Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 16/02/2015
Aunque el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no ha demostrado un interés real por proteger los derechos femeninos –lo que se traduce en que la entidad continúa con una alta tasa de asesinatos y desapariciones de mujeres–, en días recientes firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Ante la firma de dicho acuerdo, el Movimiento de Mujeres de la ciudad de Chihuahua –integrado por diversos grupos civiles– si bien manifestó su respaldo a la dependencia federal, reprochó que el gobernador chihuahuense aún no cumpla todos los compromisos asumidos durante su mandato para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres de la entidad.
El pasado 13 de febrero el gobierno de Chihuahua y el Inmujeres firmaron un Convenio de Colaboración, derivado de la Declaración por la Igualdad (suscrita por la Conferencia Nacional de Gobernadores), que tiene como fin “acelerar el empoderamiento económico de las mujeres y su acceso a recursos financieros”, según la información difundida por la dependencia federal y que deberá ser signado por todas las entidades federativas.
Francisca Jiménez, coordinadora de la Red por la Participación Política, relató vía telefónica a Cimacnoticias que quienes integran el movimiento feminista en la entidad acudieron al evento sólo porque el Inmujeres ha dado a las agrupaciones ciudadanas su apoyo ante la exigencia de reformar los códigos de procedimientos familiares y civiles del estado, por contener disposiciones “violatorias de los Derechos Humanos”.
Recordó que el gobierno local jamás escuchó la postura de las organizaciones civiles en torno a las reformas que se plantearon, (“hasta la puerta del Congreso nos cerraron”, acotó la activista), y enfatizó que asistieron al evento en protesta por la política de simulación que mantiene la autoridad estatal.
Jiménez puso como ejemplo que los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) “no tienen recursos para cuestiones mínimas, como papel de baño, sus instalaciones están descuidadas, carecen de personal suficiente y especializado, y todo ello revictimiza y termina en casos de feminicidio previsibles”.
En ese sentido consideró que es indispensable que el Inmujeres diseñe un mecanismo de seguimiento al cumplimiento del convenio con indicadores claros. “Sería muy grave que sólo fuera la toma de la foto y que el Inmujeres se prestara a la simulación que ha hecho el gobierno”, precisó.
Por su parte, la abogada Alejandra Nuño, consultora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), señaló que Chihuahua sigue siendo el estado con mayor número de casos de feminicidio en proporción con la población.
“No vemos que la situación mejore, principalmente porque no hay un presupuesto adecuado y no existe la voluntad política para cosas mínimas, como que las instituciones funcionen como deben de hacerlo”, abundó.
La ex directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que ante el escenario adverso que enfrentan las mujeres de Chihuahua, las organizaciones civiles consideran como un buen indicio el hecho de que el gobernador “deba sentarse” con alguien del nivel federal.
También en entrevista, Alma Gómez, fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, enfatizó que uno de los más graves incumplimientos del sexenio de Duarte es no acatar las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso “Campo algodonero”, especialmente en los mecanismos de no repetición de los hechos que incluyen la capacitación de funcionarios y protocolos de actuación.
Pero “actualmente tenemos un montón de casos que evidencian que ni están capacitados, ni existen los protocolos de actuación o si existen están en los cajones porque no los usan”, añadió.
A decir de la ahora integrante del Cedehm, “hay una negativa reiterada a atender el problema de la desaparición”. Explicó que si bien la mayoría de las personas desaparecidas son hombres, las mujeres son “las victimas invisibles” de este flagelo.
Finalmente, Alma Gómez señaló que la violencia contra las mujeres en Chihuahua, y que colocó a la entidad en la mira internacional ante los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, no ha disminuido como quieren hacer creer las autoridades.
Explicó que cuando los grupos civiles comenzaron a denunciar la violencia en 1993, se registraba el asesinato de una mujer cada 15 días. Posteriormente (de 1994 a 2007) se registraba un crimen cada seis días.
Para 2010 (identificado por las organizaciones como el año más violento para las mujeres), se registraba un asesinato cada 13 horas, es decir, dos asesinatos al día.
Para 2014 se registró el asesinato de una chihuahuense cada dos días. “Sí disminuyó la cifra, pero se disminuyó con respecto a 2010, el año más violento, pero no hemos llegado ni siquiera a la incidencia que registrábamos 20 años antes, aunque el ideal debería ser no registrar ningún asesinato”, apuntó Gómez.
15/AZM /RMB
Ante la firma de dicho acuerdo, el Movimiento de Mujeres de la ciudad de Chihuahua –integrado por diversos grupos civiles– si bien manifestó su respaldo a la dependencia federal, reprochó que el gobernador chihuahuense aún no cumpla todos los compromisos asumidos durante su mandato para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres de la entidad.
El pasado 13 de febrero el gobierno de Chihuahua y el Inmujeres firmaron un Convenio de Colaboración, derivado de la Declaración por la Igualdad (suscrita por la Conferencia Nacional de Gobernadores), que tiene como fin “acelerar el empoderamiento económico de las mujeres y su acceso a recursos financieros”, según la información difundida por la dependencia federal y que deberá ser signado por todas las entidades federativas.
Francisca Jiménez, coordinadora de la Red por la Participación Política, relató vía telefónica a Cimacnoticias que quienes integran el movimiento feminista en la entidad acudieron al evento sólo porque el Inmujeres ha dado a las agrupaciones ciudadanas su apoyo ante la exigencia de reformar los códigos de procedimientos familiares y civiles del estado, por contener disposiciones “violatorias de los Derechos Humanos”.
Recordó que el gobierno local jamás escuchó la postura de las organizaciones civiles en torno a las reformas que se plantearon, (“hasta la puerta del Congreso nos cerraron”, acotó la activista), y enfatizó que asistieron al evento en protesta por la política de simulación que mantiene la autoridad estatal.
Jiménez puso como ejemplo que los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) “no tienen recursos para cuestiones mínimas, como papel de baño, sus instalaciones están descuidadas, carecen de personal suficiente y especializado, y todo ello revictimiza y termina en casos de feminicidio previsibles”.
En ese sentido consideró que es indispensable que el Inmujeres diseñe un mecanismo de seguimiento al cumplimiento del convenio con indicadores claros. “Sería muy grave que sólo fuera la toma de la foto y que el Inmujeres se prestara a la simulación que ha hecho el gobierno”, precisó.
Por su parte, la abogada Alejandra Nuño, consultora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), señaló que Chihuahua sigue siendo el estado con mayor número de casos de feminicidio en proporción con la población.
“No vemos que la situación mejore, principalmente porque no hay un presupuesto adecuado y no existe la voluntad política para cosas mínimas, como que las instituciones funcionen como deben de hacerlo”, abundó.
La ex directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que ante el escenario adverso que enfrentan las mujeres de Chihuahua, las organizaciones civiles consideran como un buen indicio el hecho de que el gobernador “deba sentarse” con alguien del nivel federal.
También en entrevista, Alma Gómez, fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, enfatizó que uno de los más graves incumplimientos del sexenio de Duarte es no acatar las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso “Campo algodonero”, especialmente en los mecanismos de no repetición de los hechos que incluyen la capacitación de funcionarios y protocolos de actuación.
Pero “actualmente tenemos un montón de casos que evidencian que ni están capacitados, ni existen los protocolos de actuación o si existen están en los cajones porque no los usan”, añadió.
A decir de la ahora integrante del Cedehm, “hay una negativa reiterada a atender el problema de la desaparición”. Explicó que si bien la mayoría de las personas desaparecidas son hombres, las mujeres son “las victimas invisibles” de este flagelo.
Finalmente, Alma Gómez señaló que la violencia contra las mujeres en Chihuahua, y que colocó a la entidad en la mira internacional ante los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, no ha disminuido como quieren hacer creer las autoridades.
Explicó que cuando los grupos civiles comenzaron a denunciar la violencia en 1993, se registraba el asesinato de una mujer cada 15 días. Posteriormente (de 1994 a 2007) se registraba un crimen cada seis días.
Para 2010 (identificado por las organizaciones como el año más violento para las mujeres), se registraba un asesinato cada 13 horas, es decir, dos asesinatos al día.
Para 2014 se registró el asesinato de una chihuahuense cada dos días. “Sí disminuyó la cifra, pero se disminuyó con respecto a 2010, el año más violento, pero no hemos llegado ni siquiera a la incidencia que registrábamos 20 años antes, aunque el ideal debería ser no registrar ningún asesinato”, apuntó Gómez.
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