sábado, 3 de febrero de 2018

Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, llama a feministas a unirse a la lucha de familiares de desaparecidos

Rosa RojasUn feminismo radical “no es la 


Un feminismo radical “no es la práctica de pedir derechos ni de empoderarse en la casa del amo”, es una historia y un cuerpo de conocimientos para un proyecto civilizatorio completamente distinto al actual sistema patriarcal y su absolutismo masculinista que ha construido el “des-orden civilizatorio de injusticia, violencia y depredación recurrente que marca la realidad” actual.
Por contra, el feminismo institucional, cuya tarea fue incorporar a las mujeres a las organizaciones sociales preexistentes y partidos políticos, definió desde 1983 la política de las mujeres como lo que “concierne fundamentalmente a la distribución del poder en la sociedad patriarcal” y a medida que desarrolló sus proyectos en estrecha relación con las instancias de poder –Estados, agencias para el desarrollo, organismos internacionales- recibiendo sus beneficios, generó una corriente hegemónica que subsume a muchos sectores del feminismo en sus estrategias, manejos de recursos y metodologías de trabajo, imponiendo “mesura y buen comportamiento”, desmontando los mecanismos autónomos de articulación y fragmentando y destruyendo las prácticas de resistencia y gran parte de la capacidad subversiva del feminismo.
Así lo planteó la feminista radical Ximena Bedregal, durante el homenaje post mortem que el Archivo e Interpretación Histórica del Movimiento de Lesbianas Feministas (AIHMLF) en México 1976-2018 Yan María Yaoyólotl, organizó en honor de Marcela Olavarrieta, fundadora del grupo Acratas, de lesbianas feministas, en 1976.
En este acto también participaron, entre otras ponentes, Norma Andrade, luchadora contra el feminicidio, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, luego de la desaparición de su hija Lilia Alejandra, quien fuera asesinada en 2001 e integrante del Grupo de Acción Por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC y la propia Yan María Yaoyólotl.
Andrade, en su exposición, explicó que está apoyando la huelga de hambre iniciada el 16 de enero frente a la Secretaría de Gobernación por un grupo de madres de desaparecidos que exigen que dicha dependencia cumpla una serie de demandas, entre ellas el rescate de los cuerpos que se han localizado en fosas clandestinas en diferentes estados, atención a familiares de las víctimas y la operación de una de las madres que padece miomas.
Mencionó que ahora incluso hay una Comisión para buscar a las víctimas “ya tenemos infraestructura, ya tenemos las leyes pero no hay voluntad política” para atender a familiares y encontrar a los 33 mil desaparecidos que hay en el país. Subrayó que el movimiento lésbico feminista en el que participa Yan María ha apoyado a las madres de desaparecidos y les ha enseñado muchas cosas, entre ellas la importancia de hacer expedientes sobre los casos de desaparecidos.
Llamó además a las feministas a apoyar el movimiento de las y los familiares de desaparecidos ante la falta de atención de las autoridades. Subrayó que en 2017 hubo 798 ejecutados en Ciudad Juárez, Chihuahua de los que 98 eran mujeres, y que hay un gran número de huérfanos por esa violencia, no hay un censo de ellos, por lo que debe haber quienes, como sociedad, se preocupen por ver qué pasa con esos niños. “Así como con su lucha consiguieron el aborto yo les pido que como feministas se unan a nuestra lucha”, añadió Andrade.
Al respecto, Yan María apuntó que las lesbianas feministas “somos mujeres y nos interesan los asuntos de las mujeres”, criticando que los movimientos de la diversidad sexual han dejado estos asuntos por fuera.
En su exposición Bedregal Sáez mencionó que la corriente feminista radical implica una visión y una postura crítica de la macrocultura patriarcal que no omite el arte, la ciencia, la filosofía, las religiones, las ciudades, las patrias, las herramientas del sistema patriarcal.
Sin embargo, dijo, esta posición crítica podría constituirse en un acto sólo intelectual o hasta doloroso si no se funda y sostiene en la práctica política de relación entre mujeres, “única relación donde nuestros cuerpos se integran, donde encontramos las palabras para nombrar nuestras experiencias, donde nuestra crítica radical a la cultura vigente se ve cobijada y sostenida y donde nuestras experiencias cobran sentido, potenciando así imaginación en libertad, posibilidad de mundo propio, de mundo para sí”.
Para un feminismo radical la práctica política de las mujeres implica la relación entre mujeres para construir libertad femenina desde la cual se haga posible crear lo no creado, fundar lo no fundado en relación con otras, indicó.
Relató que este feminismo radical nació de la práctica de los grupos de autoconciencia, donde las experiencias de vida de las participantes, la mayoría de las veces dolorosas, dejaban de ser un desquicio femenino para, en el diálogo y el compartir con sus hermanas mujeres, pasar a ser, apenas, una marca de la apropiación patriarcal de sus cuerpos y sus vidas; descubrimiento de suyo liberador.
Sin embargo hay quienes buscaron incorporar a las mujeres a las organizaciones de lucha preexistentes “sin visualizar el carácter profundamente misógino, patriarcal y jerárquico de esas instancias”. “Ahora se trata de que la feminidad patriarcal tenga una buena cotización en la bolsa de valores masculinos, devolviendo así a las mujeres a la sombra de una historia iluminada por los proyectos e instrumentos de los hombres y haciendo circular a las mujeres en un mercado que no es nuestro y donde nuestra corporalidad sigue sin tener significado ni valor propio”, subrayó.
Mencionó que todo esto se configuró paralelamente a lo que en América Latina se llama “las aperturas democráticas (el fin de las dictaduras militares) que no es otra cosa que la reordenación político económica y espacial del patriarcado capitalista para entrar en su fase mundialista. Esta reordenación no sólo requiere de la recuperación del espacio económico y físico con sus invasiones y guerras de extramuros, sino además, y en igual importancia, en la recuperación y disciplinamiento de los terrenos de la resistencia”.
Así la década de los 90 estuvo marcada por una apuesta central, impulsada desde espacios de poder y, agazapada tras un aparente ejercicio de diversidad, pluralidad y democracia para desmantelar toda apuesta político/filosófica que le permita al feminismo tanto avanzar en transformaciones radicales que afecten la macrocultura como inventar nuevos caminos para el ser mujer en el mundo, para la construcción de la libertad femenina.
Bedregal mencionó que de manera consciente o inconsciente, feministas de las corrientes hegemónicas fueron –y siguen siendo- constructoras activas de esta nueva política. La Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijíng (1995) “fue el punto de inflexión definitivo así como la negación del concepto de patriarcado junto al reemplazo del feminismo por el concepto de perspectiva de género y a la adopción de esta palabreja por las instancias de poder terminaron por abrirle nuevamente y de par en par las puertas a lo más rancio, violento y brutal del patriarcado”.
Recordó que incluso alguna feminista no radical como la costarricense Alda Facio escribió: “La incorporación de los discursos de género en las instituciones de la oligarquía internacional como el BM o el BID y el FMI, ha permitido que puedan seguir con sus planes de ajuste estructural sin la oposición del movimiento feminista porque lo está haciendo con perspectiva de género”.
Afirmó Bedregal que “hoy incluso prima una suerte de antifeminismo con perspectiva de género” y que al amparo del postmoderno feminismo de la igualdad, el género y el empoderamiento, “hoy la masculinidad se enseñorea por doquier usando su fuerza para negar ya sin tapujos el cuerpo de las mujeres”. Véase, dijo, el transfeminismo que niega a las mujeres para erguir a cuerpos de varón como las “verdaderas” mujeres porque, dicen, “lo son por voluntad y no por nacimiento; la maternidad subrogada que hace del cuerpo de las mujeres sólo el receptáculo de la voluntad del varón; la feminidad como performance desligada del cuerpo biológico; la prostitución como supuesto acto de ejercicio libre y voluntario del cuerpo, el hostigamiento sexual como una simple torpeza de la emotividad masculina que no tiene nada que ver con cómo se concibe la corporalidad femenina, el feminicidio como un conjunto, en el mejor de los casos, de locos sueltos y agresivos, etc”.
Añadió que la crisis que hoy vivimos es de una gravedad enorme y tiene dimensiones planetarias y civilizatorias, de ahí la creciente necesidad de profundizar la reflexión crítica de la macrocultura patriarcal; la necesidad de recobrar la autogestión de nuestros saberes por encima del saber académico que ya es incapaz de leer la realidad y menos aún de plantear alternativas. De allí la necesidad de recuperar el cuerpo, y antes de que terminen de robárnoslo recobrar su sentido de instrumento indispensable para tocar la vida, repensar su sentido y su valor en la creación de un sentido libre de ser mujeres. De allí la necesidad imperiosa de crear lo no creado, pensar lo no pensado, fundar lo no fundado, de traer el mundo al mundo y esto para las mujeres sólo es posible en la práctica de relación con otras, en y desde la creación de espacios de construcción colectiva de libertad femenina.
Yan María en su intervención en el homenaje, efectuado el pasado sábado- recordó que Marcela Olavarrieta fue “quien estableció las bases teóricas y prácticas del Movimiento Feminista Radical Anarquista Separatista y la trascendencia del amor político entre mujeres como principio fundamental para edificar al feminismo” y que el Movimiento de Lesbianas Feministas en México (MLF) cuenta con 42 años de lucha ininterrumpida basado en el principio de autonomía política.
Aclaró que el amor político entre mujeres “no es sexo; el sexo entre mujeres es el homosexualismo femenino y el feminismo lésbico es amor político entre mujeres” y comentó que Olavarrieta planteó en su tiempo la abolición de la familia, la creación de comunas y cooperativas y ya en 1976 “previó que el patriarcado iba a coptar el feminismo y lo iba a utilizar en contra de las propias mujeres”.
Yan María aseveró que el generismo académico incluso ha eliminado el concepto de patriarcado. Llamo a las feministas lesbianas a crear organizaciones para resistir los embates del sistema patriarcal, conjuntamente con los movimientos obreros, campesinos e indígenas, como el zapatista. Ella es integrante del Comité de Lesbianas Feministas Zapatistas que apoya la candidatura a la presidencia de la República de María de Jesús Patricio, propuesta por el Congreso Nacional Indígena.
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lunes, 22 de enero de 2018

El número de feminicidios en el país aumentó 72%, según cifras oficiales

En 2017 Sinaloa ocupó el primer lugar en esos asesinatos
Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de enero de 2018, p. 4
El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que de 2015 a 2017 hubo un incremento de 72 por ciento en los feminicidios. Destaca que en todo el país en 2015 se perpetraron 389, y 671 en 2017.
Al analizar la información disponible, el secretariado ejecutivo resalta en su reporte con datos al 31 de diciembre pasado, que en 2015 se cometieron 389 feminicidios –conducta delictiva que comete una persona cuando priva de la vida a una mujer por razones de género–, y en ese año, en octubre, se alcanzó la cifra más alta de asesinatos de ese tipo, con 41.
Para 2016, destaca el informe con perspectiva de género del secretariado ejecutivo, se perpetraron 580 feminicidios, y en marzo de ese año se acumuló el mayor número, con 65.
El año pasado se contabilizaron 671 feminicidios, y en junio se alcanzó el mayor número de asesinatos de mujeres, con 70, la cifra más alta en un mes.
Altos índices
De acuerdo con el reporte Delitos de feminicidio: tendencia nacional, de la Secretaría de Gobernación y el secretario ejecutivo, se señala que en 2017 Sinaloa ocupó el primer lugar en asesinatos de mujeres por cuestiones de género, con 82; el segundo lugar correspondió a Veracruz, con 79; en el tercer sitio se ubicó Oaxaca, con 58; el cuarto lugar lo ocupó el estado de México, con 57, y el quinto sitio fue para Nuevo León, con 43.
Dicho reporte refiere que en el periodo en mención, en Querétaro, Baja California Sur y Aguascalientes no se registró ningún feminicidio.
Asimismo, da cuenta de en que 2017 Tamaulipas y Campeche reportaron la existencia de un solo feminicidio; mientras en Tlaxcala, Nayarit y Baja California se perpetraron dos en cada una de esas entidades.
En ese informe se precisa que Sinaloa ocupó el primer lugar en feminicidios por cada 100 mil habitantes en 2017, con un total de 5.33; Oaxaca ocupó el segundo sitio, con 2.73, y Morelos la tercera posición, con 2.26.

viernes, 19 de enero de 2018

En 2017: 93 víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez durante el 2017 fueron 93 mujeres víctimas de feminicidio, lo que representa el 72% mayor al año 2016.
¡¡NI UNA MÁS!!

jueves, 14 de diciembre de 2017

En 2016 se registraron en México 7.5 feminicidios por día

Alma E. Muñoz

Ciudad de México. Entre 1985 y 2016 se registraron 52 mil 210 defunciones femeninas con presunción de homicidio en México. De esa cifra, 12 mil 810 corresponden a los últimos cinco años, y dos mil 746 a 2016, lo que representa 7.5 asesinatos de mujeres por día, de acuerdo con el estudio “La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias”.

Elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ONU Mujeres y la Secretaría de Gobernación (Segob), el documento refleja que en 2013 hubo una reducción de esos crímenes, pero que tres años más tarde se dio un nuevo repunte, que representó 63 por ciento respecto al año anterior.
En 2016, Colima fue considerada como la entidad con la mayor tasa de feminicidios, 16.3 por cada 100 mil mujeres, mientras que a nivel municipal, se ubicó Acapulco, con 107 casos; seguido por Baja California con 95 y Ciudad Juárez  con 75.

domingo, 10 de diciembre de 2017

'Feminicidios': la imagen del horror

Por Helena Fabré Nadal y Ana Karen León*

El cuerpo como primer lugar de enunciación
En la década de los noventa, Ciudad Juárez se consolidó como la ciudad de maquilas. La exigencia de mano de obra femenina –además de la movilidad migratoria por ser una ciudad fronteriza– rompió con los roles tradicionales: muchas mujeres salieron de sus hogares para trabajar, pese a las pésimas condiciones laborales. A partir de esta misma década comenzaron a aparecer sistemáticamente cadáveres de mujeres en lugares públicos de Ciudad Juárez, por lo que el análisis de la violencia contra las mujeres cambió sus coordenadas espaciales. 1993, concretamente, aunque ya se habían hallado antes diversos cadáveres femeninos, implicó la ruptura de la dicotomía lo privado vs lo público para entender la violencia feminicida. Es decir, se cuestionó la noción de violencia íntima que situaba la violencia contra las mujeres en un espacio único, cuando las circunstancias obligaban a pensar al cuerpo mismo como un territorio en disputa.
La zona desértica Lomas de Poleo, Planta Alta de Ciudad Juárez, mejor conocida como la zona de las Cruces Rosas, simboliza la lucha contra los feminicidios a raíz de los cuerpos encontrados en este lugar. No sólo se recuerda Ciudad Juárez como caso paradigmático de feminicidios en el país, sino que, hoy en día, se recuperan de Chihuahua algunas de estas formas de denuncia que inciden en el territorio a través del cuerpo.
Con los años, la violencia contra las mujeres, no obstante, trascendió a la ciudad fronteriza. Los feminicidios volvieron a ser foco de atención en diversos estados, especialmente el Estado de México. Familiares de mujeres víctimas de feminicidio y activistas lucharon para que se reconociera que al hablar de feminicidios la discusión no sólo fuese en torno a Ciudad Juárez; era una crítica al Estado y la sociedad misma para que reconocieran que la violencia feminicida estaba más cerca de lo que estaban dispuestos a aceptar.
Como resultado de la crisis de feminicidios en el Estado de México y la organización de diversas protestas de mujeres, se retomaron las Cruces Rosas, símbolo de la lucha contra los feminicidios, esta vez en el Bordo de Xochiaca, entre los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, lugar en el que se ha arrojado sistemáticamente cuerpos de mujeres como desechos en las aguas negras. La acción de las cruces replanteó cómo a través de nuestros cuerpos recuperamos aquellos territorios que han sido expropiados a causa de la inseguridad que conlleva ser mujer y transitarlos, es decir, del despojo corporal y territorial al que estamos expuestas.
Manifestaciones artísticas desde nuestro cuerpo-territorio
En este sentido, consideramos la categoría cuerpo-territorio, propia del feminismo comunitario xinca, útil para entender ciertas formas de lucha. Dado que el control social ha implicado la pérdida de autonomía, el cuerpo de las mujeres es de todos antes que de nosotras. Recuperando a las feministas comunitarias se asume, entonces, a los cuerpos como el primer lugar de enunciación: “nuestro cuerpo de mujeres como nuestro primer territorio a recuperar y defender”.
Hacemos referencia a luchas colectivas contra los feminicidios que visibilizan el despojo corporal-territorial que conlleva este tipo de crímenes contra mujeres. Porque en un país en donde los cuerpos de las mujeres son asumidos como desechables, la idea del cuerpo-territorio puede ayudar a dimensionar los significados en torno a diversas acciones colectivas, es-pecialmente aquellas en las que hay una apropiación de espacios de poder. ¿A qué nos referimos con esto? A la ocupación de los lugares en donde la violencia contra las mujeres se produce de manera tal que parece un territorio perdido, como en los casos de Lomas de Poleo o del Canal de Xochiaca, mencionados anteriormente. Muchas han sido las apropiaciones colectivas que se han realizado en nuestro país, las que retomamos en este artículo son sólo algunas de las acciones que se han realizado en los últimos años, e incluso meses, con el fin de que sean experiencias detonadoras que inviten a nuestra lectora, a nuestro lector, a reconocer la diversidad de intervenciones estético-políticas que trascienden, por mucho, lo abarcado aquí.
Las intervenciones como las Cruces Rosas, los performances políticos, los bordados contra los feminicidios y los escraches, nos recuerdan que la lucha política es también una batalla cultural: el construir sentidos comunes diversos, exigiendo el derecho al cuerpo, en este caso, a través de la relación entre la lucha por el territorio-tierra y las luchas estético-políticas contra la violencia feminicida.
El performance, en el que no es el objeto sino el sujeto el elemento constitutivo de la obra artística, esa peculiar manera de estar en el espacio público, ha sido retomado por diversas mujeres como una manera para denunciar, a través de su sentir, de su existir, de su palabra, lo que los feminicidios han significado para nosotras. En el caso argentino, en las décadas de los noventa, los performancesinundaron el espacio público como una nueva forma de reclamo y condena, como en las rondes de madres de la Plaza de Mayo todos los jueves. Las luchas de mujeres ha recuperado los escraches y los performances como mecanismo de denuncia social, frente a la denuncia legal que individualiza los problemas. El performance como quiebre de la cotidianidad, y para muchas mujeres el performancecomo un quiebre subjetivo: en donde ellas –las vivas (“vivas nos queremos”) y las aparecidas (“aquí estamos”)– narran en primera persona testimonios de aquellas a quienes les han arrebatado el derecho a la vida, el derecho al cuerpo. Un ejemplo de este ser cuerpo es el performance que se realizó, a cargo de distintas vecinas, activistas y familiares de víctimas del Estado de México, el pasado mes de marzo de 2016, que lleva por nombre Rostros de fuego, del borde a la esperanza(https://www.youtube.com/watch?v=G8FZX6Wvm48&t=3s). Las distintas mujeres que participaron en el performance hacen presente la importancia de recordar la vida de todas aquellas mujeres asesinadas por motivos de género. Ellas no buscaban darnos a conocer una cifra, sino poner su cuerpo para recordar a Jennifer, Aide, Nadia, Ana Patrícia Domínguez, Míriam Robles, Mariana Lima, Etna Be-renice González Rodríguez, Nayelli Hernández Mejía, María Guadalupe, Alejandra, Ilis Estrella, Inés, Lilia Alejandra, Sofía Sánchez Anaya y a Ruth Sonora Somayos. Contrariamente a las instituciones del Estado, que encubre con números cada uno de los nombres de mujeres asesinadas, las participantes ejercen su derecho a narrar a sus compañeras desde sus nombres, sus aficiones y desde sus cuerpos-territorios en el presente, totalmente necesario para reivindicar la justicia ausente en cada uno de sus asesinatos. En definitiva, ejercen su derecho a la autorrepresentación: contar desde el nosotras cómo percibimos y recibimos, en nuestras vidas cotidianas, la violencia feminicida.
Los cuerpos narrados, recordados, son multidimensionales y transcienden los espacios. La iniciativa colectiva Bordamos feminicidios (https://www.youtube.com/watch?v=xERreUe-kPg), en este caso, surge al final del sexenio de Felipe Calderón para visibilizar una vez más que los feminicidios y las desapariciones de mujeres –las principales víctimas del “daño colateral” que anunció Calderón al dar inicio a la llamada guerra contra el narco– van mucho más allá de las cifras. Puntada tras puntada, aparecen los nombres de las mujeres asesinadas o desaparecidas de manera que se crea una respuesta colectiva contra una violencia individualizadora.
Autorrepresentación: el derecho al propio cuerpo
Como decíamos, los cuerpos tejidos, narrados, trascienden cualquier espacio desde el presente. Un ejemplo de la transformación en espacios cotidianos u otros espacios de poder en terri-torios de lucha, es el que surge del acto de tejer los nombres femeninos desde lugares del día a día de cada una de las tejedoras. El tiempo transcurrido en el Metro, el que pasa en una fila de espera o el que una dedica a tomarse un café, se convierte en un tiempo transformador de la manera en que vivimos cada momento determinado. A partir de nuestras manos, los escenarios cotidianos son reapropiados para que podamos pensarlas –pensarnos–, dedicarles –dedicarnos– tiempo a volver a hacer presentes a aquellas mujeres a las que les quitaron sus nombres, sus horas, sus minutos y sus segundos. De esta manera, el nosotras bordadoras y el ellas asesinadas, se convierte un todo expresado desde el aquí y el ahora. La intimidad que cada mujer ejerce desde su bordado puede convertirse en colectividad en el acto de compartir, o invitar, a otras mujeres para que borden entre todas. La autorrepresentación vuelve a hacerse presente, ¿pero a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de autorrepresentación hablamos del hecho de contar nuestra historia. Confrontar las narraciones sobre los feminicidios en las que se encubre la violencia estructural hacia las mujeres hasta el punto de culparlas de sus asesinatos. En estos bordados, las mujeres nos cuentan sus historias, bordando qué y cómo ocurrió el feminicidio y, muchas veces, quiénes eran ellas: en cada puntada hay un pedazo de historia de cada mujer, una afición, un rasgo que la caracterizaba, una mujer representada que acaba diseminándose con la bordadora, de manera que el nosotras y el ellas acaban creando un sujeto femenino que reclama la ausencia de sus compañeras a través de la reconstrucción del tejido y de la memoria colectiva.
Bordamos feminicidios surge de la necesidad de dar a conocer las historias que no cuentan a medias. Bordar los nombres, acompañados en algunos casos de la historia de las mujeres desaparecidas y asesinadas en el país, da la oportunidad de que la narrativa no sólo sea la que se ve en la crueldad del acto, convirtiendo su historia en una nota roja. Los distintos colores y tipos de bordados nos recuerdan la posibilidad de pensar en las víctimas desde la colectividad, desde nuestras sonrisas, nuestras emociones, desde nuestra cotidianidad.
En muchos casos, la desaparición de mujeres, e incluso los feminicidios, ocurren en el tiempo transcurrido entre que las mujeres salen de sus casas hacia sus trabajos o escuelas, o en las horas de viaje de regreso. La vulnerabilidad a la que estamos expuestas, muchas veces aumenta en contextos urbanos: son muchas las mujeres que tienen que hacer largos desplazamientos diarios del Estado de México a la ciudad, transitando espacios que, en la mayoría de casos, carecen de seguridad.
Los destinos diarios de muchas chicas son las facultades y los distintos espacios de Ciudad Universitaria. Estos lugares, transitados por miles de mujeres, se vuelven un espacio que tampoco les garantiza una vida libre de violencias. El acoso en el aula, la inseguridad en los distintos espacios que tantas veces quedan solos y oscuros, la falta de higiene en distintos ámbitos de las facultades, hace que la mujer no pueda sentir propio un espacio dónde acaba pasando, en muchas ocasiones, más horas que las que puede estar en su hogar.
Sabemos que cuando las mujeres deciden ocupar el espacio público –ese espacio masculinizado– mediante distintos mecanismos se les recuerda que no tienen control sobre dicho territorio, mucho menos sobre su cuerpo: desde las invalidaciones de su capacidad académica-laboral por ser mujeres, hasta el acoso sexual que individualiza, sin obviar tampoco, la complicidad de las instituciones que ni siquiera nombran lo que ocurre y mucho menos suelen actuar ante las denuncias. No obstante, frente a este escenario muchas mujeres han creado mecanismos para compartir experiencias en común y crear espacio de denuncia, lucha y resistencia frente a la violencia. Así, los pasillos, las aulas y aquellos espacios en lo que es posible sufrir una serie de violencias en el ámbito universitario por el hecho de ser mujer, son ocupados como territorios de denuncia: desde el “vamos juntas”, mujeres de distintas generaciones, distintas carreras, deciden articularse con el fin de evidenciar lo que nadie ha querido decir: no sólo es romper el silencio desde las consignas, sino, sobre todo, señalar puntualmente a aquellos profesores y alumnos responsables de actos de violencia a través del escrache. Los escraches implican crear alianzas estratégicas entre mujeres; son la recuperación de la denuncia social ante la imposibilidad o el no ver en la denuncia legal un mecanismo eficiente, creando, en cambio comunidad.
La Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria ha presenciado escraches que distintas alumnas de la misma Facultad, conjuntamente con otras compañeras solidarias, han protagonizado. Ellas han ido a buscar al agresor, lo han señalado, lo han nombrado, y le han narrado su historia, esa que todos –incluyendo el agresor– no reconocen como narrativa legítima; se enuncia frente a compañeros y compañeras que es acusado. Los espacios universitarios se transforman en espacios de lucha colectiva. Frente al silencio, la complicidad y la impunidad de los cargos universitarios, nosotras resistimos ante la violencia de la que estos espacios de formación no están exentos. Previo a la violencia, al asesinato, a que nuestro nombre pase a ser una cifra, nosotras gritamos para recuperar nuestros espacios, para juntar nuestras voces y para exigir que vivas y libres nos queremos.
Empero, el derecho al cuerpo que se ha hecho presente en las distintas muestras de luchas estético-corporales en contextos urbanos, es también la reivin-dicación de la autorrepresentación. Frente a la voz pública –estatal-patriarcal–, que en Occidente es considerada la única voz política y por lo tanto legitima en su existir, diversas mujeres ocupan el espacio público –ese lugar en el que se reproduce la narrativa patriarcal desde la construcción misma de la ficción entre lo público y lo privado– para compartir sus narrativas; desafiando el cómo pensar, el cómo sentir, el cómo leer sus propios cuerpos. Cómo pensarnos, cómo sentirnos, cómo leer nuestros cuerpos, en definitiva, cómo autorrepresentarnos 

*Helena Fabré Nadal es graduada en antropología social y cultural por la Universitat de Barcelona. Ha trabajado en las narrativas de la violencia feminicida en el Estado de México, centrándose en la confrontación discursiva entre los relatos oficiales y los de las víctimas. Forma parte del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU-Universitat de Barcelona).
Ana Karen León es integrante de la colectiva Feminista, la cual trabaja en procesos de denuncia de feminicidio en el Estado de México. Sus temas de investigación son violencia política, violencia de género, conflictos armados e historia sociopolítica de Guatemala.

domingo, 26 de noviembre de 2017

Que ninguna mujer se quede callada

Clamor en marcha de la CDMX
En México, siete de 12 feminicidios de AL
Varias organizaciones, entre ellas Voces de la Ausencia y Familias Víctimas de Feminicidios y Desaparición, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalinoFoto Víctor Camacho
JessicaXantomila
 
Periódico La Jornada
Domingo 26 de noviembre de 2017, p. 5
No están solas, corearon las feministas cuando familiares de jóvenes desaparecidas relataron sus casos en el mitin que se realizó ayer por la tarde en el Hemiciclo a Juárez a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
María del Carmen Volante Velázquez, madre de Pamela Gallardo, de 23 años, quien desapareció el 5 de noviembre, aseguró que aunque (mi hija) aparezca voy a seguir en la lucha con las mujeres, para que no sigan desapareciendo, porque dejan destrozadas a familias completas.
Antes del mitin, los colectivos marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. María Teresa, madre de Magaly, dijo que su hija murió hace un año 11 meses víctima de la violencia, y pidió que ninguna mujer se quede callada.
Esther, trabajadora sexual, señaló que muchas quedan olvidadas por ser trabajadoras sexuales. No tienen familia y cuando la delegación se entera de que son sexoservidoras, se van a la fosa común. Son historias tristes, por eso, aseguró que es importante que nos unamos a esta voz, a esta lucha, pues a seguir gritando que no haya más violencia.
El colectivo Pan y Rosas recordó que siete de 12 feminicidios en América Latina se cometen en México. También señaló las condiciones de trabajo en las que se desarrollan las mujeres, mucho más precarias.
En el mitin también se demandó justicia para la activista Yndira Sandoval y que se garantice a la periodista Sanjuana Martínez la continuidad de su labor en condiciones de igualdad y seguridad.
La mayoría de las mujeres portaban banderas y camisas moradas. En sus pancartas y consignas expresaron mensajes contra el machismo (La misoginia está matando a las mujeres mexicanasEduquemos desde pequeños, erradiquemos esta violencia) y las autoridades (Queremos viva a todas las mujeres, no más feminicidio, no creemos en sus leyes).
Previamente, al mediodía, otro contingente de madres de mujeres desaparecidas marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo.

lunes, 20 de noviembre de 2017

Norma Andrade junto a las compañeras de Pan y Rosas México

Norma Andrade junto a la delegación de compañeras de Pan y Rosas México en el XI Encuentro Nacional Feminista en #Puebla

domingo, 19 de noviembre de 2017

Reclaman a Javier Corral por incumplir promesas contra la violencia de género

En Chihuahua, 24 feminicidios en nueve meses; impunes, 96% de agresiones
El gobernador presume albergue para mujeres en su primer Informe, pero apenas se inicia obra
Aunque más de la mitad de los asesinatos de mujeres en Chihuahua son cometidos por sus parejas, de las denuncias de violencia familiar sólo seis por ciento llegan a un proceso judicialFoto San Juana Martínez
San Juana Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 19 de noviembre de 2017, p. 14
Oaxaca, Oax.
La violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha incrementado por falta de presupuestos, prevención, atención y la negación de un efectivo acceso a la justicia en el primer año de gobierno del panista Javier Corral.
Así lo denuncia Cecilia Espinosa Martínez, de la organización civil Red Mesa de Mujeres, encargada del acompañamiento de víctimas, al señalar que para atender las 24 mil 441 indagatorias de violencia contra las mujeres que existen en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), sólo hay 16 ministerios públicos y siete policías de investigación.
Si hacemos un balance de la carga de trabajo a cada Ministerio Público le tocan mil 500 carpetas de investigación. Eso es inhumano para ellos y es, también, imposible dar respuesta a los casos, dice en entrevista con La Jornada,en el contexto del encuentro de la Red Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos que agrupa a más de 600 mujeres, celebrado en esta ciudad y organizado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC, dirigido por la abogada feminista Yésica Sánchez Maya.
Zona de enganche y trata
El caso de Ciudad Juárez preocupa a las organizaciones civiles porque Chihuahua forma parte de la lista de las 19 rutas de trata de personas que existen en México, particularmente como lugar de enganche, algo que ha aumentado el número de desaparecidas y feminicidios.
En campaña, el panista Javier Corral Jurado se comprometió a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, pero no ha cumplido sus promesas debidamente y tampoco ha recibido a las integrantes de Mesa de Mujeres. “Como titular del Poder Ejecutivo estatal firmó la declaratoria de Chihuahua por las Mujeres, pero en el seguimiento ni siquiera se ha sentado con nosotras. Nos sentimos bastante inquietas y preocupadas porque no ha incrementado los presupuestos que se requieren.
“Durante su campaña electoral, Corral dijo: ‘demos a Juárez lo que le corresponde’, por toda la situación de violencia con-tra las mujeres; sin embargo, no estamos viendo ni siquiera diálogo, ni el resultado que esperábamos tener ni el compromiso del gobernador para operativizar sus promesas. Ciertamente, sus palabras no se traducen en hechos”, señaló.
Sin dinero, sin resultados
La falta de presupuestos para combatir los altos índices de violencia contra las mujeres se traduce en falta de resultados e impunidad, cuyo nivel de es muy grande. Existe 94 por ciento de impunidad en las denuncias de violencia familiar, sólo seis por ciento llegan a un proceso judicial. El goberna-dor y demás funcionarios firmaron la declaratoria Chihuahua por las Mujeres, en la cual uno de los compromisos es garantizar los presupuestos destinados a combatir la violencia de género, pero no se ha cumplido.
En el año 2017 la Fiscalía Especializada de la Mujer recibió 12 millones para todo el estado de Chihuahua y la proyección para el año próximo de presupuesto es de 19 millones: Solamente incrementaron un poco de más de 6 millones, pero según lo que nos han dicho, al menos se requiere un aumento de 42 millones para contratar adicionalmente 25 ministerios públicos y 30 policías investigadores a fin de abatir el rezago y la carga de trabajo que tienen, dijo Espinosa Martínez.
La Red Mesa de Mujeres da seguimiento a los presupuestos en Ciudad Juárez y según las estadísticas, del mes de enero al 18 de septiembre de 2017, se han registrado 24 casos de feminicidio, de los cuales, 15 fueron cometidos por sus parejas sentimentales.
Esto quiere decir que la situación de violencia contra las mujeres es una de las principales causas de los feminicidios. Al compararlo con la carga de trabajo que tienen los ministerios públicos encargados de la violencia familiar con mil 500 carpetas cada uno, nos damos cuenta que no se está previniendo la violencia como una de las principales causas de asesinato perpetrados por sus parejas o familiares. Las mujeres están en una situación de bastante riesgo.
A pesar de no haber cumplido sus promesas, el gobernador Javier Corral presumió un albergue para mujeres en su primer informe de gobierno, que ni siquiera está terminado.
Nosotras fuimos a verificar que ya estuviera listo, según lo anunciado por Corral, y nos dimos cuenta de que todavía está en proceso de construcción. Los trabajadores nos dijeron que apenas estaban empezando la obra. Creemos que el gobernador no debe incluir en su informe algo que todavía no existe.
El gobernador Corral, que durante su campaña enarboló la bandera de las llamadas muertas de Juárez, se comprometió con las cientos de madres de mujeres desaparecidas y asesinadas, pero tampoco les ha cumplido:
Vemos que no ha dado respuesta a las demandas. Las mamás de mujeres desaparecidas y asesinadas que acompañamos tuvieron una reunión con él y le pidieron varias cosas que aún no ha cumplido.
El Navajo
Entre las promesas incumplidas por el gobernador Corral Jurado se encuentra dar celeridad y certeza al proceso judicial que se sigue por el caso llamado Arroyo El Navajo
Cecilia Espinosa Martínez, explica: Sobre la coordinación del grupo de investigación para el Valle de Juárez del caso Arroyo El Navajo, se le solicitó que hubiera una coordinación y las mamás nombraban a uno de los ministerios públicos para que fuera el coordinador, sin embargo, hasta el momento sigue sin coordinación ese grupo.
El juicio histórico de este caso continúa luego de que un número indeterminado de jóvenes fueran desaparecidas, secuestradas en la zona centro de Ciudad Juárez entre los años 2009 y 2010 y después de un año, sus huesos aparecieron en ese cauce seco del Valle de Juárez, a 10 kilómetros del pueblo El Provenir, ubicado a 77 kilómetros de la capital de Chihuahua, lugar donde se han encontrado los restos de 26 mujeres.
El juicio histórico de este caso empezó a finales de 2014 y en junio de 2015 se presentó la primera sentencia condenatoria contra cuatro personas, luego se abrió otro procedimiento para vincular a dos personas más, que fueron sentenciadas y ahora se abrió una tercera etapa del juicio, que está finalizando.
El tribunal oral del distrito judicial Bravo sentenció a 697 años de prisión a cada uno de los feminicidas, con una reparación del daño por 839 mil 274 pesos para los familiares de las primeras 11 víctimas.
Queremos que por todos los restos que fueron localizados sea vinculados a proceso. Hasta ahora hay sólo 12 casos que se han llevado a proceso judicial; sin embargo, existe 26 identificaciones, es decir, faltan las otras 14 mujeres que se han hallado en el mismo lugar. Necesitamos saber si los vinculados y sentenciados también participaron en la sustracción, retención, explotación sexual y el asesinato de ellas, dice Cecila Espinosa Martínez.
Añade: Sabemos que en el caso del Arroyo del Navajo, aun cuando hay cinco sentenciados y otras personas vinculadas, es un proceso donde se requieren acciones eficaces en materia de investigación, sobre todo en el vínculo de autoridades de los tres niveles del gobierno y del Ejército mexicano involucrados en los hechos. Hay 14 víctimas que no han recibido acceso a la justicia.
El grupo de investigación fue atacado el pasado 27 de octubre, cuando tres de los policías de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), que se ocupan del caso del Arroyo El Navajo, se dirigían al pase de lista y recibieron disparos en el cruce de las calles Uganda y Génova, en la colonia Praderas de los Oasis, Ciudad Juárez. Fueron asesinados Pedro Valadez Rodríguez, de 25 años, quien apenas llevaba nueve meses en la institución, y Héctor Manuel Montañés Ríos, de 45 años, con seis de trabajo en esa fiscalía, y una agente resultó herida.
Espinosa Martínez insiste en la importancia de reforzar este grupo de investigación y la exigencia al gobernador Corral de incrementar el presupuesto para lograr resultados, ya que el nuevo sistema penal acusatorio solamente funcionará con 61 por ciento de perspectiva de género.
Si somos 50 por ciento de la población del estado de Chihuahua, al menos 50 por ciento del presupuesto tendría que irse al tema de mujeres: desarrollo, empleo, justicia, combate a la violencia. El incremento de este año fue de 1.7 por ciento para el tema de mujeres. Necesitamos que realmente haya un compromiso del gobernador Corral Juárez, desde el presupuesto, porque la trasversalidad de la perspectiva de género implica garantizar que van a funcionar las sanciones por los delitos de la violencia contra las mujeres.

lunes, 13 de noviembre de 2017

CNDH: en México, siete feminicidios cada día

Urgen políticas públicas para frenar ataques contra mujeres, dice
Llama a los estados a dar la importancia requerida a alertas de violencia
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de noviembre de 2017, p. 4
Cuando los representantes de los tres niveles de gobierno reconozcan que en varias zonas del país existe un grave problema de violencia feminicida, será posible contrarrestar estos delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Datos del organismo indican que esta problemática se ha incrementado en los pasados tres años en territorio nacional. Actualmente en América Latina se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día, y de éstos, siete son en México.
En entrevista con La Jornada, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes, particularmente a las estatales, a considerar como una herramienta las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), más que como un golpe político.
A la fecha existen 28 procedimientos de AVGM en 27 entidades del país (hay dos procesos en Veracruz). Esto es, en casi 85 por ciento de las entidades federativas se considera que existe un contexto de violencia feminicida.
De este total, en 12 entidades ya son alertas declaradas por violencia feminicida (estado de México, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, uno de los dos en Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo); cinco están en plazo de cumplimiento de seis meses (Jalisco, Campeche, Zacatecas, el otro de Veracruz y Yucatán).
El diagnóstico de la CNDH sobre el seguimiento a las Alertas de Género, que se presentó hace un par de semanas, agrega que en cuatro entidades (Oaxaca, Durango, Coahuila y Ciudad de México) acaban de iniciar los procesos para emitir la declaratoria, y en siete se determinó no declarar la alerta (Baja California, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla y Tabasco). En tanto, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo aún no cuentan con un proceso de AVGM.




El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, asegura que en los pasados tres años aumentó la violencia feminicidaFoto Carlos Ramos Mamahua
Los gobiernos locales deben ver que dicha alerta es una herramienta que no busca dañar, sino contribuir a la solución del problema. (Algunos lo consideran un golpe político) porque se malentiende. Pareciera que es un reproche hacia el pasado, pero es más bien una propuesta hacia el futuro, enfatizó el ombudsman nacional.
La forma de erradicar estas agresiones, dijo, es mediante el impulso de políticas públicas, generar una cultura de igualdad en la sociedad y establecer acciones que permitan que los ambientes y condiciones en las entidades donde se presenta el problema sean seguros para las mujeres. En ese sentido, manifestó que la CNDH está en la total disposición para coadyuvar en la resolución.
Lamentó que pese a la situación que se vive en Puebla, donde hasta septiembre de este año se habían presentado 83 feminicidios, aún no haya una declaratoria de AVGM, por lo que exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres –instancias federales que forman parte del mecanismo de revisión de los procesos de alerta– a analizar a detalle el caso en esa entidad.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 indican que en México casi siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia, la mayoría de tipo emocional y sexual. Son 10 las entidades que presentaron números por encima de la media nacional: en Ciudad de México, casi ocho de 10 mujeres (79.8 por ciento) declararon haber sufrido al menos una situación de violencia; en el estado de México lo reportó 75.3 por ciento; en Jalisco 74.1; en Aguascalientes, 73.3; en Querétaro, 71.2; en Chihuahua, 66.3; en Yucatán, 66.8; en Durango, 66.6; en Coahuila, 66.3, y en Baja California, 66.2 por ciento.

lunes, 16 de octubre de 2017

Norma Andrade en Barcelona


Norma Andrade es una mujer que vivía en Ciudad Juárez, México. Su hija Lilia Alejandra fue asesinada en 2001 y desde entonces denuncia los feminicidios que se producen en México, lo que le ha costado numerosas amenazas.

Estará presente en el festival "Susurros del México Olvidado", contando de cerca sus experiencias.
MESA DE DEBATE: QUÉ SIGNIFICA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Jueves 19 de Octubre 2017
18 horas
CC Convent Sant Agustí
ENTRADA LIBRE


Más información del evento https://taulapermexic.org/festival-susurros/dialogos-susurros/ 

domingo, 15 de octubre de 2017

martes, 10 de octubre de 2017

Cada 24 horas, un feminicidio

Según los datos registrados por los gobiernos estatales, en 2013 se abrieron 313 averiguaciones previas o carpetas de investigación por feminicidios; 2014, 322, y en 2015, 755

08/10/2017 09:22  MARCOS MUEDANO



CIUDAD DE MÉXICO
Los ministerios públicos de proc u r a d u r í a s y fiscalías de 25 entidades abrieron mil 390 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el feminicidio de niñas, jóvenes o mujeres adultas en el país, entre los años 2013 y 2015. Los asesinatos de odio cometidos durante este periodo equivalen a un feminicidio cada 24 horas.
Un reporte del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) indica que los homicidios de género en contra de mujeres fueron registrados en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de los años correspondientes, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según los datos registrados por los gobiernos estatales, en 2013 se abrieron 313 averiguaciones previas o carpetas de investigación por feminicidios; 2014, 322, y en 2015, 755. La cifra registrada durante 2015 representa un incremento de 122%, si se compara con el año anterior.
La información de Inmujeres indica que 29% de los crímenes durante este periodo se cometió en Morelos, donde se abrieron 415 expedientes. Le siguen la Ciudad de México, 129; Chiapas, 128; Estado de México, 107; Jalisco, 95, y Veracruz, 94.
Otros estados en los que se iniciaron carpetas de investigación por asesinatos de odio son: Oaxaca, 84; Guanajuato, 56; Sinaloa y Sonora, 47 por cada entidad; Tabasco, 32; Campeche, 23; Querétaro, 17; mientras que en San Luis Potosí, 15 casos.

OMITEN PROTOCOLOS

Los datos del Instituto Nacional de Mujeres indican que algunas entidades federativas no reportaron feminicidios o, incluso, omitieron proporcionar la información al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre los años 2013 y 2015.
La base de datos consultada por Excélsior muestra que siete entidades, a excepción de Chihuahua, la cual no tiene tipificado el delito de feminicidio en su Código Penal, no registraron ningún asesinato de género en contra de mujeres entre los años 2013 y 2015.
Tal es el caso de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, donde a pesar de que organizaciones de la sociedad civil y la prensa local han reportado y documentado los feminicidios, en las fiscalías y procuradurías no existe ningún registro.
Además de la falta de carpetas de investigación por feminicidio, otras entidades, entre ellas el Estado de México, Veracruz, Colima, Jalisco y Oaxaca, omitieron presentar información al Inegi en algunos años, por lo que las cifras pueden ser mayores.
Especialistas en el tema y organizaciones internacionales explicaron que la inadecuada investigación de las autoridades en los homicidios no permite dimensionar la realidad del país, al no existir registros exactos de los crímenes cometidos en las 32 entidades federativas.
Los registros oficiales no reflejan, en absoluto, la realidad de los feminicidios. Un ejemplo es el caso de Lesvy, la joven encontrada sin vida en un campus de la UNAM. No se investigó como una muerte violenta, por lo que la Procuraduría dijo que fue un suicidio. Las autoridades están obligadas a investigar todas las muertes violentas como feminicidio, y a partir de ello, comprobarlo o descartarlo”, comentó Lucía Núñez, doctora en Ciencias Sociales y colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Una de las peticiones que la sociedad civil ha impulsado es que las procuradurías investiguen los casos, como feminicidios, no como homicidios. El año pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un estudio de feminicidios en América Latina, el cual menciona que México no tiene cifras, porque cada entidad tiene una tipificación distinta, y en segundo lugar, no se están investigando casos, lo que impide tener una visión clara”, comentó Tamara Medina, oficial del Programa de Género de Amnistía Internacional.
El informe de la Cepal, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona que en México “31 códigos penales de las entidades federativas (CPEF) del país, con excepción de Chihuahua, han tipificado el delito de feminicidio. No obstante, las definiciones no son homogéneas; en este sentido existen desafíos para analizar directamente los feminicidios a nivel local”.
La falta de aplicación de los protocolos por parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia continúa a pesar de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por la falta de investigación y omisiones por la desaparición, maltrato y homicidio en Ciudad Juárez de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.
En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades investigar el homicidio de Mariana Lima como feminicidio. El fallo de la Primera Sala menciona que es obligación de las áreas de investigación realizar una indagación, con perspectiva de género y sin discriminación, de todas las muertes de mujeres hasta establecer si se trata o no de un feminicidio.
Tenemos casos como el de Mariana Lima, en el que las autoridades argumentaron un suicidio, a pesar de que tenía cuestiones de que se podía evaluar como feminicidio, de ahí que el caso llegara a la Suprema Corte y determinara que todas las muertes violentas de mujeres deben de investigarse como feminicidio para ir descartando que fue así”, explicó Tamara Medina.
Ambas especialistas comentaron que la falta de registros sobre los feminicidios impide aplicar políticas públicas para prevenir y evitar más asesinatos de odio.
Al no conocer el fenómeno de feminicidio en el país no se pueden realizar investigaciones y aplicar políticas públicas para prevenirlo. No se pueden hacer programas porque las estadísticas que las autoridades proporcionan no son exactas. Hace unos años se pedía que existiera el tipo penal de feminicidio para hacer políticas públicas, sin embargo, las autoridades no lo investigan correctamente, no entienden lo que es un feminicidio”, dijo Lucía Núñez.

El hecho de que no se documenten adecuadamente los feminicidios impide su prevención, además de que prevalece una violencia estructural e institucional de minimizar la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujer”, explicó Tamara Medina.