Fiscalía “atrapa” por cuarta vez a presunto homicida de Esmeralda Herrera
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 2 dic 11 (CIMAC).- Sin pruebas suficientes, la Fiscalía del estado de Chihuahua, pretende juzgar a Eduardo Chávez Marín, por el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, una de las ocho víctimas encontradas en el “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, advirtió Karla Michele Salas, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
La tarde de ayer la Unidad Especializada en Investigación para Homicidios de Mujeres presentó a Eduardo Chávez Marín para que rindiera su declaración sobre el feminicidio de Esmeralda.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada de la ANAD quien litigó conjuntamente con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), explicó que se giró una orden de presentación contra Chávez Marín para que volviera a presentar su declaración, sin embargo, será en un término de 48 horas cuando se defina su situación legal.
Está es la cuarta vez que Chávez Marín es presentado ante las autoridades pero de acuerdo con la abogada no hay pruebas fehacientes para vincularlo con el homicidio de la joven de 15 años toda vez que lo único que se tiene son testimonios “de oídas” que jurídicamente no tienen valor probatorio.
¿CHIVO EXPIATORIO?
Según información difundida en los medios por la Fiscalía de Chihuahua, Chávez Marín estaba prófugo de la justicia desde 2006, cuando las autoridades de la ciudad fronteriza iniciaron su búsqueda tras las indagatorias y testimonios levantados que asegura la instancia, “se obtuvieron”, para acreditar su presunta responsabilidad en el delito.
Salas recordó que el día que desapareció Esmeralda (29 de octubre de 2001) se vería con Eduardo, quien entonces trabajaba en una imprenta. Sin embargo, él ha declarado anteriormente que el encuentro nunca se dio.
Señaló que no es de extrañar que esta noticia se dé a unos días de que se cumplan dos años de que la CoIDH sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de tres de ocho jóvenes encontradas en el Campo Algodonero en 2001.
Además alertó que aunque Chávez Marín tiene antecedentes penales por intento de violación y por violencia intrafamiliar, no tiene el perfil de los asesinos de las jóvenes encontradas en 2001, por lo que advirtió que el Estado mexicano pretende mantener la hipótesis de que los ocho homicidios fueron hechos aislados.
Explicó que durante los últimos diez años las autoridades han presentado a 10 personas como responsables de los homicidios, sin embargo, “nunca han existido pruebas jurídicamente válidas para acusarlas”, por lo que expresó su preocupación de que una vez más se trate de “un chivo expiatorio”.
Señaló que los asesinos de Esmeralda, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, siguieron el mismo “modus operandi”: las desaparecieron, torturaron, las privaron de la vida, y arrojaron los cuerpos en el mismo lugar.
INVESTIGACIONES CUESTIONADAS
Cuando el caso de Campo Algodonero se analizó en la CoIDH, el entonces Comisionado de la ONU, fiscal Carlos Castresana, presentó un peritaje en materia de investigación criminal donde determinó que estos crímenes eran perpetrados por agentes del Estado o por personas que actuaban con anuencia de las autoridades.
El experto puntualizó que se podía concluir que la investigación realizada por las Procuradurías de Justicia estatal y General de la República “no cumplía con los estándares internacionales de debida diligencia en la investigación”.
En ese momento el ex comisionado de la ONU expresó: “Las circunstancias que mejor caracterizan los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, y entre ellos muy significativamente los crímenes del Campo Algodonero, no son las de los crímenes en sí, sino las de la falta de respuesta y diligencia institucional para el esclarecimiento y persecución de los crímenes”.
Aunque los casos de feminicidio hicieron que las autoridades crearan la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, diez años después de las muertes de Campo Algodonero no se han podido esclarecer los asesinatos y sólo se tiene a un presunto culpable: Eduardo Chávez Marín.
En este escenario la abogada recordó que de acuerdo con la sentencia, emitida el 9 de noviembre de 2009, el Estado mexicano tiene que informar periódicamente cómo va el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, por lo que no descartó que esta detención sea para que “tenga algo que informar”, el próximo 10 de diciembre, segundo aniversario de la sentencia.
11/AGM/LGL
