Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 27 de diciembre (apro).- El presidente Felipe Calderón se “comprometió” a ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, a develar un monumento en memoria de cientos de mujeres asesinadas en esa ciudad fronteriza, y ofrecerá una “disculpa pública” a los familiares de las víctimas que demandaron a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), reveló David Peña, representante de las víctimas.
Integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Peña informó, en entrevista, que de acuerdo con negociaciones con el gobierno de Calderón, “existe el compromiso de que el próximo 8 de marzo acuda él o, en su defecto, el secretario de Gobernación Francisco Blake, a develar el memorial de los feminicidios en el área que se conoce como Campo Algodonero”.
En noviembre de 2001 se localizaron en ese lugar ocho cuerpos de mujeres jóvenes que habían sido secuestradas. Sólo en tres de esos casos, los de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, los familiares llevaron hasta las últimas consecuencias las denuncias para el esclarecimiento. Las presentaron primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que terminó demandando a México en 2008 ante la CoIDH, debido al incumplimiento de recomendaciones para investigar los crímenes.
El 10 de diciembre de 2009, finalmente la CoIDH dio a conocer la sentencia, en la que encontró al Estado mexicano responsable de violar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal; de incumplir con su deber de investigar los crímenes contra las tres jóvenes de Ciudad Juárez en perjuicio también de sus familiares, así como de violar el derecho de no discriminación.
Peña dijo que, luego de “largas y tediosas sesiones de negociaciones para el cumplimiento de la sentencia, el gobierno federal nos hizo un ofrecimiento de develar el memorial el 10 de diciembre, sólo con los nombres de las tres jóvenes que aparecieron en la sentencia, en un evento al que asistiría el subsecretario de Gobernación, Luis Felipe Zamora, y la secretaria General de Gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz”.
En representación de los familiares de las víctimas, agregó, “Michelle Salas y yo, mi compañera en el litigio, rechazamos rotundamente participar en un evento tan mediocre que lo que pretende es restarle importancia a una sentencia internacional”.
Después, dijo, el gobierno de Calderón ofreció agendar el evento de “disculpa pública” y la inauguración del monumento el 8 de marzo de 2011. “Hasta ahora logramos que se incluyeran los más de mil nombres de mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez desde 1993, en apego a la sentencia que es una condena a la violencia contra las mujeres”.
Tras destacar que dos días antes de que se venciera el plazo para notificar a la Corte sobre el avance de la sentencia, el gobierno federal cubrió las reparaciones del daños a las tres familias de las víctimas, Peña señaló que el tribunal interamericano aún no les ha reenviado el informe de avances enviado por el gobierno de Calderón el 10 de diciembre.
“Sabemos que se envió el documento en tiempo y forma. Esperamos que en enero se nos reenvíe a nosotros para que fijemos nuestra posición sobre el mismo. Por lo pronto no hay avances en las investigaciones de los crímenes ni se ha castigado a los funcionarios responsables de las fallas en las investigaciones, ni tampoco se han indagado sobre las amenazas que recibieron las familias al exigir justicia”, dijo.
Del resto de los puntos que tendría que cumplir el gobierno de Calderón, apuntó el abogado, “no tenemos mucha información, pero suponemos que de haber existido previamente a la fecha de notificación de la Corte, el mismo gobierno ya lo hubiera cacareado”.
La sentencia obliga al Estado mexicano también a estandarizar “manuales, protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violación sexual y homicidios de mujeres”, así como adecuar el Protocolo Alba, para realizar búsquedas de oficio por desapariciones de mujeres y niñas; destinar recursos materiales, humanos, económicos, científicos y logísticos necesarios, en un plazo de seis meses, para crear una base de datos de mujeres y niñas desaparecidas. (Proceso 1728).
En noviembre pasado, un grupo de litigantes feministas llegó a México como parte de la Misión Internacional Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana, y manifestó su preocupación por los pobres avances en el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH y en el nulo interés por hacer justicia.
Después de varias reuniones con funcionarios, la vocera del grupo, Victoria de Pablo, integrante de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía española, contó detalles de la última reunión que sostuvieron con el subsecretario Luis Felipe Zamora.
Luego de escuchar un discurso en el que se comprometía al cumplimiento de la sentencia, las litigantes le aclararon que “por encima de indemnizaciones, del memorial, de las placas o de los monolitos, las familias de las víctimas lo que quieren es justicia, lo que implica la investigación de los hechos: quieren saber por qué y quién asesinó a sus hijas. Él (Zamora) dijo que lo entendía, pero que no era de su competencia (Proceso 1776).
