femminicidi, con due delle vittime minorenni, avvenuti nel 2001 nell’area conosciuta come il “campo algodonero”, ovvero il campo di cotone di Ciudad Juarez. Nel 2017 però la stessa corte ha riconosciuto l’adempimento di sole nove disposizioni, sulle sedici richieste.

Un’attivista mostra il cartello con il volto di Isabel Cabanillas e la scritta ‘Non avremo pace se non avremo giustizia’ © Yo Ciudadano

Anche la famiglia dell’attivista Isabel Cabanillas aspetta giustizia

A quasi due anni di distanza, l’assassinio di Isabel Cabanillas, giovane artista, attivista e madre di un bimbo piccolo, è ancora senza colpevoli. Stando alle dichiarazione dell’amministrazione uscente, non è stato possibile raccogliere prove sufficienti per portare il caso in tribunale; restano ancora aperte tre piste investigative e il nuovo ufficio della procura avrà quindi la responsabilità di proseguire con le indagini.

I famigliari e gli amici continuano a credere che Isabel sia stata ammazzata proprio perché nota attivista dell’associazione Hijas de su maquilera madre. È stata ritrovata in strada uccisa con colpi di arma da fuoco il giorno dopo la scomparsa. Era il 18 gennaio 2019.

Isabel Cabanillas davanti al murale a cui stava lavorando il giorno della sua scomparsa © Lidia Graco

In Messico i crimini contro le donne sono un’altra pandemia

Humberto Robles è il drammaturgo messicano autore di Donne di sabbia, lo spettacolo teatrale che raccoglie le testimonianze delle donne di Ciudad Juarez, arrivato in 21 paesi del mondo, con oltre 70 repliche solo in Italia. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente perché, oltre ad essere uno dei portavoce, è l’unico uomo a collaborare, da circa vent’anni ormai, con Nuestra Hijas de regreso a casa, il movimento sociale che sostiene le donne nella loro lotta quotidiana per la giustizia.

“Purtroppo non posso che confermare interamente quanto documentato da Amnesty”, commenta Robles. “Per anni il Messico ha praticato una politica schizofrenica, firmando tutti i trattati internazionali, ma senza applicare le leggi nel paese. Oltre al “campo algodonero”, un altro caso emblematico è quello delle “donne di Atenco” violentate e torturate dai membri della polizia nel maggio del 2006 a San Salvador Atenco, nello stato del Messico. Crimini che nel 2018 sono costati al paese un’altra condanna da parte della Corte interamericana dei diritti umani, ma solo dopo lunghi anni di calvario tra vari processi penali; di questi solo uno arrivato alla conclusione e con sentenza di assoluzione.

La violenza contro le donne nel teatro e nella danza

“Non esiste la volontà politica di porre fine ai crimini contro le donne, che sono un’altra pandemia”, aggiunge Robles. “Non c’è nemmeno la volontà di prevenire la violenza di genere in tutti i settori; alcuni sforzi sono stati fatti, ma sono minimi. Penso ad esempio al teatro e alla danza, ambiti artistici dove gli abusi, le violenze e le vessazioni continuano ad essere denunciati, ma le autorità non agiscono come dovrebbero, lasciando impunti insegnanti e studenti, che continuano a perpetrare questi crimini”.

Chiediamo a Robles perché, secondo lui, nel movimento sociale in cui opera non ci sono altri uomini. Dove sono i padri e i fratelli delle vittime. “È un fenomeno interessante, ma anche molto diffuso”, risponde lui. “Pensiamo alle nonne di plaza de Mayo, in Argentina, che cercano di riportare a casa i bambini fatti sparire dalla dittatura. Credo che gli uomini non siano in grado di affrontare tutto questo, mi riferisco al lutto, al crimine compiuto, al sistema. In molti casi poi, dopo un caso di femminicidio, i mariti scelgono di andarsene, lasciando  moglie e figli. Probabilmente non riescono a sostenere un tale dolore. Le donne sono più forti”.

miércoles, 22 de septiembre de 2021

Entrevista con Norma Esther Andrade

Miércoles 22 de septiembre
6 de la tarde
ultravioleta
Norma Esther Andrade:
Es reconocida en el país y en el extranjero.
Normalista de profesión, su biografía es también una historia de dolor y, sobre todo, de implacable lucha. Al asesinato de su hija, Lilia Alejandra García Andrade –su cuerpo violentado sexualmente y abandonado en un lote baldío envuelto en una manta– vino el despertar, la conciencia de los feminicidios que desde 1993 azotan el lugar del que es oriunda, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así, de la mano de Marisela Ortiz, fundó Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización de madres que buscaban justicia para las mujeres desaparecidas y asesinadas en Chihuahua.
El 14 de febrero de 2001, las calles polvorientas de Ciudad Juárez no le trajeron de regreso a su hija menor. El 21 de febrero encontraron su cadáver, con huellas de violencia sexual y tortura. Después de que se le secaron las lágrimas de dolor y de impotencia, la vida de Norma nunca volvió a ser la misma.
De julio 2012 hasta a fecha pertenece al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social dando apoyo y asesoría jurídica a familiares de desaparición de mujeres y desaparición forzada
RECONOCIMIENTOS
Diciembre de 2003
Reconocimiento de Amnistía Internacional USA en Washington, por la lucha sostenida en defensa de los derechos humanos y contra de la impunidad.
Marzo de 2004
"Mención Especial" del premio de Derechos Humanos de la República francesa 2003. Por su acción en favor de los Derechos Humanos. ·
Septiembre de 2005
Premio Alecrín edición 2005 en Vigo, España, Norma Esther Andrade, como "reconocimiento a su labor y compromiso no eximido de peligros para su propia vida, denunciando el feminicidio en Ciudad Juárez".
Marzo 2006
Premio Racimo otorgado por la Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (España) ·
Octubre 2006
Premio Andrakintza entregado por el Ayuntamiento de Múzquiz, en el País Vasco, por el proyecto "Alto a la violencia contra las mujeres en Ciudad de Juárez, no más feminicidio y fin a la impunidad" considerando la lucha por la equidad de género
Febrero de 2007
Premio Especial de la Secretaría de la Mujer de la Unión de Actores y Actrices de Madrid, España, por la defensa de los derechos de las mujeres.
Abril 2007
Premio español Ciutat de L Hospitalet de cooperación y solidaridad por su lucha contra la impunidad y por su contribución a la defensa de la dignidad Humana, la libertad individual y los derechos de las mujeres.
2009
Premio otorgado por la Fundación Semillas Reconocimiento a su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres
Junio 2009
Premio a la mejor mama del año otorgado por Selecciones Readers Digest de México.
2013 JUNIO:
Premio Alice Salomón 2013, que otorga la Escuela de Estudios Superiores Alice Salomón, en Berlín, Alemania, a personalidades que han contribuido a la emancipación de la mujer y al desarrollo del trabajo social en condiciones adversas. Esta edición se entregó a Marisela Ortiz y Norma Andrade, "por fundar la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa bajo peligro a sus vidas (...) Por su compromiso valiente como activistas de los derechos de las mujeres".
OCTUBRE 2013:
Premio Mentes Quo + Discovery 2013 a Norma Andrade y Marisela Ortiz, fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, "Las mujeres que enfrentaron al sistema" en la categoría Mente Humana, "Por poseer una mente curiosa, apasionada, integradora, visionaria y que nos inspira a transformar el mundo". Quedando como las 30 mentes que transforman México, además, siendo elegido su proyecto entre las diez mejores Mentes Quo.
MARZO DE 2016
Reconocimiento a Hermila Galindo en la categoría Persona por su trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos.
OCTUBRE DE 2018
Medalla Omecihuatl: Categoría 8. Por su destacada trayectoria como defensora, cuyo trabajo tenga una contribución importante en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres
Miércoles 22 de septiembre, entrevistaremos a Norma Esther Andrade. Siempre agradecida por la confianza que me brindan para nombrar a las mujeres víctimas de feminicidio y exigir justicia.
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Feminicidios en México: se investiga tarde y mal


Tan solo en el pasado año 2020, se registraron 3723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

Las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General (Ministerio Fiscal) de Justicia del Estado de México (FGJEM), presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género.

Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, asegura Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe titulado Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México. 

Estas carencias coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por defensores de derechos humanos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

Para Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, «las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres».

Tan solo el pasado año 2020 se registraron 3723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, AI documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Se trata de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

La negligencia como norma

El trabajo publicado demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos. También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

De manera paralela a la publicación del informe, Amnistía ha lanzado la campaña #HastaSerEscuchadas, con el objetivo de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios, que cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento, e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias.

martes, 21 de septiembre de 2021

Clasificaron como feminicidios 940 de 3 mil 723 asesinatos: AI

Autoridades favorecen la impunidad, denuncia

Cifras de 2020 // Pasan por alto criterios emitidos por la SCJN // El Estado mexicano debe corregir, apremia

 
Periódico La Jornada
Martes 21 de septiembre de 2021, p. 5

Durante 2020, se cometieron 3 mil 723 asesinatos de mujeres en México, de los cuales sólo 940 fueron clasificados por las autoridades competentes como feminicidios, aun cuando los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –en una sentencia relacionada con el homicidio de una mujer– establecieron que se debe procurar que en todos los casos se inicien las investigaciones como feminicidios y sólo posteriormente, de no conjugarse los elementos, reclasificarlos, señaló Amnistía Internacional (AI).

Al presentar el informe Juicio a la justicia: deficiencia en las investigaciones penales de feminicidios en el estado de México, Amnistía Internacional denunció que los errores, omisiones y negligencias cometidos por las autoridades favorecen la impunidad.

La actuación de las autoridades se asemeja a patrones registrados en Ciudad Juárez hace más de 20 años, por lo que el Estado mexicano debe corregir su desempeño para lograr justicia para las víctimas, dijo la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares.

Alertó sobre las deficiencias que se detectaron en las investigaciones sobre feminicidios en el estado de México, las cuales se reproducen en otras partes del país, por lo que concluyó que hay omisiones importantes del Estado para prevenir, evitar y sancionar este delito, como, entre otros, pérdida de evidencias fundamentales, restricciones en las líneas de investigación y revictimización de los familiares que, con frecuencia, son quienes tienen que impulsar las indagatorias con sus propios medios.

No tipificar de origen los casos como feminicidios evita la aplicación de los protocolos propios de este delito, que implica la atención con perspectiva de género. Olivares recordó la resolución de la SCJN sobre Mariana Lima Buendía, que determinó que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio.

Olivares destacó el incumplimiento de obligaciones del Estado mexicano derivadas de resoluciones de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que se pronunció sobre la violencia contra la mujer en México al resolver el caso del campo algodonero, donde fueron asesinadas tres mujeres en Ciudad Juárez, y remitió recomendaciones. Por ello, demandó al gobierno federal reconocer la magnitud de los feminicidios y desapariciones en el país.

Para AI, en la actualidad la situación no ha variado mucho: Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales de los que México es parte, así como las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la CoIDH que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres

martes, 29 de junio de 2021

Adecuada clasificación aumenta estadísticas de feminicidios: SSPC

Se disfrazaban cifras, explica Rosa Icela Rodríguez

De enero a mayo pasados creció 7.1% respecto de 2020
 
Periódico La Jornada
Martes 29 de junio de 2021, p. 4

El compromiso del gobierno federal es clasificar adecuadamente los feminicidios, sin importar que implique aumento en las estadísticas, expuso la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la cifra de mujeres víctimas de ese flagelo entre los meses de enero y mayo pasados: 423, lo cual representa un aumento de 7.1 por ciento respecto del mismo periodo de 2020.

La rueda de prensa en Palacio Nacional tuvo como tema principal la violencia contra las mujeres. Un reportero preguntó la opinión del mandatario sobre las demandas del movimiento LGBT.

Debemos garantizar las libertades plenas, amplias, de todas las personas; estamos por (el) respeto a la diversidad, no sólo por la tolerancia, que es como una especie de concesión. El respeto a los derechos de todos es fundamental en una sociedad democrática y nosotros vamos a seguir de esa forma, respetando a todos. En el gobierno que represento no se permiten el clasismo, el racismo, ni la discriminación, no somos iguales a los conservadores, nosotros estamos en favor de las libertades.

A la conferencia acudieron, además de Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, y de Inmujeres, Nadine Gasman, con objeto de exponer las acciones gubernamentales que enfrentan la violencia contra ese sector. La encargada federal de la seguridad pública adujo que “a todos nos toca, a todas, nos toca contribuir a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres para lograr que caminen sin miedo por calles y espacios públicos.

Conviene a todas y todos terminar con esta estructura de violencia, por la dignidad de nuestras madres, abuelas, hermanas, hijas y nietas. No puede haber paz sin justicia y no puede haber justicia sin una vida digna y libre de violencia para las mujeres.

Así, destacó que durante décadas la cifra oficial minimizó el feminicidio, lo borró, disfrazó y negó. “Lamentablemente, este flagelo ha existido y hay referencias conceptuales desde 1976, pero el primer caso reconocido en México se registró en 2010, en el estado de Guerrero. De acuerdo con la línea de tiempo que vemos ahí, fue en 2018 cuando se homologó y aprobó por primera vez un criterio nacional para el registro de este delito. Entre 2018 y 2019 se reforzó el registro estadístico.

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos el compromiso de clasificar adecuadamente los feminicidios, sin importar que esa suma implique un aumento en las estadísticas.

También, refirió que ocho entidades concentran las tasas más altas: Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas. Para combatir la impunidad, los secretarios técnicos de las Mesas para la Construcción de Paz dan seguimiento a 224 carpetas de investigación por homicidios contra mujeres, de las cuales 123 son por feminicidios y 101 por homicidios dolosos.

jueves, 24 de junio de 2021

Mujeres con causa | Malú García Andrade

Mujeres con causa | Malú García Andrade

Malú García Andrade cuenta la historia de cómo su hermana Lilia Alejandra fue torturada, abusada sexualmente y asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde ese día, su madre y ella han encabezado la lucha de muchas madres y familiares que claman justicia por el asesinato o la desaparición de sus hijas. Su colectivo ""Nuestras Hijas de Regreso a Casa"", es una de las organizaciones más importantes en la incansable labor de generar justicia para las mujeres víctimas de feminicidio en México. Conoce toda nuestra programación en: http://www.canalcatorce.tv/

domingo, 21 de febrero de 2021

Lilia Alejandra: la impunidad frente al frágil discurso oficial

NORMA ANDRADE CON LA FOTO DE SU HIJA LILIA ALEJANDRA ASESINADA EN CIUDAD JUÁREZ, EN 2001. FOTOGRAFÍA: ABRAHAM RUBIO

A pesar de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció la resolución de un feminicida serial con “prueba científica”, un juez negó una orden de aprehensión, la CEAV cuestiona la investigación y no hay sentencia ni certeza para la familia de la víctima de un caso que avanza en la CIDH porque el Estado tiene 20 años sin resolverlo

MARCO ANTONIO LÓPEZ Y ABRAHAM RUBIO*
FOTOGRAFÍAS: ABRAHAM RUBIO

Ciudad Juárez, Chihuahua– Norma Andrade, quien frente al féretro de su hija juró que no iba a descansar hasta encontrar justicia, ahora duda. El tiempo la ha orillado a creer que morirá sin cumplir esa promesa, y cuando cae en cuenta y lo dice, llora.

Han pasado 20 años y ese duelo que se abrió el 14 de febrero de 2001 está lejos de cerrarse para ella y Jade y Caleb, quienes quedaron huérfanos desde ese momento.

El caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, permanece impune debido a las deficiencias en la investigación y el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, que tras una investigación de tres meses en 2018 detuvo al presunto asesino serial, Manuel N., y dio por “resuelto” un caso que llevaba más de tres lustros sin respuestas.

El gobernador Javier Corral y la Fiscalía han presionado a la defensa de Norma y a ella para que acepten al detenido como el responsable, pero no lo admiten ante las inconsistencias en la investigación por el feminicidio de Lilia Alejandra y la arbitrariedad con que las autoridades descartaron la línea de investigación más importante desde 2010: tres muestras genéticas.

Norma dice que estas acciones implicarían más violaciones por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaría al Estado, pero eso no le importa en realidad: “Lo que me interesa es que detengan al que mató a mi hija y a los que lo ayudaron.”

LA PROMESA 

DE JUSTICIA


Lilia Alejandra tenía 17 años cuando desapareció el 14 de febrero del año 2001 tras salir de su trabajo de la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles S.A. de C.V. Pidió prestado dinero para tomar el transporte público y partió al atardecer por un lote baldío cercano a la zona.

Horas después, cuando sus familiares se percataron de su ausencia, comenzaron a buscarla con sus amigos y conocidos para conocer su ubicación. No pudieron localizarla y acudieron a la Agencia del Ministerio Público. El primer encuentro desagradable de Norma Andrade con la autoridad fue ese día cuando le dijeron que debía esperar 72 horas para reportarla desaparecida porque “seguro estaba con el novio”.

Una semana después, su cuerpo sin vida, torturado y abusado sexualmente fue abandonado enredado en una cobija en un terreno baldío entre dos de las avenidas más importantes de la ciudad, la Tecnológico y la Ejército Nacional.

Norma Andrade sepultó a su hija con la promesa de que no descansaría hasta encontrar justicia.

Pasaron nueve años para que la carpeta pudiera tener una línea de investigación sólida, que se dio por la presión de la defensa de Norma, Grupo de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos, y por ella misma. Se identificaron tres muestras genéticas: el raspado de las uñas restos orgánicos (perteneciente a un varón o “dudoso”), una mancha de sangre O+ en el cobertor en que fue envuelta la víctima (muestra C1666-1/07) y semen que se extrajo del cuerpo de la víctima (muestra 1298/06).

La última muestra, la 1298/06, coincidió en el haplotiplo “Y” con el ADN de un agente ministerial de nombre Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado el 19 de febrero de 2010 e ingresado a la base de datos de la FGE meses antes de que la defensa pidiera el cotejo de la muestra en la base de datos.

Los resultados del Informe Pericial en Materia Forense, que entregó y firmó la perito Karely Liliana Islas González el 8 de junio de 2010, mostraron que el agresor de Lilia Alejandra es un familiar perteneciente al linaje paterno de Castañeda Ogaz y, de acuerdo con el Ministerio Público, la muestra coincide y vincula al agresor de Lilia Alejandra con otros tres feminicidios: Sonia Ivette Sánchez Ramírez, Rosa Isela Tena Quintanilla y Coral Arrieta Medina.

Sin embargo, el avance en la investigación no facilitó las cosas para encontrar justicia: las complicaron. Norma sufrió dos intentos de asesinato en un lapso de 60 días (el primero en Ciudad Juárez el 2 de diciembre de 2011 y el segundo en Ciudad de México el 3 de febrero de 2012), además han entrado a su casa a vandalizarla, robado las computadoras de la organización en la que trabaja y ha recibido amenazas. Desde 2011, Norma, Caleb y Jade, viven desplazados, lejos de la ciudad donde nacieron.

En el caso de Lilia Alejandra el acceso a la justicia no ha llegado, pero en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso debido a la existencia de “un retardo injustificado por parte de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados”. En 2018, durante la comparecencia del “Caso 12.853 – Lilia García Andrade, México”, el Estado mexicano aceptó su “responsabilidad internacional” por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra.


El Gobierno Federal ofreció un acuerdo amistoso que la defensa negó. Pero fue la participación del representante de la FGE de Chihuahua la que cambió todo a partir de ese momento: Sergio Castro Guevara se presentó como el nuevo ministerio público encargado de la carpeta y el mismo día de la comparecencia les informó de una nueva línea de investigación.

UN DETENIDO, 

UNA “PRUEBA CIENTÍFICA”

El ministerio público Sergio Castro Guevara tomó la carpeta de investigación entre febrero y marzo de 2018 y, luego de entre dos y tres meses con el caso, determinó con una investigación basada en estadística genética que el principal sospechoso desde 2010, un familiar directo del linaje paterno del agente Castañeda Ogaz, no podía ser, porque ya se había cotejado el ADN encontrado en el rastro de semen con gran parte de la familia paterna del agente.

Incluso, refirió el agente del Ministerio Público en una entrevista, se exhumó a un familiar de la línea paterna y no coincidió con el ADN, por lo que luego de que se compulsaran las muestras de varios familiares con la del semen, se concluyó que lo que en un principio dijeron los peritos no era posible.

Entonces, dijo Castro Guevara, se inició una investigación desde el principio. En algún punto de la investigación Castro Guevara pidió comparar el ADN de otra víctima de feminicidio, Leticia García Leal –que fue asesinada en 2011 y cuyos restos óseos fueron encontrados dos años después–, con el de la muestra de semen 1298/06. Y, de acuerdo con el agente, se determinó que el semen que se encontró en el cuerpo de Lilia Alejandra pertenece por “estadística genética” a quien fuera padre biológico de Leticia García Leal: Manuel N. 

Para llegar a dicha conclusión se tomaron muestras genéticas de la madre e hija de Leticia, pero no se tomó muestra a Manuel N para confirmar.

Manuel N. fue detenido en la ciudad de Chihuahua el 19 de mayo de 2018, a tres meses de que Castro Guevara tomara la investigación, y 12 días después de que se llevara a cabo la audiencia en República Dominicana de la CIDH.

Manuel N. está detenido y en proceso, aún sin sentencia a casi tres años de su detención, por su presunta responsabilidad en el homicidio y violación de Rosa Isela Tena Quintanilla y por el de Sonia Ivett Sánchez Ramírez.

El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró el 8 de agosto de 2018 a los medios de comunicación, luego de una manifestación de familiares de víctimas en el Foro de la Pacificación que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade estaba resuelto:

“Que haya motivaciones personales o políticas es otra cosa, son casualmente las dos personas más atendidas por la Fiscalía (el otro caso al que se refirió es José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo). Un caso que ya está resuelto es el de Norma Andrade, está resuelto el asesino serial con prueba científica, pero encontramos la oposición de ella, dice que no es… es un crimen seguir medrando con el dolor de las víctimas”, dijo en esa ocasión.

El gobernador dio por resuelto el caso, pero en los hechos, ese 8 de agosto, no había una orden de aprehensión validada por el juez por el caso de Lilia Alejandra y tampoco alguna persona detenida por este feminicidio.

De hecho, la orden de aprehensión por el caso de Lilia Alejandra fue negada el 27 de agosto de 2018 por el juez primero de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional, Rubén Efrén Ramírez Santillán, al no estar comprobada su probable responsabilidad. Dos semanas después de que Javier Corral anunciara la resolución del caso “con prueba científica”.

Esa “prueba científica” fue cuestionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) al hacer una revisión de la estrategia pericial seguida por el MP y determinó que:

“las actuaciones realizadas por las y los peritos estatales (…) han contribuido en forma significativamente negativa en la investigación del homicidio de Lilia Alejandra García Andrade”.

Por ello, la CEAV ordenó un estudio exhaustivo de dos aspectos de la investigación.

El primero sugiere una evaluación de los dos peritajes contradictorios realizados por la perita Karely Liliana Islas González, que en un primer momento determinó la relación de parentesco por el linaje paterno entre Castañeda Ogaz y el agresor de Lilia Alejandra, y ocho años después eliminó esta línea de investigación tras emitir un segundo documento donde descarta esta hipótesis.

El segundo pide una revisión y evaluación de las técnicas, métodos, análisis y conclusiones realizados y si lo referido por los peritos “es congruente con lo dictado y sugerido en la comunidad científica, las bases teóricas y prácticas del área de conocimientos en la que dictaminan”.

A más de dos años de que se negara la orden de aprehensión a Manuel N. por el caso de Lilia Alejandra, la carpeta de investigación no ha tenido modificaciones, es decir, no se ha apelado la decisión del juez, y por lo tanto no se ha liberado alguna orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Lilia Alejandra, de acuerdo con el Departamento de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

FEMINICIDIOS EN MÉXICO: 

LA SITUACIÓN ESTÁ MÁS GRAVE

La búsqueda de justicia de Norma ha sido transexenal: cuatro gobernadores y presidentes se han reunido con Norma o han escuchado alguna vez la petición de justicia. Sin embargo, considera que la situación es más grave hoy que hace 20 años: “no nomás por el aumento de casos, no nomás porque ya es en todo el país. Es más grave el problema porque, a pesar de todo lo que hay (leyes, instituciones, visibilidad en los casos), seguimos sin justicia”.

La impresión de la activista no es para menos: en cinco años los feminicidios en México aumentaron un 128.71 por ciento, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El país aumentó de 411 carpetas abiertas por feminicidios en 2015 a un total anual de 942 en 2019 y 940 en 2020. Cifras que de acuerdo con organizaciones civiles podrían ser más debido al subregistro en los estados donde no está tipificado el feminicidio y se considera como homicidio doloso.


Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, explica que desde 2003 un informe de las Naciones Unidas – en el que se analizaron 86 feminicidios ocurridos en Juárez– planteó la incapacidad en los procesos de investigación de las autoridades y la necesidad de cambios profundos en las fiscalías, pero estos no fueron suficientes: “el sistema ha sido manifiestamente desbordado por un desafío criminal para el que no estaba preparado a partir de 2008, dando lugar a un colapso institucional que ha determinado la impunidad generalizada de los responsables de los crímenes”.

Sin embargo, considera injustificable que las autoridades del estado de Chihuahua y federales continúen subestimado el problema: “sí hay feminicidios, no es una leyenda negra, y las sociedades necesitan para su propia reconciliación saber la verdad y tener justicia, saber por qué estas niñas y mujeres empiezan siendo asesinadas desde 1993 y todavía hasta el 2021, a pesar de que el Estado mexicano ha sido condenado internacionalmente, sigue todavía permitiendo la desaparición forzada y el feminicidio”.

Este 21 de febrero se cumplen 20 años del asesinato de Lilia Alejandra y Norma ve lo que vio hace 20 años: “el mismo gobierno insensible de aquella época. Antes no teníamos nada de medios, entonces había pretexto para decir que no teníamos y no se encontraba justicia por eso; ahora lo tenemos y de todos modos no encontramos justicia”.

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*Una historia que La Verdad publica con autorización de los autores