Jenaro Villamil
Edición Especial de Proceso, No. 34
Foto/Fuente: http://www.libertadlatina.org
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.-En 1983, una década antes que esta ciudad alcanzara notoriedad internacional por la historia de femincidios y desapariciones de mujeres, la sociedad juarense se conmovió con el caso de Cynthia Liliana González Rivero, una niña secuestrada, violada y asesinada, con particular sadismo.
La Procuraduría de Justicia del estado, entonces a cargo de Toribio Porras Villegas, quiso cerrar el caso con celeridad e inculpó a Lucas Juárez Lozano, trabajador de la construcción, sin que hubiera evidencia sólida en su contra. Se le condenó a 35 años de prisión con base en un solo testimonio realizado bajo presión y tortura.
La prensa y la sociedad juarenses estaban convencidas de que se trataba de un “chivo expiatorio”. En 1986 el gobernador priista Fernando Baeza Meléndez ordenó el indulto de Juárez Lozano. Entre la opinión pública predominó la idea de que los verdaderos responsables eran “varios juniors”, hijos de personajes influyentes en la política y la economía de Ciudad Juárez.Nadie los investigó. El juez que consignó a Juárez Lozano fue José Chávez Aragón. Por sus buenos servicios, ascendió a magistrado de la Segunda Sala Penal, y llegó a ser entre 2004 y 2007, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.
La cadena de impunidad iniciada en 1983 llegó hasta finales de 2010, con el caso de Rubí Marisol Freyre, una joven de 17 años asesinada en Chihuahua en 2008. La sombra de Chávez Aragón se hizo presente en este homicidio.
En mayo de 2010 los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado, este último protegido de Chávez Aragón, dejaron libre al asesino confeso de Rubí, Rafael Barraza Bocanegra.
