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Por Sergio González Rodríguez
La defensora de derechos de las mujeres Norma Andrade sufrió un atentado en Ciudad Juárez, crimen que las autoridades mexicanas han minimizado.
Dicho atentado forma parte de una larga serie de actos criminales que permanecenimpunes:
1) el asesinato diez años atrás de la hija de Norma Andrade, Lilia Alejandra García Andrade);
2) el asedio de policías, funcionarios y personas anónimaspara que Norma Andrade abandonara las pesquisas familiares sobre el asesinatode su hija;
3) las omisiones de las autoridades frente a este asesinato;
4) lanegligencia de las mismas frente a las amenazas de muerte que, a lo largo delos años, han padecido la propia Norma Andrade y Marisela Ortiz, fundadoras delgrupo civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa;
5) en los últimos meses fueronamenazadas de muerte tanto Marisela Ortiz como María Luisa García Andrade, hermana de Alejandra e hija de Norma, por lo que debieron abandonar Ciudad Juárez.
Las autoridades mexicanas se han mostradoincapaces de brindar protección a ninguna de ellas, como tampoco a otrasactivistas sociales que fueron asesinadas, JosefinaReyes, Susana Chávez, oMarisela Escobedo, quien reclamaba justicia ante el asesinato de su hija y cayóvíctima del ataque de un sicario frente al Palacio de Gobierno del estado de Chihuahuaun año atrás.
Durante su campaña electoral, Felipe Calderónse comprometió a solucionar la impunidad de los asesinatos de mujeres en CiudadJuárez. En viaje a Italia y ante legisladoras italianas, reiteró su promesa. Nadaal respecto cumplió. Su gobierno ni siquiera ha respondido en forma integral,excepto simulaciones propagandísticas, a la sentencia de la Corte Penal de laComisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó un par de años antes al Estado mexicano por expedientes del Campo Algodonero.
Estos hechos vuelven a evidenciar lacarencia de un Estado de derecho en México, del que es co-responsable tambiénel poder legislativo, y, frente altema de los derechos de las mujeres, sus comisiones de equidad y género, lassenadoras y diputadas a cargo, quienes al lado de las funcionarias del ramo,son ya figuras decorativas que validan un estado de desorden institucional.
La presunción de legalidad oficial secontradice día tras días frente a un país estragado por la violencia, lainseguridad y la ineptitud de sus instituciones para enfrentar el problema. Díasatrás, fueron asesinados también el activista social Nepomuceno Moreno Núñez enHermosillo, Sonora, y José Trinidad de la Cruz en Aquila, Michoacán.
En México, impera la propaganda y lamanipulación informativa del gobierno y sus vocingleros. Y cunde la furiapresidencial ante las exigencias civiles, síntoma de la frustración ante elfracaso de la estrategia de combate al crimen organizado que emprendió sugobierno: debe recordarse, contra la amnesia gubernativa, que el problemaactual de México inició en gran parte con los asesinatos sistemáticos contramujeres en Ciudad Juárez hacia 1990, debido a la corrupción y la impunidadpropiciada por los acuerdos del poder económico-político y el crimen organizadoen tal frontera, y bajo la connivencia del gobierno federal
A la fecha, y a pesar de los programas deseguridad que el gobierno federal emprendió en Ciudad Juárez, esta localidadpermanece como la más violenta del país, con 300 homicidios al mes de acuerdocon las estimaciones oficiales. De poco vale que el gobierno actual culpe a losanteriores de la situación presente. O que busque legitimarse a través de“diálogos” demagógicos que cuentan con la complacencia de algunos dirigentes degrupos civiles, como los del Movimientopor la Paz con Justicia y Dignidad. El altísimo índice de violación a derechoshumanos por parte de policías, soldados y marinos bajo el pretexto del combateal crimen organizado delata una disfunción institucional: se trata de delitossistémicos, es decir, pertenecientes o relativos a la totalidad del sistema deseguridad, un hecho que ningún alegato de legalidad interna o externa puedecancelar. Mucho menos justificarlo mediante el apego a los acuerdos internacionalesde respeto a derechos humanos mientras se tolera su incumplimiento dentro del país.
La erosión institucional de ahora es unasunto gestado a lo largo de los años, algo que pocos quieren observar y recordar,e implica a funcionarios, ex funcionarios, policías, militares y protagonistas políticosde diversos partidos, además de empresarios y capitalistas.
La acusación reciente de 23 milciudadanos mexicanos, encabezados por académicos y ex funcionarios, contra FelipeCalderón en la Corte Penal Internacional de la Haya por delitos de lesahumanidad y crímenes de guerra, desató las amenazas presidenciales: “elgobierno explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra dequienes realizan calumnias, acusaciones temerarias”. Quiere pasar por alto quela propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla elderecho de que se demande al presidente de la República. En la fase terminal desu gobierno, Calderón se queja de que se le quiera comparar con Hitler yMilosevic, y se ha quedado solo en tierra de nadie: carente de legalidad y delegitimidad. Sujeto ya al escrutinio internacional, como tanto otros“demócratas” latinoamericanos que dijeron “apegarse a la ley” y se hundieron alfinal en la tradición autoritaria del continente.
Bajo tal contexto, la Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha declarado a México el segundopaís con mayor desigualdad entre sus afiliados, causa fundamental de la crisisdel país. Basta de mentiras, engaños, triunfalismos falsos.
En este momento, se divulga que acaban derecibir nuevas amenazas de muerte Norma Andrade, María Luisa García Andrade yMarisela Ortiz del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
