A un año de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos en al menos tres de los feminicidios del Campo Algodonero, las autoridades municipal, estatal y federal no han dado total cumplimiento a los resolutivos.
Ante esa situación familires de las víctimas y organizaciones que las representan solicitarán hoy a la Corte realizar una nueva audiencia de supervisión y "sentar de nueva cuenta al Estado mexicano en el banquillo de los acusados".
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Cedimac–red ciudadana de no violencia, a través de sus voceros señalaron que durante este primer año el Estado mexicano debió reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Monreal, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en noviembre del 2001.
Otra de las peticiones era investigar a los servidores públicos responsables de que esos crímenes se mantengan aún impunes, además de publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los tres niveles de gobierno.
Elaborar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y crear un Banco Nacional de Información genética.
Entre las peticiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca también el realizar un acto público donde el Estado reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.
La organizaciones denunciaron, lo que llamaron un nuevo acto de simulación, que el pasado 8 de diciembre les informaron a las familias González, Monreal, Monárrez y a sus representantes, que los gobiernos local y federal realizarán un evento para "reconocer la responsabilidad internacional del Estado" y colocar la primera piedra del Monumento en memoria de las víctimas.
"Este acto evidentemente fue organizado "al vapor" ya que el gobierno mexicano debe informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 10 de diciembre las acciones realizadas para cumplir la sentencia", señalaron.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades a las familias, este acto no será público ni lo encabezará el Gobernador del Estado de Chihuahua ni el Presidente de la República, quien por información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no acudiría al evento ante la inseguridad que se vive en la Ciudad y por el temor de una manifestación en su contra.
Por otra parte, en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio, indicaron.
Ante esa postura las familais y las organizaciones resolvieron no asistir a dicho evento, solicitar la CoIDH una una audiencia de supervisión, ante el incumplimiento a la sentencia.
Además solicitarán a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados que informe a la CoIDH sobre el proceso de ejecución de la Sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento y exijir a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, al Presidente de la República, al Gobernador de Chihuahua y al presidente Municipal de Ciudad Juárez el cumplimiento de la Sentencia.
