De la redacción
México, D.F 9 dic 10 (CIMAC).- A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sentenció al Estado mexicano por el caso “Campo Algodonero”, y ante la nula disposición de los gobiernos local y federal para darle cumplimiento, las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, solicitarán a la Corte que realice una audiencia de supervisión.
En un comunicado de prensa, las familias de las víctimas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) de Ciudad Juárez, Chihuahua, evidenciaron que hasta hoy la condena no se ha cumplido y tampoco nadie ha sido sancionado por los asesinatos de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette.
Denunciaron que mañana 10 de diciembre al cumplirse un año de la sentencia, cuando el gobierno mexicano debería de informar a la CoIDH sobre las acciones realizadas para cumplirla, los gobiernos local y federal pretenden realizar un acto para “reconocer la responsabilidad internacional del Estado” y colocar la primera piedra del monumento en memoria de las víctimas.
Sin embargo, este no cumplirá con lo que establece la sentencia ya que, “no será público ni lo encabezará el gobernador del Estado de Chihuahua y tampoco Felipe Calderón, debido a la inseguridad que se vive en Ciudad Juárez y por el temor de una manifestación en su contra”.
A esta simulación, se añade que en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal “colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio, tal y como lo establece la sentencia”.
Cabe destacar que para el evento se incluyó la participación de las familias Monreal, Monárrez y González sin consultarlas previamente, por lo que afirmaron no acudirán al acto porque consideran que esto contradice el espíritu y lo establecido en la sentencia, pues no será un acto reparador para las familias y la sociedad mexicana.
AUDIENCIA DE SUPERVISIÓN A LA CoIDH
Las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan, informaron que solicitarán a la CoIDH realice una Audiencia de supervisión, por la nula disposición de los gobiernos local y federal para dar cabal cumplimiento a la sentencia.
Solicitarán a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados informe a la Corte sobre el proceso de ejecución de la sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento.
Igualmente, que exija a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, a Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, y al presidente Municipal de Ciudad Juárez Héctor Murguía Lardizábal, el cumplimiento de la Sentencia.
Cabe recordar que en la sentencia de la CoIDH, se acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.
Si bien en su sentencia, la Corte no reconoce el término feminicidio, sí reconoce que en México existen los asesinatos por motivos de género, es decir se asesina a las mujeres por el sólo hecho de serlo, Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres.
De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, durante este primer año, el Estado mexicano debió: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes.
Investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua.
Crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; crear un Banco Nacional de Información genética; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.
10/GTR/LR/LGL
