domingo, 22 de julio de 2018

Zapatos Rojos - Jardín Pushkin - CDMX

Sábado, 28 de julio de 10:00 a 16:00

Jardín Pushkin - Evento en Facebook



Zapatos Rojos es una instalación colectiva de arte público que tiene sus inicios en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El 22 de agosto del 2009, Elina Chauvet desde su perspectiva, expresa que el arte es una herramienta o vehículo que transmite ideas y permite reflexiones, por lo tanto, Zapatos Rojos nos invita a la reflexión sobre las desapariciones y asesinatos de mujeres en México.
¿Zapatos pintados de rojo? Sí, el color rojo significa sangre pero también vida, amor y esperanza.

A está obra se han sumando personas, de otros países y en esta ocasión regresa al punto de partida que es México. Es una gran marcha de solidaridad y respeto hacía las mujeres muertas y desaparecidas por violencia de género y feminicidio. Países que han contribuido con está obra son: Argentina, Italia, España, Noruega, Chile, Ecuador,Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suecia.
Zapatos Rojos no es una protesta, es una obra de arte pensada y diseñada para provocar en el público una conexión entre pensamiento, reflexión y acción que surge en un espacio público, buscando una reacción política y un movimiento social que genere un cambio.

sábado, 21 de julio de 2018

Malú García Andrade habló con AMLO

"SÍ SE PUDO 😉😉 Hablamos con AMLO. 
Dos días fue la espera en la casa de campaña del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador. Hoy sábado 21 de julio logré entrar a la cochera y acercarme a AMLO y entregar en sus manos el documento y explicarle breve la gravedad de los feminicidios así como la información de una reunión con las familias con hijas víctimas de feminicidio o desaparecidas. 
El compromiso fue en los siguientes días se contactaran con nosotros para dar seguimiento al escrito.
Tenemos la esperanza que así será, de no ser así ahí estaremos de nuevo para recordarle su compromiso.
Gracias a las compañeras Rosa Blanca (Teresita), Graciela Sanchez, y Lorena Diaz
 quienes estuvieron presentes estos dos días para lograr entregar el documento."
Malú García Andrade



Buscan dar a conocer a AMLO emergencia por feminicidios



Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Sábado 21 de julio de 2018, p. 8
Representantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa pidieron ayer una audiencia con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, para explicar la emergencia que representan los feminicidios en el país.
En el diagnóstico que entregaron en el área de atención ciudadana de la casa de transición, explicaron que en México se cometen siete feminicidios al día y que en los pasados 25 años hubo 52 mil 210 muertes de mujeres por homicidio.
Una tercera parte de esos casos, 15 mil 535, ocurrieron en los recientes seis años. Es decir, no solamente se perdió el avance alcanzado en los 19 años anteriores, sino que además hemos llegado a niveles nunca antes registrados.
Resaltaron que organizaciones feministas han reportado que en los tres años anteriores fueron asesinadas 8 mil 904 mujeres y niñas, en tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó de que sólo en enero de 2018 hubo 272 feminicidios, es decir, nueve al día.
Entre las mujeres mayores de 15 años, 43.2 por ciento (30.7 millones) sufrió algún incidente de violencia de su pareja, y 64.3 por ciento ha sido víctima de agresiones físicas o sexuales con consecuencias emocionales, añadieron en el diagnóstico.
También mencionaron que Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos documentó que de 37 mil 435 desaparecidos en la década pasada, 9 mil 522 son mujeres.
Malu García, representante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, mencionó que para la elaboración de políticas se requiere investigar con perspectiva de género, además de que López Obrador debe escuchar a las familias de las víctimas. También debe conocer, por ejemplo, la situación de los huérfanos por feminicidios y desapariciones y las trabas y obstáculos para las investigaciones.
Se tiene que dar voz a las familias de las víctimas, escuchar a las expertas, a los expertos, a las organizaciones que han acompañado todo el proceso, sostuvo.
La activista informó que les anticiparon sobre la posibilidad de una reunión con Alejandro Encinas, quien ocupará la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, pero ellas, al igual que otras organizaciones, quieren que esté presente López Obrador.

viernes, 20 de julio de 2018

Una sola mujer hace el mapa más comprensivo de feminicidios en México


En lo que va de 2018, en México han sido asesinadas 1,165 mujeres. María Salguero se ha dedicado, desde hace dos años y medio, a recopilar los asesinatos de mujeres en un mapa interactivo, que ella misma actualiza todos los días con base en periódicos de nota roja de todo el país.
El mapa hecho por Salguero recopila las muertes violentas de mujeres, junto con categorías alrededor de los crímenes: rango de edad, relación de la víctima con el feminicida, estatus del o los feminicidas, modo en que fueron asesinadas y escenario del crimen, además de datos como la tipificación de feminicidio en cada caso, hijos en orfandad o identidad por confirmar.
María Salguero inició con un grupo de personas que armaron un mapa de desapariciones a partir de la ‘guerra contra las drogas’ de Felipe Calderón. Ella también empezó a documentar las desapariciones de mujeres: La desaparición es el preámbulo del feminicidio. Así como se incrementaron las desapariciones y homicidios dolosos, también los feminicidios”, dijo a Plumas Atómicas.
Los datos indican que gran parte de los feminicidios en estos últimos dos años fueron por arma de fuego. Lo que Salguero señala es que, no obstante, no se especifica cuando se trata de armas de uso exclusivo del ejército, lo cual tiene que ver con el crimen organizado y tráfico de armas. Muchas mujeres son asesinadas porque tenían una cocina, trabajaban en un mercado o vendían flores, y no pagaron derecho de piso. Se vieron obligadas a involucrarse con el crimen organizado, o bien, eran sus parejas las que estaban involucradas.

Salguero dijo a Plumas Atómicas que no ha sido un trabajo sencillo el de recabar datos de feminicidio: no recibe ninguna remuneración por la realización del mapa, a pesar de que se trata de una tarea que le correspondería al gobierno. Ahora, ella busca obtener una beca para hacer una maestría: Tuve que decidir entre dedicarme a mi negocio o al mapa, y escogí el mapa. Ahora necesito una computadora nueva y recursos para dedicarme a él de tiempo completo”.
En noviembre próximo, el mapa de María Salguero tendrá su propia exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

Malú García Andrade en la casa de campaña de AMLO

En espera en casa de campaña de AMLO para entregar escrito donde solicitamos audiencia para familiares con hijas Desaparecidas o víctimas de feminicidio

domingo, 8 de julio de 2018

Cientos de casos de feminicidios en espera de investigación; Javier Corral no responde...


Sanjuana Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 8 de julio de 2018, p. 11
Ciudad Juárez, Chih.
La colonia Lomas de Poeleo es un llano enorme de desierto polvoriento ubicado al poniente de esta ciudad, famosa por los feminicidios y la lucha por la tenencia de la tierra. Colindante con El Paso, Texa. Por estas calles sin pavimentar, la pobreza y la inseguridad se juntan y también la reivindicación de la justicia.
Para llegar a la casa de doña Paula Flores es necesario recorrer zonas de marginación por donde ni la policía ni los taxis quieren entrar. Es de noche y las alimañas andan al acecho, como aquel 16 de abril de 1998, el día que su hija María Sagrario González, de 17 años, desapareció cuando iba rumbo a la maquiladora donde trabajaba junto con su papá y su hermana mayor.
Han pasado 20 años y doña Paula no ha dejado de pensar en ella ni un día de su vida: A los dos meses de cambiarle el turno desaparece. Salió a las 4:30 de la mañana y mi hijo la echó en la ruta 10 y ahí en el centro se bajó para agarrar la ruta central. Antes y ahora, las muchachas siguen desapareciendo al llegar al centro de la ciudad, dice doña Paula, mientras sus hijas preparan enchiladas para cenar y sus nietos van llegando de la escuela o el trabajo.
Añade: Pensamos que se había quedado tiempo extra en la maquiladora. Dimos avisos a la policía municipal, pero no quisieron actuar porque había que esperar 72 horas; la buscamos en hospitales. Duró 14 días desaparecida.
El día 29 de abril María Sagrario apareció sin vida en el otro extremo de la ciudad. Encontraron su cuerpo en Loma Blanca en el siniestro Valle de Juárez, donde han encontrado decenas de restos de jovencitas asesinadas: Fue violada y estrangulada, tenía seis puñaladas. Hasta ahorita sigue el misterio. ¿Por qué?.
Zorros del Desierto
Las ocho cruces rosas destacan al final de Lomas de Poleo. Entre la tierra suelta, el calor sofocante, la desolación, los nombres de las mujeres y niñas víctimas de feminicidio que la agrupación de vecinos como doña Paula, Zorros del Desierto, rastrearon hasta encontrar sus cuerpos.
Luego se convirtieron en detectives. Doña Paula y su hija Guillermina se unieron al grupo Voces sin Eco y pintaron cruces negras con fondo rosa, convertidas ahora en símbolo de los feminicidios: Estas niñas tenían el mismo perfil como Sagrario, niñas tranquilas, como mi hija que pertenecía al coro de la iglesia y le gustaba escribir poesía, hay muchas niñas así en las estadísticas.
Doña Paula buscó al asesino de su hija hasta encontrarlo. Se trata de José Luis Hernández Flores, alias Manuelillo Gatica, encarcelado desde 2005 y sentenciado a 29 años de prisión, aunque piensa que no actúo solo, sino que fue por encargo de autoridades coludidas, los llamados mulones (agentes judiciales):
Siempre se lo hemos atribuido al propio gobierno. A José Luis le pagaron 500 dólares para que los llevara donde mi hija trabajaba. Sigo creyendo en su primer declaración cuando mencionó nombres y retratos hablados, da domicilios de quienes le pagaron, pero para las autoridades esas otras personas no existen y lo quieren ver como único responsable.
Luego lo trasladaron a la prisión de Puente Grande, Jalisco: Es un chavo que se crió en la calle. Él se juntaba con los hijos de mi cuñado. Desde que llegamos notamos que le gustaba mi hija. Siempre fue un sospechoso porque después le dio remordimiento y nos dijo que la buscáramos en Loma Blanca pero se fue y nunca lo buscaron. Tenían abandonado el caso. Hasta que vuelve en 2005. Y se lo entregamos a la policía.
▲ Paula Flores, madre de Sagrario González, víctima de femincidio.Foto Sanjuana Martínez
Añade: Pero los verdaderos y principales asesinos de mi hija siguen libres, si es que aún viven. Las autoridades quieren dar carpetazo, pero yo como madre nunca lo he permitido. Son 20 años y no han hecho nada.
Por eso, doña Paula está exigiendo la reconstrucción de hechos que nunca hicieron: Se nos negó. Yo aunque pida limosna quiero ir para ver si realmente está en Puente Grande, Jalisco, o en Oaxaca ahora. Que lo traigan, es lo que estamos pidiendo, pero no nos hacen caso.
Sin justicia
María Sagrario luce sonriente en la foto que su madre mira con cariño infinito. Dice que el gobernador Javier Corral no ha hecho nada por el esclarecimiento de cientos de feminicidios aún sin resolver: No ha hecho nada, es como todos los gobernadores. Las autoridades siempre nos han tratado así. Mucho respeto y mucha labia, pero no tienen ética. No hay cambio.
La investigación sobre el asesinato de su hija, dice, es la más sucia que ha existido. El primer examen de ADN que hicieron a su cuerpo salió negativo, con la fiscal Silvia Loya: Nos mandó llamar para preguntarme si mi hija era adoptada. Luego hicieron la exhumación sin nosotros, nos hicieron las pruebas otra vez y salió positivo.
Sin embargo, doña Paula se dirigió al cementerio y vio que la tumba de su hija estaba intacta: Todo estaba igual. Era mentira. Fue un 2 de junio y les reclamé y me enseñaron un documento donde decía fosa 73 y mi hija esta en la 74. Se equivocaron de tumba. Y otra vez, salieron negativos.
Y lamenta la forma de trabajar de las autoridades: “Sin ser investigadora descubrí todas las mentiras. Y fui a denunciarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y me extraña que aún no se pronuncien porque ahí están todas las pruebas de que el Estado mexicano no ha hecho una investigación seria.
Doña Paula tiene seis hijos y sigue luchando por la verdad, por eso espera que la CIDH resuelva: Estoy pidiendo que se castigue a todos los funcionarios que hicieron mal las cosas y que hasta ahora las siguen haciendo, siguen cometiendo terribles errores con mi hija y con muchas más niñas.
Confiesa que está cansada, pero no quiere permanecer en silencio: Es desgastante, se me está yendo la vida en esto, nos llevamos entre las patas a nuestros hijos que nos quedan. He perdido muchos momentos con ellos haciendo antesalas, buscando justicia, pero es la misma impunidad. No hay justicia. Esto va a seguir.
Doña Paula sigue retocando las cruces rosas pintadas en los postes de las calles principales y todavía hay gente que le pregunta qué significan. Quiere que sean un símbolo de la tragedia, una advertencia para las demás niñas y mujeres de esta ciudad.
La última vez que soñó a su hija, cambió todo: “La soñé y le dije: hija ya no te vayas, pero ella me respondió: Mamita, ya no quiero que llore, prométamelo. Y así deje de llorar, pero mientras no haya justicia no la dejo descansar. Ni modo. Voy a seguir, no me he vuelto loca porque Dios es grande”.

viernes, 29 de junio de 2018

En 2018, la mayor cifra de asesinatos de mujeres desde 2015, con mil 75 casos: SG


Casi todos los ataques al sector se consideran lesiones dolosas o culposas
Fabiola Martínez.
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 11
El mayor número de agresiones cometidas contra las mexicanas son clasificadas como lesiones dolosas o intencionales.
Los registros revelan que a nivel general, la menor parte es ataque con arma de fuego o blanca, de ahí que se abre la posibilidad de que las lesiones dolosas en mención sean producto sustancialmente de golpizas, según funcionarios consultados.
En lo que va de este año, casi 80 por ciento de las víctimas fueron clasificadas en el rubro de lesiones: 62.4 dolosas y 16.1 culposas (quien las comete no tenía intención de hacerlo).
Cifras oficiales indican que de enero a mayo fueron denunciados en el país 24 mil 436 casos de lesiones dolosas, en una dinámica ascendente, de casi 6 mil casos cada mes. En abril, por ejemplo, fueron 5 mil 157, y para mayo subió a 5 mil 770.
Por cúmulo de expedientes, el estado de México está en primer sitio, con 6 mil de las poco más de 24 mil denuncias; le siguen Guanajuato, con 2 mil 443, y Jalisco, con mil 920.
Las mujeres continúan en el foco de la violencia, desde las lesiones hasta los feminicidios, según estadísticas difundidas esta semana por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información oficial que le hacen llegar procuradurías y fiscalías estatales.
Si bien en mayo se redujo el número de asesinatos de mujeres (de 70 perpetrados en abril bajó a 56), en el recuento de los primeros cinco meses del año, 2018 sigue como el más crudo de los tres recientes.
En el mismo periodo de 2015, los feminicidios registrados fueron 154; en 2016, también en ese lapso, 251, y en 2017, 280, esto es, 35 menos que de enero a mayo del año en curso.
Actualmente, Veracruz está a la cabeza, con 28 de estos hechos de violencia extrema.
En segundo sitio se ubica Nuevo León, con 27; en tercero, estado de México, con 25; cuarto, Chihuahua y Guerrero, con 20 cada uno, y Ciudad de México y Sinaloa, con 19.
Por grupos de edad, la mayoría (42 de 58 casos) de las víctimas eran adultas y ocho niñas, pero en ocho casos más no se especifica.
Si se toma en cuenta el lugar de los hechos, los municipios de Culiacán, en Sinaloa; Ciudad Juarez, Chihuahua, y Monterrey, Nuevo León, son los que concentran este año el mayor número de esos crímenes.
A escala nacional, asesinaron a mil 75 mujeres en el lapso referido. Sin embargo, las características de los hechos no fueron suficientes para calificarlos de feminicidio, sino de homicidio doloso, salvo en Sinaloa, donde toda muerte violenta de mujer se describe y se atiende como tal.
También hay nuevos picos en llamadas de emergencia por abuso sexual, acoso y hostigamiento, así como violencia de pareja y familiar.
En incidentes de abuso sexual, en mayo hay un récord de 491 llamados de auxilio. Es el nivel más alto desde la recopilación de estos datos, en 2015.

Otras notas de Política Trabas y burocracia desalientan el voto de paisanos en el exterior, denuncia movimiento migrante En 2018, la mayor cifra de asesinatos de mujeres desde 2015, con mil 75 casos: SG Más de 230 feminicidios cada mes en el país: ONG Su trabajo periodístico, la principal línea indagatoria en crimen de Valdez: PGR Alargan tres meses proceso penal contra El Larry, presunto homicida de Breach EU quita visa a periodista de Juárez que tomó fotos a centro de detención de niños Noticias de Hoy Más de 230 feminicidios cada mes en el país: ONG


Arturo Sánchez y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 11
Cada mes se registran más de 230 feminicidios en México. Es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años, afirmó la ingeniera geofísica María Salguero, quien elaboró el Mapa del Feminicidio, con base en información publicada en los periódicos del país y con el apoyo de herramientas digitales. Sobre el tema, organizaciones civiles y colectivos de familiares afirmaron que el estado de México es una de las entidades con más casos de violencia contra ese sector a escala nacional.
Señalaron que sólo en esa entidad se han reportado mil 790 casos de desaparición de niñas, adolescentes y adultas entre 2015 y 2017; exigieron a las autoridades emitir la alerta de violencia de género para varios municipios de la entidad, por los sistemáticos casos de desapariciones de mujeres, de las cuales 58 por ciento son menores de edad.
En estos tres años, 579 víctimas han sido sólo de siete municipios: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco
Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y colectivos de familiares indicaron que en ese mismo periodo se dio un incremento de 227 por ciento de niñas, adolescentes y mujeres extraviadas y desaparecidas en territorio mexiquense.
Las acciones realizadas por el estado de México para prevenir el delito no han tenido el impacto necesario para atacar el grave fenómeno de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Mientras a escala nacional este sector representa 26 por ciento de los casos de personas ausentes, en esta entidad equivale a cerca del doble (49 por ciento).

Feminicidios al alza pese a fallo sobre el Campo Algodonero

Sin cumplir, sentencia de la CIDH
César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2018, p. 13
Casi una década después no se han cumplido los resolutivos de la sentencia sobre el caso del Campo Algodonero, publicada el 10 de diciembre de 2009, señaló Rosa María Álvarez González, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso González Banda,  entre otras.
“Las medidas de prevención establecidas en la sentencia no han sido eficientes, lo cual se corrobora con el aumento de feminicidios en el país y ante la inactividad e indiferencia del Estado responsable de protegerlas. A pesar de la actualización del marco jurídico federal y local en materia de protección de los derechos humanos, la impunidad y corrupción, cual jinetes del Apocalipsis, han puesto a prueba un sistema de por sí ineficaz, que se ha visto manifiestamente desbordado por un desafío. Un tribunal mexicano del Estado no ha sido capaz de afrontar con el cumplimiento del fallo en sus aspectos más relevantes.
Desde entonces ninguno de los homicidas ha sido detenido, las autoridades omisas en el cumplimiento de sus obligaciones no han sido castigadas de acuerdo con la ley. Quizá los homicidas no fueron identificados, pero las autoridades sí tienen nombre y apellido.
En el fallo, el Estado mexicano estaba obligado, entre otras cosas, a elaborar una página de Internet con la información de todas las niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez en los pasados 17 años, así como garantizar a las familias de las mujeres asesinadas o desaparecidas servicios sicológicos y de salud.
Al participar en el segundo Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar: el Género y los Derechos Humanos, la investigadora dijo que el número de víctimas aún se desconoce. Indicó que Ciudad Juárez, Chihuahua, se convirtió en foco de atención de la comunidad nacional e internacional a partir de 1993, cuando los medios de comunicación dieron cuenta sobre la desaparición de niñas y mujeres y posteriormente de los hallazgos de los cuerpos con evidentes signos de tortura y vejaciones sexuales.
La mayoría de los asesinatos de mujeres cometidos antes de 2004 quedaron impunes. Los homicidas nunca fueron castigados, ni siquiera localizados. Las fuentes difieren en el número de muertas, se hablaba de 200 hasta de mil mujeres desaparecidas, todavía seguimos sin saber a ciencia cierta cuántas fueron.
Recordó que la mayoría de las víctimas provenían de los estados del sur de la República y eran de escasos recursos económicos. Agregó que las políticas para modificar las agresiones siguen sin funcionar ya que la violencia va al alza a escala nacional.

sábado, 23 de junio de 2018

Sentencian a dos hombres por delitos de índole sexual en perjuicio de dos menores

JUEZ SENTENCIÓ a 2 AÑOS de CÁRCEL a Eric Cardiel Morales, de 37 años, POR ABUSAR SEXUALMENTE a una NIÑA de tan solo 6 AÑOS. 

Son las sentencias "ejemplares" que consigue la fiscalía de Chihuahua.

Ciudad Juárez.- En diferentes audiencias, se llevó a cabo el juicio abreviado de dos sujetos acusados por delitos de índole sexual, en perjuicio de 2 menores.
El primer caso se trata de Manuel Tarango Pérezde 22 años, quien fue sentenciado por la autoridad judicial a 8 años de prisión, ya que de acuerdo a la carpeta de investigación, el día 20 de diciembre del 2015, en el interior del domicilio ubicado en la colonia “La Joya”, de esta ciudad, se introdujo a la casa de su vecina de 15 años, para violentarla sexualmente, toda vez que aprovechó los tiempos en que la madre se fue a trabajar.
De acuerdo a la declaración de la afectada, este sujeto, se metió por una ventana a su domicilio sin su consentimiento, y la sometió físicamente para lograr su objetivo, después huyó.
Posteriormente la joven le contó a su madre lo sucedido por lo que acudieron a esta autoridad a denunciar inmediatamente.
En un segundo hecho, un Juez sentencio a 2 años de cárcel a Eric Cardiel Morales, de 37 años, por abusar sexualmente de su vecina de tan solo 6 años.
Los hechos sucedieron el día 13 de marzo del 2017, en una tapia ubicada en calle Costa del Pacifico, del fraccionamiento Parajes de San José, cuando la víctima y su hermano iban a la tienda y se toparon con el agresor, quien jaló a la niña a una tapia y abusó de ella casi frente a su hermanito.
Luego de que los menores llegaron a su casa le comentaron a su madre lo que había sucedido, por ello llamaron al número de emergencias 911, y policías preventivos lograron detener a este sujeto en el término de flagrancia, para después consignarlo a  esta  autoridad a fin de que respondiera por sus actos.
Por este sentido, el Juez impuso para Eric Cardiel Morales 2 años de cárcel y el pago a la reparación del daño.
En ambos casos, la declaración de las víctimas y los resultados de la valoración psicológica y física fueron importantes para acreditar la responsabilidad penal de los agresores.

domingo, 27 de mayo de 2018

De nuevo el país alcanza récord en feminicidios: 70 sólo en abril

  • Según cifras oficiales, este año se perfila como el más violento para las mujeres
  • Nuevo León, Veracruz, Guerrero y estado de México, entidades en que más casos han ocurrido
Las protestas contra la violencia hacia las mujeres son cada vez más frecuentes en el paísFoto Xinhua
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 27 de mayo de 2018, p. 3
En abril pasado ocurrieron 70 asesinatos de mujeres, que por sus características y gravedad fueron clasificados como feminicidios. Por segunda vez, desde el levantamiento de la estadística –en 2015–, se llega al récord de 70 crímenes de este tipo en tan sólo un mes.
El periodo anterior con este pico fue en junio del año pasado.
Con la suma de los casos de abril, el acumulado nacional en el primer cuatrimestre del año ya es de 258 feminicidios.
Si siguiera esta tendencia, 2018 sería el más violento para las mujeres, luego de que en 2015 la muerte de 389 de ellas fue considerada por las fiscalías y procuradurías estatales como feminicidios, según las definiciones y características de cada uno de los códigos penales estatales.
En 2016 la cuenta fue de 578, y para 2017 de 683.
La entidad que prevalece en primer sitio por el número de asesinatos de este tipo es Nuevo León, con 23 durante el periodo enero-abril del año en curso, a la par de Veracruz, con la misma cantidad; le siguen Guerrero y estado de México, con 18 cada uno, y Ciudad de México, con 16.
Un poco más abajo se ubican Jalisco y Sonora, con 14 casos de feminicidio en el primer cuatrimestre de este año, y luego Chiapas, con 11, y Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, con 10 cada uno.
No obstante, esta problemática que refiere un grado extremo de violencia contra la mujer es prácticamente un hecho generalizado en todo el país.
Sólo tres entidades (Baja California Sur, Campeche y Querétaro) no han reportado feminicidios en lo que va del año.
El estudio muestra gran parte de víctimas mayores de edad, aunque en el caso de Veracruz hay una franja importante de casos en donde no se especifica la edad de la persona; para Nuevo León y el estado de México hay un porcentaje cercano a 10 y 20 por ciento, respectivamente, de menores de edad asesinadas.
Por municipio, los que tienen el mayor número de casos son Culiacán (nueve), Ciudad Juárez (siete), Monterrey (cinco), Chihuahua, Acapulco y Chilpanchingo con cuatro feminicidios cada uno.
Si se toma en cuenta el tamaño de la población, Colima encabeza la tabla, seguido de Zacatecas y Guerrero.
De manera paralela, la incidencia de homicidios dolosos en que la víctima es una mujer llegó a 831 en el periodo enero-abril de este año.
Esta cifra igualmente mantiene un nivel alarmante, con más de 200 casos cada mes.
En 2015, mil 755 mujeres fueron asesinadas con dolo; el año siguiente, 2 mil 210, y para 2016, la suma fue de 2 mil 558 casos en instancias del fuero común.
Para 2018, igualmente en los primeros cuatro meses del año, el número de mujeres privadas de la vida de manera intencional fue de 831.
Las cifras anteriores fueron difundidas ayer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación.
También hay alzas en otro tipo de violencia, con recrudecimiento en el círculo más íntimo de la mujer: su familia y su pareja.
La estadística hecha con base en llamadas de emergencia indica un repunte en incidentes de abuso sexual, al pasar en enero de este año de 282 a 408, con lo que suman mil 444 llamadas de auxilio por este motivo.
También hay un incremento en los avisos de emergencia por acoso u hostigamiento sexual, al alcanzar un máximo de 2015 a la fecha, con 504 llamadas en abril pasado.
Lo mismo ocurre con los presuntos casos de incidentes de violación, de violencia de pareja (casi 90 mil en el primer cuatrimestre del año), al tiempo que se registra una ligera baja en los incidentes de violencia familiar, al llegar a 20 mil 957 telefonemas en ese mismo lapso, según las cifras oficiales.

Parar la violencia feminicida


D
e nueva cuenta las estadísticas sobre el feminicidio en México muestran que, al margen de las campañas orientadas a detener y erradicar la violencia contra la mujer y diseñar estrategias que permitan preverla, las cifras de esa práctica criminal continúan en aumento. Tanto así que desde que se confeccionan registros sobre el particular (es decir unos escasos tres años) el pasado mes de abril el número de víctimas llegó a 70, intensificando las señales de alarma que la violencia feminicida mantiene encendidas desde que, tardíamente, organizaciones defensoras de mujeres y de los derechos humanos lograron posicionar el tema en una agenda pública que tradicionalmente había preferido minimizarlo, cuando no ignorarlo directamente.
La mera descripción del grave problema, su magnitud y la profundidad que alcanzan sus sombrías motivaciones parecen ser insuficientes para que la sociedad en su conjunto cobre conciencia de las dañinas implicaciones colectivas que tiene el feminicidio; prácticamente a diario los medios dan a conocer hechos que sumados conforman una matanza sistemática, sin que las distintas instancias de gobierno atinen a articular medidas para detenerla de manera efectiva.
Y es que desde el punto de vista de la tipología penal, por ejemplo, la imprecisión que surge por parte de los juzgadores cuando se trata de interpretar el concepto de violencia de género, donde como expresión extrema se enmarca el feminicidio, dificulta la adopción de patrones punitivos claros para penar este delito. En otras palabras, un alto porcentaje de los hombres y mujeres que tienen a su cargo la misión de impartir justicia no están familiarizados con un crimen cuyos elementos no están acostumbrados a valorar. Cuando el móvil de fondo no es la venganza, el llamado crimen pasional o el robo, sino que arraiga en los sentimientos de odio y temor a las mujeres que configura la misoginia, las fiscalías (y en general la mayoría de quienes integran el sistema judicial) se ven en problemas para encontrar argumentos penales contundentes y que resulten claros para todos. Los resultados, casi siempre, son investigaciones mal orientadas, acusaciones deficientemente montadas, sentencias simplistas y condenas discutibles.
En términos jurídicos, el texto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, oficializó en México la noción de violencia feminicida, mientras la expresión feminicidio empezó a ser incorporada en algunas entidades federativas unos años después (actualmente quedan 12 que no tipifican así los asesinatos de mujeres). Pero una rápida lectura de la legislación de esos estados evidencia que la definición que dan de ese delito no es coincidente, lo que demuestra que el grado de confusión en torno al propio concepto continúa siendo alta y explica parcialmente los traspiés y contradicciones en que frecuentemente incurren jueces y magistrados, así como la diferente pena que reciben distintos asesinos de mujeres en parecidas circunstancias.
Hasta ahí uno de los aspectos de la cuestión, apretadamente expuesto. La compleja y perturbadora problemática del feminicidio no se agota ahí, y hay un vasto trabajo por hacer en los ámbitos de la política, la educación, la familia y los distintos grupos poblacionales si se pretende ir disminuyendo esta brutal expresión de la violencia de género. Pero como necesaria tarea ciudadana se impone exigir de manera constante al Estado que cumpla con la responsabilidad que le cabe en cuanto a resguardar los derechos de las mujeres. Y entre esas responsabilidades figura, de manera urgente, la de homogeneizar las herramientas legales para identificar, aprehender y castigar a los asesinos de mujeres, y especialmente vigilar que éstos no queden mayoritariamente, como sucede ahora, en una vergonzosa impunidad.

miércoles, 9 de mayo de 2018

Norma Andrade ante la CIDH



Durante 17 años buscó justicia en México por el feminicidio de su hija. Ante los nulos resultados, Norma Andrade logró que la CIDH analice el caso

martes, 8 de mayo de 2018

Analizan en la CIDH caso de feminicidio

Se trata de una joven de 17 años que desapareció en Ciudad Juárez en el 2001 y fue hallada muerta; hasta ahora no hay ningún imputado por ello.



Ana Langner

El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por las deficiencias, dilación e insensibilidad que han existido en las investigaciones de la desaparición y posterior muerte de la adolescente Lilia Alejandra García, ocurrida hace 17 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un contexto de un patrón de violencia contra las mujeres.
Durante el primer día de audiencias públicas del 168 periodo de sesiones del organismo multilateral, que se realiza en Santo Domingo, Norma Esther Andrade, madre de la víctima, y sus representantes alegaron que la investigación se ha caracterizado por su lentitud, así como por irregularidades en las actuaciones de las autoridades.
Los representantes Norma, David Peña Rodríguez y Michelle Salas,  integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Defensores, expusieron que Lilia Alejandra de 17 años desapareció el 14 de febrero del 2001 luego de salir de su trabajo en la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles SA y desde ese día no se volvió a saber nada de ella, hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida el 21 de febrero del 2001 con signos de tortura y violencia sexual, en un lote baldío ubicado muy cerca de donde laboraba.
Los peticionarios de esta audiencia abundaron que, desde su desaparición, transcurrieron aproximadamente siete días en los cuales las autoridades no contaban con agentes suficientes para emprender su localización.
Señalaron que la madre de la presunta víctima afirmó que en la fecha en que su hija desapareció, únicamente dos agentes estaban a disposición del área de desapariciones.
Asimismo denunciaron que desde que se abrió la averiguación previa con folio 4324/2001, el 21 de febrero del 2001, no se ha determinado la responsabilidad penal de persona alguna, encontrándose abierta la averiguación hasta la fecha.
“No confío en las autoridades mexicanas, pero sí en ustedes (la CIDH), espero que ustedes comisionados ayuden a acercarnos a la tan anhelada justicia”, dijo Norma, quien iba acompañada por sus dos nietos, hijos de Lilia.
Así, David Peña Rodríguez adelantó que no era posible una solución amistosa a la luz de las demoras en la investigación.
Como parte de los representantes del Estado mexicano, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, dijo: “ El Estado dejará claro, en un primer momento, su reconocimiento de su responsabilidad internacional por los hechos de este caso y las medidas de reparación que corresponden a los estándares interamericanos aplicables”, y refrendó el ofrecimiento de iniciar un diálogo para tratar de llegar a una solución amistosa.
Por su parte, Rafael Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación declaró:
“Reconocemos nuestra responsabilidad internacional por el incumplimiento en el deber de prevención en torno a esta desaparición y privación de la vida de Lilia Alejandra a la luz del contexto que se existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos terribles hechos.
“El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación y por la insensibilidad que ha existido en las investigaciones y las deficiencias que en su momento obedecieron a una ausencia de estructuras especializadas, debidamente capacitadas en la investigación de delitos relacionados con violencia por motivo de género”, expuso Avante Juárez y aclaró que los errores alcanzaron todos los casos involucrados con este fenómeno.
Los representantes del Estado mexicano se comprometieron a, desde ahora, “de manera muy diligente”, continuar con las investigaciones del caso.
Al tomar la palabra, la comisionada presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, añadió que la situación de feminicidios en México continúa desde hace tanto tiempo, lo que trae consigo sentimientos de frustración y de impotencia.
A su vez, Margarette May Macaulay exigió a las autoridades mexicanas que ninguna otra niña debe pasar por esto. “El Estado debe resolver de manera urgente este asesinato y encontrar y sancionar a los culpables”.

OTRAS AUDIENCIAS

En el primer día de audiencias del periodo de sesiones, se celebraron también otras dos relacionadas con México; en una se revisó la situación de los defensores de derechos humanos que atienden casos de tortura y en otra los derechos de los adultos mayores.
En la audiencia donde se revisó lo relativo a la situación de defensores, las organizaciones Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC; la Organización Mundial en contra de la Tortura y Servicios y Asesoría para la Paz instaron al gobierno mexicano a reformar la Constitución para crear una Fiscalía “autónoma, independiente y profesional” para investigar los casos de tortura.
Este martes frente a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llevará a cabo la audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento que supervisa la investigación del caso Ayotzinapa.
En este espacio el gobierno federal deberá rendir cuentas en las diferentes líneas de investigación, así como informar de las distintas acciones de búsqueda para dar con el paradero final de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Norma Andrade rechazó “solución amistosa” por el feminicidio de su hija

Feminicidio Ciudad Juárez
   Estado mexicano prometió “programas sociales” como reparación del daño


Imagen retomada de la CIDH
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/05/2018
La defensora de Derechos Humanos, Norma Esther Andrade, rechazó el acuerdo de “solución amistosa” que el Estado mexicano le propuso para cerrar el caso de feminicidio de su hija Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001, caso que está en análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Después de 17 años de buscar respuesta y justicia para su hija, este lunes 7 de mayo Norma Andrade escuchó cómo el Estado mexicano reconoció, ante el organismo, su responsabilidad internacional en el retraso en la impartición de justicia y las negligencias ocurridas en la investigación del feminicidio de Lilia Alejandra.
Durante el 168 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebran del 3 al 11 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana, Norma Andrade presentó su testimonio sobres el feminicidio de su hija, Lilia García Andrade, joven de 17 años de edad y trabajadora de la maquila, quien el 14 de febrero de 2001 fue privada de la libertad en Ciudad Juárez. Una semana después, el 21 de febrero, fue encontrada asesinada y con signos de tortura sexual en un lote baldío.
Luego de 17 años desde que ocurrió el crimen, el Estado mexicano esperó hasta que el caso llegó a la CIDH para acercarse a Norma Andrade y ofrecerle una salida a la investigación; no obstante, presentó una respuesta que la maestra de profesión no estuvo dispuesta a tomar.
En marzo de 2012 la CIDH aceptó conocer el caso del feminicidio de Lilia Alejandra, desde entonces, el Estado mexicano no entregó a la Comisión Interamericana informes sobre el seguimiento del caso, repentinamente, con la invitación a asistir a esta audiencia pública, el pasado marzo de 2018 el gobierno presentó un informe.
En esa misma fecha las autoridades mexicanas propusieron un “acuerdo de solución amistosa” a Andrade, la cual contempla la integración de sus dos nietos, hijos de Lilia, a programas sociales, una disculpa pública, e investigar “esta vez” de manera diligente el caso.
En la audiencia de esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, explicó a las presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y a la vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en qué consistía esta solución amistosa: por medio del fideicomiso para víctimas de Segob ofrecieron la reparación del daño material e inmaterial a la familia, atender sus necesidades médicas a través de la Secretaría de Salud de Chihuahua, otorgar “becas educativas” a la hija e hijo de Lilia, asimismo, celebrar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad el Estado mexicano por las violaciones en la investigación del feminicidio de la joven, como lo quisiera la familia.
A la propuesta, Norma Andrade respondió sin titubeos: “Son programas a los cuales podría acceder sin que me hubieran asesinado a mi hija”. Así rechazó la solución y recordó que por 17 años 4 gobernadores de Chihuahua, 9 Fiscales de Justicia de la entidad y 3 presidentes de la República le han prometido lo mismo, “Todos, todos, me han mentido”, protestó.  
La maestra se hizo escuchar, fuerte leyó un fragmento de una carta que escribió a su hija: “Querida hija mía, hace 17 años que fuiste arrancada de mi vida, justo tu edad, 17 años, y seguimos exigiendo justicia. Me negaron el derecho de abrazarte y despedirme de ti, se me negó el privilegio de cerrar tus ojos [...] y cuando finalmente volviste siete días después a mí, fue en un ataúd, y ahí frente a tu féretro, te prometí que no iba descansar hasta que hiciera justicia. Ingenua de mí, que creía en el gobierno, que creía que iban hacer su trabajo y detener a tus agresores, y darme las explicaciones que queríamos conocer tu padre y yo”.
Norma sigue cumpliendo su promesa de no claudicar hasta obtener justicia, una exigencia que cada vez está más cerca, más aún ahora que el caso está en la CIDH. Mientras tanto sus dos nietos, quienes quedaron en la orfandad a los 5 meses y un año de edad, respectivamente, están por cumplir la mayoría de edad, ellos también esperan la reparación del daño. En esta ocasión ambos jóvenes estuvieron presentes en la audiencia, los dos portaron playeras con la fotografía de su madre.
La primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, calificó la propuesta del Estado mexicano como una “solución anticipada”, por la inminente posibilidad de que el caso pueda pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). De ser así, por segunda ocasión el Estado mexicano recibirá otra sentencia por feminicidio. La primera fue en 2012 por el asesinato de tres, de ocho mujeres, en Ciudad Juárez, caso conocido como “Campo Algodonero”.
CIDH PIDE REPENSAR SOLUCIÓN AMISTOSA
Sobre los avances en la investigación de quién o quiénes asesinaron a Lilia Alejandra, no se revelaron detalles, el agente del Ministerio Público (MP) de Ciudad Juárez que ahora se encarga del caso, Sergio Castro Guevara, dijo que estaba “limitado” a hacer públicos estos datos porque podrían entorpecer la investigación, pero invitó a Norma Andrade y a sus abogados, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, a tener una reunión privada –con la presencia de la CIDH– para dar la información.  
Micheel Salas, abogada experta en violencia contra las mujeres y quien al igual que David Peña, litigó el caso de Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, respondió que acudirían a la reunión, aunque escépticos, porque saben que después de 17 años todavía mantienen una línea de investigación abierta y sin resultados. De acuerdo con los abogados, el MP Sergio Castro, es nuevo en el caso, lo que muestra la premura para resolver el caso.
Hasta ahora lo único que se conoce sobre el feminicidio de Lilia Alejandra es que pudo ser cometido por un grupo de hombres que también asesinó a otras niñas de 10 a 17 años de edad entre 1994 a 2005 en la frontera norte de Ciudad Juárez, según explicó el abogado David Peña a las integrantes de la CIDH.
Esto, dijo, se corroboró en 2008 por la intervención de la Asociación de Abogados Democráticos, organización que comenzó a litigar el caso, quienes tuvieron que empezar desde cero la investigación porque había siete líneas de investigación que seguía la Fiscalía de General de Justicia de Chihuahua a partir de datos anónimos.
Este equipo de abogados pidió analizar todas las evidencias con las que se contaban, una muestra de sangre encontrada en la cobija en que la que envolvieron el cuerpo de Lilia Alejandra arrojó un perfil genético de un hombre, sin embargo, no se ha logrado confrontar a quien pertenece este perfil genético.
También solicitaron vincular el caso de Lilia Alejandra con otros casos de feminicidio y a través de las muestras de semen recogidos del cuerpo de la víctima encontraron que era el mismo agresor de otras víctimas, todas ellas menores de edad: Rocío Cordero Esquivel, Coral Arrieta Medina, Sonia Iveth Sánchez Ramírez y Rosa Antena Quintanilla.
Con esta información, al cotejar el perfil genético con las bases de datos la Fiscalía de Chihuahua en 2010 se halló que el agresor es familiar del agente ministerial de Ciudad Juárez, Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado ese mismo año.
La presidente de la CIDH, Margarette May Macaulay, preguntó también sobre los asesinatos de las otras niñas, interrogante que no tuvo respuesta.
Asimismo, aplaudió la oferta del gobierno de México de tener esta reunión inmediata y pidió a Norma Andrade que después de este acercamiento repensara su decisión de rechazar la solución amistosa del Estado, no obstante, la última palabra es de ella, por lo que extendió el apoyo total de la CIDH hasta que obtuviera justicia y se reconociera su labor como defensora durante estos años.
La presidenta del órgano internacional también demandó al gobierno de México dar celeridad a la investigación del caso y terminar con el fuerte problema de asesinatos de niñas que hay en el país, y de la misma forma, a partir de lo que decida Norma Andrade, también la CIDH hará un pronunciamiento de fondo sobre el caso.
Otras cuestiones que fueron abordadas en la audiencia fueron los dos atentados contra Norma Andrade. En diciembre de 2011, en Juárez, Norma recibió cinco disparos de arma de fuego que le provocaron heridas en el torso, hombro derecho y la mano derecha, hecho que la llevó a salir de su ciudad y refugiarse en la capital del país. El segundo atentado ocurrió dos meses después, en la Ciudad de México, cuando un sujeto la hirió con un arma blanca y la hirió en el cuello. Ambos crímenes fueron en presencia de sus nietos.
Los integrantes de la CIDH cuestionaron al Estado mexicano si conocían si estos intentos de asesinar a Andrade se deben a su labor como defensora de Derechos Humanos o tenían un vínculo con la búsqueda de justicia para su hija. A esta interrogante el gobierno no respondió y únicamente ofreció “integrarla” al Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos  y periodistas de la Secretaría de Gobernación, del cual, cabe mencionar que Norma Andrade ya cuenta con medidas de protección.
18/HZM

Ante la CIDH, el Estado reconoce omisión para aclarar feminicidio

  • Desde 1994 se ha tolerado la operación de un individuo o grupo que mata niñas: ONG
  • Norma Andrade, madre de joven asesinada en 2001, ha sido víctima de dos atentados
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 8 de mayo de 2018, p. 3
El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra García Andrade, en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El caso se debatió ayer durante las audiencias del 168 periodo de sesiones de ese organismo regional, que se celebra esta semana en Santo Domingo, República Dominicana. Ahí se abordaron también los casos de criminalización de víctimas de tortura y de los defensores de derechos humanos que abordan esos temas. Respecto de esto, los afectados y organizaciones civiles pidieron medidas para que en el país se acabe con la impunidad en miles de casos.
En la audiencia sobre el caso de Lilia Alejandra, Norma Andrade, madre de la víctima, y sus representantes legales señalaron que se han dado una serie de omisiones y obstáculos tanto a escala estatal como federal para mantener el caso impune, y a más de 17 años de distancia no hay un solo detenido.
Denunciaron que en 2010 se determinó el perfil genético de un hombre que habría participado en el crimen y que también coincidió con el encontrado en al menos otros cuatro casos de feminicidios de adolescentes en Ciudad Juárez (tres anteriores y uno posterior). El ADN corresponde con el de un familiar, hombre, del policía ministerial de la entidad Enrique Castañeda.
El Estado mexicano ha tolerado la operación de un individuo o grupo de feminicidas que secuestra, tortura sexualmente y mata niñas desde 1994, subrayó Karla Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que acompaña el caso.
Lilia Alejandra, entonces de 17 años, fue secuestrada el 14 de febrero de 2001 tras salir de la maquiladora en la que trabajaba. Por varios días sufrió tormentos sexuales y su cuerpo sin vida fue localizado el 21 de ese mismo mes. Dejó dos pequeños de un año ocho meses y cinco meses.
Desde entonces su madre, Norma Andrade, ha buscado justicia. Ha sido víctima de dos atentados contra su vida, sin que hasta ahora, denunció, se hayan abierto investigaciones al respecto, lo que causó el asombro de los comisionados de la CIDH.
Los peticionarios exigieron que en las indagatorias se tome en cuenta el contexto de violencia contra las mujeres que desde la década de los 90 se dio en Ciudad Juárez, la relación de los otro cuatro casos donde se halló el ADN de uno de los posibles responsables, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso conocido como Campo Algodonero, también sobre feminicidios en esa urbe fronteriza.
Norma Andrade detalló que recientemente recibió una propuesta de solución amistosa por parte del Estado mexicano, pero señaló que no acepta los actuales términos, porque no confía en el gobierno. Por ello pidió a la CIDH su intervención para alcanzar la verdad y la justicia.
Por el Estado mexicano, los subsecretarios para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, reconocieron la responsabilidad internacional de México.
El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación e insensibilidad que ha habido en las investigaciones, dijo Avante.
Se comprometieron a que las indagatorias desde ahora serán elocuentes y se garantizará el acceso a la verdad y la justicia. Los comisionados de la CIDH presentes lamentaron la incapacidad oficial para llegar a fondo y se comprometieron a acompañar a los deudos en su búsqueda de justicia.
Durante el tema de criminalización de los defensores de víctimas de tortura, los representantes de organizaciones no gubernamentales demandaron al Estado crear un mecanismo internacional para combatir la impunidad en miles de estos casos, lo que permitiría a las autoridades investigar y presentar acusaciones contra quienes hayan cometido o tolerado este delito, incluidos funcionarios públicos.
Los funcionarios, por su parte, recordaron las normas y protocolos que se han aprobado para combatir la tortura, así como todos los posicionamientos oficiales para reconocer la labor de los defensores de derechos humanos, y dijeron que las autoridades no avalan los estigmas contra los activistas.
En las audiencias de ayer también se abordó el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los adultos mayores. Este martes tocará el turno al caso Ayotzinapa.